Artículo
1.- Se enmienda el Artículo 1.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 1.5.- Definiciones.-
Para los propósitos de esta Ley, los siguientes
términos tendrán el significado que se dispone a continuación, salvo que del
propio texto de la misma se desprenda lo contrario:
(1)…
…
(14) Consulta de
ubicación.- Procedimiento ante la Junta de
Planificación para que evalúe, pase juicio y tome la determinación que estime
pertinente sobre:
(a)
Propuestos usos de terrenos que no son permitidos ministerialmente por la
reglamentación aplicable en áreas calificadas, pero que las disposiciones
reglamentarias o legales proveen para que sean consideradas por la Junta de
Planificación.
…
(21)
Determinaciones finales.- Actuación, resolución, informe o documento que
contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de Planificación, el
Director Ejecutivo, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o
un Profesional Autorizado, o una Entidad Gubernamental Concernida,
adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su consideración o cualquier
otra determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto.
La determinación se convertirá en final y firme una vez hayan transcurrido los
términos correspondientes para revisión. En el caso de las consultas de
ubicación, una determinación final no constituye la otorgación de un permiso.
(22)
Determinación de Cumplimiento Ambiental- Para propósitos de esta Ley, es toda
determinación que realiza el Director de la Oficina de Gerencia de Permisos,
como parte de una determinación final, en donde certifica que la agencia proponente
ha cumplido con los requisitos sustantivos y procesales del Artículo 4(B) (3)
de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Política
Pública Ambiental”, y con los reglamentos aplicables.
Disponiéndose,
que una Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica será,
para propósitos de esta Ley, toda determinación automática que realiza el
Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos o los Profesionales
Autorizados o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V. Como parte de
la solicitud de Determinación de Cumplimiento Ambiental bajo Exclusión
Categórica el solicitante del permiso certifica por escrito, bajo juramento, y
sujeto a las penalidades impuestas por esta Ley y cualesquiera otras leyes
estatales o federales, que la información contenida en la solicitud es veraz,
correcta y completa y que la acción propuesta cualifica como una exclusión
categórica.
…
(26) Discrecional.- Describe
una determinación que conlleva juicio subjetivo por parte de la Junta de
Planificación, del Director Ejecutivo o un Municipio Autónomo con Jerarquía de
la I a la V sobre la forma en que se conduce o propone una actividad o acción. Éstos
utilizan su conocimiento especializado, discreción y juicio para llegar a su
determinación, ya que esta determinación considera otros asuntos además del uso
de estándares fijos o medidas objetivas. El Director Ejecutivo o el Municipio
Autónomo con Jerarquía de la I a la V, puede utilizar juicios subjetivos
discrecionales al decidir si una actividad debe ser realizada o cómo debe
realizarse.
…
(38)
Expedientes o récords.- Todos los documentos y materiales relacionados con un
asunto específico que esté o haya estado ante la consideración de la Oficina de
Gerencia de Permisos, un Profesional Autorizado, un Inspector Autorizado o un
Municipio Autónomo, según aplique, que no hayan sido declarados como materia
exenta de divulgación por una ley.
…
(43)
Inspector autorizado.- Persona natural que haya sido debidamente certificada y
autorizada por la Oficina de Gerencia de Permisos para entender en la
inspección y expedición de las correspondientes certificaciones, o documentos
requeridos para la construcción de obras, desarrollo de terrenos, permisos de
uso y operación de negocios en Puerto Rico.
(44)
Interventor.- Según definida por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
(45)...
(46)
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme- La Ley Núm. 170 de 12 de agosto
de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(47)
Lotificación- La división de una finca en dos (2) o más partes para la venta,
traspaso, cesión, arrendamiento, donación, usufructo, uso, censo, fideicomiso,
división de herencia o comunidad, o para cualquier otra transacción; así como
para la construcción de uno (1) o más edificios; la constitución de una
comunidad de bienes sobre un solar, predio o parcela de terreno, donde se le
asignen lotes específicos a los comuneros; así como para la construcción de uno
o más edificios; e incluye también urbanización, según se define en la
reglamentación aplicable y, además, una mera segregación;
(48)…
(49)…
(50)…
(51)…
(52)…
(53)…
(54)…
(55)…
(56)
Parte.- Según definida por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
(57)…
(58)…
(59)…
(60)…
(61)…
(62)…
(63)…
(64)…
(65)
Profesionales autorizados.- Podrán ser agrimensores, agrónomos, arquitectos,
ingenieros, geólogos y planificadores todos licenciados que obtengan la
autorización, así como cualquier profesional licenciado en áreas relacionadas a
la construcción y que cumplen con los requisitos que establezca el Director
Ejecutivo.
(66)
PYMES.- Pequeñas y medianas empresas de cincuenta (50) empleados o menos.
(67)…
(68)…
(69)…
(70)…
(71)…
(72)
Recomendación.- Comunicación escrita no vinculante de una Entidad Gubernamental
Concernida, Municipio, Gerente de Permisos, Director de División de
Cumplimiento Ambiental y Oficial de Permisos, según aplique, sobre una acción
propuesta indicando exclusivamente la conformidad o no de dicha acción con las
leyes y reglamentos aplicables bajo su jurisdicción y que no constituirá una
autorización para la construcción de la obra. Las recomendaciones emitidas por
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad
Ambiental y el Instituto de Cultura Puertorriqueña serán vinculantes.
(73)…
(74)…
(75)
Registro de Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados.- Registro
electrónico público que incluirá una lista de todos los Profesionales Autorizados
e Inspectores Autorizados, así como información sobre cualquier acción
disciplinaria que la Oficina de Gerencia de Permisos haya tomado con
relación a éstos.
(76)
Reglamento Conjunto de Permisos.- Reglamento Conjunto para la Evaluación y
Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos.
(77)…
(78)…
(79)…
(80)…
(81)…
(82)…
(83)…
(84)…
(85)…
(86)…
(87)…
(88)…
(89)…
(90)…
(91)…
(92)…
(93)…
(94)
Variación en construcción.- Autorización concedida por el Director Ejecutivo
para la construcción de una estructura o parte de ésta, que no satisfaga los
reglamentos, Planes de Ordenación y códigos establecidos, en cuanto a
parámetros de construcción y densidad poblacional, pero que, debido a la
condición del solar, la ubicación especial o el uso particular, confronte una
dificultad práctica que amerite por excepción una consideración especial, siempre
que no exista perjuicio a las propiedades vecinas. Se podrá conceder una variación
en los parámetros de construcción, que nunca podrá conllevar un cambio en
densidad e intensidad, tampoco se considerará una recalificación. La misma es
permisible siempre y cuando el uso propuesto sea compatible con el contemplado
en el tipo de distrito donde ubica y cumpla con los requisitos aplicables a
este tipo de variación.
(95)
Variación en uso- Toda autorización para utilizar una propiedad para un uso que
no satisfaga las restricciones impuestas a una zona o distrito y que sólo se
concede por excepción para evitar perjuicios a una propiedad donde, debido a
circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación
equivaldría a una confiscación de dicha propiedad. Esta variación se concede
por la necesidad reconocida o apremiante de algún uso por la comunidad donde
ubica la propiedad, debido a las circunstancias particulares de dicha comunidad
que no puede ser satisfecha si no se concede tal variación o que se concede
para satisfacer una necesidad pública de carácter inaplazable.”
Artículo
2.- Se enmienda el Artículo 2.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.1.-Creación.-
Se
crea la Oficina de Gerencia de Permisos, adscrita a la Junta de Planificación.”
Artículo
3.- Se enmienda el Artículo 2.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que se
lea como sigue:
“Artículo
2.3.-Facultades, deberes y funciones del Director Ejecutivo.-
Serán
facultades, deberes y funciones generales del Director Ejecutivo los
siguientes:
(a)…
…
(e)
firmar, expedir y notificar la determinación de cumplimiento ambiental, la adjudicación
de determinaciones finales y permisos ministeriales y discrecionales, o
cualquier comunicación requerida al amparo de esta Ley;
…
(k)
requerir los servicios de personal de otras agencias gubernamentales que puedan
ser transferidos o destacados para trabajar en la Oficina de Gerencia de
Permisos y que estarán investidos con la autoridad para la toma de decisiones
sobre permisos y endosos conforme se disponga mediante acuerdo interagencial;
…
(w)
proveer a la Junta de Planificación la información que ésta le requiera y
brindar apoyo en la fiscalización de las determinaciones finales, las
recomendaciones y cualquier otro asunto inherente a los deberes de la Oficina
de Gerencia de Permisos, en virtud de las disposiciones de esta Ley, así como
las demás leyes y reglamentos aplicables;
(x)…
(y)…
(z)
evaluar y adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter discrecional
facultadas en esta Ley;
(aa)
establecer el Permiso Único de la Oficina de Gerencia de Permisos, el cual
integrará todo permiso o certificado que por ley o reglamento tenga que estar
accesible para el público general o un funcionario gubernamental en cualquier establecimiento,
negocio o local, y adoptar la reglamentación correspondiente para tales fines.
El Director Ejecutivo podrá fijar el término de vigencia del Permiso Único y
establecer la tarifa o el cargo por la expedición de éste;
(bb)
fijar el término en que las Entidades Gubernamentales Concernidas deberán emitir
sus recomendaciones. Dicho término podrá ser extendido, si las Entidades Gubernamentales
Concernidas demostraren justa causa que les haya impedido emitir la
recomendación en cuestión. El término para que las Entidades Gubernamentales
Concernidas emitan sus recomendaciones, el cual no será menor de treinta (30)
días y lo que se entenderá por justa causa, será establecido en el Reglamento
Conjunto. De no emitirla dentro del término establecido, el Director Ejecutivo podrá
emitir la recomendación a base de toda la información que obre en el
expediente. Una vez emitida una recomendación por el Director Ejecutivo, las Entidades
Gubernamentales Concernidas no podrán impugnarla, como resultado de no haber
emitido la recomendación correspondiente en el término establecido para ello.
El Director Ejecutivo no podrá emitir la recomendación y tendrá que tomar todas
las medidas necesarias para garantizar la expresión y comparecencia de las
Entidades Concernidas cuando medien circunstancias que pongan en riesgo la
salud y seguridad de la población o impactan adversamente la integridad del
medio ambiente y los recursos naturales y por ello requieren el máximo grado
posible de evaluación interdisciplinaria y recopilación de información
necesaria y pertinente reconociendo el principio de prevención dirigido a
evitar daños graves o irreversibles;
(cc)
evaluar y adjudicar variaciones en construcción y uso;
(dd)
comparecer como parte indispensable, en calidad de Representante del Interés
Público, en todo procedimiento judicial o administrativo en que se impugne
una determinación final de un Profesional Autorizado;
(ee)
solicitar la revocación de una determinación final o la paralización de una
obra de construcción o uso ante el Tribunal de Primera Instancia cuando, luego
de la investigación administrativa correspondiente, advenga en conocimiento de
que la determinación final fue obtenida en violación a las leyes o los reglamentos
aplicables, o cuando la determinación final fue obtenida legalmente, pero
existe evidencia de un incumplimiento a las leyes y los reglamentos durante su
ejecución u operación, siempre que el Director Ejecutivo de la Oficina de
Gerencia de Permisos siga los procedimientos establecidos en el Capítulo XIV de
esta Ley.
En
aquellos casos en que exista riesgo de peligro grave, inminente e inmediato a
la salud o la seguridad de las personas o daño al medioambiente, y que tal
riesgo no pueda evitarse sin tomar acción inmediata, las Entidades
Gubernamentales Concernidas o la Oficina de Gerencia de Permisos, según
aplique, podrán utilizar el mecanismo de orden de paralización temporera
establecido en el Artículo 14.3 de esta Ley;
(ff)
ordenar la corrección de errores subsanables, según éstos se definan por
reglamento, en determinaciones finales, permisos o certificados expedidos por
la Oficina de Gerencia de Permisos, por un Profesional Autorizado o por un Inspector
Autorizado;
(gg)
constatar el cumplimiento de los Gerentes de Permisos y de los Representantes
de Servicios con los términos establecidos en esta Ley y con aquellos
reglamentos aplicables en el proceso de evaluar, aprobar o denegar una
determinación final;
(hh)
expedir órdenes de cese y desista automática para paralizar una obra de
construcción cuando, luego de hacer la investigación administrativa
correspondiente, la Oficina de Gerencias de Permisos advenga en conocimiento de
que el dueño de la obra de construcción no obtuvo un permiso de construcción
previo al inicio de la construcción de ésta o no obtuvo un permiso de uso
previo a comenzar a utilizar la obra;
(ii)
emitir órdenes de mostrar causa, de hacer o no hacer;
(jj)
llegar a acuerdos con las Entidades Gubernamentales Concernidas para el
adiestramiento y la capacitación de los Profesionales Autorizados e Inspectores
Autorizados;
(kk)
preparar guías de capacitación para los Profesionales Autorizados e Inspectores
Autorizados, incorporando las guías de diseño verde y los permisos para PYMES.
Estas guías serán adoptadas en el Reglamento Conjunto;
(ll)
radicar querellas motu proprio, ante el foro competente, cuando de
investigaciones administrativas que se realicen, se reflejen violaciones a las
disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se adopten al amparo de ésta;
(mm)
investigar y procesar las querellas por incumplimiento referidas por las
Entidades Gubernamentales Concernidas o por los Municipios Autónomos con Jerarquía
de la I a la V;
(nn)
investigar y procesar, de estimarlo meritorio, los referidos de cualesquiera de
las Entidades Gubernamentales Concernidas por el alegado incumplimiento de los
Profesionales Autorizados con las disposiciones legales en el otorgamiento de
permisos, como resultado del proceso de fiscalización de cumplimiento de los
permisos bajo la jurisdicción de dichas Entidades Gubernamentales Concernidas;
(oo)
evaluar y adjudicar excepciones conforme a las disposiciones del Reglamento
Conjunto;
(pp) evaluar
y adjudicar asuntos discrecionales, incluyendo cualesquiera asunto que la Junta
de Planificación le delegue a la Oficina de Gerencia de Permisos;
(qq)
Evaluar y Autorizar Lotificaciones. La Oficina de Gerencia de Permisos
expedirá las autorizaciones para lotificaciones, por lo que adoptará y
someterá para la aprobación de la Junta de Planificación, reglamentos para
regir las lotificaciones, según éstas se definen en esta Ley.
Al
adoptar disposiciones reglamentarias y considerar subdivisiones de terrenos
para lotificaciones, la Oficina de Gerencia de Permisos se guiará por el Plan
de Desarrollo Integral de Puerto Rico, el Programa de Inversiones de Cuatro
Años y los Planes de Uso de Terrenos, las disposiciones de esta Ley y las de la
Junta de Planificación sobre subdivisiones y lotificación de terrenos y
cualesquiera otras, en la medida en que puedan ser aplicados, y, además, por
las siguientes normas: (a) Conveniencia de evitar subdivisiones en áreas que no
estén listas para tales desarrollos debido a: la falta de instalaciones, tales
como calles o carreteras con capacidad adecuada, agua, luz y alcantarillados;
la distancia de otras áreas construidas para evitar desarrollos aislados y
estimular, por el contrario, desarrollos compactos; la importancia agrícola o
de excepcional belleza de los terrenos; la susceptibilidad a inundaciones de
los terrenos; otras deficiencias sociales, económicas y físicas análogas;
(b) Cuando cualquier sector, dentro de cuyos límites se hubiere solicitado
autorización para algún proyecto de lotificación, o un permiso de construcción
o uso, presentare características tan especiales que hicieren impracticables la
aplicación de las disposiciones reglamentarias que rijan para esa zona, e
indeseable la aprobación del proyecto, debido a factores tales como salud,
seguridad, orden, defensa, economía, concentración de población, ausencia de
facilidades o mejoras públicas, uso más adecuado de las tierras, o condiciones
ambientales, estéticas o de belleza excepcional, la Oficina de Gerencia de
Permisos podrá, en la protección del bienestar general y tomando en consideración
dichos factores, así como las recomendaciones de los organismos gubernamentales
concernidos, denegar la autorización para tal proyecto o permiso. En el
ejercicio de esta facultad, la Oficina de Gerencia de Permisos deberá tomar las
medidas necesarias para que la misma no se utilice con el propósito o el
resultado de obviar las disposiciones reglamentarias en casos en que no medien
circunstancias verdaderamente especiales. En estos casos, la Oficina de
Gerencia de Permisos deberá celebrar una audiencia pública, siguiendo el
procedimiento que esta Ley provee, antes de decidir sobre el proyecto sometido
o permiso solicitado. La Oficina de Gerencia de Permisos denegará tal solicitud
mientras existan las condiciones desfavorables al proyecto o permiso, aunque el
proyecto en cuestión esté comprendido dentro de los permitidos para el área por
los Reglamentos de Planificación en vigor. La Oficina de Gerencia de Permisos
deberá formular por escrito los fundamentos por los que deniega la autorización
de un proyecto, copia del cual deberá incluirse en la notificación de la
determinación que se haga a la parte peticionaria.
El
Director Ejecutivo podrá delegar en las oficinas regionales o en cualesquiera
otros funcionarios subalternos, conforme a lo establecido en las leyes y los reglamentos
aplicables, cualquier función o facultad que le haya sido conferida en esta
Ley, excepto aquellas facultades conferidas en este Artículo y los Artículos
2.6, 2.9, 2.15 y 2.18 de esta Ley.”
Artículo
4.- Se añade un nuevo Artículo 2.3A a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.3A.- Registro de Profesionales Autorizados, Inspectores Autorizados y
Registro de Permisos.-
El
Director Ejecutivo establecerá y administrará el Registro de Profesionales
Autorizados e Inspectores Autorizados, así como el Registro de Permisos, en
cumplimiento con cualquier ley o reglamentación aplicable.”
Artículo
5.- Se añade un nuevo Artículo 2.3B a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.3B.- Evaluación de cumplimiento de los Profesionales Autorizados e
Inspectores Autorizados.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos evaluará el cumplimiento de los Profesionales
Autorizados y de los Inspectores Autorizados con las disposiciones de esta Ley,
en relación con permisos o certificaciones expedidas al amparo de ésta o
cualquier otra Ley y reglamento aplicable. A tales fines, adjudicará querellas
iniciadas motu proprio, como resultado de una auditoría, o a petición de
parte. Además, impondrá multas, según se establezca por reglamento, disponiéndose
que bajo ningún concepto se podrán utilizar dichas multas o querellas para
realizar ataques colaterales a determinaciones finales y a los permisos que
debieron haber sido presentados oportunamente, de conformidad con las demás
disposiciones de esta Ley. Las disposiciones del Artículo 9.10 de esta Ley no
serán obstáculo para poder proceder con cualquier acción administrativa, civil
o penal contra un Profesional Autorizado, un Inspector Autorizado o cualquier
persona bajo las disposiciones de esta Ley, los reglamentos que se adopten al
amparo de ésta, o la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, y cualesquiera
reglamentos adoptados al amparo de esta última.”
Artículo
6.- Se añade un nuevo Artículo 2.3C a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.3C.-Auditoría de determinaciones finales.-
La
Junta de Planificación auditará las determinaciones finales y los permisos expedidos
por los Profesionales Autorizados y por la Oficina de Gerencia de Permisos, así
como las certificaciones que emitan los Inspectores Autorizados, dentro de un
período no mayor de noventa (90) días contados a partir de la fecha en que se
expidan. La Junta de Planificación establecerá, mediante reglamento, el método
que seguirá para seleccionar al azar las determinaciones finales y los permisos
a ser auditados.
Excepto
por lo dispuesto en el Artículo 9.10 de esta Ley, basado en los resultados de
la auditoría requerida en este Artículo, la Junta de Planificación podrá
imponer multas o iniciar cualquier trámite disponible al amparo de esta Ley
para requerir la paralización, legalización, subsanación o rectificación de las
obras de construcción o de cualquier determinación final. La Junta de
Planificación dará prioridad a la auditoría de aquellos casos en los cuales deba
comparecer al amparo de las disposiciones de esta Ley sobre sus deberes y
facultades, y no podrá realizar ninguna otra auditoría subsiguiente a una
determinación final con relación a estos casos, excepto para verificar la
concordancia de la determinación final y el permiso expedido subsiguientemente,
según aplique.”
Artículo
7.- Se añade un nuevo Artículo 2.3D a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.3D.-Autorización a instar recursos judiciales extraordinarios.-
Sujeto
a lo dispuesto en el Artículo 9.10 y el Capítulo XIV de esta Ley, la Oficina de
Gerencia de Permisos, a través de su Director Ejecutivo, queda expresamente
autorizada a instar el recurso judicial adecuado en ley para impedir,
prohibir, anular, remover o demoler cualquier obra, proyecto o edificio
construido, usado o mantenido en violación a esta Ley o de cualquiera de los
reglamentos o leyes que regulen la construcción y el uso de edificios y
pertenencias en Puerto Rico.
La
Oficina de Gerencia de Permisos también podrá instar recursos judiciales
extraordinarios para que se tomen las medidas preventivas o de control
necesarias para lograr los propósitos de esta Ley, incluyendo pero sin
limitarse a, la revocación de las determinaciones finales, los reglamentos que se
adopten al amparo de esta Ley, los Reglamentos de Planificación y cualquier
otra ley o reglamento aplicable. En aquellos casos en que pueda subsanarse la
violación o el error cometido, el Director Ejecutivo procurará dicha corrección
como parte de la acción de cumplimiento tomada antes de instar un recurso
extraordinario ante los tribunales.”
Artículo
8.- Se añade un nuevo Artículo 2.3E a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.3E.-Facultad del Director Ejecutivo para emitir órdenes de cierre inmediato.-
El
Director Ejecutivo está facultado para ordenar el cierre inmediato de un
establecimiento comercial que infrinja cualesquiera ley o reglamento de los que
administra la Oficina de Gerencia de Permisos, siguiendo el procedimiento
establecido por la Junta de Planificación en el Reglamento Conjunto. La orden
de cierre inmediato emitida por el Director Ejecutivo a un establecimiento
comercial, será revisable ante el Tribunal de Primera Instancia.
Se
autoriza a la Oficina de Gerencia de Permisos para actuar bajo el referido
procedimiento en los Municipios Autónomos que tienen oficina de permisos o su
equivalente, conforme a la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley
de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”,
cuando tales municipios autónomos así lo soliciten. Se permite la delegación
expresa de las funciones para la consecución de los propósitos de este inciso
al funcionario que el Director Ejecutivo designe. Cualquier persona que infrinja
una Resolución de Cierre emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos, al
amparo de las disposiciones de este Artículo, estará sujeta a las multas
administrativas y penalidades dispuestas en los Capítulos XIV y XVII de esta
Ley, respectivamente. Una acción bajo este Artículo no impide ni detiene
cualquier otra acción administrativa o judicial contra las mismas personas o la
propiedad en cuestión.”
Artículo
9.- Se añade un nuevo Artículo 2.3F a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.3F.-Citaciones.-
Con
el fin de que el Director Ejecutivo cumpla a cabalidad con los deberes que se le
imponen en esta Ley, éste podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia
de testigos, toma de deposiciones y la producción de toda clase de evidencia
documental, salvo secretos de negocios. Se establece, además, que el Director
Ejecutivo podrá tomar juramentos. El Director Ejecutivo podrá comparecer ante
cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia en auxilio de jurisdicción y
pedir que el tribunal ordene el cumplimiento de la citación expedida. El
Tribunal de Primera Instancia dará preferencia al curso y despacho de dicha
petición y tendrá autoridad para dictar órdenes so pena de desacato, para
obligar la comparecencia de testigos o la producción de cualesquiera datos o
información que el Director Ejecutivo haya previamente requerido. El Tribunal
de Primera Instancia tendrá facultad para encontrar incurso en desacato a
cualquier persona que incumpla con dichas órdenes. Cualquier persona podrá ser
procesada y sentenciada por perjurio que cometiere al prestar testimonio bajo
juramento ante el Director Ejecutivo.”
Artículo
10.- Se enmienda el Artículo 2.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.4.-Divisiones o componentes operacionales mínimos.-
La
estructura organizacional de la Oficina de Gerencia de Permisos, podrá contar con
las siguientes divisiones, unidades o componentes operacionales:
(a) Secretaría;
(b) Medioambiente;
(c) Salud y Seguridad;
(d) Infraestructura;
(e) Arqueología y Conservación Histórica;
(f) Permisos de Uso;
(g) Edificabilidad, Códigos Energéticos y de Construcción;
(h) Variaciones;
(i) Reconsideración de determinaciones finales; y
(j) Cualquier otra
división, unidad o componente operacional que la Oficina
de Gerencia de Permisos estime necesaria para el desempeño de las obligaciones que le impone
esta Ley.
La
Oficina de Gerencia de Permisos tendrá adscrita una División de Evaluación de
Cumplimiento Ambiental.”
Artículo
11.- Se enmienda el Artículo 2.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.5.-Facultad para evaluar, conceder o denegar determinaciones finales y
permisos.-
A
partir de la fecha de vigencia de esta Ley, la Oficina de Gerencia de Permisos,
a través de su Director Ejecutivo los Profesionales Autorizados, Inspectores
Autorizados, o cualquier otro facultado en la Ley, según aplique, emitirán
determinaciones finales, permisos, certificaciones para la prevención de
incendios, certificados de salud ambiental relacionados directa o
indirectamente al desarrollo y el uso de terrenos que, previo a la aprobación
de esta Ley, eran evaluados y expedidos o denegados por las Entidades
Gubernamentales Concernidas al amparo de sus leyes orgánicas u otras leyes
especiales y que serán incluidos en el Reglamento Conjunto de Permisos. De
igual forma, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, conforme a
lo establecido en el Artículo 1.3 y 18.10 de esta Ley, podrán emitir
determinaciones finales. Aquellas solicitudes de permisos contempladas en el Reglamento
General de la Junta de Calidad Ambiental, pasarán a ser evaluadas por la
Oficina de Gerencia de Permisos y por los Profesionales Autorizados, según
aplique, pero sólo en aquellos casos en que el permiso solicitado no afecte un
acuerdo, delegación u otorgación de fondos federales a la Junta de Calidad
Ambiental. En el caso de la Comisión de Servicio Público, la Oficina de
Gerencia de Permisos servirá de centro de presentación de la notificación
requerida por el Centro para la Coordinación de Excavaciones y Demoliciones. La
Oficina de Gerencia de Permisos sólo evaluará y emitirá determinaciones finales
para las consultas de variación en uso, construcción y excepciones definidas en
esta Ley, disponiéndose que las consultas de ubicación, incluyendo las de
mejoras públicas y las de impacto regional, y los cambios de calificación,
incluyendo recalificación directa de solares, y las de transacciones de
terrenos públicos, serán evaluadas por la Junta de Planificación, quien emitirá
la determinación final. La Junta de Planificación fiscalizará el cumplimiento
de las determinaciones finales y los permisos otorgados por la Oficina de
Gerencia de Permisos o el Profesional Autorizado, al amparo de esta Ley.
Cualquier incumplimiento detectado por la Junta de Planificación, a través del
proceso de auditoría que ésta establezca para las determinaciones finales, los
permisos y las certificaciones, así como por una Entidad Gubernamental
Concernida en cuanto a una determinación final o un permiso otorgado conforme a
las disposiciones de esta Ley, deberá ser investigado y en caso de resultar en
una violación a la Ley o reglamento, se expedirá multa o querella por la Junta
de Planificación o por la Entidad Gubernamental Concernida, según aplique.”
Artículo
12.- Se enmienda el Artículo 2.7 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
se lea como sigue:
“Artículo
2.7.-Sistemas de información.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos contará con un sistema de información
computadorizado mediante el cual: (a) los solicitantes presentarán todo
documento requerido de manera electrónica; (b) el Director Ejecutivo conocerá
de todo trámite o solicitud ante la consideración de la Oficina de Gerencia de
Permisos; (c) el público podrá tener acceso a la información contenida en el
sistema digitalizado en Internet sobre asuntos particulares ante la
consideración de la Oficina de Gerencia de Permisos, incluyendo las
determinaciones y recomendaciones notificadas por el Director Ejecutivo; y (d)
los Gerentes de Permisos podrán acceder a la información necesaria para
descargar sus obligaciones bajo esta Ley. El sistema de información contará
con una base de datos adecuada para que los Gerentes de Permisos, los Oficiales
de Permisos y el Director de la División de Evaluación de Cumplimiento
Ambiental puedan llevar a cabo el correspondiente análisis de las solicitudes
de permisos y emitir sus recomendaciones. Las recomendaciones ayudarán al
Director Ejecutivo a expedir sus determinaciones finales. Los Profesionales
Autorizados y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, utilizarán
el sistema de información para emitir sus determinaciones finales y permisos, según
las condiciones que se establezcan en el Reglamento Conjunto. El sistema de
información podrá ser utilizado por la Oficina de Gerencia de Permisos como una
base de datos de las determinaciones finales. Dicho sistema de información computadorizado
deberá cumplir con cualesquiera disposiciones legales aplicables a los documentos
públicos, y a las firmas electrónicas, entre otras. Los expedientes
administrativos bajo la custodia de la Secretaría de la Oficina de Gerencia de
Permisos estarán disponibles para inspección del público en su Oficina Central o
en sus oficinas regionales, durante horas laborables. La Oficina de Gerencia de Permisos, establecerá guías operacionales claras y ágiles, y los mecanismos
internos para emitir las determinaciones finales y los permisos bajo su
jurisdicción y deberá incorporar simultánea y activamente el uso de las tecnologías
de información y telecomunicaciones en su funcionamiento.”
Artículo
13.- Se enmienda el Artículo 2.8 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.8.-Reglamentación.-
De
modo que pueda descargar los deberes y las facultades que esta Ley le impone,
la Oficina de Gerencia de Permisos está facultada para, a tenor con las
disposiciones relativas al procedimiento de reglamentación establecido en la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y en las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Junta de
Planificación, Ley Núm. 75 de 25 de junio de 1975, según enmendada, según
aplique, a adoptar, enmendar y derogar:
(a)…
(b)
los reglamentos necesarios para establecer el trámite de la evaluación y el otorgamiento
para emitir las determinaciones finales y los permisos en la Oficina de
Gerencia de Permisos, el cobro de derechos, aranceles y cargos, previa
aprobación de la Junta de Planificación de conformidad con las disposiciones de
esta Ley y cualquier otra ley aplicable;
…
(d)
reglamentos de emergencia, previa aprobación de la Junta de
Planificación de conformidad con las disposiciones de esta Ley y cualquier otra
ley aplicable.
(e)
reglamentos que establezcan los requisitos mínimos que tendrán que cumplir
aquellas personas que interesen obtener una autorización para fungir como
Profesional Autorizado o Inspector Autorizado, incluyendo pero sin limitarse a,
su preparación académica, experiencia profesional, cursos de capacitación,
educación continuada, exámenes, seguro de impericia profesional, costos de sus
servicios y el pago de fianza. Dicho reglamento deberá contemplar que ningún
Profesional Autorizado podrá expedir una determinación final, permiso o
licencia para un proyecto en el que haya participado en cualquier fase,
especialización o asunto, o en el que tenga algún interés personal en el mismo ya
sea el Profesional Autorizado o algún relacionado con éste por consanguineidad
hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado;
(f)
reglamentos que establezcan un procedimiento para inhabilitar sumariamente a un
Profesional Autorizado o a un Inspector Autorizado, para radicar solicitudes y
documentos ante la Oficina de Gerencia de Permisos o para expedir
determinaciones finales, certificaciones de salud ambiental o de prevención de
incendio, licencias o inspecciones certificadas, según aplique. Además,
incluirá el procedimiento para la inhabilitación sumaria luego de haberse determinado
que el Profesional Autorizado o el Inspector Autorizado ha incumplido con las
disposiciones de esta Ley o la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según
enmendada; disponiéndose que se deberá tomar en consideración la severidad de
la violación, el beneficio económico derivado de la violación y el riesgo o
daños causados a la salud o a la seguridad como resultado de la violación;
(g)
reglamentos que establezcan un procedimiento para la radicación de querellas motu
proprio como resultado de una auditoría o a petición de parte por
violaciones a las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se adopten al
amparo de ésta, así como para la expedición de multas;
(h)
reglamentos que establezcan un procedimiento para fijar y cobrar los derechos
correspondientes por las copias de publicaciones, estudios, informes y
cualquier documento de carácter público que le sean requeridas, previa
aprobación de la Junta de Planificación; y
(i)
reglamentos para revisar aquellas determinaciones finales de la Oficina de
Gerencia de Permisos, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V y
los Profesionales Autorizados, siempre que estén en cumplimiento con la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, y con las disposiciones contenidas en la “Ley Orgánica
de la Junta de Planificación”, Ley 75 de 25 de junio de 1975, según enmendada, y
con la previa aprobación de la Junta de Planificación, según aplique.
Artículo
14.- Se añade un nuevo Artículo 2.8A a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.8A.-Inspecciones.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos, representada por su Director Ejecutivo,
consultores, contratistas, agentes o empleados, que estén debidamente
identificados, podrá entrar, acceder y examinar cualquier pertenencia,
incluyendo pero sin limitarse a, los establecimientos, los locales, el equipo, las
instalaciones y los documentos de cualquier persona, entidad, firma, agencia,
negocio, corporación o instrumentalidad gubernamental sujeta a su jurisdicción,
con el fin de investigar o inspeccionar el cumplimiento con las leyes y los
reglamentos aplicables. Si los dueños, poseedores o sus representantes, o el funcionario
a cargo, rehusaren la entrada o examen, el representante de la Oficina de
Gerencia de Permisos presentará una declaración jurada en el Tribunal de
Primera Instancia haciendo constar la intención de la Oficina de Gerencia de
Permisos y solicitando el permiso de entrada a la propiedad.
El
juez, luego de examinada la prueba, si lo cree pertinente, deberá expedir una
orden autorizando a cualquier representante de la Oficina de Gerencia de
Permisos a entrar a la propiedad que se describe en la declaración jurada y que
se archiven los originales de los documentos en la Secretaría del Tribunal, los
cuales se considerarán públicos. El representante de la Oficina de Gerencia de
Permisos mostrará copia de la declaración jurada y de la orden de entrada a las
personas, si alguna, que se encuentren a cargo de la propiedad.”
Artículo
15.- Se enmienda el Artículo 2.9 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.9- Cobro de cargos por servicios, derechos.-
El
Director Ejecutivo fijará y cobrará, mediante la reglamentación que para tales
fines adopte, los cargos y derechos a pagar por los solicitantes al presentar
solicitudes de permisos, certificaciones y otras transacciones o actividades de
naturaleza operacional y los medios de pago a ser utilizados para efectuar los
mismos. Además, recibirá los cargos y derechos pagados por los solicitantes a
los Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados y que éstos últimos le
remitirán a la Oficina de Gerencia de Permisos de acuerdo con los requisitos
establecidos por dicha Oficina, en cumplimiento con las leyes y los reglamentos
aplicables. En el caso de cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, sus municipios y el Gobierno Federal, si aplica, siempre y
cuando la certificación, licencia o documento no forme parte de un convenio
entre la Oficina de Gerencia de Permisos y otra agencia de acuerdo al Artículo
2.6 de esta Ley, pagará el veinticinco por ciento (25%) de los cargos y
derechos aplicables. El Director Ejecutivo también fijará y cobrará, mediante
reglamentación a estos efectos, los derechos correspondientes por las copias de
publicaciones, los estudios, los informes, los mapas, los planos, las fotografías
y cualquier documento de carácter público que se le requiera. No obstante, el
Director Ejecutivo o la persona en quien él delegue esta facultad, suministrará
copia libre de costo a la Oficina del Gobernador, a la Junta de Planificación,
al Departamento de Estado, a la Cámara de Representantes, al Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y, a su discreción, a las personas o entidades
sin fines de lucro que cumplan con los requisitos de indigencia o propósitos
que se establezca mediante reglamento.
Asimismo,
el Director Ejecutivo fijará y cobrará, mediante reglamento, los cargos por la
evaluación de solicitudes de expedición y renovación de autorizaciones para
fungir como Profesional Autorizado o Inspector Autorizado; el trámite, referido
o investigación de querellas a petición de parte; las copias de publicaciones y
cualquier documento de carácter público que se le requieran; y cualquier otro
trámite o servicio que preste a solicitud del público en cumplimiento con las
disposiciones de esta Ley. En todos los casos detallados en este Artículo, el
Director Ejecutivo o la persona en quien él delegue esta facultad, podrá
suministrar copia libre de costo a la Oficina del Gobernador, a la Junta de
Planificación, al Departamento de Estado, a la Asamblea Legislativa y a su
discreción, a las personas o entidades sin fines de lucro siempre que cumplan
con los requisitos de indigencia que se establezcan mediante reglamento.”
Artículo
16.- Se añade un nuevo Artículo 2.9A a la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
el cual leerá como sigue:
“Artículo
2.9A.-Suspensión de Servicios.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos podrá expedir una orden a las agencias
gubernamentales correspondientes, requiriendo la suspensión de sus servicios a
cualquier pertenencia o estructura mantenida en violación de esta Ley o de
cualquiera de los reglamentos o leyes que regulen la construcción y el uso de
edificios y pertenencias en Puerto Rico, dentro del término y mediante los
mecanismos establecidos por reglamento. La orden de la Oficina de Gerencia de
Permisos será revisable ante el Tribunal de Primera Instancia a través del
procedimiento establecido mediante el Reglamento Conjunto. La corporación
pública, organismo gubernamental o ente privado dedicado a ofrecer servicios
básicos reconectará el servicio interrumpido después que la parte demuestre
ante la Oficina de Gerencia de Permisos, y así ésta lo certifique mediante
comunicación escrita, que ha cesado el uso no autorizado, ha revertido el uso
para el cual se otorgó el permiso o ha legalizado el uso de la propiedad,
edificio o estructura. La Oficina de Gerencia de Permisos dará prioridad
absoluta a la evaluación y al procesamiento de las solicitudes dirigidas a
obtener la certificación necesaria para el restablecimiento de los servicios
básicos antes señalados, la cual se deberá expedir en o antes de dos (2) días a
partir de la presentación de la solicitud, de proceder la misma.”
Artículo
17.- Se enmienda el Artículo 2.10 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.10.-Aranceles y estampillas para planos de construcción.-
A
partir de la vigencia de esta Ley, a la presentación de todo plano de construcción
y las enmiendas al mismo que se someta ante la Oficina de Gerencia de Permisos,
ante los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, o ante un
Profesional Autorizado, el solicitante pagará un arancel a determinarse
mediante reglamento. En el caso del Profesional Autorizado, éste remitirá en
un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, a la Oficina de Gerencia de
Permisos o la Junta de Planificación, según corresponda, el pago realizado por
el solicitante. Estos pagos se realizarán mediante los métodos o mecanismos
establecidos por la Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta de
Planificación, según corresponda. Mediante documento certificado a tales
efectos, se hará constar el costo estimado del valor de la obra comprendida en
tal plano y, en caso de considerar la Oficina de Gerencia de Permisos o la
Junta de Planificación, según corresponda, que el costo estimado del valor de
la obra incluido en el documento certificado a tales efectos, fue menor que el
costo real del valor al terminarse la obra, o que el costo estimado del valor
de la obra calculado por dichas agencias, según corresponda y mediante orden a
tales efectos, le exigirá al solicitante el pago de los derechos de conformidad
con tal resultado. Además, en toda obra de construcción cuyo costo total final
de construcción resulte mayor a su costo estimado, el solicitante efectuará el
pago del arancel y serán adheridas y canceladas, o en forma digital, las
estampillas adicionales por la diferencia. Cualquier instrumentalidad
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, y el gobierno
federal, si aplica, pagará el veinticinco por ciento (25%) de los derechos
aplicables bajo este Artículo, excepto que algún requisito legal específico
disponga de otra manera y el solicitante así lo acredite por escrito a la
Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta de Planificación, según corresponda.
Ninguna obra pública que involucre directa o indirectamente inversión o
contratación privada estará exenta, por lo cual pagará según se disponga en el
Reglamento Conjunto. Además, se cancelarán las correspondientes estampillas
profesionales, según lo dispuesto en la Ley Núm. 319 de 15 de mayo de 1938,
según enmendada, la Ley Núm. 96 de 6 de julio de 1978, según enmendada, la Ley
249-2003, según enmendada, y por esta Ley, en consideración al valor de la
obra, con excepción de aquéllas correspondientes a cualquier obra pública
realizada por y para cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, sus municipios, y el gobierno federal, que no conlleven directa o
indirectamente inversión o contratación privada. Si dichos planos, documentos,
certificaciones u otros trabajos que fueren para obras públicas y estuvieren
confeccionados según aplique por agrimensores, arquitectos, ingenieros, o
Profesionales Autorizados, que sean empleados públicos de cualquier municipio,
departamento u organismo análogo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no
vendrán obligados al pago de estampillas adheridas y canceladas, o en forma
digital, entendiéndose que no se considerarán como empleados públicos a los
efectos de esta exención aquellos agrimensores, arquitectos, ingenieros o
Profesionales Autorizados que en la confección de documentos de obras públicas,
según las facultades otorgadas por sus respectivos colegios y licencias, actúen
como profesionales particulares, asesores o consultores que se dediquen a la
práctica independiente, cuya compensación sea pagada a base de honorarios.”
Artículo
18.- Se enmienda el Artículo 2.11 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.11.- Convenios y reembolsos.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos podrá suscribir convenios con cualquier otro organismo
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, corporaciones
públicas y del Gobierno Federal, a los fines de obtener o proveer servicios
profesionales, o de cualquier otra naturaleza, y de obtener o proveer
instalaciones para llevar a cabo los fines de esta Ley. Los convenios
especificarán los servicios y las instalaciones que habrán de obtenerse o
proveerse y el reembolso o pago por dichos servicios o instalaciones. La
Oficina de Gerencia de Permisos, en coordinación con la Junta de Planificación,
podrá encomendar a cualquier departamento, agencia, negociado, división,
autoridad, instrumentalidad, organismo o subdivisión política del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico llevar a cabo cualquier estudio e investigación,
cualquier fase o parte de los mismos y a realizar cualquier otra clase de
trabajo que fuere necesario para el desempeño de sus funciones.”
Artículo
19.- Se enmienda el Artículo 2.12 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 2.12.- Oficina
Central y Oficinas Regionales.-
El
Director Ejecutivo establecerá Oficinas Regionales según determine la Junta de
Planificación para cumplir con los objetivos de esta Ley. Sin embargo, si el
volumen de casos lo permite, una Oficina Regional podrá atender asuntos de más
de una región. El Director Ejecutivo podrá eliminar o reubicar las oficinas
regionales. La Oficina Central de la Oficina de Gerencia de Permisos radicará
en San Juan y a la vez fungirá como la Oficina Regional correspondiente a la
región metropolitana, según la designe la Junta de Planificación.”
Artículo
20.- Se enmienda el Artículo 2.17 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
2.17.-Informe Anual.-
El
Director Ejecutivo preparará y remitirá un informe anual, no más tarde de
noventa (90) días de concluido el año fiscal, a la Junta de Planificación al
Gobernador y a la Asamblea Legislativa, sobre las operaciones y la situación
fiscal de la Oficina de Gerencia de Permisos, junto con las recomendaciones que
estime necesarias para su eficaz funcionamiento. En informes anuales
subsiguientes, el Director Ejecutivo incluirá, además, un resumen de las
recomendaciones que ha hecho anteriormente y una descripción de la acción
tomada sobre dichas recomendaciones. También, incluirá un resumen con datos
empíricos y estadísticas de los casos presentados, aprobados y denegados. Cada
informe anual de la Oficina de Gerencia de Permisos contendrá el cumplimiento
con las métricas establecidas. Los informes y datos empíricos estarán
disponibles al público en general en la página de Internet de la Oficina de
Gerencia de Permisos, así como en las de las Entidades Gubernamentales
Concernidas.”
Artículo
21.- Se enmienda el Artículo 3.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 3.1.- Creación de los
Gerentes de Permisos, del Director de Evaluación de Cumplimiento Ambiental y
del Juez Administrativo.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos, incluyendo las oficinas regionales, contará
con un mínimo de siete (7) Gerentes de Permisos, y un (1) Director de
Evaluación de Cumplimiento Ambiental quienes evaluarán las solicitudes para
emitir sus recomendaciones presentadas ante la Oficina de Gerencia de
Permisos. Cada una de las siguientes unidades de la Oficina de Gerencia de
Permisos contará con un (1) Gerente de Permisos, así como aquellos empleados
transferidos de las correspondientes Entidades Gubernamentales Concernidas:
(a) Medioambiente (Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, la Autoridad de los Desperdicios Sólidos);
(b) Salud y Seguridad (el Departamento de Salud, el
Cuerpo de Bomberos, Policía de Puerto Rico);
(c) Infraestructura (la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica,
la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Comisión de Servicio Público);
(d) Arqueología y Conservación Histórica (el Instituto
de Cultura Puertorriqueña y la Oficina Estatal de Conservación Histórica);
(e) Recomendaciones sobre Uso (la Compañía de Comercio y
Exportación, la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, el
Departamento de la Vivienda, el Departamento de Recreación y Deportes, el
Departamento de Agricultura, la Administración del Deporte de la Industria
Hípica, la Autoridad de los Puertos y el Departamento de Educación);
(f) Edificabilidad, Códigos Energéticos y de
Construcción; y
(g) Variaciones.
En el caso de la División de Evaluación de Cumplimiento
Ambiental, ésta estará compuesta por el Director de la División y los empleados
transferidos de la División de Asesoramiento Científico de la Junta de Calidad
Ambiental y cualesquiera otros que estime el Director Ejecutivo para su mejor
funcionamiento.
La
Oficina de Gerencia de Permisos, por medio de su Director Ejecutivo, mediante
orden administrativa a tales efectos, en coordinación con la Junta de
Planificación, podrá aumentar hasta un máximo de nueve (9) la cantidad de
Gerentes en sus oficinas regionales y añadir las unidades o divisiones que
dirigirán dichos Gerentes de Permisos o Directores adicionales como parte de la
estructura de la Oficina de Gerencia de Permisos.
El
Director de la División de Reconsideraciones de Determinaciones Finales será un
Juez Administrativo, el cual tendrá la función de atender las reconsideraciones
de las determinaciones finales de la Oficina de Gerencia, de los Profesionales
Autorizados y de los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V.”
Artículo
22.- Se enmienda el Artículo 3.2 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 3.2. -Nombramiento.-
El
Director Ejecutivo nombrará, en coordinación con cada una de las Entidades
Gubernamentales Concernidas, a un (1) Gerente de Permisos para dirigir cada una
de las unidades creadas en el Artículo 3.1 de esta Ley, en las que las
Entidades Gubernamentales Concernidas tienen inherencia, respectivamente. En
el caso de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental, el Presidente
de la Junta de Calidad Ambiental, nombrará a un (1) Director de Evaluación de
Cumplimiento Ambiental. El Director Ejecutivo podrá nombrar empleados
adicionales a los empleados transferidos por las Entidades Gubernamentales
Concernidas que entienda necesario en cada una de las unidades creadas en el
Artículo 3.1 de esta Ley, según el volumen de casos que reciba. Los Gerentes, y
el Director de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental tendrán la
preparación académica y experiencia profesional sustancial y particular a la
unidad o división que cada uno dirigirá, que los capacite para cumplir a
cabalidad con las obligaciones que esta Ley le impone y para supervisar
técnicamente al personal profesional que tendrán a su cargo. Los Gerentes, y
el Director de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental cumplirán
con los requisitos de adiestramiento y educación continuada que la Oficina de
Gerencia de Permisos establezca mediante reglamentación. Para poder ser
nombrado como Gerente de Permisos, o como Director de la División de Evaluación
de Cumplimiento Ambiental se deberá contar con al menos cinco (5) años de
experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de su profesión en
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según aplique.
El
Juez Administrativo será nombrado por el Director Ejecutivo. Este será un
abogado admitido a ejercer la profesión de la abogacía por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico y deberá contar con destrezas, conocimientos y experiencia
profesional en la evaluación de permisos.
Los
Gerentes, el Director de Evaluación de Cumplimiento Ambiental y el Juez
Administrativo estarán sujetos al cumplimiento con las disposiciones de la Ley
1-2012, conocida como la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.
Ningún Gerente o Director de División podrá entender en asuntos en los cuales,
directa o indirectamente, tenga algún interés personal o económico o esté
relacionado al solicitante dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad. Su desempeño tendrá que ser evaluado al menos una vez cada doce
(12) meses.”
Artículo
23.- Se enmienda el Artículo 3.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
3.3. -Facultades, deberes y funciones.-
Los
Gerentes de Permisos y el Director de la División de Evaluación de Cumplimiento
Ambiental tendrán los siguientes deberes, facultades y funciones generales
conferidos por esta Ley, según aplique:
(a)…
…
(l)
en el caso de los Gerentes de Salud, Seguridad y Edificabilidad podrán otorgar
certificaciones de salud ambiental y prevención de incendio y determinaciones
finales y permisos para PYMES. También recibirán certificaciones de
cumplimiento de los arquitectos o ingenieros licenciados al amparo de la Ley
Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada. Tales determinaciones
serán consideradas una determinación final de la Oficina de Gerencia de
Permisos.
Los
Gerentes de Permisos y el Director de la División de Evaluación de Cumplimiento
Ambiental remitirán al Director Ejecutivo o al Director Regional, o a ambos, según
corresponda, sus recomendaciones mediante comunicación escrita. El Director
Ejecutivo evaluará los asuntos ministeriales o discrecionales, y firmará y
expedirá la correspondiente notificación de la determinación final.
La
parte adversamente afectada por una determinación final podrá solicitar
revisión sujeto a lo establecido en el reglamento que la Oficina de Gerencia de
Permisos adopte para tales fines. Cuando una determinación final de un Gerente
de Permisos sea cuestionada, el Director Ejecutivo representará al Gerente de
Permisos.”
Artículo
24.- Se enmienda el Artículo 4.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
4.1. - Designación, facultades, deberes y funciones.-
A
partir de la fecha de la aprobación de esta Ley, la Oficina Estatal de
Conservación Histórica, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Autoridad de
Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, designarán y destacarán físicamente
en la Oficina de Gerencia de Permisos, un Oficial de Permisos y su sustituto.
Los Oficiales de Permisos y sus sustitutos serán funcionarios
especializados de las Entidades Gubernamentales Concernidas y sus designaciones
serán notificadas al Director Ejecutivo. Además serán el representante de la
Entidad Gubernamental Concernida recibiendo las determinaciones de las agencias
y presentándolas a la Oficina de Gerencia de Permisos. Mediante acuerdo
interagencial entre el Director Ejecutivo y el jefe de agencia se establecerá
la autoridad, facultades y deberes de los Oficiales de Permisos respecto a la
toma de decisiones sobre permisos y endosos. Estos Oficiales de Permisos serán
funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Oficina Estatal de
Conservación Histórica, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Autoridad de
Carreteras y Transportación, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales respectivamente, de reconocida capacidad y experiencia
profesional. Los Oficiales de Permisos tendrán los siguientes deberes,
facultades y funciones generales:
(a)
trabajarán en estrecha coordinación con los Gerentes de Permisos con sus respectivas
Entidades Gubernamentales;
(b)
asistirán a los Gerentes de Permisos en la obtención de cualquier información o
documentación necesaria para el descargue de sus funciones, en los términos de
tiempo que se establezcan en el Reglamento Conjunto; y
(c)
coordinarán expeditamente cualquier trabajo de campo que sea necesario para
obtener información solicitada por los Gerentes de Permisos.
El
Director Ejecutivo o su representante autorizado, referirá a la atención del
jefe de agencia correspondiente cualquier situación en el desempeño del Oficial
de Permisos, correspondiente, que esté afectando el trámite de los asuntos que
este último tiene encomendados bajo las disposiciones de esta Ley. El jefe de
agencia en particular tomará la acción que corresponda para corregir la
situación a la brevedad posible, en conformidad con la reglamentación aplicable.
A petición del Director Ejecutivo, cualquier otra Entidad Gubernamental
Concernida designará como Oficial de Permisos a uno de sus funcionarios por el
tiempo que el Director Ejecutivo determine necesario. El Director Ejecutivo y
el jefe de la Entidad Gubernamental Concernida correspondiente, determinarán
las tareas específicas que realizará cada Oficial de Permisos en particular,
para cumplir con los deberes, facultades y funciones establecidas en este
Artículo.”
Artículo
25.- Se deroga el Capítulo VI de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, el cual
comprende los Artículos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
Artículo
26.- Se enmienda el Artículo 7.2 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
7.2.-Requisitos mínimos para capacitar y acreditar al Profesional Autorizado
por la Oficina de Gerencia de Permisos.-
Los
Profesionales Autorizados u otras profesiones licenciadas en las áreas
relacionadas a la construcción, deberán contar con un mínimo de cinco (5) años
de experiencia luego de haber obtenido sus licencias o certificaciones y ser
admitidos o cualificados a ejercer sus respectivas profesiones en Puerto Rico,
en aquellos temas o áreas que se establezca mediante reglamento, estar al día
con cualquier cuota de colegiación aplicable, tomar los cursos y aprobar el
examen que, mediante reglamento, determine la Oficina de Gerencia de Permisos.
Además,
los Profesionales Autorizados deberán estar capacitados y acreditados por la
Oficina de Gerencia de Permisos. De igual manera, la Oficina de Gerencia
de Permisos establecerá, como parte de los cursos de capacitación, las guías de
diseño verde que serán establecidas en el Reglamento Conjunto.
Para
recibir dicha autorización, los Profesionales Autorizados tendrán que pagar una
cuota anual de registro, según reglamentación a ser adoptada por el Director
Ejecutivo y mostrar evidencia de contar con una fianza, cuyo monto será
establecido por la Oficina de Gerencia de Permisos. La autorización
tendrá una vigencia de dos (2) años y su renovación tendrá que ser solicitada
en o antes de treinta (30) días, previos a su vencimiento e incluir evidencia
de cumplimiento con cualquier requisito aplicable al ejercicio de su profesión
en Puerto Rico. En el caso de que un Profesional Autorizado, por cualquier
motivo quede impedido de ejercer su profesión en Puerto Rico o su autorización
bajo esta Ley le sea suspendida por la Oficina de Gerencia de Permisos, éste inmediatamente
estará impedido de continuar expidiendo las autorizaciones descritas bajo el
Capítulo VII de esta Ley.
Cualquier permiso expedido bajo tales circunstancias será nulo ab initio.”
Artículo
27.- Se enmienda el Artículo 7.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
7.4.-Cursos requeridos.-
Los
cursos que deberán tomar los Profesionales Autorizados serán administrados por
instituciones u organizaciones aprobadas por el Director Ejecutivo, que a su
vez cuentan con la acreditación del Consejo de Educación de Puerto Rico. Las
materias que serán cubiertas en los cursos requeridos a cada Profesional Autorizado
serán establecidas mediante reglamento por la Oficina de Gerencia de Permisos,
sin embargo, deberán incluir como mínimo materias relacionadas a la aplicación
e interpretación de los Reglamentos de Planificación, las guías de diseño verde
o cualquier reglamento relacionado a las facultades de la Oficina de Gerencia
de Permisos, así como al Código de Ética establecido por la Oficina de
Gerencia de Permisos.”
Artículo
28.- Se enmienda el Artículo 7.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
7.5.- Educación continua.-
Mediante
la promulgación de un reglamento, la Oficina de Gerencia de Permisos
establecerá un programa de educación continua, con el cual deberán cumplir los
Profesionales Autorizados.”
Artículo
29.- Se enmienda el Artículo 7.6 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
7.6.- Conducta del Profesional Autorizado.-
Ningún
Profesional Autorizado podrá expedir una determinación final o permiso, para un
proyecto en el que haya participado en cualquier fase de su diseño o tenga
algún interés personal o económico, directo o indirecto, en dicho proyecto o
esté relacionado al solicitante o al representante autorizado del solicitante
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Además,
deberán cumplir con un código de ética que será promulgado por la Oficina de
Gerencia de Permisos. Dicho código deberá establecer las obligaciones y
prohibiciones aplicables a los Profesionales Autorizados. Los Profesionales
Autorizados estarán sujetos a las multas y penalidades que se establecen en
esta Ley por violar cualquiera de sus disposiciones. Además, deberán cumplir
con cualquier requisito que le imponga la Oficina de Gerencia de Permisos, en
el ejercicio de las responsabilidades impuestas por esta Ley, incluyendo el
comparecer como parte indispensable en aquellos recursos que impugnen sus
determinaciones finales.”
Artículo
30.- Se enmienda el Artículo 7.7 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
7.7.- Récords.-
Los
Profesionales Autorizados deberán mantener copia de todos los permisos y
documentos relacionados, según lo determine la Oficina de Gerencia de Permisos,
expedidos por ellos por el periodo que el Director Ejecutivo determine,
mediante reglamento. Los Profesionales Autorizados entregarán los expedientes
de permisos otorgados por éste a la Oficina de Gerencia de Permisos, en
conformidad con el Reglamento Conjunto, así como los planos aprobados con las
correspondientes estampillas adheridas y canceladas, o en forma digital, según
requerido por ley. Los Profesionales Autorizados podrán realizar el pago de
estampillas adheridas y canceladas, o en forma digital, asociados a documentos,
certificaciones u otros trabajos que fueren para obras de construcción, siempre
y cuando, la acción esté autorizada por sus respectivos colegios, juntas y
licencias. Estas facultades serán reconocidas en el Reglamento Conjunto de Permisos.
Los
Profesionales Autorizados remitirán a la Oficina de Gerencia de Permisos un
índice mensual indicando los permisos emitidos, no más tarde del décimo día
calendario del mes siguiente al mes informado, en el que harán constar los
números de éstos, el nombre de la parte proponente, la fecha, la dirección de
la propiedad y el objeto del permiso, certificación o documento.
En
dicho informe el Profesional Autorizado deberá certificar haber remitido a la
Oficina de Gerencia de Permisos el pago por los cargos, aranceles y derechos
correspondientes a la solicitud y expedición del permiso dentro del término
estipulado en esta Ley. De no haber emitido permiso durante algún mes, el
Profesional Autorizado enviará a la Oficina de Gerencia de Permisos un informe
negativo para ese mes.
Cuando
la oficina del Profesional Autorizado se encuentre localizada o instalada en un
edificio construido en madera o construcción mixta, deberá estar provista de
cajas de acero o hierro a prueba de fuego, para guardar en ellas copia de todos
los permisos y documentos relacionados.
En
caso de fallecimiento o incapacidad mental o física de carácter permanente de
un Profesional Autorizado, será deber de sus herederos, sucesores o
causahabientes, entregar dentro de treinta (30) días calendario, copia de todos
los permisos y documentos al Director Ejecutivo. En caso de que el Profesional
Autorizado cesare voluntaria o involuntariamente del desempeño de sus
funciones, dicho término será de quince (15) días laborables.”
Artículo
31.- Se enmienda el Artículo 7.8 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 7.8.-Notificaciones de procedimientos
disciplinarios.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos notificará a la Junta Examinadora de
Ingenieros, y Agrimensores de Puerto Rico, la Junta Examinadora de Candidatos
al Ejercicio de la Agronomía y de Agrónomos, la Junta Examinadora de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la Junta Examinadora de
Planificadores, la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico, al Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Colegio de Agrónomos de
Puerto Rico, al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico,
o a cualquier institución colegiada o Junta Examinadora que regule a algún Profesional
Autorizado, sobre la radicación de cualquier querella, el inicio y el resultado
de cualquier procedimiento disciplinario contra los profesionales cuya conducta
regulan, para que tomen la acción que corresponda.
La
Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, la Junta
Examinadora de Candidatos al Ejercicio de la Agronomía y de Agrónomos, la Junta
Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la Junta
Examinadora de Planificadores, la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico,
el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de
Agrónomos de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico, o cualquier institución colegiada o Junta
Examinadora que regule a algún Profesional Autorizado, le informarán en un
término de veinticuatro (24) horas a la Oficina de Gerencia de Permisos sobre
la radicación de cualquier querella, el inicio y el resultado de cualquier
procedimiento disciplinario contra los profesionales cuya conducta regulan. Los
colegios o juntas de los Profesionales Autorizados, así como cualquier otra
institución que regule a algún Profesional Autorizado, deberán tomar acción motu
proprio de advenir en conocimiento de cualquier violación a esta Ley
cometida por uno de sus colegiados, sin necesidad de haber sido notificados por
la Oficina de Gerencia de Permisos o de cualquier agencia del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.”
Artículo
32.- Se enmienda el Artículo 7.9 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 7.9.-Ámbito de responsabilidad del
Profesional Autorizado.-
Los
Profesionales Autorizados realizarán la revisión y evaluación de los documentos
que el solicitante le presente, de conformidad con los requisitos establecidos
mediante reglamento por el Director Ejecutivo. El ámbito de la responsabilidad
del que diseña o construye bajo las disposiciones del Código Civil de Puerto
Rico o la Ley Núm. 135 de 15 de
junio de 1967, según enmendada, no se extenderá a los Profesionales
Autorizados.”
Artículo
33.- Se enmienda el Artículo 7.10 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 7.10.-Cargos por servicios.-
El Director Ejecutivo establecerá, mediante
reglamento, los cargos que los Profesionales Autorizados podrán cobrar a los
solicitantes por sus servicios, además de otros cargos impuestos, a tenor con
las disposiciones de esta Ley.”
Artículo
34.- Se enmienda el Artículo 7.11 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
7.11.-Creación del Inspector Autorizado.-
Se
crea la figura del Inspector Autorizado. El Inspector Autorizado será toda
persona natural que haya sido debidamente autorizada por la Oficina de Gerencia
de Permisos. Los Inspectores Autorizados, en cumplimiento con las
disposiciones de esta Ley, cualquier otra disposición legal aplicable, y las
establecidas por reglamento, evaluarán y expedirán ciertas certificaciones,
tales como: certificación para la prevención de incendios y certificaciones de
salud ambiental, así como cualquier otra certificación permitida por
reglamento.”
Artículo
35.- Se enmienda el Artículo 7.12 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
7.12.-Requisitos mínimos para capacitar a los Inspectores Autorizados por la
Oficina de Gerencia de Permisos.-
Los
Inspectores Autorizados, deberán tomar los cursos y aprobar el examen que,
mediante reglamento, determine la Oficina de Gerencia de Permisos. Para
recibir su respectiva autorización, los Inspectores Autorizados pagarán una
cuota anual de registro y presentarán evidencia de contar con una fianza, cuyo
monto será establecido por la Oficina de Gerencia de Permisos. La
autorización tendrá una vigencia de dos (2) años y su renovación tendrá que ser
solicitada en o antes de treinta (30) días previos a su vencimiento. En el
caso de que un Inspector Autorizado, por cualquier motivo deje de estar autorizado
a ejercer su profesión en Puerto Rico o cuya autorización sea suspendida por el
Director Ejecutivo, estará inmediatamente impedido de continuar expidiendo
certificados de salud ambiental, de prevención de incendios o de cualquier
otra permitida. Cualquier certificación de salud ambiental o prevención de
incendios, expedida bajo tales circunstancias, será nula ‘ab initio’. La
conducta profesional, la responsabilidad y los cargos por servicios serán establecidos
en el Reglamento Conjunto. Los Inspectores Autorizados deberán mantener copia
de todas las certificaciones y los documentos relacionados, expedidos por
ellos, por el periodo que el Director Ejecutivo determine mediante reglamento.”
Artículo
36.- Se enmienda el Artículo 8.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 8.4.-Evaluación de las solicitudes de
permisos, recomendaciones por la Oficina de Gerencia de
Permisos.-
La radicación de la solicitud deberá estar
acompañada de un plano con un polígono en formato digital que ilustre la
ubicación geográfica, utilizando la metodología seleccionada por la Oficina de
Gerencia de Permisos,
en cumplimiento con las leyes aplicables y el Reglamento Conjunto. Cuando la
Oficina de Gerencia de Permisos determine
que la solicitud presentada está completa y validada, la solicitud será
referida para la correspondiente evaluación de los Gerentes de Permisos y del
Director de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental, según
aplique. Luego de las correspondientes recomendaciones de los Gerentes de
Permisos y del Director de la División de Cumplimiento Ambiental, el Director
Ejecutivo, el Director Ejecutivo Auxiliar o el Director Regional, según aplique,
procederá a firmar y expedir la determinación final de la Oficina de Gerencia de
Permisos en aquellos casos de carácter
ministerial o discrecional. Éste, a su vez, tendrá facultad para adjudicar,
previa evaluación del Gerente de Permisos, solicitudes de variaciones,
lotificación en construcción, cuando el uso sea conforme al permitido en el
distrito, según el procedimiento que se disponga en el Reglamento Conjunto.
Los Gerentes de Permisos y el Director de la
División de Cumplimiento Ambiental otorgarán prioridad y agilizarán la
evaluación de solicitudes de permisos verdes y permisos para PYMES. Los
Gerentes de Permisos y el Director de la División de Cumplimiento Ambiental
evaluarán el proyecto, según los criterios para la evaluación adecuada aplicable
a los permisos verdes y los permisos para PYMES que serán establecidos en el
Reglamento Conjunto. En el caso de los Gerentes de
Salud y Seguridad y Edificabilidad, podrán otorgar certificaciones de salud
ambiental y prevención de incendio, así como determinaciones finales para
permisos de PYMES.
Cuando la Oficina de Gerencia de Permisos requiera
recomendaciones a los Municipios, o a la Junta de Calidad Ambiental, como parte
del proceso de evaluación del permiso solicitado, dichas entidades remitirán
sus recomendaciones dentro del término de treinta (30) días, contados a partir
de la fecha de notificación de la solicitud de recomendaciones. De no ser
sometidas las recomendaciones dentro de dicho término, la Oficina de Gerencia de
Permisos emitirá una Orden de Hacer al
Municipio, o la Junta de Calidad Ambiental solicitando que emitan sus
recomendaciones, dentro del término de quince (15) días, según el
procedimiento establecido en el Reglamento Conjunto. Si el Municipio, o la
Junta de Calidad Ambiental no emiten sus recomendaciones dentro de dicho
término, se entenderá que no tienen recomendaciones.”
Artículo
37.- Se enmienda el Artículo 8.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 8.5.- Evaluación de Cumplimiento
Ambiental.-
El
proceso de planificación ambiental es un procedimiento informal sui generis
excluido de la aplicabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme. El Director Ejecutivo de la
Oficina de Gerencia de Permisos, realizará la determinación de cumplimiento
ambiental requerida bajo las disposiciones del Artículo 4(B)(3) de la Ley
416-2004, supra, y el reglamento que a los fines de este Artículo y de
esta Ley, apruebe la Junta de Calidad Ambiental en cuanto a: las acciones que
tome con relación al trámite de los documentos ambientales, a las exclusiones
categóricas, a las acciones con relación a la determinación de cumplimiento
ambiental, y a las determinaciones finales que se le soliciten, de conformidad
con esta Ley; y cualquier acción sujeta al cumplimiento con las disposiciones
del Artículo 4(B)(3) de la Ley 416-2004, supra.
La Oficina de Gerencia de
Permisos fungirá como agencia proponente
con relación al proceso de planificación ambiental, excepto en aquellos casos
en los que a los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, se les haya
delegado esta facultad como consecuencia del convenio de transferencia
establecido en la Ley 81-1991, supra.
La
Oficina de Gerencia de Permisos dirigirá el proceso de evaluación del documento
ambiental a través de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. En
el caso de que la Oficina de Gerencia de Permisos sea la agencia proponente, el
proceso de planificación ambiental a seguir será el siguiente: cuando la
solicitud de permiso sea de carácter ministerial o discrecional, y el documento
ambiental sometido sea una Evaluación Ambiental con una Determinación de
No-Impacto Ambiental, la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental
evaluará el documento ambiental y remitirá sus recomendaciones al Director
Ejecutivo; siendo éste quien determine el cumplimiento ambiental, en conjunto
con la determinación final sobre la acción propuesta. En caso de que el
documento ambiental sometido sea una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y la solicitud de permiso sea de
carácter ministerial o discrecional, la División de Evaluación de Cumplimiento
Ambiental evaluará la DIA y
remitirá sus recomendaciones al Director Ejecutivo para que éste emita la
determinación final.
Cuando
la solicitud sea de carácter discrecional, y el documento ambiental sea una
Evaluación Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental, será evaluado por
la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental y ésta remitirá sus
recomendaciones al Director Ejecutivo, quien emitirá la determinación final a
base de estas recomendaciones. Esta determinación de cumplimiento ambiental se
considerará como una decisión revisable de carácter final e independiente de la
determinación final del permiso solicitado.
Sin
embargo, cuando el Municipio Autónomo sea la agencia proponente, el proceso de
planificación ambiental será el siguiente: el Municipio Autónomo remitirá a la
Oficina de Gerencia de Permisos el documento ambiental, sea éste una Evaluación
Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental, el cual será evaluado en la
División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. Esta remitirá sus
recomendaciones al Director Ejecutivo, quien determinará el cumplimiento ambiental
y remitirá su determinación al Municipio Autónomo, siendo este último quien adjudicará
la determinación final del permiso solicitado.
Cuando
la solicitud de permiso sea de carácter ministerial o discrecional y la acción
propuesta sea una exclusión categórica para fines del proceso de planificación
ambiental, el solicitante del permiso certificará por escrito y bajo juramento,
que la acción propuesta cualifica como una exclusión categórica. La Oficina de
Gerencia de Permisos, a través de su Director Ejecutivo o los Profesionales
Autorizados, o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a V, podrán emitir
una Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica de forma
automática, la cual pasará a formar parte del expediente administrativo, y será
un componente de la determinación final de la agencia proponente o del
Municipio Autónomo sobre la acción propuesta.
Cuando
la Oficina de Gerencia de Permisos no esté facultada para expedir
determinaciones finales o no se haya delegado esta facultad al Municipio
Autónomo donde se pretende llevar a cabo la acción, entonces las Entidades
Gubernamentales Concernidas podrán fungir como agencias proponentes, al amparo
de esta Ley o por acuerdo previo con la Oficina de Gerencia de Permisos. Las
Entidades Gubernamentales Concernidas seguirán el mismo proceso de
planificación ambiental que seguirán los Municipios Autónomos.
La
determinación del cumplimiento ambiental se considerará como una decisión
revisable de carácter final e independiente de la determinación final del
permiso solicitado. Las Declaraciones de Impacto Ambiental y aquellas
evaluaciones ambientales que requieran un proceso de evaluación “NEPA-Like
Process”, serán comentadas por el público en general durante el proceso
de planificación ambiental, mediante vistas públicas, según aplique, y seguirá
el procedimiento que establezca la Junta de Calidad Ambiental, mediante
Reglamento. Además, la determinación de cumplimiento ambiental podrá ser
revisada, en conjunto con la determinación final, según se establezca por
reglamentación que la Oficina de Gerencia de Permisos adopte a tales efectos.
En
aquellos casos en que la única acción es la expedición o modificación de un
permiso, no sujeto a las disposiciones de esta Ley y bajo la jurisdicción única
de la Junta de Calidad Ambiental, no será necesaria la evaluación de los
impactos ambientales de la acción propuesta por parte de la División de
Evaluación de Cumplimiento Ambiental. En tales casos, la Junta de Calidad
Ambiental determinará el mecanismo de evaluación de dichos impactos ambientales
a través del reglamento que promulgue.
En
aquellos casos en que la acción propuesta contemple proyectos cuya operación es
regulada por la Junta de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia de Permisos requerirá
a la Junta de Calidad Ambiental recomendación sobre el documento ambiental
presentado para dicho proyecto. Dichas recomendaciones deberán ser sometidas dentro del término de treinta (30) días contados
a partir de la fecha de notificación de la solicitud de las recomendaciones. De
no ser sometidas las recomendaciones dentro de dicho término, la Oficina de
Gerencia de Permisos podrá emitir una Orden de Hacer a la Junta de Calidad
Ambiental, solicitando que emita las recomendaciones dentro del término de
quince (15) días. Si la Junta de Calidad Ambiental no emite sus
recomendaciones luego de que la Oficina de Gerencia de Permisos haya emitido la
Orden de Hacer, entonces se entenderá que no tiene recomendaciones.
La
Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios Autónomos, la Junta de Calidad
Ambiental y los Profesionales Autorizados evaluarán la viabilidad ambiental,
mediante una exclusión categórica para permisos verdes y permisos para PYMES.
El procedimiento de la viabilidad ambiental para la otorgación de un permiso verde
y un permiso para PYMES será establecido mediante el Reglamento Conjunto.”
Artículo
38.- Se enmienda el Artículo 8.8 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
8.8.-Notificación.-
La
Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I
a la V y los Profesionales Autorizados notificarán copia de toda determinación
final, en cumplimiento con los reglamentos aplicables. Además, notificarán
copia de dicha determinación y de los permisos a la Oficina de Gerencia de
Permisos y a las Entidades Gubernamentales Concernidas, según aplique, dentro
del término de dos (2) días laborables a partir de su expedición. Las
determinaciones finales, deberán estar acompañadas de copia electrónica de
todos los planos utilizados para la concesión de los mismos y cualquier otro
documento que la Oficina de Gerencia de Permisos estime necesario. La
fecha de esta notificación, en aquellos casos en que aplique, deberá aparecer
certificada en el texto de la determinación final y será considerada como la
fecha de archivo en autos de la determinación final de que se trate, para
propósitos de revisión.
Artículo
39.- Se añade un nuevo Artículo 8.8A de la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
para que lea como sigue:
“Artículo
8.8A.-Notificación de determinaciones discrecionales.-
Una
vez el Director Ejecutivo conceda o deniegue una determinación discrecional,
procederá a notificarla de conformidad con el procedimiento dispuesto en el
Reglamento Conjunto. La concesión o denegación de una determinación
discrecional se considerará como una determinación final de la Oficina de
Gerencia de Permisos. Dicha Oficina notificará a la Junta de Planificación las
determinaciones finales relacionadas a usos de terrenos. La notificación de una
determinación final de la Oficina de Gerencia de Permisos contendrá
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Además, la parte
adversamente afectada por una actuación, determinación final o resolución de la
Oficina de Gerencia de Permisos podrá presentar un recurso de revisión, al foro
competente.”
Artículo
40.- Se enmienda el Artículo 8.11 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
8.11.-Términos para la evaluación y otorgamiento de las determinaciones finales
o permisos.-
El
Reglamento Conjunto establecerá el término dentro del
cual la Oficina de Gerencia de Permisos o los Profesionales Autorizados emitirán
una determinación final. No obstante, las determinaciones finales sobre
solicitudes de permisos para proyectos con usos de suelos, conforme a lo
establecido en la reglamentación aplicable, deberán ser evaluadas y expedidas o
denegadas en el término de noventa (90) días, contados a partir de la
radicación de la solicitud. El Director Ejecutivo podrá extender dicho término,
por circunstancias extraordinarias, hasta treinta (30) días adicionales. Los
términos establecidos, al amparo de las disposiciones de este Artículo serán de
carácter mandatorio.
El
término para la expedición de un permiso verde o de un permiso para PYMES no
será mayor de sesenta (60) días. El procedimiento a seguir para la evaluación
adecuada y otorgación de un permiso verde y un permiso para PYMES será
establecido en el Reglamento Conjunto.”
Artículo
41.- Se enmienda el Artículo 9.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
9.1.-Lotificaciones.-
Ningún
Registrador de la Propiedad aceptará para inscribir instrumento público alguno
si: (a) el plano de lotificación no ha sido finalmente aprobado por la Oficina
de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación o el Municipio Autónomo,
según aplique; o (b), en caso de traspaso, convenio de traspaso de una parcela
de terreno o interés en la misma, dentro de una lotificación, a menos que se
haya registrado un plano final o preliminar aprobado por la Oficina de Gerencia
de Permisos.
Carecerá
de eficacia cualquier otorgamiento de escritura pública o contrato privado de
lotificación si no fue aprobada previamente dicha lotificación por la Oficina
de Gerencia de Permisos, excepto en aquellos casos en que lo permita la ley y
la reglamentación aplicable. Todo plano final de lotificación incluirá la
descripción de los solares formados por la lotificación y la del solar remanente
según la escritura. Todo plano de lotificación, aprobado al amparo de las
disposiciones de esta Ley y cualquier reglamento aplicable, será inscrito en el
Registro de Planos de Lotificación del Registro de la Propiedad en el distrito
o distritos donde radiquen los terrenos, de conformidad con los reglamentos que
el Secretario de Justicia haya aprobado a tales efectos.
El
arrendamiento de una porción de una finca para el propósito exclusivo de la
construcción, ubicación y utilización de una torre de telecomunicaciones,
conforme a la Ley 89-2000, según enmendada, conocida como la “Ley sobre la
Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto
Rico”, de un anuncio o de un tablero de anuncio, conforme a la Ley 355-1999,
según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto
Rico de 1999”, no se considerará una lotificación para propósitos de esta Ley.
La Oficina de Gerencia de Permisos notificará al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales cualquier aprobación de lotificación y su respectivo plano para que
éste actualice sus registros y efectúe cualquier procedimiento o trámite legal
que en derecho proceda. Cualquier aprobación de lotificación y su respectivo
plano debe ser incorporada por la entidad relevante a cargo del sistema de
información georeferenciada pertinente.”
Artículo
42.- Se enmienda el Artículo 9.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
9.3.-Casos especiales.-
Cuando
debido a factores, tales como salud y seguridad pública, orden público, mejoras
públicas, condiciones ambientales o arqueológicas, se hiciere indeseable la
aprobación de un proyecto ministerial, el Director Ejecutivo y los Municipios
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, podrán en protección
del interés público y tomando en consideración dichos factores, así como la
recomendación de alguna entidad gubernamental, denegar la autorización para tal
proyecto. El Director Ejecutivo y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la
I a la V, según corresponda, podrán denegar tal solicitud mientras existan las
condiciones desfavorables al proyecto aunque el proyecto en cuestión esté
comprendido dentro de los permitidos para el área por los Reglamentos de
Planificación en vigor. En el ejercicio de esta facultad, el Director
Ejecutivo y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según
corresponda, tomarán las medidas necesarias para que la misma no se utilice con
el propósito o resultado de impedir la expedición del permiso pertinente o para
incumplir las disposiciones reglamentarias vigentes, en casos en que no medien
circunstancias verdaderamente especiales.”
Artículo
43.- Se enmienda el Artículo 9.8 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
9.8-Notificación a colindantes.-
Salvo
por los permisos ministeriales que no conlleven ningún tipo de variación, el
solicitante notificará la radicación de una solicitud de permiso a los
colindantes inmediatos de la propiedad donde se propone la acción y el término
dentro del cual el solicitante presentará evidencia a la Oficina de Gerencia de
Permisos de haber realizado dicha notificación, la cual se establecerá mediante
reglamento. Dicha notificación se hará mediante correo certificado con acuse
de recibo o mediante cualquier otro mecanismo que se determine por reglamento
en aquellos casos en que la dirección postal de dichos colindantes no es
accesible al solicitante.”
Artículo
44.- Se enmienda el Artículo 9.9 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
9.9.-Rótulo de Presentación de Solicitud o inicio de actividad.-
Una
vez se presente una solicitud ante la Oficina de Gerencia de Permisos, el
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o ante el Profesional Autorizado,
el dueño de la obra deberá instalar un rótulo en la entrada principal de la
propiedad donde se llevará a cabo la obra. Dicho rótulo deberá ser instalado
dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación electrónica o los modos
alternos que determine la Oficina de Gerencia de Permisos, mediante reglamento
de la solicitud de permiso, según establecido en el Artículo 8.3. Están
excluidas de este requisito de rótulo las solicitudes y la otorgación de
permisos de uso ministeriales que no conlleven ningún tipo de variación.
El
dueño de la obra deberá instalar un rótulo en la propiedad donde se propone la
actividad autorizada con al menos cinco (5) días de anticipación al inicio de
la actividad autorizada y este rótulo permanecerá en dicho lugar hasta que
culmine la actividad autorizada. De no cumplirse con este requisito, no se
podrá efectuar una construcción, reconstrucción, alteración, demolición ni
traslado de edificio alguno en Puerto Rico.
Una
vez instalado el rótulo requerido, el dueño de la propiedad deberá acreditar
dicha instalación, mediante declaración jurada, que detalle que el mismo se
instaló conforme a lo dispuesto en este Artículo, y deberá presentar dicha
evidencia durante los próximos tres (3) días de haber sido instalado el rótulo.
Los
requisitos estructurales del rótulo y la información que deberá contener el
mismo, se establecerán en la reglamentación adoptada por la Oficina de Gerencia
de Permisos.”
Artículo
45.- Se enmienda el Artículo 9.10 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
9.10.-Certeza de los permisos.-
Se
presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los
permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio
Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No
obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión
de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final
o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a
la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la
determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de
Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el
Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar,
conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo
determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo
XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.
Además,
se dispone que bajo ninguna circunstancia, una determinación final será
suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal
competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido
proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente
reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose
que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará
final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante
haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de
determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que
una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso
de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido
el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante,
la parte adversamente afectada por una determinación final, podrá ser revisada
sujeto a lo establecido en esta Ley.
De
igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y
corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de
terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión
de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la
estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones
ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso
otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de
la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá
ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro
administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el
procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de
cumplir con el debido proceso de ley.”
Artículo
46.- Se enmienda el Artículo 9.12 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 9.12.-Permisos y suministro de
servicios básicos.-
A
partir de la vigencia de esta Ley:
(a)…
(b)…
(c)
El suministro de servicios básicos por funcionarios públicos, corporaciones
públicas, organismos gubernamentales o entidades privadas, incluyendo la
expedición de patentes o licencias municipales o estatales, para la construcción,
alteración estructural, ampliación, traslado o uso de edificios, instalación de
facilidades o demolición, requiere la presentación por el interesado de un
permiso de uso o de construcción, remodelación, alteración estructural,
ampliación, instalación de facilidades, traslado o uso de edificios o
demolición, según aplique, otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por
un Profesional Autorizado o por un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a
la V, según aplique. Una solicitud para proveer un servicio diferente al
autorizado para una propiedad, será efectuado por funcionarios públicos,
corporaciones públicas, organismos gubernamentales o entidades privadas sólo cuando
el abonado o interesado presente el permiso de uso que autorice dicho cambio de
uso. Si alguna de las corporaciones públicas adviene en conocimiento de que un
servicio básico se utiliza para un propósito distinto al autorizado
originalmente, ajustará correspondientemente la tarifa por concepto del tipo de
servicio prestado y simultáneamente notificará a la Oficina de Gerencia
de Permisos para que se realice la investigación correspondiente. Este ajuste
correspondiente en tarifa no se interpretará como un reconocimiento de
legalidad al uso distinto al autorizado originalmente.”
Artículo
47.- Se deroga el Capítulo X de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como
la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, el cual
comprende los Artículos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9,
10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20 y
10.21.
Artículo
48.- Se deroga el Capítulo XI de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, el cual
comprende los Artículos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10,
11.11, 11.12 y 11.13.
Artículo
49.- Se deroga el Capítulo XII de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, el cual
comprende los Artículos 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 y 12.7.
Artículo
50.- Se enmienda el Artículo 13.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 13.1.-Término para recurrir al
Tribunal Apelativo.-
Cualquier parte adversamente afectada por una
resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos tendrá treinta (30) días
naturales para presentar su recurso de revisión de decisión administrativa ante
el Tribunal de Apelaciones. El término aquí dispuesto es de carácter
jurisdiccional. Si el Tribunal de Apelaciones así lo solicita, la Oficina de
Gerencia de Permisos elevará al Tribunal de Apelaciones los autos del caso,
dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la presentación del
recurso.”
Artículo
51.- Se enmienda el Artículo 13.2 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
13.2.-Notificación del recurso.-
La parte recurrente notificará con copia de la
presentación de la solicitud del recurso de revisión de decisión administrativa
a todas las partes, incluyendo a la Oficina de Gerencia de Permisos el
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o el Profesional Autorizado,
según aplique, el mismo día de haber presentado el recurso, mediante el
procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme.
Este requisito es de carácter jurisdiccional. En el escrito la parte peticionaria
certificará al Tribunal de Apelaciones su cumplimiento con este requisito. La
notificación podrá hacerse por correo y por cualquier medio electrónico que se
establezca por ley o reglamento.”
Artículo
52.- Se enmienda el Artículo 13.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
13.4.-Estándar de revisión.-
La actuación, determinación final o resolución de la
Oficina de Gerencia de Permisos los Municipios Autónomos con Jerarquía
de la I a la V o del Profesional Autorizado será sostenida por el Tribunal de
Apelaciones si se basa en evidencia sustancial que obre en el expediente. Las
conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos.”
Artículo 53.- Se enmienda el Artículo 14.1 de la Ley
161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de
Permisos de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 14.1.-Recursos exclusivos.-
Si alguna agencia, dependencia o instrumentalidad del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico en representación del interés público, o una
persona privada, natural o jurídica, que tenga o no interés propietario o que
sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su
interés personal se vea adversa o sustancialmente afectado, podrá presentar una
querella alegando una violación de ley o reglamento ante la de Gerencia
de Permisos, o presentar un recurso de interdicto,
mandamus, nulidad o cualquier otra acción adecuada ante el foro judicial
correspondiente.
En aquellos casos en que la propiedad en controversia
esté ubicada en un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, la querella
deberá ser presentada ante dicho Municipio. En el caso en el cual la propiedad
ubique en más de un Municipio, la querella deberá ser presentada en el
Municipio que haya otorgado el permiso.”
Artículo
54.- Se enmienda el Artículo 14.2 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
14.2.-Procedimiento Judicial Para Solicitar Revocación de Permisos o
Paralización de Obras o de Uso.-
En
aquellos casos, en respuesta a una querella tal como la que se describe en el
Artículo 14.1 de esta Ley, el Director Ejecutivo tendrá quince (15) días
laborales para investigar la misma. Si el Director Ejecutivo luego de hacer la
investigación correspondiente, decide ejercer sus facultades reconocidas en esta
Ley, podrá solicitar la revocación del permiso, la paralización de la obra de
construcción o la paralización de un alegado uso no autorizado por la Oficina
de Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado o los Municipios Autónomos
con Jerarquía de la I a la V, siempre que no esté en conflicto con el Artículo 2.3E
de esta Ley, para lo cual deberá acudir ante el Tribunal de Primera Instancia
para obtener una orden judicial a esos efectos. No obstante, si el Director
Ejecutivo no actúa en el término de quince (15) días laborales aquí dispuesto,
el querellante podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar los
remedios antes mencionados. En cualquier caso, el Tribunal de Primera
Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días
naturales de presentado el recurso y previo a conceder los remedios
solicitados, además, deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte
(20) días naturales desde la presentación de la demanda.”
Artículo
55.- Se enmienda el Artículo 14.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
14.3.-Procedimiento Aplicable en Casos de Peligro Grave, Inminente e Inmediato
a la Salud o Seguridad Pública; Órdenes Inmediatas de Cese y Desista; Agencias,
y otras instrumentalidades públicas.-
En
aquellos casos de riesgo de peligro grave, inminente e inmediato a la salud o
seguridad de las personas o el medioambiente, y que no pueda evitarse de otro
modo sin tomar acción inmediata, las Entidades Gubernamentales Concernidas y la
Oficina de Gerencia de Permisos podrán emitir órdenes temporeras de cese y
desista en el momento que estimen necesario, sin intervención o autorización
judicial previa, ni del Director Ejecutivo en el caso de las Entidades
Gubernamentales Concernidas, siguiendo los criterios a establecerse, mediante
reglamento. La orden deberá estar sujeta a lo siguiente: la orden temporera de
cese y desista administrativa emitida bajo tales circunstancias perderá vigor,
eficacia y valor, y no será ejecutable, luego de transcurridos diez (10) días
naturales de expedirse por la Entidad Gubernamental Concernida o el Director
Ejecutivo, salvo que el Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, a petición de la Entidad Gubernamental Concernida o el Director
Ejecutivo, celebre una vista evidenciaria y determine necesario extender su
vigencia por un término máximo de veinte (20) días naturales adicionales,
mediante Resolución u Orden Judicial. Si persisten las circunstancias y
condiciones que llevaron al Tribunal a expedir la orden de paralización o de
cese y desista, la parte interesada podrá solicitar a dicho foro una extensión
de la misma antes de que expire el término de la orden previa. En todos los
demás casos, se seguirá el procedimiento establecido en los Artículos 14.1 y
14.2, o en otros Capítulos de esta Ley, según aplique.”
Artículo
56.- Se enmienda el Artículo 14.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
14.4. -Querellas de cumplimiento y multas.-
El
público en general podrá presentar querellas ante la Oficina de Gerencia de
Permisos, ante las Entidades Gubernamentales Concernidas o ante los Municipios
Autónomos con Jerarquía de la I a la V. Dichas querellas atenderán el alegado
incumplimiento con: (a) las disposiciones de los permisos expedidos; (b) la
alegada ausencia de un permiso requerido; o (c) el incumplimiento con cualquier
disposición de esta Ley, el Reglamento Conjunto adoptado al amparo de la misma,
las Leyes Habilitadoras de las Entidades Gubernamentales Concernidas, la Ley de
Municipios Autónomos o los reglamentos, según corresponda.
En
aquellos casos en que la querella de cumplimiento es de las fiscalizadas por el
Director Ejecutivo dentro de su jurisdicción, la misma será investigada dentro
de los quince (15) días laborales de presentada ante la Oficina de Gerencia de
Permisos. Si de la investigación se concluye que las alegaciones son ciertas,
el Director Ejecutivo procederá a expedir una multa administrativa. El
Director Ejecutivo también podrá, de ser aplicable, referir el asunto al
Secretario de Justicia para que inicie el trámite necesario para la imposición
de las penalidades dispuestas en esta Ley.
En
los casos en que la querella de cumplimiento es de las fiscalizadas por las
Entidades Gubernamentales Concernidas o por los Municipios Autónomos con
Jerarquía de la I a al V, conforme a su jurisdicción, éstos investigarán la
misma dentro del término de quince (15) días laborables de recibida la
querella. Si de la investigación surge que las alegaciones son ciertas, éstos
procederán a expedir una multa, cuyo monto será establecido, de conformidad con
las disposiciones contenidas en la Ley Habilitadora de la Entidad Gubernamental
Concernida, por los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, las leyes
especiales y los reglamentos. El término para resolver dicha querella será
establecido mediante reglamento.
Las
Entidades Gubernamentales Concernidas o los Municipios Autónomos con Jerarquía
de la I a la V, podrán a su discreción referir las querellas de fiscalización
de cumplimento presentadas ante sí y bajo su jurisdicción al Director Ejecutivo
para que las investigue, según el procedimiento establecido en este Artículo.
La
parte adversamente afectada por una multa expedida por el Director Ejecutivo,
la Entidad Gubernamental Concernida o por los Municipios Autónomos con
Jerarquía de la I a la V, podrá solicitar revisión al Tribunal de Primera
Instancia.
Estas
multas constituirán un gravamen real sobre el título de la propiedad
involucrada en la violación o violaciones. Las multas impuestas por las
Entidades Gubernamentales Concernidas o los Municipios Autónomos con Jerarquía
de la I a la V y adjudicadas por el Director Ejecutivo, serán pagadas a la
orden del Secretario de Hacienda en el caso de la Entidad Gubernamental
Concernida o del Municipio Autónomo, según corresponda. La Oficina de Gerencia
de Permisos tendrá derecho al pago de una suma por concepto del trámite del
caso, según se determine por reglamento.”
Artículo
57.- Se enmienda el Artículo 14.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
14.5.-Multas administrativas.-
Sujeto
a lo dispuesto en el Artículo 14.4, la Oficina de Gerencia de Permisos tiene la
facultad de expedir multas administrativas a cualquier persona, natural o
jurídica, que:
a.
Infrinja esta Ley, el Reglamento Conjunto, los
permisos o las condiciones de los permisos expedidos al amparo de la misma, los
Reglamentos de Planificación o cualquier otra ley aplicable. Las multas
administrativas no excederán de cincuenta mil (50,000) dólares por cada
infracción, entendiéndose que cada día que subsista la infracción se
considerará como una violación independiente;
b.
Dejare de cumplir con cualquier resolución,
orden o decisión emitida. Las multas administrativas no excederán de cincuenta
mil (50,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que cada día que
subsista la infracción se considerará como una violación independiente;
c.
Si se ha incurrido en contumacia en la comisión
o continuación de actos en violación a esta Ley, a los reglamentos adoptados al
amparo de la misma o a los Reglamentos de Planificación, la Oficina de Gerencia
de Permisos, en el ejercicio de su discreción, podrá imponer una multa
administrativa adicional de hasta un máximo de cien mil (100,000) dólares, por
cada violación;
d.
Las multas administrativas que por esta Ley se
imponen, serán también de aplicabilidad a aquella persona que obstruya, limite,
paralice o invada, sin autoridad de Ley, una actividad de construcción o uso
autorizado, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
La
Junta de Planificación establecerá, mediante el Reglamento Conjunto, los
parámetros y procedimientos para la imposición de las multas administrativas
establecidas en los incisos (a) a la (d) de este Artículo, basado en la
severidad de la violación, término por el cual se extendió la violación,
reincidencia, el beneficio económico derivado de la comisión de la violación y
el riesgo o los daños causados a la salud o a la seguridad como resultado de la
violación. El importe de todas las multas administrativas impuestas por la Oficina
de Gerencia de Permisos al amparo de las disposiciones de esta Ley ingresará al
Fondo Especial que el Secretario del Departamento de Hacienda establecerá a
favor de la Oficina de Gerencia de Permisos. La facultad de imponer multas
administrativas que se le otorga a la Oficina de Gerencia de Permisos no
sustituye ni menoscaba la facultad de iniciar cualquier procedimiento judicial,
ya fuera civil o criminal, que sea aplicable por cualesquiera de las Entidades
Gubernamentales Concernidas.”
Artículo
58.- Se enmienda el Artículo 14.6 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
14.6.-Procedimientos para multas administrativas.-
Sujeto
a lo dispuesto en los Artículos 14.4 y 14.5, el procedimiento establecido en
este Artículo será utilizado por el Director Ejecutivo, los Municipios
Autónomos con Jerarquía de la I a la V y las Entidades Gubernamentales
Concernidas, sujeto a la jurisdicción que le corresponda.
a.
El Director Ejecutivo,
las Entidades Gubernamentales Concernidas, y los Municipios Autónomos con
Jerarquía de la I a la V o sus representantes autorizados, podrán expedir
multas administrativas a instrumentalidades públicas y personas, naturales o
jurídicas, que violen o incumplan con las disposiciones de esta Ley, cualquier
restricción, reglamento u orden adoptada en virtud de esta Ley y otras leyes, y
que estén dentro del ámbito de su jurisdicción. El procedimiento para emitir
dichas multas se establecerá mediante el Reglamento Conjunto.
b.
En la estructuración de
este procedimiento, el Director Ejecutivo, las Entidades Gubernamentales
Concernidas, y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o sus
representantes autorizados, podrán valerse de los servicios de sus funcionarios
y empleados, y de la fuerza policíaca para expedir boletos de multas
administrativas. Los formularios para dichos boletos serán preparados,
pre-impresos, identificados individualmente y distribuidos de acuerdo con el reglamento
que, para dicho propósito, promulgará la Oficina de Gerencia de Permisos. La
persona que expida el boleto lo firmará y expresará claramente en el mismo la
falta administrativa alegada, la disposición legal infringida, la fecha de
entrega del boleto y el monto de la multa administrativa a pagarse.
El
representante del Director Ejecutivo, las Entidades Gubernamentales Concernidas
o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, entregarán copia del
boleto a la persona que esté a cargo de la propiedad, sea su dueño, agente,
empleado, encargado, cesionario, arrendatario, o causahabiente. La copia así
entregada en adición a la información requerida en el inciso (b), contendrá en
el reverso las instrucciones para solicitar un recurso de reconsideración y
revisión.”
Artículo
59.- Se enmienda el Artículo 15.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
15.1.-Reglamento Conjunto.-
En
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, la Junta de Planificación, con
la colaboración de la Oficina de Gerencia de Permisos y las Entidades
Gubernamentales Concernidas, según aplique, prepararán y adoptarán, con
sujeción a las disposiciones de esta Ley, la Ley 81-1991, según enmendada,
conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”, las disposiciones contenidas en
la Ley Núm. 75 de 25 de junio de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley
Orgánica de la Junta de Planificación”, y la “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme”, un Reglamento Conjunto para establecer y aplicar: (a) un sistema
uniforme de adjudicación; (b) la evaluación y expedición de determinaciones
finales, permisos y recomendaciones relacionados a obras de construcción y uso
de terrenos; (c) las guías de diseño verde para la capacitación de los
Profesionales Autorizados y a cualquier otra persona que le interese
certificarse bajo las guías de diseño verde de Puerto Rico; (d) procedimiento
de querellas ante el Director Ejecutivo, las Entidades Gubernamentales
Concernidas y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según
aplique; y (e) cualquier otro asunto que esta Ley haya referido atenderse
mediante el Reglamento Conjunto. El Reglamento Conjunto antes mencionado se
conocerá como el “Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de
Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos” y deberá ser adoptado
por la Junta de Planificación y aprobado por el Gobernador. La
preparación del Reglamento Conjunto estará exenta de cumplir con la Ley 416-2004,
según enmendada.
La
Junta de Planificación y las Entidades Gubernamentales Concernidas tendrán
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la vigencia de esta Ley,
para iniciar el proceso de preparación del Reglamento Conjunto, el cual
concluirá dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de la
vigencia de esta Ley. La Junta de Planificación establecerá, mediante
guías internas, el mecanismo que regirá el proceso de la preparación del
Reglamento Conjunto. Para la aprobación del Reglamento Conjunto se garantizará
una amplia participación a la ciudadanía mediante vistas públicas. El
Reglamento Conjunto será suplementario a la presente Ley y prevalecerá sobre
cualquier otro reglamento.
La
enmienda de un Artículo o parte del Reglamento Conjunto no requerirá la
enmienda de la totalidad del mismo. En el caso de enmiendas parciales al
Reglamento Conjunto, las mismas sólo requerirán la adopción de las Entidades
Gubernamentales Concernidas afectadas por las mismas y la aprobación de
la Junta de Planificación.
Si
la Junta de Planificación no está de acuerdo con alguna disposición que se
determina incluir en el Reglamento Conjunto, sea al momento de su adopción,
conforme al primer párrafo de este Artículo, o en el proceso de enmiendas,
conforme al segundo párrafo de este Artículo, ésta emitirá una resolución en la
que detallará su objeción y la devolverá a las Entidades Gubernamentales
Concernidas afectadas por las mismas para que éstas enmienden el texto propuesto.
Si las Entidades Gubernamentales Concernidas y la Junta de Planificación no
pueden llegar a un acuerdo en torno al texto propuesto, se le someterá el texto
sugerido junto a la resolución de la Junta de Planificación con sus objeciones al
Gobernador, quien tomará la decisión final en torno a la disposición
reglamentaria en disputa. La Junta de Planificación y las Entidades
Gubernamentales Concernidas tendrán ciento ochenta (180) días para adoptar el
Reglamento Conjunto a partir de la fecha de la vigencia de esta Ley.
Artículo
60.- Se enmienda el Artículo 15.2 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
15.2.- Intervención y Participación.-
(a) Intervención
– Cualquier persona interesada en ser parte del proceso de evaluación de
determinaciones finales, permisos, así como cualquier procedimiento
adjudicativo requerido bajo las disposiciones de esta Ley deberá presentar una
solicitud de intervención. El contenido, evaluación, adjudicación y revisión de
determinaciones finales sobre solicitudes de intervención se regirá por lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Los detalles
sobre el proceso de intervención deberán reflejarse en el Reglamento Conjunto.
(b) Participación
– La Oficina de Gerencia de Permisos integrará mecanismos de participación
ciudadana mediante reglamentación, que incluya la solicitud y recibo de
comentarios del público en general, vistas públicas, recibo y reconocimiento en
expediente de documentos, ponencias, fotografías y otros tipos de documentos,
entre otros mecanismos de participación. Esta participación no significará que
sean considerados como parte, a menos que se haya cumplido con lo dispuesto en
el acápite anterior.”
Artículo
61.- Se enmienda el Artículo 16.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
16.1.-Certificación de Planos y Documentos.-
Se
faculta al Director Ejecutivo a adjudicar cualquier querella e imponer multas o
sanciones relacionadas a la certificación de planos y documentos por actos en
contravención de las leyes y los reglamentos aplicables, incluyendo la Ley Núm.
135 de 15 de junio de 1967, según enmendada. Las multas, sanciones y
penalidades a ser impuestas por dichos actos serán las provistas en esta Ley.
En
la solicitud del permiso verde se
incorporará el plano que certifique y evidencie que el diseño cumple con la
pre-cualificación de diseño verde
establecida en las guías del Reglamento Conjunto.”
Artículo
62.- Se enmienda el Artículo 16.2 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para
que lea como sigue:
“Artículo
16.2.-Deber de Informar.-
Siempre
que la Oficina de Gerencia de Permisos establezca responsabilidad por la
violación a esta Ley o cualquier ley aplicable por parte de cualquier
profesional que certifique planos o documentos o la inspección de una obra,
notificará al Departamento de Justicia, a la Junta de Planificación, al Colegio
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de Arquitectos
y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de Geólogos, a
la Junta Examinadora de Planificadores, al Colegio de Abogados de Puerto Rico,
y a cualquier otra entidad profesional, según aplique, para que proceda con las
acciones que en derecho correspondan. El hecho de no efectuar tal
notificación, no relevará al profesional que certifica de su responsabilidad.”
Artículo
63.- Se enmienda el Artículo 17.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
17.1.- Penalidades.-
(a)…
(b)
Toda persona que infrinja una orden o resolución de cierre emitida por la
Oficina de Gerencia de Permisos será culpable de delito grave de cuarto grado
y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de
ciento ochenta (180) días o multa que no excederá de diez mil (10,000) dólares
por cada día en que se mantenga la infracción a esta Ley o reglamentos; o ambas
penas a discreción del Tribunal;
(c)…
(d)…
Las
disposiciones de este Artículo no limitan lo dispuesto por las leyes que
regulan las profesiones, sus certificaciones o las licencias de los
Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados, así como las de cualquier
otro oficio, para acción disciplinaria por violaciones a las mismas,
independientemente de cualquier acción criminal instada bajo esta Ley. El
Tribunal notificará cualquier sentencia dictada por violaciones a esta Ley al
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Colegio de Arquitectos y
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de Arquitectos y
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de
Planificadores, a la Junta Examinadora de Geólogos, al Colegio de Abogados, a
la Oficina de Gerencia de Permisos, y a cualquier otra entidad profesional,
según aplique. Se dispone que la responsabilidad penal descrita en el inciso
(c) de este Artículo no prescribirá; en cuanto al inciso (d) de este Artículo,
se dispone que prescribirá a los cinco (5) años a partir de la fecha en que se
descubrió el acto constitutivo de delito. Se dispone, además, que en los
delitos descritos en los incisos (f) y (g) de este Artículo, la acción penal
prescribirá a los veinte (20) años desde la aprobación del permiso.”
Artículo
64.- Se enmienda el Artículo 18.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 18.4.-Recopilación
de información y creación de bases de datos.-
A
petición del Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, y en
coordinación con la Junta de Planificación las Entidades Gubernamentales
Concernidas obtendrán, compilarán y proveerán a la Oficina de Gerencia de
Permisos, toda aquella información o documentación en papel, digital, o de
cualquier otro tipo que sea necesaria para el cumplimiento de las facultades y los
deberes que bajo esta Ley se le asignan a dicha Oficina.
Artículo
65.- Se enmienda el Artículo 18.6 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
18.6.- Aplicabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme.-
La
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme será de aplicación a todos los
procedimientos para la evaluación, el otorgamiento o la denegación de
determinaciones finales y permisos, recomendaciones, certificaciones,
licencias, certificados, incluyendo determinaciones de cumplimiento ambiental
relacionados a Declaraciones de Impacto Ambiental, o cualquier otra
autorización similar otorgada por la Oficina de Gerencia de Permisos, los
Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, el Profesional Autorizado e
Inspector Autorizado, así como la adjudicación de querellas u órdenes
administrativas por el Director Ejecutivo, por las Entidades Gubernamentales
Concernidas, o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, al amparo
de las disposiciones de esta Ley, salvo en las instancias que expresamente se
disponga lo contrario o en aquellos casos donde esta Ley resulte inconsistente
con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.”
Artículo
66.- Se enmienda el Artículo 18.8 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo 18.8.-Responsabilidad.-
La Oficina de Gerencia de Permisos, los Oficiales
de Permisos y sus directores individuales, al igual que los oficiales, agentes
o empleados de éstas no incurrirán en responsabilidad civil por cualquier
acción tomada de buena fe en el desempeño de sus deberes y responsabilidades,
conforme a las disposiciones de esta Ley, y serán indemnizados por todos los
costos que incurran con relación a cualquier reclamación para la cual gozan de
inmunidad, de acuerdo a lo aquí dispuesto y bajo las leyes de Puerto Rico y los
Estados Unidos de América. Los Profesionales Autorizados no estarán cobijados
bajo esta disposición y responderán individualmente en cualquier acto judicial
que se origine contra el Estado.”
Artículo
67.- Se enmienda el Artículo 18.10 de la Ley 161-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
para que lea como sigue:
“Artículo
18.10.-Disposiciones Relativas a los Municipios.-
En
armonía con las facultades autonómicas que le concede a los Municipios la Ley
81-1991, a los Municipios Autónomos que en virtud de lo establecido en los
Capítulos XIII y XIV del referido estatuto, hayan adquirido o estén en proceso
de adquirir de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Agencia sucesora de la
Administración de Reglamentos y Permisos, y la Junta de Planificación, las
competencias de rigor para la concesión o denegación de los permisos, le
aplicarán únicamente aquellos Artículos de esta Ley donde específicamente así
se disponga. Dichos Municipios continuarán emitiendo sus decisiones siguiendo
los procedimientos instituidos a tales fines por los Alcaldes y sus
Legislaturas Municipales a través de la Oficina de Permisos o Directorías,
creadas a nivel municipal para atender esta encomienda, todo ello sujeto a la
Ley de Municipios Autónomos y al Convenio de Delegación de Competencias. En
los casos de los Municipios que estén en proceso de adquirir la competencia, en
el diseño de sus planes de ordenación o que tengan en sus planes los diseños y
futura implantación de estos planes, la excepción será igualmente aplicable,
excepto que la transferencia de competencias se regirá por los convenios que al
respecto cada Municipio formalice con la Oficina de Gerencia de Permisos y la
Junta de Planificación, siguiendo las disposiciones de la Ley 81-1991. Aunque
se reconocen las facultades de los Municipios antes descritas, los gobiernos
municipales examinarán sus reglamentos y procedimientos, de manera que se
adopten las disposiciones de esta Ley encaminadas a modernizar, mecanizar y
agilizar la concesión o denegación de permisos.
Los
Municipios Autónomos que tengan convenio de delegación de competencias y
transferencias de jerarquías y facultades, al amparo de la Ley 81-1991, o las
que adquieran en el futuro, a partir de la fecha en que entre en vigor esta
Ley, podrán establecer un procedimiento de emisión de determinaciones finales
discrecionales, al amparo de las disposiciones de esta Ley y los requisitos que
se dispongan en el Reglamento Conjunto.
Los
Municipios Autónomos con convenio de delegación de competencia y transferencia
de jerarquías y facultades, al amparo de la Ley 81-1991, supra, y que
así lo hayan establecido en dicho convenio o las que adquieran en el futuro a
partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, recibirán un quince (15) por
ciento de los cargos y derechos aplicables, en aquellas solicitudes
provenientes de sus municipios que no estén dentro de la jerarquía concedida y
que sean adjudicadas por Junta de Planificación o el Director Ejecutivo.”
Artículo
68.- Se enmienda el inciso (d) (2) del Artículo 10 de la Ley 8-2004, según enmendada,
conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, para
que lea como sigue:
“…
(d) Planificación
y autorización
(1.) …
(2.)
La Oficina de Gerencia de Permisos tendrá la facultad y deber de evaluar y
expedir aquellos permisos y recomendación que regulan actividades relacionadas
directa o indirectamente al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico. La
Oficina de Gerencia de Permisos evaluará y expedirá o denegará dichas
recomendaciones y permisos, de conformidad con las disposiciones establecidas
en las leyes y los reglamentos aplicables. El Secretario
fiscalizará el cumplimiento de los peticionarios con los permisos y las recomendaciones,
cuya evaluación y expedición ha delegado a la Oficina de Gerencia de Permisos y
las violaciones que determine han ocurrido, serán atendidas y adjudicadas por dicha
Oficina.”
Artículo
69.- Revisión de reglamentos
Dentro
del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de que entre en
vigor esta Ley, las Entidades Gubernamentales Concernidas y todos los
departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades
públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico revisarán, enmendarán o
derogarán sus reglamentos administrativos, órdenes administrativas y memorandos
que establecen procedimientos, políticas y formularios de permisos, con la
intención de simplificar y aclarar los procesos de permisos para atemperarlos a
la política pública adoptada en esta Ley. Dentro del término de treinta (30)
días contados a partir de concluido el período arriba instituido para la
revisión de los reglamentos, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia
de Permisos someterá un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico.
Artículo
70.- Transferencia de Personal
Se transfiere a la Oficina de Gerencia de Permisos y a
la Junta de Planificación el personal con estatus regular de carrera de la
Oficina del Inspector General de Permisos, de la Junta Adjudicativa y de la
Junta Revisora, según corresponda. Serán reconocidos los derechos adquiridos
de todos los empleados que serán transferidos a la Oficina de Gerencia de
Permisos y la Junta de Planificación, incluyendo el Convenio Colectivo
existente y el representante exclusivo certificado por la Comisión de
Relaciones del Trabajo del Servicio Público mediante certificación a esos
fines. Los empleados de confianza que a dicha fecha tuvieren derecho a
reinstalación, a tenor con lo dispuesto en la Sección 9.2 de la Ley 184-2004,
según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración de los Recursos
Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, serán
transferidos conforme a las disposiciones estatutarias y reglamentarias
aplicables.
Las transferencias se harán en consideración a las
funciones que realizaba cada empleado en la Oficina del Inspector General de
Permisos, Junta Adjudicativa y la Junta Revisora, pero estarán sujetas a las
necesidades de personal, la disponibilidad de los recursos económicos de la
Oficina de Gerencia de Permisos y de la Junta de Planificación y al volumen de
casos que reciban dichas Agencias.
El personal a ser transferido conservará los mismos
derechos y beneficios que tenía en relación con su cargo de carrera, así como
los derechos y las obligaciones respecto a cualquier sistema de pensión, retiro
o fondos de ahorros y préstamos.
La clasificación, reclasificación y retribución de los
puestos se establecerá acorde con los planes de clasificación y retribución
aplicables en la Oficina de Gerencia de Permisos y de la Junta de
Planificación, según aplique. Los empleados transferidos deberán reunir los
requisitos de la clasificación de los puestos a que se asignen sus funciones.
Todos
los demás asuntos relacionados al personal y los recursos humanos a ser
transferidos a la Oficina de Gerencia de Permisos serán atendidos por el
Director Ejecutivo y los transferidos a la Junta de Planificación por su
Presidente, mediante orden administrativa a tales efectos, en cumplimiento con
las leyes relacionadas a la administración de personal del gobierno y conforme
con los acuerdos y derechos adquiridos en el Convenio Colectivo existente. El Presidente
y el Director Ejecutivo deberán trabajar en coordinación y cooperación con el
Inspector General de Permisos y el Presidente de la Junta Revisora y el
representante exclusivo de los empleados, respectivamente, en todo lo relativo
a la transferencia de personal.
Artículo
71.- Transferencia de propiedad
Toda
propiedad o cualquier interés en ésta, récords, archivos, documentos, bienes
muebles e inmuebles, fondos ya asignados o a ser hechos disponibles en el
futuro, incluyendo sobrantes, activos y acreencias de toda índole, obligaciones
y contratos de cualquier tipo, licencias, permisos y otras autorizaciones de la
Oficina del Inspector General de Permisos, la Junta Adjudicativa y la Junta
Revisora se trasferirán a la Oficina de Gerencia de Permisos y a la Junta de
Planificación, para que éstas las utilicen para los fines y propósitos de esta
Ley. Consecuentemente, todos los cargos, derechos, multas administrativas,
civiles, penalidades o pagos que hayan ingresado a los Fondos Especiales creados
en virtud de los Artículos 10.17 y 11.9, que por esta Ley se derogan, serán
transferidos a la Oficina de Gerencia de Permisos y a la Junta de Planificación,
según corresponda.
Artículo
72.-Transferencia de funciones
Se
transferirá de la Oficina del Inspector General de Permisos, la Junta
Adjudicativa y la Junta Revisora a la Oficina de Gerencia de Permisos cualquier
otra facultad o función que previo a la aprobación de esta Ley haya podido ejercer
el Inspector General de Permisos, la Oficina del Inspector General de Permisos,
la Junta Adjudicativa o la Junta Revisora, que no hubiere sido transferida o
encomendada expresamente, para que la Oficina de Gerencia de Permisos las
utilice para la consecución de los fines y los propósitos de esta Ley.
Cualquier función de la Oficina del Inspector General de Permisos, la Junta
Adjudicativa y la Junta Revisora será ejercida, a partir de la vigencia de esta
Ley, por la Oficina de Gerencia de Permisos, siempre y cuando, el ejercicio de estas
funciones no menoscabe o incumpla con las disposiciones transitorias contenidas
en esta Ley.
Se
transferirá las divisiones de Auditoría de Determinaciones Finales de la
Oficina del Inspector General de Permisos a la Junta de Planificación y cualquier
otra facultad o función que previo a la aprobación de esta Ley haya podido
ejercer la Oficina del Inspector General de Permisos con relación a las
auditorías, que no hubiese sido transferida o encomendada expresamente, para
que la Junta de Planificación las utilice para la consecución de los fines y
los propósitos de esta Ley.
Con
excepción de las divisiones de Auditoría de Determinaciones Finales, se
transferirá de la Oficina del Inspector General de Permisos todas sus
divisiones y los puestos de la Junta Revisora a la Oficina de Gerencia de
Permisos. Además se mantendrán en la Oficina de Gerencia de Permisos todos los
puestos de apoyo creados dentro de la Junta Adjudicativa excepto los puestos de
los miembros de la Junta Adjudicativa.
Cualquier
función de la Oficina del Inspector General de Permisos, Junta Revisora y Junta
Adjudicativa será ejercida, a partir de la vigencia de esta Ley, por la Junta
de Planificación o por la Oficina de Gerencia de Permisos, según aplique,
siempre y cuando, el ejercicio de estas funciones no menoscabe o incumpla con
las disposiciones transitorias contenidas en esta Ley.
Artículo
73.- Casos pendientes ante la consideración de la Junta Adjudicativa y la Oficina
del Inspector General de Permisos.-
Cualquier
adjudicación de una determinación discrecional, procedimiento administrativo,
caso, querella o acusación pendiente por violaciones a las leyes o parte de
éstas, que se estén tramitando por o ventilando ante la Junta Adjudicativa o el
Inspector General de Permisos, respectivamente, se transferirá a la Oficina de
Gerencia de Permisos o a la Junta de Planificación según corresponda para que
se sigan tramitando a tenor con las disposiciones de esta Ley.
Artículo
74.- Casos pendientes ante la consideración de la Junta Revisora
Los
casos pendientes de resolución ante la Junta Revisora se seguirán tramitando,
ventilando y adjudicando ante dicha Junta por un período no mayor de ciento
ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta Ley; período en el cual
la Junta de Planificación deberá adoptar la reglamentación correspondiente para
revisar aquellas determinaciones finales pendientes al momento de la aprobación
de esta Ley. En caso de que la Junta de Planificación adopte la referida
reglamentación en un período menor al aquí establecido, las funciones
adjudicativas de la Junta Revisora cesarán de inmediato y los casos pendiente
de resolución serán transferidos a la Junta de Planificación.
Artículo
75.- Interpretación
Esta
Ley deberá ser interpretada de forma que no afecte o menoscabe los derechos,
las responsabilidades y las obligaciones de las personas, naturales o jurídicas,
que hayan sido adquiridas o contraídas previo a la aprobación de esta Ley. Esta
Ley no se interpretará de manera que cree jurisdicción o competencia, ni
subsane deficiencias jurisdiccionales o de competencia, en caso, procedimiento
administrativo o querella alguna pendiente o en curso cuando dicha jurisdicción
o competencia no existía previo a la aprobación de esta Ley.
Artículo
76.- Cláusula Derogatoria
Cualquier
disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las disposiciones
de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal
incompatibilidad.
Artículo
77.- Separabilidad
Si
cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte
de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.
El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere
sido anulada o declarada inconstitucional.
Artículo
78.-Vigencia y transición
Esta
Ley comenzará a regir a partir de los treinta (30) días siguientes a su
aprobación, con excepción de los Artículos relativos a la transferencia de
personal, propiedad y funciones (Artículos 70, 71 y 72 de esta Ley), los cuales
comenzarán a regir inmediatamente a partir de la aprobación de esta Ley. Las
transferencias ordenadas en virtud de esta Ley deberán realizarse en un período
no mayor de treinta (30) días, a partir de la aprobación de esta Ley.
Disponiéndose, sin embargo, que en el caso de la Junta Revisora, ésta tendrá
treinta (30) días, a partir de la aprobación del reglamento de revisión de
determinaciones finales a ser adoptado por la Oficina de Gerencia de Permisos,
en unión a la Junta de Planificación, para culminar con las transferencias
ordenadas por esta Ley. No obstante, la Junta Revisora queda autorizada a
comenzar las transferencias en cuestión, a partir de la aprobación de esta Ley,
siempre y cuando no se afecten los trabajos y las funciones de la Junta
Revisora.
El
Gobernador, o la persona que éste designe, tendrá la facultad para adoptar
aquellas medidas transitorias y tomar las decisiones necesarias para que se
efectúe la transferencia ordenada por esta Ley sin que se menoscaben los
propósitos de ésta. De igual forma, el Director Ejecutivo y el Presidente de
la Junta de Planificación tendrá la facultad para adoptar aquellas medidas
transitorias y tomar las decisiones necesarias para que se efectúe la
transferencia ordenada por esta Ley sin que se menoscaben los propósitos de
ésta.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
2. Presione Aquí para
buscar enmiendas posteriores de tener alguna. Debe buscar desde la fecha de
esta ley al presente.
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