Artículo
1.-Se enmienda el inciso (l) de la Sección 1 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de
1945, según enmendada, para que lea como sigue:
“…
(l) Junta.-
Significará la Junta de Gobierno de la Autoridad establecida conforme a las
disposiciones de la Sección 3 de esta Ley.
…”
Artículo
2.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según
enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 3.- Junta de Gobierno
Los poderes de la Autoridad se
ejercerán y su política general se determinará por una Junta de Gobierno, en
adelante la Junta, que se compondrá de nueve (9) miembros, de los cuales dos
(2) serán miembros ex officio; uno (1) será ingeniero o ingeniera autorizado(a)
a ejercer la profesión de la ingeniería en Puerto Rico; uno (1) será un abogado
o abogada con al menos siete (7) años de experiencia en el ejercicio de dicha
profesión en Puerto Rico; uno (1) será una persona con amplio conocimiento y
experiencia en finanzas corporativas; dos (2) serán representantes del
consumidor y dos (2) serán el Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes y
el Director Ejecutivo de la Federación de Alcaldes. Los dos (2) miembros ex officio
serán el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el
Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico.
(a) Con excepción de los dos (2) miembros ex officio, los dos (2)
representantes de los consumidores, el Director
Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes y el Director Ejecutivo de la Federación
de Alcaldes, los demás miembros de la Junta serán
nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Los
miembros que sean representantes de los consumidores serán electos mediante una
elección supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y se
celebrará bajo el procedimiento dispuesto en esta Sección. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados proveerá los recursos
económicos y las instalaciones para la celebración de la elección.
El
término del nombramiento o elección de los miembros será de cuatro (4) años o
hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo. Con excepción de los
representantes electos de los consumidores, quienes ocuparán su cargo por seis
(6) años. Toda vacante en la Junta se cubrirá por nombramiento del Gobernador,
con el consejo y consentimiento del Senado, con excepción de los representantes
electos de los consumidores, por el término que falte para la expiración del
nombramiento original. La vacante de alguno de los representantes de los
consumidores será cubierta utilizando el procedimiento establecido en este
Artículo.
No
podrá ser miembro de la Junta persona alguna (incluidos los miembros que
representan el interés de los consumidores) que: (i) sea empleado, empleado
jubilado o tenga interés económico sustancial, directo o indirecto, en alguna
empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones
de cualquier índole; (ii) en los dos (2) años anteriores a su cargo, haya tenido
una relación o interés comercial en alguna empresa privada con la cual la
Autoridad otorgue contratos o haga transacciones de cualquier índole; (iii) haya
sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un partido
político inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el año
previo a la fecha de su designación; (iv) sea empleado o funcionario de la
Autoridad o sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de
trabajadores de la Autoridad; o (v) no haya provisto la certificación de
radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años
contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el Departamento
de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad, el Certificado
de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como las
certificaciones negativas de deuda de la Administración para el Sustento de
Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).
(b) Procedimiento
para la elección de los representantes del consumidor:
(1) El DACO aprobará un
reglamento para implantar el procedimiento de elección dispuesto en esta Sección.
(2) En o antes de los
ciento veinte (120) días previos a la fecha de vencimiento del término de los
cargos de los representantes del interés de los consumidores en la Junta de
Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Secretario del DACO
emitirá una convocatoria a elección, en la que especificará los requisitos para
ser nominado como candidato. La convocatoria deberá publicarse mediante avisos
en los medios de comunicación, en el portal de Internet de la Autoridad y
enviarse junto con la facturación que hace la Autoridad a sus abonados.
(3) El Secretario del
DACO diseñará y distribuirá un formulario de Petición de Nominación, en el cual
todo aspirante a ser nominado como candidato hará constar bajo juramento, su
nombre, circunstancias personales, dirección física, dirección postal,
teléfono, lugar de trabajo, ocupación, preparación académica y número de cuenta
con la Autoridad. En la petición, se incluirá la firma de no menos de cincuenta
(50) abonados que endosan la nominación del peticionario, con sus nombres,
direcciones y números de cuenta con la Autoridad. Este formulario deberá estar
disponible en el portal de Internet de la Autoridad, en formato digital, para
ser completado en su totalidad por los aspirantes.
El Secretario del DACO incluirá en
el reglamento un mecanismo de validación de endosos, de conformidad con los propósitos
de esta Sección. Igualmente, en dicho reglamento, se
incluirán los requisitos que, de conformidad con las leyes aplicables, deberán
tener los candidatos y las candidatas.
(4) En o antes de los
noventa (90) días previos a la fecha de vencimiento de los cargos de los representantes
de los consumidores, el Secretario del DACO certificará como candidatos a los
siete (7) peticionarios que hayan sometido el mayor número de endosos y que
hayan cumplido con los demás requisitos establecidos en este inciso.
(5) En o antes de los
sesenta (60) días previos a la fecha de vencimiento del término de los cargos de
los representantes del consumidor, el Secretario del DACO, en consulta con el
Secretario de la Junta de Gobierno de la Autoridad, procederá con el diseño e
impresión de la papeleta, en la cual especificará la fecha límite para el
recibo de las papeletas para que se proceda al escrutinio.
(6) Las papeletas se
distribuirán por correo conjuntamente con la factura por servicio a cada
abonado.
(7) Cada uno de los siete
(7) candidatos seleccionados designará a una persona para que le represente en
estos procedimientos, y estas siete (7) personas, junto a un representante del
Secretario del DACO y un representante del Secretario de la Junta, constituirán
un Comité de Elección, que será presidido y dirigido por el representante del
Secretario del DACO.
(8) El Comité de
Elección preparará y publicará, de manera prominente en el portal de Internet
de la Autoridad, información sobre los candidatos que permita a los abonados
hacer un juicio sobre las capacidades de los aspirantes.
(9) El Comité de
Elección procurará acuerdos de colaboración de servicio público con los
distintos medios de comunicación masiva en Puerto Rico para promover entre los
abonados de la Autoridad el proceso de elección, así como dar a conocer, en
igualdad de condiciones, a todos los aspirantes.
(10) El Comité de
Elección, durante los diez (10) días siguientes a la fecha límite para el
recibo de las papeletas, procederá a realizar el escrutinio y notificará el
resultado al Secretario del DACO, quien certificará a los candidatos electos y
notificará la certificación al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y al Presidente de la Junta, para que el Gobernador proceda a hacer el nombramiento.
(c) Las funciones de los
miembros de la Junta serán indelegables. La Junta se reunirá con la frecuencia
que determine la propia Junta que nunca será menor de una vez al mes. Los
miembros de la Junta no recibirán compensación por sus servicios.
(d) Cinco (5) miembros
de la Junta o, en caso de haber vacantes en la Junta, una mayoría de los
miembros de la Junta constituirán quórum para conducir los negocios de ésta, y
para cualquier otro fin y todo acuerdo de la Junta se tomará por voto
afirmativo de no menos de cinco (5) miembros.
No obstante, las siguientes
acciones tendrán que ser aprobadas por no menos de seis (6) miembros de la
Junta:
(1) La selección y
nombramiento del presidente y vicepresidente de la Junta;
(2) el nombramiento,
remoción y determinación de la compensación del Presidente Ejecutivo de la
Autoridad; disponiéndose, que el Presidente Ejecutivo que ocupe el cargo de
director, de ser ese el caso, no podrá intervenir en estos asuntos;
(3) el nombramiento,
previa recomendación del Presidente Ejecutivo de la Autoridad, y la remoción y
determinación de compensación de cualquier oficial ejecutivo de la Autoridad de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
(4) la aprobación o
terminación de cualquier contrato de administración con un operador privado o
cualquier enmienda al mismo;
(5) la aprobación de
cualquier convenio colectivo o cualquier enmienda al mismo;
(6) la autorización de
exención del requisito de subasta para contratos de construcción, compra u
otros contratos, según lo dispuesto en la Sección 11 de esta Ley;
(7) la aprobación de
estructuras tarifarias o cambios a éstas y la imposición de derechos, rentas y
otros cargos por el uso de las instalaciones o servicios de la Autoridad;
y
(8) la aprobación del
Plan de Mejoras Permanentes a largo plazo.
A menos que el reglamento de la
Autoridad lo prohíba o restrinja, cualquier acción que fuere necesaria tomar en
cualquier reunión de la Junta o cualquier comité de ésta, salvo para las
acciones que requerirán la aprobación de no menos de seis (6) miembros de la
Junta, podrá ser autorizada sin que medie una reunión siempre y cuando todos
los miembros de la Junta o comité de ésta, según sea el caso, den su
consentimiento por escrito a dicha acción, documento que formará parte de las
actas de la Junta o del comité de ésta, según sea el caso. Salvo que el
reglamento de la Autoridad provea otra cosa, los miembros de la Junta o de
cualquier comité de ésta podrán participar, mediante conferencia telefónica, u
otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas participantes
puedan escucharse simultáneamente, en cualquier reunión de la Junta o de
cualquier comité de ésta, donde no se tomen las acciones específicas dispuestas
en las cláusulas (1) a (9) de este inciso. La participación de cualquier
miembro de la Junta o de cualquier comité de ésta en la forma antes referida
constituirá asistencia a dicha reunión. Las reuniones ordinarias,
extraordinarias y de comités de la Junta serán privadas. No obstante, se
publicarán las agendas y actas de los trabajos de las reuniones ordinarias y
extraordinarias de la Junta en el portal de Internet de la Autoridad, una vez
sean aprobadas por la Junta en una reunión subsiguiente. Previo a la
publicación de las actas, la Junta también deberá haber aprobado la versión de
cada acta a ser publicada, que suprimirá (i) toda información que sea
privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia, (ii) toda
información relacionada con la negociación de convenios colectivos, (iii) las
ideas discutidas en relación con la negociación de potenciales contratos de la
Autoridad, (iv) toda información sobre estrategias en asuntos litigiosos de la
Autoridad, (v) toda información sobre investigaciones internas de la Autoridad
mientras éstas estén en curso, (vi) la propiedad intelectual de terceras
personas, y (vii) los secretos de negocios de terceras personas. El Secretario
propondrá a la Junta, para su aprobación, el texto del acta y propondrá el
texto que se suprimirá en la versión que se publicará. Se entenderá por la
palabra acta la relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en la
Junta.
(e) A los directores les
aplicará las disposiciones de la Ley 1-2012, conocida como Ley de Ética
Gubernamental de Puerto Rico.
Sin menoscabar los derechos que
puedan tener los directores bajo las disposiciones de la Ley de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado, los miembros de la Junta no incurrirán en
responsabilidad civil por cualquier acción u omisión en el desempeño de sus
deberes, siempre que no haya mediado conducta constitutiva de delito o
negligencia crasa.
(f) La Junta nombrará
un Comité de Asesores que se compondrá de siete (7) miembros e incluirá, entre
otras, personas que representen los intereses de las comunidades sin servicio
adecuado de acueductos y alcantarillados, de las comunidades especiales de
Puerto Rico, los intereses del sector laboral y los intereses del sector
ambiental. El término de los miembros nombrados por la Junta será de cuatro
(4) años.
El Comité de Asesores se reunirá
con la Junta en pleno por lo menos tres (3) veces al año y con los oficiales
ejecutivos de la Autoridad cuantas veces la Junta o el Presidente Ejecutivo
estime conveniente para presentar sus sugerencias, discutir la calidad de los
servicios prestados por el operador privado, las necesidades de las
comunidades, el Programa de Mejoras Permanentes, y cualquier otro asunto que la
Junta, el Presidente Ejecutivo o el Comité de Asesores considere necesario. La
Junta adoptará las normas para el funcionamiento del Comité de Asesores.
Los miembros del Comité de
Asesores no intervienen en la formulación e implantación de la política pública
y, por lo tanto, no se considerarán servidores públicos para propósitos de la
Ley 1-2012, conocida como Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
(g) La Autoridad tendrá
los cargos de oficiales ejecutivos que cree la Junta. Los oficiales ejecutivos
de la Autoridad serán aquéllos nombrados por la Junta para ocupar los cargos de
oficiales ejecutivos. Los oficiales ejecutivos incluirán a un Presidente
Ejecutivo quien será el principal oficial de la Autoridad, a un Director
Ejecutivo de Infraestructura y los cinco (5) Directores Ejecutivos Regionales,
de las Regiones Metro, Norte, Sur, Este y Oeste cuyas funciones principales se
establecen más adelante, además de las que les delegue la Junta, y serán
nombrados por la Junta y supervisados por el Presidente Ejecutivo. La Junta
podrá crear en el futuro cargos adicionales de oficiales ejecutivos de la
Autoridad, en función de la estructura gerencial descentralizada que se adopta
en esta Ley y según las necesidades de la Autoridad así lo requieran. No podrá ser oficial ejecutivo persona alguna que: (i) sea empleado,
empleado jubilado o tenga interés económico sustancial, directo o indirecto, en
alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga
transacciones de cualquier índole; (ii) en los dos (2) años anteriores a su
cargo, haya tenido una relación o interés comercial en alguna empresa privada
con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones de cualquier
índole; (iii) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o
local de un partido político inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico durante el año previo a la fecha de su designación; (iv) sea empleado o
funcionario de la Autoridad o sea empleado, miembro, asesor o contratista de
los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; o (v) no haya provisto la
certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco
(5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el
Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad,
el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como
las certificaciones negativas de deudas de la Administración para el Sustento
de Menores (ASUME) y el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). El Presidente Ejecutivo y el Director
Ejecutivo de Infraestructura desempeñarán su cargo por el término de seis (6)
años, mientras gocen de la confianza de la Junta. Los Directores Ejecutivos
Regionales desempeñarán sus cargos por un término de cinco (5) años. Sobre los
nombramientos del Presidente Ejecutivo, de los Directores Ejecutivos
Regionales y del Director Ejecutivo de Infraestructura, la Junta podrá disponer,
sin que esto se entienda como una limitación, lo siguiente:
(1) Los deberes,
funciones, obligaciones y facultades delegadas por la Junta a cada uno, además
de las dispuestas más adelante; disponiéndose, que la Junta no podrá delegar la
función de aprobar todo a parte de cualquier convenio colectivo con las uniones
que representen a los empleados de la Autoridad ni las restantes funciones
enumeradas en los incisos (d), (l) y (o) de esta Sección; y
(2) la compensación
económica a pagar durante el período de su nombramiento, la cual podrá incluir
beneficios marginales y bonificaciones que faciliten el reclutamiento de
profesionales del más alto calibre.
(h) Funciones de cada Director Ejecutivo
Regional.-
(1) Será responsable de
administrar y supervisar todos los activos y empleados del Sistema Estadual de
Acueductos y del Sistema Estadual de Alcantarillados dentro de su región;
(2) diseñará y
presentará para evaluación y aprobación del Presidente Ejecutivo y luego de la
Junta, el presupuesto anual de su región. Una vez
aprobado, estará a cargo de administrar dicho presupuesto en coordinación con
el Presidente Ejecutivo;
(3) someterá al Director
Ejecutivo de Infraestructura, a través del Presidente Ejecutivo, las
necesidades de mejoras capitales que identifique en su región, en orden de
prioridad, para que dichas necesidades se incorporen en el Programa de Mejoras
Capitales a corto y largo plazo;
(4) se reunirá con los
funcionarios electos de su región para atender reclamos y necesidades de los
ciudadanos;
(5) someterá un informe
a cada alcalde de su región y a la Asamblea Legislativa en o antes del 15 de
febrero y el 15 de agosto de cada año, y
(6) tendrán además todos
los deberes, poderes y facultades que le sean delegadas por la Junta, en
función de la estructura gerencial descentralizada que se adopta en esta Ley y
según las necesidades de la Autoridad que así lo requieran, salvo que la Junta
no podrá delegarle las funciones referidas en el inciso (g)(1) de esta Sección.
(i) Funciones del Director Ejecutivo de
Infraestructura.-
(1) Confeccionará, en
coordinación con los Directores Ejecutivos Regionales, un Programa de Mejoras
Capitales que atienda las necesidades del sistema a corto y largo plazo, y a
través del Presidente Ejecutivo, presentará dicho Programa para la aprobación
de la Junta de Directores;
(2) administrará y
ejecutará dicho Programa de Mejoras Capitales según las prioridades que
establezca la Junta y según el presupuesto e itinerario dispuesto para cada
obra de este Programa;
(3) se reunirá con
funcionarios electos para atender reclamos y necesidades de los ciudadanos;
(4) someterá un informe
a la Asamblea Legislativa en o antes del 15 de febrero de cada año y el 15 de
agosto de cada año, y
(5) tendrá además todos
los deberes, poderes y facultades que le sean delegadas por la Junta, en
función de la estructura gerencial descentralizada que se adopta en esta Ley y
según las necesidades de la Autoridad que así lo requieran, salvo que la Junta
no podrá delegarle las funciones referidas en el inciso (g)(1) de esta Sección.
(j) Los restantes
oficiales ejecutivos de la Autoridad ejercerán los deberes y obligaciones inherentes
a sus cargos y aquellos otros deberes que la Junta establezca. A menos que la
Junta determine otra cosa, los oficiales ejecutivos nombrados por la Junta
podrán delegar en otras personas la facultad de sustituirlos durante cualquier
período de ausencia justificada, según determine este concepto la Junta mediante
reglamento.
(k) El Presidente
Ejecutivo, el Director Ejecutivo de Infraestructura y los Directores Ejecutivos
Regionales de la Autoridad no podrán:
(1) Aportar dinero, en
forma directa o indirecta, a organizaciones, candidatos o partidos políticos;
(2) desempeñar o hacer
campaña para ocupar cargo alguno en la dirección u organización de un partido
político ni postularse para un cargo público electivo, o
(3) participar ni
colaborar, directa o indirectamente, en campaña política de clase alguna, o en eventos
de naturaleza político partidista.
Los Directores Ejecutivos
Regionales de la Autoridad podrán ser destituidos de sus cargos por la Junta solamente
por las siguientes causas:
(1) Conducta inmoral,
ilícita o que viole las prohibiciones dispuestas en esta Ley;
(2) incompetencia,
inhabilidad profesional manifiesta o negligencia en el desempeño de sus
funciones y deberes;
(3) la convicción por
cualquier delito grave o menos grave que implique depravación moral;
(4) abuso manifiesto de
la autoridad o la discreción que le confieren ésta u otras leyes, o
(5) abandono de sus
deberes.
(6) el incumplimiento
con el plan de trabajo establecido o con las directrices de la Junta.
También podrán ser separados de
sus cargos por causa de incapacidad física o mental para ejercer sus funciones
esenciales. Esta separación por no poder desempeñar las funciones esenciales
del puesto no se considerará una destitución. Estos funcionarios serán
evaluados por la Junta mediante la utilización de métricas de desempeño.
(l) Cuando la Junta
evalúe la composición o modificación de las regiones iniciales, dispuestas en esta
Ley, en cuanto a la delimitación de éstas o la creación de nuevas regiones,
ésta tomará en cuenta los siguientes elementos en dicho análisis y se tomarán
en conjunto, dentro de las circunstancias, al momento de hacer la determinación
final:
(1) Conectividad de los
sistemas de transmisión de agua, localización de las cuencas hidrográficas y
análisis del mejor uso de dichos recursos;
(2) activos y estado de
dichos activos en el Sistema Estadual de Acueductos y en el Sistema Estadual de
Alcantarillados;
(3) necesidades de
mejoras en el Sistema Estadual de Acueductos y en el Sistema Estadual de
Alcantarillados;
(4) longitud de la red y
tamaño del área de servicio que compone la región bajo análisis;
(5) densidad poblacional
y número de clientes actuales y proyectados a corto, mediano y largo plazo en
la región;
(6) proyectos propuestos
para la región dentro del Programa de Mejoras Capitales y demás planes estratégicos
que desarrolle la Junta;
(7) determinaciones de
incumplimiento y órdenes de las agencias reguladoras ambientales y de salud, y
(8) análisis de
costo-beneficio de operar la región según existe y costo-beneficio de operar la
potencial región en estudio bajo la propuesta modificación.
La Junta determinará el peso que
otorgará a cada uno de los anteriores criterios, u otros que a su juicio deba
sopesar, al momento de tomar decisiones sobre las delimitaciones de las
regiones. Una vez la Junta concluya cualquier evaluación sobre modificaciones a
las regiones, someterá para aprobación de la Asamblea Legislativa las
determinaciones junto con un informe que demuestre el estudio realizado en que
basa la Junta sus conclusiones. La determinación de la Junta sobre la nueva
composición de las regiones se tendrá por aprobada si la Asamblea Legislativa,
mediante Resolución Conjunta, la aprueba según sometida por la Junta. La
Asamblea Legislativa deberá aprobar, o rechazar por Resolución Conjunta en un
término no mayor de noventa (90) días de Sesión Ordinaria. De no tomar acción
dentro de dicho término, la determinación de la Junta se considerará aprobada.
La Autoridad deberá someter su primer plan de reorganización de regiones a la
Asamblea Legislativa en o antes del 1 de junio de 2004 para su consideración y
aprobación según antes dispuesto. Las cinco (5) regiones iniciales que por esta
Ley se crean son la Región Metro, Región Norte, Región Sur, Región Este y
Región Oeste. El estudio a presentarse a esta Asamblea Legislativa el 1 de
junio de 2004 deberá incluir la propuesta delimitación de dichas regiones.
(m) Sujeto a lo
dispuesto en el inciso (d) de esta Sección, todos los empleados ejecutivos de
la Autoridad serán nombrados, removidos y su compensación determinada por la
Junta, previa recomendación del Presidente Ejecutivo. Todos los empleados
ejecutivos se considerarán empleados ejecutivos para propósitos de la Ley de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Los empleados ejecutivos no estarán bajo
el control general administrativo del operador privado que dispone el inciso (r)
de esta Sección.
(n) La Junta nombrará
un auditor interno quien estará adscrito y responderá a ésta y tendrá la
facultad de fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos de la
Autoridad para determinar si se han hecho de conformidad con la ley y las
determinaciones de la Junta.
(o) La Junta podrá
delegar parte de sus facultades, que no sean las enumeradas en los incisos (d),
(m) y (p) de esta Sección, al Presidente Ejecutivo quien será el principal
oficial ejecutivo de la Autoridad y será responsable a la Junta por la
ejecución de su política general y por la supervisión general de las fases
operacionales de la Autoridad. La Junta también podrá delegarle cualquiera de
sus facultades, que no sean las enumeradas en los incisos (d), (m) y (p) de
esta Sección, a uno o más comités de la Junta o a algún otro oficial ejecutivo
de la Autoridad.
(p) La Junta no podrá
delegar a ningún comité de la Junta, oficial ejecutivo, u operador privado las
facultades enumeradas en este inciso y los incisos (d) y (m) de esta Sección ni
las siguientes facultades:
(1) La aprobación del
presupuesto de la Autoridad.
(2) La aprobación de
cualquier financiamiento para el Programa de Mejoras Permanentes.
(3) La contratación de
firmas de auditoría.
(4) La contratación de
los consultores externos de la Autoridad cuando la cantidad del contrato exceda
aquella cantidad que la Junta decida por reglamento.
(5) La aprobación de la
venta o enajenación de alguna otra forma de bienes inmuebles o derechos reales;
disponiéndose, que la Junta podrá delegar en el Presidente Ejecutivo, o en
algún otro oficial ejecutivo de la Autoridad, el otorgamiento de las escrituras
de venta o enajenación de los bienes inmuebles o derechos reales.
(6) La aprobación de
reglamentos de la Autoridad y cualquier cambio o derogación de éstos,
incluyendo la determinación de lo que constituye justa causa para remover un
director independiente.
(7) El nombramiento del
auditor interno.
(q) La Junta, a su
opción, podrá otorgar uno o más contratos de administración con uno o varios
operadores privados, que podrán ser personas naturales o jurídicas que la Junta
determine estén calificadas para asumir, total o parcialmente, la administración
y la operación del Sistema Estadual de Acueductos, el Sistema Estadual de
Alcantarillados y todas aquellas propiedades de la Autoridad, según se dispone
en esta Ley. En los contratos con uno o varios operadores privados, la Junta
podrá delegarle al operador privado cualesquiera de las facultades que la misma
pueda delegar al Presidente Ejecutivo, salvo las enumeradas en los incisos (d),
(m) y (p) de esta Sección.
(r) Respecto a los contratos de
administración.-
(1) Cada contrato de
administración con un operador privado se designará un director de operaciones
quien deberá ser un empleado o agente del operador privado. El director de
operaciones de cada operador privado será la persona responsable de supervisar
y administrar todas las encomiendas convenidas con el operador privado en el
contrato de administración. Además, estará a cargo de la supervisión general de
las fases operacionales de la Autoridad convenidas en dicho contrato, y de
aquellas funciones adicionales que por contrato la Junta convenga con dicho
operador.
(2) El o los operadores
privados, a través de sus respectivos directores de operaciones, tendrá todos
los deberes, funciones, obligaciones y facultades que, sujeto a las
limitaciones descritas en esta Sección, se establezcan en el contrato de
administración con la Autoridad, incluyendo las siguientes:
(A) Control general
administrativo de todos los empleados de la Autoridad.
(B) Negociar el convenio
colectivo con las uniones que representen a los empleados de la Autoridad y el
deber y la facultad de nombrar, destituir y determinar la compensación de todos
los empleados y agentes de la Autoridad.
(C) Responsabilidad legal
por todas sus actuaciones conforme con los deberes, funciones, obligaciones y
facultades establecidas en el contrato con la Autoridad y en las leyes de
Puerto Rico.
(D) Podrá aprobar cambios
a la estructura organizacional de la Autoridad siempre y cuando no afecte a los
empleados ejecutivos y la estructura dispuesta en esta Sección.
(E) Obligación de someter
los informes relativos al estado y actividades operacionales y financieros de
la Autoridad que le exija la ley y el contrato de administración con la
Autoridad.
(F) Deber de comparecer
personalmente a rendir un informe semestral ante las comisiones que designe
cada uno de los Cuerpos Legislativos.
(3) Los operadores
privados y sus respectivos directores de operaciones no serán considerados como
entidad pública, patrono público o empleado público, según se definen en esta
Ley o en cualquier otra ley o reglamento.
(4) El contrato de
administración con el o los operadores privados deberá requerirle al operador
privado la prestación de una fianza a favor de la Autoridad. La Junta
establecerá los criterios para determinar el monto de la fianza con la
recomendación del Comisionado de Seguros.
(5) Los contratos de
administración que suscriba la Autoridad con uno o varios operadores privados
deberán indicar expresamente que todos los documentos, tales como registros,
cuentas bancarias y otros documentos relacionados con la operación de la
Autoridad, se mantendrán en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y les pertenecerán a la Autoridad.
(6) Todo contrato de
administración que otorgue la Junta con uno o varios operadores privados requerirá
que dicho o dichos operadores no tengan deudas con entidades gubernamentales; y
que si las tuvieran, deberán estar acogidos a un plan de pago. Además, se les
requerirá tener al día sus cuentas y obligaciones con las entidades
gubernamentales. También, se les requerirá cumplir con su responsabilidad
contributiva con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”
Artículo 3.-Cláusula de separabilidad
Si cualquier
cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte
de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la
sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará, el
resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula,
párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso, o parte de la
misma, que así hubiere sido declarada inconstitucional.
Artículo 4.-Vigencia
y efecto.
Esta Ley
comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. Una vez comience a
regir esta Ley, quedarán terminadas las funciones de todos los miembros de la
Junta una vez sus sucesores tomen posesión del cargo. Se comenzará
inmediatamente con la organización, formación y nombramiento de los miembros de
la Junta de Gobierno conforme a lo establecido en esta Ley. Las disposiciones de esta Ley tendrán el efecto de modificar toda
disposición de ley o reglamento vigente que haga referencia a la Junta de
Directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, para que en vez
diga y haga referencia a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
2. Presione Aquí para
buscar enmiendas posteriores de tener alguna. Debe buscar desde la fecha de
esta ley al presente.
3. Presione
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