Ley Núm. 14 del año 2013
(P. de la
C. 717); 2013, ley 14
Para enmendar la Sección 12 de la Ley Núm. 138 de 1968, Ley
de Protección Social por Accidentes de Automóviles.
LEY NUM. 14 DE 6 DE MAYO DE 2013
Para enmendar la Sección 12 de la Ley Núm.
138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de
Protección Social por Accidentes de Automóviles”, a los efectos de
reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la Administración de
Compensaciones por Accidentes de Automóviles y modificar el término de los
nombramientos de sus miembros.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Esta
Asamblea Legislativa tiene un compromiso con la sociedad puertorriqueña de
reexaminar las estructuras gubernamentales con el propósito de procurar que
éstas sean verdaderamente representativas, que las instrumentalidades públicas
operen de forma eficiente y transparente y que los servicios que ofrecen a la
ciudadanía sean de la mejor calidad posible. La Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en su Artículo III, Sección 16, otorga a la Asamblea Legislativa una de las facultades
más importantes para la operación del Estado: “crear,
consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones”. Se
trata de la autoridad para configurar cómo estarán estructurados todos los
organismos de gobierno sobre los cuales recae la tarea de administrar los
recursos públicos y brindar servicios a toda la ciudadanía. La manera en que
cada agencia, administración, instrumentalidad o corporación pública esté
configurada en términos de su funcionamiento y operación, resulta determinante
para el éxito o fracaso de las políticas públicas que justificaron en un primer
momento su creación.
En el caso de las corporaciones públicas, éstas son piezas
fundamentales en el andamiaje gubernamental y para ello es que gozan de
atributos tales como una personalidad jurídica propia y variados grados de
autonomía en su funcionamiento y operación. Las juntas o
cuerpos rectores de las corporaciones públicas tienen funciones y poderes que,
de ser ejercidos con conciencia de su impacto socioeconómico y en consideración
a su deber de servir al pueblo de Puerto Rico, son esenciales para viabilizar
los proyectos públicos y maximizar el bienestar general.
La
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles es una
corporación pública que administra un seguro de servicios de salud y
compensaciones para beneficiar a las víctimas de accidentes de tránsito y a sus
dependientes. Uno de los objetivos principales de esa corporación pública es
reducir los efectos sociales y económicos que tienen los accidentes de tránsito
en la familia y demás dependientes de las víctimas. Naturalmente, para que la
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles pueda cumplir
cabalmente con sus objetivos, es necesario que su cuerpo rector, la Junta de
Gobierno, esté formado por personas con amplio conocimiento en el área de la medicina,
economía, finanzas corporativas, y en el área de lo jurídico.
Ante
la falta de especificaciones necesarias en la Ley sobre las cualificaciones, la
preparación, experiencia y representatividad de sus miembros, el esquema actual
propicia que la configuración del cuerpo rector de la Administración de
Compensaciones por Accidentes de Automóviles resulte aleatoria e incierta y,
por ende, no tenga una membresía representativa, balaceada y capacitada para
atender efectivamente los retos que enfrenta esta entidad gubernamental en su
administración y ofrecimiento de servicios al País. En aras de lograr que los
objetivos de política pública se alcancen de la forma más efectiva y responsiva
al bienestar de la ciudadanía, es necesario que esta Asamblea Legislativa
ejerza su prerrogativa constitucional y reorganice el cuerpo rector de la
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
Con
esta medida se atemperan las disposiciones de la Ley de Protección Social por
Accidentes de Automóviles para reestructurar y reorganizar la composición del
cuerpo rector de la Administración de Compensaciones por Accidentes de
Automóviles, de forma tal que se garantice que ese cuerpo estará en todo
momento compuesto por miembros que sean representativos de las personas que se
ven impactadas por las políticas de esa corporación pública y que tengan la
preparación académica o las experiencias profesionales adecuadas para que esa
corporación pública cumpla cabalmente con sus responsabilidades públicas y
legales. Al amparo de la facultad que la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico le reconoce a esta Asamblea Legislativa en su Artículo III, Sección 16, se ordena la reestructuración y
reorganización del cuerpo rector de la Administración de Compensaciones por
Accidentes de Automóviles bajo los parámetros establecidos en esta Ley.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO
RICO:
Artículo
1.-Se enmienda la Sección 12 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según
enmendada, para que lea como sigue:
“Sección
12.-La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
(1) Se crea, para llevar
a cabo los propósitos de esta Ley, una corporación como instrumentalidad
gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para
actuar, por autoridad del mismo, bajo el nombre de Administración de
Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
(2) Los poderes corporativos
de la Administración serán ejercidos por una Junta de Gobierno que será
responsable, además, de la administración de la misma y de velar por que se
ponga en vigor las disposiciones de esta Ley. La Junta estará integrada por
cinco (5) miembros, de los cuales dos (2) serán miembros ex officio; uno (1)
será un abogado o abogada con al menos siete (7) años de experiencia en el
ejercicio de la profesión en Puerto Rico; uno (1) será un doctor en medicina; y
uno (1) será un profesional con conocimiento y amplia experiencia en finanzas
corporativas, o con un grado de maestría o doctorado en economía. Los dos
miembros ex officio serán el Comisionado de Seguros y el Secretario del
Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Con excepción de los dos (2) miembros ex officio,
los demás miembros de la Junta serán nombrados por el Gobernador, con el
consejo y consentimiento del Senado. El término del nombramiento o elección de
los cinco (5) miembros será de cuatro (4) años o hasta que sus sucesores tomen
posesión del cargo.
No podrá ser miembro de la Junta persona
alguna (incluidos los miembros que representan el interés de los consumidores)
que: (i) sea empleado, empleado jubilado o tenga interés económico sustancial,
directo o indirecto, en alguna empresa privada con la cual la Administración
otorgue contratos o haga transacciones de cualquier índole; (ii) en los dos (2)
años anteriores a su cargo, haya tenido una relación o interés comercial en
alguna empresa privada con la cual la Administración otorgue contratos o haga
transacciones de cualquier índole; (iii) haya sido miembro de un organismo
directivo a nivel central o local de un partido político inscrito en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico durante el año previo a la fecha de su
designación; (iv) sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos
de trabajadores de la Administración; o (v) no haya provisto la certificación
de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años
contributivos, la certificación negativa de deuda emitidas por el Departamento
de Hacienda, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto
Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración para
el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos
Municipales (CRIM).
Tres (3) miembros de la Junta constituirán
quórum. Las vacantes que ocurran en la Junta se cubrirán, con nombramientos por
el período que falte para la expiración del término original de cuatro (4) años.
El Gobernador podrá destituir cualquier
miembro de la Junta por incompetencia en el desempeño de sus deberes o
cualquiera otra causa justificada, previa formulación de cargos y oportunidad
de ser oído.
La Junta elegirá uno de sus miembros para
actuar como Presidente y a otro para actuar como Secretario. La Administración
reembolsará a los miembros de la Junta aquellos gastos extraordinarios y
necesarios en que incurrieren en el desempeño de sus funciones.
La Junta nombrará un Director Ejecutivo,
quien será responsable de la administración directa de la corporación de
acuerdo con las normas y condiciones que establezca la Junta.
(3) La Junta
adoptará reglas para su organización y funcionamiento interno, y aprobará y
hará que se promulguen los reglamentos necesarios para poner en vigor las
disposiciones de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
incluyendo los procedimientos para el pago de primas y para el pago de reclamaciones.
Además de los deberes que surjan de este Capítulo, la Junta tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
(a) Por lo menos
trimestralmente cada año, celebrar reuniones ordinarias y aquellas sesiones
extraordinarias que se estimen necesarias. La Junta llevará actas completas de
todos sus procedimientos.
(b) Considerar y tomar
acuerdos sobre asuntos que le refiera el Director Ejecutivo.
(c) Aprobar las
inversiones de los recursos de la Administración que proponga el Director
Ejecutivo.
(d) Podrá investigar y
deberá resolver en apelación, a solicitud de parte, controversias surgidas
entre reclamantes de la Administración y el Director Ejecutivo.
(e) Tan pronto como sea
posible después de finalizar cada año económico, pero a más tardar el primero
de noviembre de cada año, revisar, aprobar y ordenar que se transmita al
Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual que contenga entre
otras cosas, un balance de situación económica; un estado de ingresos y
desembolsos para el año; estados detallados acerca de la experiencia de
reclamaciones de la Administración para el año, un informe sobre los títulos de
inversión propiedad de la Administración; y otros datos estadísticos y
financieros que se consideren necesarios para una adecuada interpretación de la
situación de la Administración y del resultado de sus operaciones.”
Artículo 2.-
Cláusula de separabilidad
Si cualquier
cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte
de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la
sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará, el
resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula,
párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso, o parte de la
misma, que así hubiere sido declarada inconstitucional.
Artículo 3.-Vigencia
y efecto.
Esta Ley
comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. Una vez comience a
regir esta Ley, quedarán terminadas las funciones de todos los miembros de la
Junta una vez sus sucesores tomen posesión del cargo. Se comenzará
inmediatamente con la organización, formación y nombramiento de los miembros de
la Junta de Gobierno, conforme a lo establecido en esta Ley. Las disposiciones de esta Ley tendrán el efecto de modificar toda
disposición de ley o reglamento vigente que haga referencia a la Junta de
Directores de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles,
para que en vez diga y haga referencia a la Junta de Gobierno de la Administración
de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
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esta ley al presente.
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