Ley Núm. 67 del año 2014
(P. del S. 368);
2014, ley 67
(Conferencia)
(Reconsiderado)
Para enmendar los Artículos 3.002 y 11.006 de
la Ley Núm. 222 de 2011, Ley para la Fiscalización del Financiamiento de
Campañas Políticas; los Artículos 2.003, 3.008, 4.005, 5.002 y 9.039 de la Ley
Núm. 78 de 2011, Código Electoral de Puerto Rico y enmienda la Ley de
Judicatura y otras leyes.
LEY NÚM. 67 DE 17 DE JUNIO DE 2014
Para enmendar los Artículos 3.002 y 11.006 de la
Ley 222-2011, según enmendada, conocida como la “Ley para la Fiscalización del
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”; los Artículos 2.003, 3.008,
4.005, 5.002 y 9.039 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como el “Código
Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”; los Artículos 2.012 y 5.005 de la
Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”; y los Artículos 2, 7 y 8 de la Ley 91-1991,
según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y
Candidatos a Jueces”, con el fin de restaurar los deberes y responsabilidades
que históricamente ha tenido el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo,
conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo V, Sección 7, dispone
que “[e]l Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y
nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de
dicho magistrado”. A base de esa facultad constitucional, por los últimos
sesenta años, la Oficina de Administración de los Tribunales y las demás
dependencias e instrumentalidades que componen la Rama Judicial han sido
administradas bajo la dirección y el liderato del Juez(a) Presidente(a) y del Director(a)
Administrativo(a) de los Tribunales. Dicha práctica histórica responde a que la
administración del sistema judicial que adoptó nuestra Constitución se
fundamenta en un sistema ejecutivo centralizado, no colegiado, de autoridad
administrativa bajo la dirección única del Juez(a) Presidente(a) y el(la)
Director(a) Administrativo(a) que éste designa a su discreción. Véase, José Trías
Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, 221 (1978).
Por
otro lado, la citada disposición constitucional también establece que “[e]l
Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las
que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y
fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno”. Art.
V, Sec. 7, Const. ELA. Por ello, el poder del Tribunal Supremo de adoptar
reglas administrativas se debe ejercer en armonía con la legislación aplicable.
En atención a esa autoridad constitucional, en el pasado cuatrienio la Asamblea
Legislativa enmendó varias leyes para reducir la autoridad administrativa del
Juez(a) Presidente(a) en distintas esferas, dependencias e instrumentalidades
de la Rama Judicial. Por ejemplo, la Ley 45-2010 eliminó la facultad que tenía
el(la) Juez(a) Presidente(a) de designar a los miembros de la Comisión de
Evaluación Judicial y extrajo dicha dependencia de la Oficina de este
funcionario, a la cual estuvo adscrita desde que ésta se creó mediante la Ley 91-1991.
Esta
Asamblea Legislativa entiende que el(la) Juez(a) Presidente(a) es la figura
constitucional competente y adecuada para regir y administrar los tribunales y
las distintas dependencias e instrumentalidades que conforman la Rama Judicial.
A tenor con ello, se enmienda la Ley 21-2003, según enmendada, conocida como la
“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y otras leyes
relativas a la Rama Judicial, a los fines de aclarar y demarcar las facultades
y deberes administrativos del Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de
Puerto Rico.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE
PUERTO RICO:
Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 3.002 de la Ley 222-2011, según
enmendada, conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de
Campañas Políticas en Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
3.002.- Destitución y Vacante de los Cargos de Contralor Electoral y
Contralores Auxiliares.
El
Contralor Electoral y los Contralores Auxiliares podrán ser destituidos por las
siguientes causas:
…
Las
querellas por las causas de destitución, antes mencionadas, serán presentadas
ante la Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral, la cual referirá las
mismas para que sean atendidas, de conformidad al debido procedimiento de ley
por un panel de tres (3) jueces del Tribunal de Primera Instancia, designados por
el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico.”
Artículo
2.- Se enmienda el Artículo 11.006 de la Ley 222-2011, según enmendada,
conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas
Políticas en Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
11.006.-Designación de jueces y juezas en casos electorales.
Todas
las acciones y procedimientos judiciales, civiles o penales, que dispone y
reglamenta esta Ley serán tramitados por los jueces y juezas del Tribunal de
Primera Instancia que sean designados por el(la) Juez(a) Presidente(a) del
Tribunal Supremo de Puerto Rico.”
Artículo
3.- Se enmienda el inciso (88) del Artículo 2.003 de la Ley 78-2011, según
enmendada, conocida como el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”,
para que lea como sigue:
“Artículo
2.003.- Definiciones.
A los
efectos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado
que a continuación se expresa:
(1) …
…
(88)
“Tribunal” — Cualesquiera salas y jueces del Tribunal General de Justicia de
Puerto Rico designados por el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de
Puerto Rico para atender los casos electorales de conformidad con esta Ley y
con la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en
Puerto Rico”.”
Artículo
4.- Se enmienda el Artículo 3.008 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida
como el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, para que lea como
sigue:
“Artículo
3.008.- Destitución y Vacante de los Cargos de Presidente, Alterno al
Presidente y Vicepresidentes.
El
Presidente, Alterno al Presidente y los Vicepresidentes podrán ser destituidos
por las siguientes causas:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Las
querellas por las causas de destitución antes mencionadas serán presentadas
ante la Secretaría de la Comisión, las mismas serán referidas y atendidas por
un panel de tres (3) jueces del Tribunal de Primera Instancia designados por
el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico, según
dispuesto por el Artículo 4.005 de esta Ley. Cualquier determinación final
realizada por el panel de jueces, podrá ser revisada conforme al proceso
establecido en el Capítulo IV de esta Ley.
…”
Artículo
5.- Se enmienda el Artículo 4.005 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida
como el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, para que lea como
sigue:
“Artículo
4.005. — Designación de Jueces y Juezas en casos electorales
Todas
las acciones y procedimientos judiciales, civiles o penales, que dispone y
reglamenta esta Ley serán tramitados por los jueces y juezas del Tribunal de
Primera Instancia que sean designados por el(la) Juez(a) Presidente(a) del
Tribunal Supremo de Puerto Rico.”
Artículo
6.- Se enmienda el Artículo 5.002 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida
como el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, para que lea como
sigue:
“Artículo
5.002.- Comisiones Locales de Elecciones.
En
cada precinto electoral se constituirá una Comisión Local. Las mismas serán de
naturaleza permanente y estarán integradas por un Presidente o Presidenta,
quien será un juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia, designado por
el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo de Puerto Rico, según dispone
el Artículo 4.005 de esta Ley, a solicitud de la Comisión. …”
Artículo
7.- Se enmienda el inciso (k) del Artículo 9.039 de la Ley 78-2011, según
enmendada, conocida como el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”,
para que lea como sigue:
“Artículo
9.039. — Electores con Derecho al Voto Adelantado.
Tendrán
derecho a votar voluntariamente mediante el procedimiento de voto adelantado
los electores debidamente calificados que se encuentren en Puerto Rico en
cualquiera de las categorías que se mencionan a continuación:
(a) …
…
(k) los jueces y
juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones que sean
designados por el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo para atender
los casos electorales que estén laborando el día de la elección.
…”
Artículo 8.- Se enmienda
el Artículo 2.012 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de
la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea como
sigue:
“Artículo 2.012.- Juez
Presidente: facultades administrativas; asignación y designaciones de jueces y
otros funcionarios.
El Juez Presidente del
Tribunal Supremo dirigirá la administración del Tribunal General de Justicia,
será responsable del funcionamiento eficiente de los tribunales, promoverá la
responsabilidad de los jueces en la ejecución de sus obligaciones judiciales y
velará por el cumplimiento de los principios y objetivos de esta Ley.
A tenor con lo dispuesto
por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a un
sistema judicial unificado, el Juez Presidente tendrá la facultad exclusiva de
designar y asignar a los jueces administradores, conforme al Artículo
2.013 de esta Ley, a los jueces para celebrar sesiones en el Tribunal de
Primera Instancia, y a los jueces a los diversos paneles del Tribunal de
Apelaciones; podrá modificar tales asignaciones, según surja la necesidad para
ello y podrá designar jueces de un nivel a ejercer la competencia de jueces de
otro nivel, de conformidad con las normas que adopte a tales efectos, tomando
en cuenta el fin último de los tribunales de resolver los casos y controversias
de manera justa, rápida, efectiva y eficiente.
Las designaciones
administrativas para ocupar cargos como jueces en tribunales de superior
jerarquía sólo podrán efectuarse en situaciones extraordinarias y por un
período de tiempo limitado que no podrá exceder el término ininterrumpido de un
(1) año en conformidad con las necesidades del sistema judicial.
Además, el Juez
Presidente tendrá la facultad exclusiva de designar a todos los funcionarios y
empleados que fueren necesarios para la administración de las distintas
dependencias, instrumentalidades y juntas de la Rama Judicial.
Todo juez que sea
designado para ocupar un puesto como funcionario de confianza en el servicio
central de la Rama Judicial, como lo es el de Director Administrativo de los
Tribunales y aquellos otros puestos que determine el Juez Presidente que no
sean incompatibles con el cargo de juez, podrá servir por más de un (1) año en
la posición de confianza y quedará relevado de sus funciones judiciales pero retendrá,
a todos los fines pertinentes a su cargo, la condición y derechos de juez
mientras desempeñe las funciones asignadas. Durante tal período devengará el
sueldo correspondiente al puesto de confianza o el correspondiente a su cargo
de juez, el que sea mayor, y una vez cese en el mismo, recibirá aquel sueldo
que le habría correspondido si hubiera continuado las funciones ininterrumpidamente
en su cargo de juez del Tribunal General de Justicia. Tal designación no
afectará el transcurso del término de nombramiento correspondiente al cargo de
juez del Tribunal General de Justicia que ostente ni los derechos al amparo de
las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según
enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Retiro de la Judicatura”.”
Artículo 9.- Se enmienda el
Artículo 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la
Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 5.005.- Sedes y
Salas; Sesiones; Jurados:
…
El Juez Presidente
designará al menos una (1) sala especializada para atender juicios de
asesinatos en todas las regiones judiciales que entienda necesario, dando
prioridad a las regiones judiciales de mayor incidencia criminal. La
designación correspondiente deberá detallar el proceso a seguir, el cual
conlleva el referido del caso a la sala especializada, una vez se determine
causa para acusar. A su vez, la misma deberá contemplar medidas alternas que
puedan ser necesarias para evitar la acumulación de los casos en la sala
especializada.
Dichas Salas deberán ser
presididas por jueces con adiestramiento especializado en el área criminal, los
cuales serán designados exclusivamente por el Juez Presidente. En aquellas
regiones en que se decida no establecer una Sala Especializada fija, la Rama
Judicial deberá establecer aquellas reglas y procedimientos internos que sean
necesarios para garantizar que los casos de asesinatos sean atendidos por un
juez con adiestramiento especializado en el área criminal.”
Artículo 10.- Se enmienda
el inciso (b) del Artículo 2 de la Ley 91-1991, según enmendada, conocida como la
“Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces”, para que lea
como sigue:
“Artículo 2.-
Definiciones
(a)…
(b) "Comisión" o "Comisión de Evaluación Judicial"-
la Comisión de Evaluación Judicial, adscrita a la Oficina del Juez
Presidente del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
creada por esta Ley.
(c) …
(d) …
(e) …”
Artículo 11.- Se
enmienda el Artículo 7 de la Ley 91-1991, según enmendada, conocida como “Ley
del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces”, para que lea como
sigue:
“Artículo 7.- Comisión de
Evaluación Judicial
Por la presente se crea
una Comisión de Evaluación Judicial, adscrita a la Oficina del Juez Presidente
del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con facultad para desarrollar y aplicar un
sistema de evaluación del desempeño de los Jueces del Tribunal de Primera
Instancia que cumpla con los siguientes propósitos institucionales: que provea
la información más adecuada que fomente el compromiso de los jueces con su
propio mejoramiento profesional; recomendar programas de educación continua y
mejoramiento profesional; que atienda eficaz y efectivamente las necesidades de
la judicatura; recomendar una asignación más eficiente y un mejor uso de los
recursos judiciales y hacer recomendaciones al Gobernador relativas a la
renominación y ascenso de jueces.”
Artículo 12.- Se
enmienda el Artículo 8 de la Ley 91-1991, según enmendada, conocida como “Ley
del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces”, para que lea como
sigue:
“Artículo 8.- Composición
de la Comisión.
La Comisión de Evaluación
estará compuesta por nueve (9) miembros seleccionados y nombrados por el Juez
Presidente del Tribunal Supremo. De sus miembros habrá uno (1) que será un
Juez del propio Tribunal Supremo y quien actuará como Presidente de la
Comisión, por lo menos uno (1) que no será abogado y uno (1) que tenga
experiencia en asuntos gerenciales y de administración.”
Artículo 13.- Cláusula derogatoria.
Se deroga cualquier
disposición de ley o reglamento vigente que sea incompatible –ya sea de manera
expresa o implícita- con cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición,
sección, inciso o parte de esta Ley.
Artículo 14.- Cláusula
de separabilidad.
Si cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley
fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El
efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo,
disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada
inconstitucional.
Artículo 15.- Vigencia.
Esta Ley comenzará a
regir inmediatamente después de su aprobación.
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