Ley Núm. 75 del año 2011
(P. de la C.
1303); 2011, ley 75
Para derogar el Artículo 13 y establecer un nuevo Artículo
11 en la Ley Núm. 168 de 2000; Ley del Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada,
adscrito a ASUME.
LEY
NUM. 75 DE 18 DE MAYO DE 2011
Para derogar el Artículo 13 y establecer un nuevo Artículo 11 en la
Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según enmendada, a los fines de promover
y garantizar la localización de las personas que incumplen su obligación de
prestar alimentos a las personas de edad avanzada, establecer la facultad de la
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) para investigar, e imponer penalidades; reenumerar los Artículos 11
y 12 como los Artículos 12 y 13; y para otros fines relacionados.
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II Sección 20, reconoce
el derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la
enfermedad, la vejez o la incapacidad física.
Mediante la Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según enmendada, se
estableció el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada, adscrito
a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), con el propósito de
establecer la obligación de los descendientes adultos de las personas de edad
avanzada a brindarles alimento y cuidados.
No obstante, con
la aprobación de la Ley Núm. 193 de 17 de agosto de 2002, conocida como la “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de
Personas de Edad Avanzada”, se limitaron las facultades de la Administración para el Sustento de Menores
(ASUME) para investigar y para localizar a los alimentantes, con el propósito
de fijar e imponer responsabilidades, así como la facultad de trascender
nuestra jurisdicción para facilitar y promover el cumplimiento de esta Ley.
El mandato de Ley
que recibe el Programa para Sustento de Personas de Edad Avanzada limita la
edad de los alimentistas a quienes se le proveen los servicios a un mínimo de
sesenta (60) años de edad. Debido a la edad avanzada de los beneficiarios del Programa,
éstas son personas que sufren de condiciones y enfermedades que atentan contra
su salud y hasta su vida de una manera muy real e inminente. Por ende, se
entiende que la gestión que hace valer sus derechos ante sus descendientes
alimentantes es una muy meritoria, la cual promueve una sociedad con un mejor y
más saludable estilo de vida.
En el pasado,
un sinnúmero de beneficiarios quienes han podido reclamar alimentos
legítimamente de sus hijos se han quedado sin poder hacer valer esta obligación
debido a la imposibilidad de localizar a sus alimentantes descendientes en o
fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Como se comprenderá, la edad avanzada
es la condición humana que al igual que ocurre en la niñez, limita la capacidad
de obrar de las personas al punto de hacer de la rutina una operación
dificultosa. En virtud de esto, con el propósito de hacer valer estas
obligaciones, esta Ley propone facilitar al Administrador de ASUME a llevar a
cabo una rutinaria operación de localizar al alimentante.
De
acuerdo al Estudio de Ingresos y Gastos (EIG) del Departamento del Trabajo (2001), el ingreso promedio anual que reciben las personas de edad avanzada
en Puerto Rico, proveniente de los fondos de retiro y del seguro social federal,
no alcanza el nivel de ingreso mínimo per cápita necesario para salir de la
pobreza. En otras palabras, si las personas de edad avanzada dependieran
únicamente de los ingresos provenientes de pensiones y jubilaciones, en
promedio, estarían bajo el nivel de pobreza. (Colón & Marín, 2009).
El
renglón de mayor aumento, en cuanto al costo de vida de las personas de edad
avanzada, ha sido el de los alimentos. De hecho, en el año 2001 los alimentos
constituían el 42.5% del total de sus gastos, según el Estudio
de Ingresos y Gastos (EIG) del Departamento del Trabajo.
Sin embargo, para julio del año 2008, la misma canasta de alimentos representó
el 60% del total del gasto.
Ante esta realidad económica
que a diario viven la mayoría de las personas de edad avanzada en nuestra Isla,
resulta de mayor importancia que las personas llamadas, en primera instancia, a
velar y a proveerles lo mínimo necesario para disfrutar de una mejor calidad de
vida, cumplan con su obligación. Por lo que resulta necesario la aprobación de
esta Ley, que le brinda las herramientas a la
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) para localizar a los
alimentantes y para fijar responsabilidades por el incumplimiento de la Ley
Núm. 168, supra.
Esta
Asamblea Legislativa estima necesario promover y
garantizar la localización de las personas que incumplen su obligación de
prestar alimentos a las personas de edad avanzada, con el propósito de hacerle justicia
social y de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.-Se deroga el Artículo 13 y se establece un nuevo Artículo
11 en la Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según enmendada, para que se lea
como sigue:
“Artículo 11.-Servicio de localización de personas;
facultad para investigar e imponer penalidades.
(a)
La Administración ofrecerá a los beneficiarios
del Programa el servicio de localizar a las personas que incumplen su
obligación de prestar alimentos a personas de edad avanzada o que son
alimentantes potenciales. Para estos efectos y para lograr y hacer efectivas
las pensiones alimentarias para las personas de edad avanzada, el/la
Administrador/a solicitará la información y la asistencia que considere
necesaria de cualquier departamento, agencia, corporación pública u organismo
del Gobierno de Puerto Rico o de los municipios, de otros estados o
jurisdicciones, así como de individuos, entidades privadas y corporaciones o
sociedades, a los fines de identificar y localizar los descendientes o a las
personas legalmente obligadas a prestar alimentos, determinar ingresos, gastos
y bienes del o los alimentantes, o para cualquier otra información que sea
necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley.
(b) El/la Administrador/a o el/la
funcionario/a del Programa que éste/a asigne, tendrá facultad para llevar a
cabo las investigaciones que estime necesarias, y a tales fines, podrá tomar
juramentos y declaraciones y requerir, bajo apercibimiento de desacato, la
comparecencia de testigos y la presentación de datos, libros, cartas,
documentos, papeles, expedientes y toda la información que sea necesaria y
pertinente para un completo conocimiento de los asuntos bajo investigación
relacionados con las funciones que le confiere esta Ley, con el propósito de
que pueda cumplir con las responsabilidades que se le asignan. Se ordena, no
obstante lo dispuesto en otras leyes, a los/las directores/as o secretarios/as
de otros departamentos, agencias, corporaciones públicas u organismos del
Gobierno de Puerto Rico o de los municipios, así como a los/las funcionarios/as
o agentes de corporaciones o entidades privadas, e individuos particulares a
suministrar aquella información pertinente y necesaria que el/la Administrador/a
solicite, incluyendo la recopilación de datos y listas escritas o a través de
medios computadorizados. Toda la información solicitada, según dispuesto en
esta Ley, se suministrará libre de costos y aranceles. Se proveerá acceso por
parte del Programa, a cualquier información sobre la ubicación del alimentante
que obre en cualquier sistema utilizado por los negociados de vehículos de
motor u organismos de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico para
localizar individuos.
(c) A fin de facilitar la localización y
hacer efectivas las acciones contra alimentantes, las agencias de gobierno que
emiten las siguientes licencias o mantienen récords relativos a los siguientes
asuntos, deberán desarrollar procedimientos apropiados para garantizar que las
solicitudes para obtener dichas licencias, o los récords sobre dichos asuntos,
contengan la mayor información sobre el respectivo solicitante o individuo
sujeto a dicho asunto, respectivamente: licencias profesionales, licencias de
vehículos de motor, licencias ocupacionales, licencias de matrimonio, decretos
de divorcio, órdenes de pensión alimentaria, decretos y reconocimientos de
paternidad, y récords y certificados de defunción.
(d) Si alguna persona o funcionario/a se
negare a ofrecer la información solicitada, el/la Administrador/a podrá
recurrir al Tribunal de Primera Instancia y solicitar que se ordene el
cumplimiento de la solicitud. El Tribunal dará preferencia al curso y despacho
de dicha petición y podrá dictar órdenes haciendo obligatoria la presentación
de los datos o información requerida previamente por el/la Administrador/a. El
Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad para castigar por desacato la
desobediencia de esas órdenes.
(e) La información obtenida será de carácter
confidencial y se utilizará únicamente para los propósitos autorizados por esta
Ley. Cualquier persona que divulgue, dé a la publicidad, haga uso de, o
instigue al uso de cualquier información obtenida de conformidad con las
disposiciones de este Artículo, incurrirá en delito menos grave y convicta que
fuere, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses
o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción
del tribunal. Todo empleado o funcionario que por descuido, acción u omisión,
divulgue, ofrezca o publique cualquier información confidencial estará, además,
sujeto a las acciones disciplinarias que correspondan.”
Sección 2.-Se reenumeran los actuales Artículos 11 y 12 de la Ley
Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, como 12 y 13… como 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 y 20…
Sección 3.-Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
.................................................................
Presidenta de la Cámara
.................................................................
Presidente del Senado
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia de la ley
original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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