Ley Núm. 18 del año 2013
(P. del S. 367);
2013, ley 18
Para enmendar los incisos (a), (d) y (e) del Artículo 3.002
de la Ley Núm. 201 de 2003, Ley de la Judicatura del ELA; la Regla 52.2 de las
Reglas de Procedimiento Civil, Ley Núm. 220-2009; y los Artículos 1.5, 12.4,
12.5, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6 de la Ley 161-2009, Ley para la
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.
LEY
NUM. 18 DE 15 DE MAYO DE 2013
Para enmendar los incisos (a), (d) y (e)
del Artículo 3.002 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley de
la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Regla 52.2 de las
Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según aprobadas mediante la Ley
220-2009, según enmendada; y los Artículos 1.5, 12.4, 12.5, 12.7, 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5 y 13.6 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la
Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, a los fines de
revisar la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo, y para otros
fines.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Sección 2 del Artículo V de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico establece que “[l]os tribunales de Puerto Rico
constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción,
funcionamiento y administración. La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte
incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con
excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización”.
En virtud de esa autoridad, desde 1952 hasta el presente, la Asamblea
Legislativa ha determinado por ley la competencia del Tribunal Supremo para
viabilizar su función constitucional como el tribunal de última instancia y
como máximo intérprete de la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
En la primera Ley de la Judicatura, promulgada en el
1952, se estableció el derecho a apelar ante el Tribunal Supremo de toda
sentencia dictada por el Tribunal Superior como tribunal de instancia. Véase el
Art. IV, §14, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952. Sin embargo, en 1958 se
redujo sustancialmente esa competencia obligatoria, pues se determinó que el recurso
de apelación ante el Tribunal Supremo únicamente procedería para la revisión de
sentencias en casos constitucionales y sentencias criminales condenatorias
emitidas por el Tribunal Superior. En esa ocasión, también se redujo el número
de agencias administrativas sujetas a la revisión directa por parte de dicho
foro. Véase, Ley Núm. 115 de 26 de junio de 1958. Según destacados juristas
como José Trías Monge y José Julián Álvarez González, “[e]l propósito de esta
reforma fue reducir la congestión de casos en el Tribunal y propiciar una
adjudicación más pronta. Indirectamente, esta reforma también propició que el
Tribunal pudiera dedicar una mayor parte de sus esfuerzos a pautar el
desarrollo del derecho puertorriqueño”. José Julián Álvarez González, La nueva
Ley de la Judicatura y la competencia obligatoria del Tribunal Supremo: Algunas
jorobas de un solo camello, 65 Rev. Jur. UPR 1, 44 (1996), citando a
José Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, 145-46 (1978). En
armonía con esa tendencia, en 1992 se creó el Tribunal de Apelaciones y se
eliminó toda la competencia obligatoria del Tribunal Supremo, con excepción de
los casos constitucionales. De igual forma, se eliminó la revisión directa de
todas las agencias administrativas ante el Tribunal Supremo. Véase, Artículo 2
de la Ley 21-1992.
Aunque dicha tendencia se interrumpió temporeramente al
aprobarse la Ley de la Judicatura de 1994, la cual aumentó la competencia
obligatoria del Tribunal Supremo y ocasionó varios problemas en la práctica
apelativa y en el funcionamiento adecuado de la Rama Judicial, la tendencia
dirigida a reducir la competencia apelativa del Tribunal Supremo para facilitar
su función constitucional, se restituyó mediante la aprobación de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida
como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. En esa
ley, se limitó la competencia obligatoria del Tribunal Supremo mediante el
recurso de apelación a dos instancias: 1) para revisar las sentencias finales
que dicte el Tribunal de Apelaciones en las cuales se haya determinado la
inconstitucionalidad de una ley, resolución conjunta, resolución concurrente,
regla o reglamento de una agencia o instrumentalidad pública, u ordenanza
municipal, al amparo de la Constitución de los Estados Unidos de América o de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 2) cuando se
plantee la existencia de un conflicto entre sentencias del Tribunal de
Apelaciones en casos apelados ante ese Tribunal. Todas las demás sentencias y
resoluciones del Tribunal de Apelaciones pueden ser revisadas mediante el
recurso de certiorari, de naturaleza discrecional, el cual constituye el principal
vehículo procesal que utiliza nuestro máximo foro para atender los casos ante
su consideración.
Ahora bien, en los últimos años
ha continuado la tendencia histórica de reducir la competencia de los
tribunales apelativos para agilizar el trámite procesal y la resolución de los
casos y controversias ante la consideración de la Rama Judicial de Puerto Rico.
Se destaca el hecho de que en el 2009, el Tribunal Supremo aprobó y le presentó
ante la Asamblea Legislativa unas nuevas Reglas de Procedimiento Civil que se
rigen por el principio de economía procesal y de agilización de los procesos
judiciales tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en los foros
apelativos. A base de esos fundamentos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil
limitó las circunstancias en la que incluso procedería un recurso de certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones, particularmente en lo que respecta a la
revisión de actuaciones y resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera
Instancia.
Indudablemente, las revisiones apelativas
interlocutorias, ya sea por parte del Tribunal de Apelaciones o del Tribunal
Supremo, pueden ocasionar dilaciones y costos adicionales en el litigio que
atentan contra la economía procesal y la resolución rápida y eficiente de los
casos. Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la
Ley de la Judicatura y las Reglas de Procedimiento Civil, para extender esos
mismos principios de eficiencia procesal y agilidad en el trámite de los casos
a los recursos de certiorari que se presentan ante el Tribunal Supremo. A esos
efectos, se limita la competencia del Tribunal Supremo para revisar las actuaciones
interlocutorias del Tribunal de Apelaciones y las sentencias u resoluciones del
Tribunal de Apelaciones sobre asuntos de naturaleza interlocutoria procedentes
del Tribunal de Primera Instancia. De esta manera, esta Asamblea Legislativa
entiende necesario reimprimirle al recurso de certiorari su característica de
remedio extraordinario y especial. Véase, Job Connection v. Supermercados
Econo, Inc., 2012 TSPR 85; José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, 2da ed., Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1503.
Por otro lado, si bien es cierto que el Tribunal Supremo
es un foro apelativo, también tiene jurisdicción original para conocer de
determinadas causas por virtud de la legislación expresamente aprobada al
efecto. Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108 (1957). No obstante, esta
Asamblea Legislativa está convencida que la función esencial del Tribunal
Supremo en la administración de la justicia en Puerto Rico es servir como
órgano de revisión o de apelación y no como tribunal de primera instancia. Chamberlain
v. Delgado, 82 D.P.R. 6 (1960). Por ello, la presente ley también limita la
competencia original del Tribunal Supremo al mínimo establecido por la Sección V
del Artículo V de la Constitución, a saber, al recurso de hábeas corpus.
A tono con lo anterior, y con el propósito de propiciar
una adjudicación más pronta de las causas que se presentan ante su
consideración, esta Asamblea Legislativa entiende necesario modificar el recurso de
certificación intrajurisdiccional. Como se sabe, ese vehículo procesal es
utilizado frecuentemente por los litigantes en un intento de evadir el trámite
ordinario de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones y el
Tribunal de Primera Instancia. Al requerir que todo caso siga el curso ordinario
y se agoten los procedimientos apelativos antes de que sea atendido por nuestro
máximo foro judicial, esta Asamblea Legislativa promueve que el Tribunal
Supremo pueda dedicar una mayor parte de sus esfuerzos a pautar el desarrollo
del derecho puertorriqueño en consonancia con su mandato constitucional.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO
RICO:
Artículo 1.- Se enmiendan los incisos (a),
(d) y (e) del Artículo 3.002 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como
“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea:
“Artículo 3.002.- Competencia del Tribunal
Supremo
El Tribunal Supremo o
cada una de sus Salas conocerá de los siguientes asuntos:
(a)
En primera instancia, del
recurso de hábeas corpus. Asimismo, cada uno de los jueces de dicho
Tribunal podrá conocer en primera instancia del recurso de hábeas corpus,
pero su resolución en tales casos estará sujeta a revisión por el Tribunal
Supremo, el cual, siempre que ello fuere solicitado por parte interesada dentro
de los diez (10) días después que le fuere notificada, revisará la resolución
del juez en cualesquiera de tales casos y dictará la sentencia que a su juicio
proceda.
…
(d) Mediante auto de certiorari,
a ser expedido discrecionalmente, revisará las sentencias finales del Tribunal
de Apelaciones que dispongan de un recurso de apelación, recurso de revisión
administrativa o recurso de certiorari para revisar sentencias finales del
Tribunal de Primera Instancia presentado ante el Tribunal de Apelaciones, en
los términos dispuestos en las reglas procesales o en leyes especiales.
Las actuaciones interlocutorias
del Tribunal de Apelaciones, y las sentencias o resoluciones del Tribunal de
Apelaciones sobre asuntos de naturaleza interlocutoria procedentes del Tribunal
de Primera Instancia, no serán revisables directamente por el Tribunal Supremo.
No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal Supremo
podrá revisar mediante recurso de certiorari las sentencias o resoluciones del
Tribunal de Apelaciones sobre la denegatoria de una moción de carácter
dispositivo, la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, descalificación de abogados,
anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia ante el Tribunal de
Primera Instancia. De expedir el recurso de certiorari para revocar una
decisión del Tribunal de Apelaciones de declararse sin jurisdicción, el
Tribunal Supremo podrá resolver los méritos de la controversia entre las partes
sin necesidad de devolver el caso al Tribunal de Apelaciones.
Cualquier otra sentencia,
resolución u orden sobre asuntos interlocutorios ante el Tribunal de Primera
Instancia que emita el Tribunal de Apelaciones podrá ser revisada por el
Tribunal Supremo en el recurso de apelación o de certiorari que se interponga
ante dicho foro contra la sentencia final del Tribunal de Apelaciones que
disponga del recurso de apelación o recurso de revisión administrativa instado
en ese Tribunal, sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de Procedimiento Civil
sobre los errores no perjudiciales.
(e) Mediante auto de
certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de
parte, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un
conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen
cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público
que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de
Estados Unidos.
(f) Mediante auto de
certificación, a ser expedido discrecionalmente, cuando medie solicitud de
ambas partes, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver
cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia cuando se
plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de
Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen
cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión
constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos.
(g) Mediante auto de
certificación, podrá conocer de cualquier asunto que le fuere certificado por
el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, un Tribunal de Apelaciones de
Circuito de Estados Unidos de América, un Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos de América o el más alto tribunal apelativo de cualesquiera de los
estados de Estados Unidos de América, cuando así lo solicite cualesquiera de
dichos tribunales, de existir ante el tribunal solicitante cualquier asunto
judicial en el que estén implicados cuestiones de derecho puertorriqueño que
puedan determinar el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión del
tribunal solicitante, no existan precedentes claros en la jurisprudencia de
este Tribunal.
(h) Mediante recurso
gubernativo de una calificación final de un Registrador de la Propiedad,
denegando el asiento solicitado por el peticionario de conformidad con el
término y los requisitos en la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979.
(i) De cualesquiera
otros recursos y causas que se determinen por ley especial.”
Artículo 2.- Se enmienda la Regla 52.2 de
las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según aprobadas mediante la
Ley 220-2009, según enmendada, para que lea como sigue:
“Regla 52.2.- Términos
y efectos de la presentación de una apelación, un recurso de certiorari y un
recurso de certificación
(a) …
…
(d) Recursos de certificación al Tribunal
Supremo. Mediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu
proprio o a solicitud de parte, el Tribunal Supremo podrá traer inmediatamente
ante sí para considerar y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal
de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones
previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho o
se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión
constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos de América.
También el recurso de certificación se
formalizará cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, un
Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos de América, un Tribunal
de Distrito de Estados Unidos de América, o el más alto tribunal apelativo de
cualquiera de los estados y territorios de los Estados Unidos de América, tenga
ante su consideración un caso en el cual surja cualquier asunto judicial en el
que estén implicadas cuestiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar
el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión del Tribunal
solicitante, no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este
Tribunal.
(e) …
…
(h) …”
Artículo 3.- Se enmienda el inciso (90) del
Artículo 1.5 de la Ley 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del
Proceso de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“90) “Tribunal de Apelaciones”: Tribunal de Apelaciones del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico;”
Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 12.4 de la
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 12.4.- Procedimiento, Vista.
Al revisar las actuaciones, determinaciones finales y resoluciones de
la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa, el Profesional
Autorizado o de los Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V, la
Junta Revisora dispondrá del recurso dentro de un periodo de ciento veinte
(120) días naturales. Dicho término podrá ser prorrogado por treinta (30) días
adicionales contados a partir de la radicación del recurso, en casos
excepcionales, según disponga el Reglamento Interno. La Junta Revisora deberá
emitir un dictamen, luego de lo cual cualquier parte interesada podrá acudir
ante el Tribunal de Apelaciones, mediante recurso de revisión
de decisión administrativa, conforme a lo establecido en el Capítulo XIII de
esta Ley.
Si la Junta Revisora no resuelve la revisión administrativa dentro del
término aquí dispuesto, la revisión se entenderá rechazada de plano. La Junta
Revisora perderá jurisdicción sobre la revisión y la determinación revisada se
entenderá confirmada. Vencido dicho término, comenzará a transcurrir el término
de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones, conforme a lo
establecido en el Capítulo XIII de esta Ley.
La Junta Revisora al revisar las actuaciones, determinaciones finales o
resoluciones de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa o
Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V, sobre asuntos de carácter
discrecional, realizará una vista a instancia de la Junta Revisora o a
solicitud de parte, en la cual podrá recibir prueba adicional que le permita
adjudicar el caso. En cuanto a aquellos casos de carácter ministerial, la
Junta Revisora podrá realizar una vista.
De celebrarse la vista, deberá notificarse previamente a las partes,
según surja del expediente, conforme se establezca mediante Reglamento
Interno.”
Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 12.5 de la
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 12.5.- Estándar de revisión.
Las actuaciones, determinaciones finales o resoluciones de la Oficina
de Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa, los Municipios Autónomos con la
Jerarquía de la I a la V, o de un Profesional Autorizado, según aplique, serán
sostenidas si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente
administrativo y las conclusiones de derecho, así como las determinaciones de
hecho, serán revisables en todos sus aspectos por la Junta Revisora y el
Tribunal de Apelaciones. En cualquier caso, la Junta Revisora y el Tribunal de
Apelaciones darán deferencia al peritaje de la Oficina de Gerencia de Permisos,
la Junta Adjudicativa, los Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V
o del Profesional Autorizado, según corresponda.”
Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 12.7 de la Ley
161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 12.7. - Reconsideración.
Una parte adversamente afectada por una resolución de la Junta Revisora
por un asunto discrecional podrá presentar una moción de reconsideración,
dentro de quince (15) días naturales desde la fecha de archivo en autos de
copia de la notificación de la resolución. Cuando esta fecha sea distinta a la
del archivo en autos, el término comenzará a transcurrir a partir del depósito
en el correo de la resolución o a partir de la fecha en que se notifique por
cualquier medio electrónico, lo que sea primero, según se establezca por
reglamento. La parte adversamente afectada que presente una moción de
reconsideración ante la Junta Revisora notificará la misma a todas las partes,
mediante correo certificado con acuse de recibo o por cualquier medio
electrónico. Dentro de diez (10) días naturales, desde la presentación de la
moción de reconsideración, la parte promovida presentará su oposición y la
Junta Revisora resolverá dentro de los treinta (30) días naturales siguientes
de haber sido debidamente radicada la moción de reconsideración por la parte
adversamente afectada. Si la Junta Revisora tomare alguna determinación en su
consideración, el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones empezará a
transcurrir desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación
de la decisión de la Junta Revisora a las partes resolviendo la moción de
reconsideración. Si la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción con
relación a la moción de reconsideración dentro de los treinta (30) días de
haberse presentado, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano y los
términos para recurrir al Tribunal de Apelaciones comenzarán a transcurrir una
vez vencido el término de treinta (30) días naturales para resolver la moción
de reconsideración. Los términos antes mencionados no serán prorrogables. No se
permitirá la presentación de más de una moción de reconsideración por la misma
parte, de haberle sido denegada la primera.”
Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 13.1 de la Ley
161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del
Proceso de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 13.1.-Término para recurrir al Tribunal de Apelaciones.
Cualquier parte adversamente afectada por una resolución de la Junta
Revisora tendrá treinta (30) días naturales para presentar su recurso de revisión
de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El término aquí
dispuesto es de carácter jurisdiccional. Si el Tribunal de Apelaciones así lo
solicita, la Junta Revisora elevará al Tribunal de Apelaciones los autos del
caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la presentación del
recurso.”
Artículo 8.- Se enmienda el Artículo 13.2 de la
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 13.2.- Notificación del recurso.
La parte recurrente notificará con copia de la presentación de la
solicitud del recurso de revisión de decisión administrativa a todas las
partes, incluyendo la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa,
el Municipio Autónomo con la Jerarquía de la I a la V, o el Profesional
Autorizado, según aplique y a la Junta Revisora, el mismo día de haber
presentado el recurso, mediante el procedimiento que establezca el Reglamento
Conjunto. Este requisito es de carácter jurisdiccional. En el escrito la parte
peticionaria certificará al Tribunal de Apelaciones su cumplimiento con este
requisito. La notificación podrá hacerse por correo y por cualquier medio
electrónico que se establezca por ley o reglamento.”
Artículo 9.- Se enmienda el Artículo 13.3 de la
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 13.3-Suspensión de una determinación final.
El Tribunal de Apelaciones podrá emitir una orden dejando en suspenso
la resolución recurrida y los procesos relacionados a la misma motu proprio o a
petición de parte, si el Tribunal de Apelaciones determina que ocurrirían daños
irreparables de no concederse la suspensión. Dicha orden no podrá paralizar
aquellas acciones administrativas que no causen daños irreparables, tales como
la solicitud de evaluación de un anteproyecto o un desarrollo preliminar.”
Artículo 10.- Se enmienda el Artículo 13.4 de la
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 13.4.- Estándar de revisión.
La actuación, determinación final o resolución de la Oficina de
Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa, los Municipios Autónomos con la
Jerarquía de la I a la V, del Profesional Autorizado o de la Junta Revisora
será sostenida por el Tribunal de Apelaciones si se basa en evidencia
sustancial que obre en el expediente. Las conclusiones de derecho serán
revisables en todos sus aspectos.”
Artículo 11.- Se enmienda el Artículo 13.5 de la
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 13.5.- Reconsideración.
Cada parte tendrá derecho a presentar una (1) moción de reconsideración
ante el Tribunal de Apelaciones.”
Artículo 12.- Se enmienda el Artículo 13.6 de la
Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico, para que lea:
“Artículo 13.6.- Imposición de costas y sanciones.
Las costas se concederán a favor de la parte que prevalezca. Si el
Tribunal de Apelaciones determina que el recurso ante su consideración es
frívolo o que se presentó para dilatar los procedimientos, lo denegará o
desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte promovente o a su abogado
las costas y los gastos, y los honorarios de abogado.”
Artículo 13.- Cláusula derogatoria.
Se deroga cualquier disposición de ley o reglamento vigente que sea
incompatible ya sea de manera expresa o implícita- con cualquier cláusula,
párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta Ley.
Artículo 14.- Cláusula de separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición,
sección, inciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un
tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará
ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará
limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección,
inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.
Artículo 15.- Vigencia.
Esta Ley comenzará
a regir inmediatamente después de su aprobación y aplicará a todos los casos
pendientes ante el Tribunal General de Justicia. Los recursos apelativos
presentados con anterioridad a la vigencia de la presente ley se regirán por el
ordenamiento procesal anterior.
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