Ley Núm. 240 del año 2011
(P. del S. 2394); 2011, ley 240
(Conferencia)
Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce
Ley Núm. 240 de 12 de diciembre de 2011
Para crear la “Autoridad del Puerto de Ponce” como cuerpo político e independiente del Municipio Autónomo de Ponce; transferir a dicha Autoridad las funciones, objetivos, deberes, facultades, derechos y prerrogativas de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago; eximir esta nueva Autoridad del proceso rígido de contratación y compras mediante subasta pública o procesos de solicitud de propuestas formales y enmendar la franquicia concedida al Municipio de Ponce por el extinto Consejo Ejecutivo; y para otros fines.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la economía globalizada del siglo XXI, el 88% del comercio transoceánico se transporta en buques de contenedores, siendo los buques de tamaño post-panamax (buques que por su tamaño no pueden navegar por el Canal de Panamá) el transporte ideal para las rutas transatlánticas y transpacíficas. Debido a las economías de escala que necesitan estos buques para que su operación sea costo efectiva, se han integrado sistemas intermodales y sistemas de alimentación ("feeders") mediante los cuales los contenedores pueden ser trasbordados múltiples veces, bien sea a otros buques de mayor o menor capacidad o en sistemas de transportación terrestre, antes de llegar a su destino final. Estos complejos sistemas de transportación pueden hacer que los productos de uno u otro país sean más o menos competitivos en mercados internacionales, dependiendo, entre otros factores, en la eficiencia de la operación de sus puertos de embarque y el tiempo en que demoren sus productos en transitar estos complejos sistemas para llegar al mercado.
Puerto Rico cuenta con una buena localización geográfica entre las rutas marítimas del comercio internacional, rutas marítimas que pudieran beneficiarse de un nuevo y eficiente puerto de trasbordo para buques post-panamax y los asociados sistemas alimentadores. Estas rutas incluyen las del tráfico comercial entre (i) Europa con el Caribe o el este de Sur América, (ii) el este de los Estados Unidos de América con el Caribe o el este de Sur América, (iii) Asia, vía el Canal de Suez, con el Caribe o Sur América, (iv) Centro América y el Golfo de México con el este de Sur América, y (v) Asia, vía el Pacífico e intermodal terrestre, al Caribe o el este de Sur América.
Se anticipaba que el puerto de San Juan, siendo el puerto con mayor volumen de tráfico naviero en Puerto Rico, llegaría a su capacidad máxima entre el año 2007 y el 2010. El mencionado Puerto controla prácticamente el manejo de toda la carga marítima con destino doméstico. Luego de realizados estudios que recomendaron favorablemente el desarrollo de un puerto de trasbordo en el área sur de Puerto Rico, específicamente entre los municipios de Ponce y Guayanilla, por ser éstas las localizaciones más atractivas y viables para buques post-panamax debido a: (i) su protección natural al embate de las olas, corrientes y vientos, (ii) sus profundas bahías y accesos, (iii) su gran cantidad de terrenos disponibles o subutilizados, los cuales estarían disponibles para actividades industriales de valor añadido relacionadas con las operaciones de trasbordo, (iv) su disponibilidad de infraestructura (agua, electricidad, y telecomunicación), y (v) su disponibilidad de fuerza laboral, Puerto Rico ha efectuado una inversión en infraestructura en parte de los muelles del Municipio Autónomo de Ponce, que aún en el 2011 no ha concluido su construcción. Durante el período en que el puerto de trasbordo ha estado en construcción, se han desarrollado en el Caribe otras instalaciones para servir ese segmento de la industria bajo condiciones más competitivas que las que Puerto Rico puede ofrecer, lo cual dificulta la competitividad de nuestro producto en ese sector de la industria naviera.
No obstante lo anterior, y existiendo la oportunidad económica para el desarrollo de un puerto de tercera generación en Puerto Rico, contando con una buena localización geográfica para establecer un puerto viable, teniendo la necesidad de aumentar nuestra capacidad y eficiencia portuaria y teniendo el deseo de lograr mayor crecimiento económico para Puerto Rico, el Municipio Autónomo de Ponce ha propuesto establecer un puerto de tercera generación, en las instalaciones construidas para el Puerto de Las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago. El Municipio Autónomo de Ponce presentó un plan conceptual de negocios que promueve varios objetivos cónsonos con el desarrollo económico que se pretende generar con este proyecto. Se propone la operación de todos los terminales del Puerto de Ponce, bajo el Puerto de Las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago, sujeto dicho desarrollo a la creación de una Autoridad del Puerto de Ponce, cuya Junta de Directores estará compuesta por la Alcaldesa o Alcalde del Municipio Autónomo de Ponce, tres (3) miembros de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de las Américas y tres (3) residentes de los municipios que componen Desarrollo Integral del Sur (DISUR), Inc., todos nombrados por el o la Presidenta de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce. La Autoridad del Puerto de Ponce será la entidad encargada de promulgar la política pública del desarrollo de este puerto de tercera generación y tendrá la facultad de contratar con un operador de calibre internacional que incorpore las eficiencias técnicas de la operación portuaria a este centro logístico en que se convertirá el Puerto de Las Américas, así como podrá contratar con firmas de inversiones y desarrollo de propiedades en las zonas de valor añadido para promover la promoción y el establecimiento de industrias y operaciones de valor añadido, capaces de generar empleos dignos para los residentes de la Región Sur.
Debido a la complejidad de un proyecto de esta envergadura, y la necesidad de contar con una entidad gubernamental con facultad para entrar en los compromisos legales necesarios para llevar a cabo el mismo, la Asamblea Legislativa entiende que es necesario crear un nuevo organismo gubernamental. Cónsono con los principios que fundamentan la autonomía municipal, que responda a la población que se afecta por las decisiones que se toman en el campo económico y que esté dedicado exclusivamente a hacer realidad este proyecto.
A tales efectos, mediante esta Ley se crea una corporación pública con el nombre de Autoridad del Puerto de Ponce ("APP"). La APP será responsable de seleccionar y negociar los términos y condiciones del contrato con el potencial operador del Puerto de Las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago, coordinar y supervisar el financiamiento, operación, mantenimiento y administración del Puerto de Las Américas, y reglamentar las actividades que tendrán lugar en dicho Puerto. La APP tendrá todos los poderes que típicamente se le conceden a las corporaciones públicas, incluyendo el poder de emitir bonos y de adquirir propiedades mediante expropiación forzosa y ciertos poderes y facultades que son particulares a las actividades del Puerto de Las Américas, cuyas facultades recibirá de la Autoridad del Puerto de Las Américas a través de cualquier tipo de contratación viable que permita la transferencia de funciones entre dichas autoridades.
Desde el 20 de diciembre de 1911, por virtud de una Ordenanza aprobada por el extinto Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, se le concedió al Municipio de Ponce, y éste la ha disfrutado desde entonces, una franquicia para operar los muelles municipales de Ponce. Esta franquicia, con el paso del tiempo y luego de desaparecer el Consejo Ejecutivo, quedó bajo la tutela de la Comisión de Servicio Público por ser esa una operación de un servicio público. La franquicia para la operación de los muelles ha sido altamente valorada por la Ciudad de Ponce y el Municipio reforzó esa operación asignándole a la Junta Administrativa la posesión y control de propiedades municipales aledañas al Puerto.
La referida franquicia resultó ser un instrumento de avanzada en la época en que se aprobó, así como previó el que los Muelles de Ponce estuvieran disponibles y se operaran para beneficio de la Ciudad, quedando ésta advertida de la posible pérdida de la franquicia si el Muelle dejaba de ser utilizado en el mejor interés de los ciudadanos de Ponce. La dinámica y el desarrollo de la industria marítima fue cambiando con el tiempo, pero la franquicia quedó fundamentalmente estática en su alcance y en los mecanismos que su estructura legal le proveyó al Municipio para el desarrollo, mantenimiento y explotación del Muelle Municipal. El Municipio por su parte continuó adquiriendo propiedades aledañas al Muelle, las cuales hizo disponibles para su administración y explotación a la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce. Desde el 1911 el Municipio ha operado bajo la vigente estructura, la cual limita las facultades y poderes de la Junta Administrativa que por la franquicia se creó, al cobro de los derechos de muellaje y atraque, al cobro de los arrendamientos de las propiedades municipales y a la prestación de limitados servicios a las embarcaciones que arriban a esas instalaciones. En esencia, la Junta Administrativa domina y rige la estructura física que compone el muelle.
Sin invadir las áreas donde el campo está ocupado por legislación federal, esta Legislatura aprobó la Ley 171-2002, según enmendada, titulada “Ley de la Autoridad del Puerto de Las Américas”, cuyo propósito fue construir y desarrollar unas instalaciones portuarias modernas para la operación de un puerto de trasbordo de carga contenerizada, capaz de admitir el atraque de barcos denominados “postpanamax” y barcos de hondo calado capaces de transportar cargas consolidadas dentro del contexto de la creación de unas economías de escala y contratar un operador de calibre internacional que se hiciera cargo de la operación exitosa de esa instalación portuaria. Se identificó la necesidad y conveniencia de que sólo hubiera en el Puerto de Las Américas una sola Autoridad que contara con todos los poderes delegados por el Estado sobre todos aquellos elementos afectados por las operaciones marítimas. La Autoridad entraría en unos acuerdos con el Municipio Autónomo de Ponce, por virtud de los cuales el Municipio le haría disponibles tanto los muelles de su propiedad, como las propiedades inmuebles que le dan servicio a aquéllos y la Autoridad adquiriría otros bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de zonas de valor añadido, áreas de mitigación y compraría equipos necesarios y apropiados para la operación portuaria y ese conjunto de propiedades e instalaciones se pondrían, a su vez, a disposición del operador al cual se le facultaba para prestar toda la gama de servicios que ése interesara en esas instalaciones para servir a los usuarios del Puerto a cambio de una significativa inversión garantizada y de unos ingresos recurrentes para la Autoridad y el Municipio. Este Proyecto se planificó y se trató como un proyecto de desarrollo socio económico y el Gobierno Central invirtió considerables sumas de dinero en su fase de construcción. La crisis económica mundial afectó no sólo las finanzas del Gobierno Central, el cual tuvo que limitar el alcance de la inversión prevista en el Proyecto y tomar medidas fiscales de emergencia para conjurar la crisis, sino que igualmente afectó a la industria de transportación y carga marítima. El año 2009 ha sido el peor año en la historia de los operadores de barcos portacontenedores, habiéndose registrado una pérdida combinada de más de $27 mil millones de dólares para las veinte (20) líneas navieras más importantes del mundo.
Esta combinación de factores provocó que la entidad con la cual se estuvo negociando un contrato de concesión para la operación del Puerto de las Américas no tuviera éxito en conseguir los inversionistas que asumirían los riesgos inherentes a la operación comercial, según requería la negociación. Luego de casi una década de haber emprendido este desarrollo socio económico, las circunstancias del mercado mundial impidieron que se consiguiera, por el momento, un operador de calibre internacional.
El Municipio Autónomo de Ponce, por su parte, con motivo de las obligaciones asumidas con la Autoridad del Puerto de Las Américas, limitó sustancialmente las oportunidades de negocio de sus instalaciones y ello trajo como consecuencia que lo que fue históricamente una operación generadora de ingresos en exceso de gastos, generara pérdidas que han sido absorbidas por el Municipio por los pasados años.
El Municipio Autónomo de Ponce, por otro lado, es el titular de las instalaciones portuarias que componen el Muelle de Ponce, en parte de las cuales la Autoridad reconstruyó los muelles 4, 5 y 6, y asimismo el Municipio es titular de los terrenos inmediatamente aledaños y que le dan servicio a esos muelles. Todos los muelles de servicio público que operan en la bahía de Ponce son operados por la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, bajo las limitaciones de la franquicia concedida en el año 1911, la cual ha sufrido muy pocas enmiendas a lo largo del tiempo.
De conformidad con las disposiciones de la Ley Jones, denominada como la Carta Orgánica de 1917, en su Artículo 39, se dispuso que todas las franquicias concedidas por la Comisión de Servicio Público, sucesora del extinto Consejo Ejecutivo, creado bajo la Carta Orgánica del 1900, estaría sujetas a enmiendas, concediéndose a la Comisión de Servicio Público todas las funciones ejecutivas relacionadas con las corporaciones de servicio público que hasta entonces se habían conferido al Consejo Ejecutivo. La misma Ley Jones dispuso en su Artículo 26, que las funciones legislativas que hasta ese momento se ejercieron por el Consejo Ejecutivo serían desde entonces ejercidos por el Senado de Puerto Rico. La Ley Jones fue derogada el 3 de julio de 1950 con efectividad al 25 de julio de 1952, fecha en que entró en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado. El 28 de junio de 1962 se aprobó por la Asamblea Legislativa la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, mediante la cual se encargó la implementación de la Ley a la Comisión de Servicio Público. Específicamente se dispuso que un operador de muelle se consideraría como una compañía de servicio público y específicamente se dispuso, además, que esa legislación no se interpretaría en el sentido de infringir cualquier autorización (franquicia) otorgada por el extinto Consejo Ejecutivo que estuviese vigente. Se facultó a la Comisión de Servicio Público, previa audiencia, para suspender, enmendar o derogar tales autorizaciones y ejercer todos los derechos y facultades reservados al extinto Consejo Ejecutivo por dichas autorizaciones o por cualquier ley.
De conformidad con el estado de derecho vigente, la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce es un organismo del Municipio Autónomo de Ponce que opera, según la franquicia, como una corporación, pero no tiene personalidad jurídica propia, separada e independiente del Municipio Autónomo de Ponce, aunque por su característica de operar como una compañía que cobra por sus servicios se le considera un administrador de personal individual y se ha reconocido el derecho de las uniones obreras a negociar colectivamente con ésta. Las facultades de la Comisión de Servicio Público en cuanto al alcance de las enmiendas que puede conceder a la franquicia están limitadas por la Ley de Servicio Público y otras leyes que inciden sobre elementos importantes de la industria marítima y de operación de puertos. Los municipios, sabido es, son criaturas del Estado y sus facultades serán aquéllas que el Estado delegue mediante legislación al efecto. Esta Asamblea Legislativa entiende que la petición de autoridad legal que ha formulado el Municipio Autónomo de Ponce para actualizar las facultades y poderes que puede ejercer a través de la franquicia requiere de acción legislativa particular. Cónsono con el propuesto desarrollo del Puerto de las Américas esta Asamblea Legislativa entiende necesario crear una Autoridad Municipal con plenos poderes delegados para entender como único ente con competencia sobre toda actividad que se generara dentro del Puerto de las Américas. El Municipio Autónomo de Ponce ha formulado una propuesta para viabilizar este proyecto, para lo cual reclama se le apodere con las facultades delegadas por el Estado para hacer viable ese desarrollo.
Tanto el Municipio Autónomo de Ponce como la Autoridad del Puerto de las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago entrarán en negociaciones dirigidas a la transferencia de las propiedades de cada entidad a favor de la nueva Autoridad del Puerto de Ponce para que ésta se constituya en el ente autónomo y flexible que vele por el desarrollo de este importante proyecto del Puerto de las Américas.
Conscientes de que tanto el Gobierno Central como el Municipio Autónomo de Ponce interesan que este proyecto de desarrollo económico se lleve a su realización y que la Región Sur y Puerto Rico, en general, se beneficien, directa e indirectamente del desarrollo económico potencial que supone un puerto de tercera generación y sus zonas de valor añadido y conscientes, ambas partes entienden que el potencial de este Proyecto requiere que se optimicen las posibilidades económicas del Puerto de Ponce, de forma que sirva de atractivo y base para que un operador de calibre internacional se interese en estas instalaciones. Esto permitirá continuar su desarrollo a través de una alianza público privada y, a tal fin, es apropiado y conveniente crear la corporación pública denominada Autoridad del Puerto de Ponce como una corporación adscrita o vinculada con el Municipio Autónomo de Ponce, de forma que, cónsono con los principios de la autonomía municipal reconocidos en la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, se lleven los poderes y facultades sobre aquellos elementos que inciden sobre el desarrollo y operación de las facilidades portuarias a una entidad más cercana al Pueblo que sirve, o sea, al ente municipal, dando la oportunidad de que sean los propios ponceños o personas de la Región Sur los que rijan y dirijan el destino del proyecto del Puerto de Ponce, siempre contando con el apoyo del Gobierno Central a través de la presencia de tres directores que integran a su vez la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago. Atendemos ese objetivo mediante esta legislación, reteniendo el Gobierno Central participación en la Junta de Directores, de forma que pueda evaluar de primera mano la asistencia que este proyecto pueda requerir a lo largo de su desarrollo. De igual modo que se mantenga control sobre la inversión que el Gobierno Central ha efectuado hasta el momento. Se enmienda el pleno derecho de la franquicia que ese Municipio ha ostentado por casi un siglo de forma que la Autoridad del Puerto de Ponce que aquí se crea, para todo fin público, sustituya a la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, mantenga su personalidad jurídica separada e independiente del Municipio Autónomo de Ponce, aunque convertida en una corporación adscrita al Municipio por acción legislativa. La integración de la operación del Puerto del Municipio Autónomo de Ponce y el del proyecto del Puerto de las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago, ambas operaciones de alto interés público queda mejor servido con la conversión en la Autoridad del Puerto de Ponce lo cual resulta, además, cónsono con los principios de autonomía municipal enunciados en la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: