Ley Núm. 85 del año 2014
(P. de la C. 1943);
2014, ley 85
Para derogar la Ley Núm. 248-2012, Ley de Procedimientos Administrativos Expeditos para
el Bienestar de la Niñez” y
enmendar otras leyes relacionadas.
LEY
NUM. 85 DE 9 DE JULIO DE 2014
Para derogar la Ley Núm.
248-2012, mejor conocida como la “Ley
de Procedimientos Administrativos Expeditos para el Bienestar de la Niñez”; enmendar las Secciones 21 y 22 de la Ley Núm. 186-2009, según
enmendada, conocida como “Ley de
Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”;
enmendar los Artículos 21-A y 21-D de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931,
según enmendada; y para enmendar los Artículos 23, 32, 37, 39, 42, 49 y 52, de
la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores”.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Es de conocimiento general que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa
por una difícil situación económica que requiere la implantación inmediata de
medidas que garanticen el control y manejo adecuado de los limitados recursos
del Gobierno. Ante dicha situación, esta Asamblea Legislativa estima necesario
reestructurar algunas instrumentalidades públicas para lograr un gobierno más
eficiente, que reduzca o elimine la duplicidad de labores y consolide recursos
a modo de maximizar el uso de los fondos públicos y crear más agilidad en la
gestión gubernamental. Esto, persiguiendo el compromiso de la presente
Administración, de gestar una verdadera política de responsabilidad fiscal.
La
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo III, Sección 16, otorga a la Asamblea Legislativa
una de las facultades más importantes para la operación del Estado: “crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y
definir sus funciones.” De aquí surge la autoridad para configurar la
estructuración de todos los organismos de gobierno sobre los cuales recae la
tarea de administrar los recursos públicos y brindar servicios a la
ciudadanía. La forma en que cada agencia, administración, instrumentalidad o
corporación pública esté configurada, en términos de su funcionamiento y
operación, resulta determinante para el éxito o fracaso de las políticas
públicas que justificaron en primera instancia su creación.
A través de la Ley Núm. 248-2012, mejor conocida como la “Ley de Procedimientos Administrativos Expeditos para el Bienestar de la
Niñez”, se creó un organismo administrativo, como un mecanismo adicional, en el que se atienden
los procedimientos de adopción, determinaciones de custodia de emergencia y de
relevo de esfuerzos y privaciones de patria potestad, conforme a la Ley Núm. 246-2011.
Esta Ley creó diez (10) puestos de Jueces Administrativos asignados
a distintas regiones del Departamento de la Familia. Estos jueces devengan un
salario mínimo de $72,000.00. Entre sus funciones al amparo de la Ley, estos Jueces
Administrativos tienen la facultad de celebrar vistas, tomar juramentos,
dirigir y permitir que las partes utilicen el descubrimiento de información que
agilice el trámite y la solución de las controversias, recibir testimonios, y
cualquier otra evidencia a través de grabaciones en cintas de sonido y vídeo-sonido
para establecer el récord del caso. También les compete dirigir, ordenar y
permitir que las partes lleven a cabo reuniones y conversaciones transaccionales;
entre otras labores. Finalmente, la ley dispone que la parte que no esté
conforme con las determinaciones tomadas por estos jueces deberá acudir ante el
Tribunal de Primera Instancia mediante un procedimiento ordinario.
Resulta evidente que la Ley Núm. 248-2012 no
consideró la imposición que implicaría al erario, la creación de diez (10) puestos de Jueces Administrativos, con un salario mínimo de
$72,000.00. Esto, además de que la implantación de esta Ley se
ha traducido en duplicidad de esfuerzos toda vez que en su Artículo 4 establece
que la competencia de dichas Salas Administrativas es concurrente con la
ejercida por los tribunales. De modo que el peticionario tiene la opción de
presentar el asunto ante el Juez Administrativo o ante el Tribunal, según lo
estime conveniente.
No cabe duda de que la creación de estos puestos
constituyó una determinación gerencial inadecuada y que,
hoy menos que nunca, se ajusta al marco económico y gubernamental del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. A esos efectos, es necesario que esta Asamblea
Legislativa corrija esa deficiencia en la estructura gubernamental y que lo
haga con carácter de urgencia.
Al
amparo de la facultad que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico le reconoce a esta Asamblea Legislativa en la Sección 16 de su Artículo III, esta Ley ordena la eliminación de dichos puestos.
Así las cosas, se reestructura el sistema a su estado original, de modo que corresponderá
exclusivamente a los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con
competencia, atender los procedimientos de adopción,
determinaciones de custodia de emergencia y de relevo de esfuerzos y
privaciones de patria potestad, conforme a la Ley 246-2011, según enmendada.
DECRÉTASE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.-Se
deroga la Ley Núm. 248-2012 conocida como la “Ley de
Procedimientos Administrativos Expeditos para el Bienestar de la Niñez”,
incluyendo los puestos que fueron creados al amparo de esta Ley.
Sección 2.-Se enmienda el primer párrafo de la Sección 21 de la Ley Núm.
186-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”, para que lea como sigue:
“Sección 21.-Procedimientos de Adopción en Menores
Liberados de Patria Potestad
En aquellos casos en que un menor haya sido liberado de
patria potestad, ya sea mediante un procedimiento ordinario en casos de
maltrato bajo la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad,
Bienestar y Protección de Menores” o cualquier ley subsiguiente, o mediante el
trámite voluntario de entrega de custodia y patria potestad, establecido en la
Sección 20 de esta Ley, la parte promovente podrá presentar la petición del
procedimiento de adopción ante el tribunal del procedimiento de adopción de
dicho menor, observando las garantías procesales necesarias para que este menor
sea colocado en un hogar adoptivo debidamente acreditado por el Departamento,
dentro del menor tiempo posible.
…”
Sección 3.-Se enmienda la Sección 22 de la
Ley Núm. 186-2009, según enmendada, conocida como “Ley
de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de
2009”, para que lea como sigue:
“Sección 22.-El Departamento promoverá diligentemente
la privación de patria potestad de los padres, en todos los casos en los que el
plan de permanencia del menor sea la adopción. Una vez el Departamento asuma
la tutela del menor, el Departamento o la agencia de adopción debidamente
licenciada por el Departamento, otorgará un convenio de colocación con una
parte adoptante debidamente cualificada y que tenga prioridad, según el
Registro. Sólo por excepción, el Departamento o la agencia de adopción
otorgarán el convenio de colocación, previo a la privación de patria potestad de los padres del menor.
En estos casos, el convenio de colocación establecerá que la privación de
patria potestad de los padres del menor aún no ha ocurrido.
Inmediatamente luego de otorgado el convenio de
colocación, el Departamento, la agencia de adopción o la parte adoptante, una
vez el menor sea privado de patria potestad, comenzará un procedimiento de
adopción. Una vez presentado en el Tribunal, deberá sujetarse a lo dispuesto
en las disposiciones de la Ley Núm. 186-2009, según enmendada y la Ley 9-1995,
según enmendada. Con dicho fin, el Departamento o la agencia de adopción
rendirán de forma expedita, el informe de estudio social pericial al Tribunal
para la adjudicación de la petición. Sólo se actualizarán los estudios
sociales periciales con más de un (1) año de vigencia. El Departamento o
agencia de adopción notificará inmediatamente a la
parte adoptante de cualquier procedimiento instado en referencia al menor en el
que la parte adoptante no sea parte.
En los casos de Acuerdo de Adopción durante embarazo,
el Departamento ejercerá la debida diligencia para identificar al padre
biológico y notificar a éste sus derechos, conforme a lo establecido en esta
Ley. El Departamento asumirá la tutela del menor a la fecha del nacimiento.
La colocación del menor se llevará a cabo, conforme al acuerdo de adopción
otorgado con la parte adoptante. Luego de transcurrido el término de siete (7)
días de retracto, los peticionarios comenzarán un procedimiento de adopción. Una
vez presentado en el Tribunal, deberá sujetarse a lo dispuesto en las
disposiciones de la Ley 9-1995, según enmendada. Con dicho fin, el Departamento
o la agencia de adopción rendirán de forma expedita, el informe de estudio
social pericial al Tribunal para la adjudicación de la petición. Sólo se
actualizarán los estudios sociales periciales con más de un (1) año de
vigencia. El Departamento o agencia de adopción notificará inmediatamente a la parte adoptante de cualquier procedimiento
instado en referencia al menor en el que la parte adoptante no sea parte.
En los casos de Entrega Voluntaria de Menores, el
Departamento asumirá la tutela una vez otorgado el acuerdo. El Departamento
ejercerá la debida diligencia para identificar al padre o madre registral que
no haya consentido a la entrega y le notificará a éste(a) de sus derechos,
conforme a lo establecido en esta Ley. Luego de transcurrido el término de
quince (15) días de retracto, el Departamento, la agencia de adopción o la
parte adoptante podrá otorgar un convenio de colocación. Subsiguientemente,
los peticionarios comenzarán un procedimiento de adopción. Una vez presentado
en el Tribunal, deberá sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley
9-1995, según enmendada. Con dicho fin, el Departamento o la agencia de
adopción rendirán de forma expedita, el estudio social pericial de la parte
adoptante. Sólo se actualizarán los estudios sociales periciales con más de un
año de vigencia. El Departamento o agencia de adopción notificará inmediatamente a la parte adoptante de cualquier procedimiento
instado en referencia al menor en el que la parte adoptante no sea parte.
Las partes adoptantes que hayan otorgado un acuerdo de
adopción o convenio de colocación con el Departamento podrán:
1.
Presentar
petición de adopción en el tribunal, conforme a lo establecido en la Ley Núm.
9-1995, según enmendada.
2.
Intervenir
como parte en cualquier procedimiento referente al menor, tales como acción de
filiación, impugnación de privación de patria potestad, entre otros. A esos
efectos, podrán presentar prueba pericial, entre otros.
3.
Solicitar
consolidación de otros procedimientos judiciales referente al menor con el
procedimiento judicial de adopción.”
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 21-A de
la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, para que lea como
sigue:
“Artículo 21-A.- Adopciones; cambio en inscripción; confidencial
Si el nacimiento de un adoptado hubiera sido
previamente inscrito en el Registro Demográfico, el acta de inscripción de tal
nacimiento se sustituirá por otra en que conste el nuevo estado jurídico del
inscrito, como si fuese hijo legítimo de los adoptantes. Disponiéndose, que el
acta original de la inscripción del nacimiento del adoptado; la resolución del
tribunal y demás documentos se conservarán en el Registro en sobre
lacrado y serán documentos confidenciales. En ninguna certificación de
inscripción que expida el Registro se consignarán los datos de la inscripción
original, a menos que el solicitante del certificado requiera expresamente la
consignación de estos datos y así lo haya ordenado un Tribunal competente por
causas justificadas. Disponiéndose, que no necesitará dicha autorización cuando
el solicitante sea el adoptante o el adoptado.”
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 21-D de
la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 21-D.-Registro
especial de personas nacidas fuera de Puerto Rico y adoptadas en éste
En caso de que el adoptado hubiere nacido fuera de
Puerto Rico, pero fuere adoptado en la Isla, será deber del Jefe de la División
de Registro Demográfico y Estadísticas Vitales del Departamento de Salud
remitir, al funcionario correspondiente del lugar donde hubiere nacido el
adoptado, copia certificada de la resolución dictada por el Tribunal en
el caso de adopción.
El Registro Demográfico llevará un registro especial
para inscripciones de las adopciones de personas nacidas fuera de Puerto Rico y
adoptadas en Puerto Rico.”
Sección 6.-Se enmienda el cuarto párrafo
del Artículo 23 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad,
Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:
“Artículo 23.-Custodia de Emergencia
…
La custodia de emergencia a que se refiere este
Artículo no podrá exceder de setenta y dos (72) horas, salvo en los casos que
se diligencie y obtenga una autorización del Tribunal, mediante el
procedimiento establecido en esta Ley; o en aquellas circunstancias en que no
se haya podido obtener dicha autorización por estar el Tribunal en receso.”
Sección 7.-Se enmienda el segundo párrafo
del Artículo 32 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad,
Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:
“Artículo
32.-Representación Legal
...
Los intereses de cualquier menor de quien se alegue en el
Tribunal que es víctima de maltrato,
maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, serán
representados por un Procurador de Asuntos de Familia, nombrado por el
Gobernador para dicha función, quien tendrá el deber ministerial, además, de
mantener informado al menor de los aspectos más relevantes de su caso, siempre
que su capacidad intelectual y emocional lo permita.”
Sección 8.-Se enmienda el Artículo 37 de
la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores”, para que lea como sigue:
“Artículo 37.-Procedimientos de emergencia
Cuando se haya obtenido la custodia de emergencia,
conforme lo establece el Artículo 23 de esta Ley, o cuando la situación en que
se encuentra un menor representa un riesgo para su seguridad, salud e
integridad física, mental o emocional, el Trabajador Social del Departamento o
Técnico de Servicios a la Familia podrá comparecer y declarar bajo juramento,
ante un Juez del Tribunal de Primera Instancia, en forma general, breve y
sencilla, mediante un formulario preparado por la Oficina de la Administración
de Tribunales al efecto, los hechos específicos que dan base a solicitar
la protección del menor mediante una remoción.
El Tribunal tomará la determinación que considere
más adecuada para el mejor interés del menor, incluyendo una orden concediendo
custodia de emergencia para que inmediatamente se ponga al menor bajo la
custodia del Departamento, que se efectúe el tratamiento médico necesario, que
se asigne una pensión provisional alimentaria en beneficio del menor y cualquier
otra orden que el juzgador considere que asegurará el mejor bienestar del
menor. El menor no será sacado de la jurisdicción de Puerto Rico, excepto que
medie una orden del Tribunal al respecto.
El Tribunal estará obligado a entregar la custodia
provisional al Departamento, si surge de las declaraciones vertidas o de la
petición que los actos incurridos por el padre, madre o encargado, así lo
requieren, o si existe riesgo en la seguridad o el bienestar del menor.
En los casos de denegatoria de custodia provisional
de emergencia resueltos por un Juez Municipal, el Departamento o la parte
interesada podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior,
Relaciones de Familia, para solicitar una vista ordinaria de custodia de
menores dentro de los próximos veinte (20) días, contados a partir de la
determinación.”
Sección 9.-Se enmienda el primer párrafo
del Artículo 39 de la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad,
Bienestar y Protección de Menores”, para que lea como sigue:
“Artículo 39.-Vista de Ratificación de
Custodia
Dentro de los quince (15) días contados a partir de
que el Tribunal Municipal otorgue la custodia de emergencia al Departamento de
la Familia, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia,
celebrará una vista de Ratificación.
…”
Sección 10.-Se enmienda el Artículo 42 de
la Ley Núm. 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores”, para que lea como sigue:
“Artículo 42.-Vista Final
El Tribunal deberá celebrar una vista de disposición
dentro de un período que no exceda de seis (6) meses, a contarse desde que se otorgue
la custodia provisional del menor. El término sólo podrá ser prorrogado una
sola vez por seis (6) meses adicionales cuando existan causas que así lo
justifiquen y sea en el mejor interés y bienestar del menor.
Toda decisión disponiendo el regreso del menor al
hogar, deberá estar sustentada por un informe, realizado por un trabajador
social, psicólogo o siquiatra debidamente licenciado en Puerto Rico o por un
trabajador de casos, adiestrado en el servicio de protección a menores. Será
responsabilidad del Departamento presentar un informe para la consideración del
Tribunal que cumpla con las disposiciones de esta sección en todas las vistas
de disposición final. De recomendar el regreso del menor al hogar, el informe debe
demostrar, razonablemente, que las condiciones de riesgo existentes al momento
de la remoción ya no están presentes y, por lo tanto, el regreso no representa
peligro para el bienestar y la salud e integridad física, mental, emocional o
sexual del menor. No obstante, en los casos donde el Tribunal no tuviere dicho
informe, podrá determinar el regreso del menor al hogar de donde fue removido,
si luego de evaluar la prueba disponible puede determinar que ello no
constituye un riesgo a la seguridad del menor y es en el mejor interés de éste.
En los casos en que el Tribunal determine que no es
viable el regreso del menor al hogar de donde fue removido o a otro hogar
familiar según la prelación, se otorgará la custodia al Departamento o se podrá
iniciar el procedimiento para la privación de la patria potestad conforme a las
disposiciones establecidas en esta Ley. Además, podrá tomar cualquier otra
determinación necesaria para la protección del menor, tomando en consideración su
mejor interés.”
Sección 11.-Se enmiendan el segundo,
penúltimo y último párrafo del Artículo 49 de la Ley Núm. 246-2011, conocida
como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, para que lea
como sigue:
“Artículo 49.-Esfuerzos Razonables
...
En los casos en que proceda hacer esfuerzos
razonables, la determinación de razonabilidad de los esfuerzos será hecha por
el Tribunal, tomando en consideración si el Departamento puso a la disposición
del padre o la madre o persona responsable de éste, un plan de servicios que atendiera las necesidades
específicas identificadas, así como la diligencia de la agencia en proveer los
servicios y cualquier otro elemento que considere necesario el Tribunal.
…
En los casos de los incisos (d) al (m), una vez probados
los hechos, el Tribunal no tendrá discreción y deberá relevar de esfuerzos al
Departamento.
En los casos en que el Tribunal determine que no se
harán esfuerzos razonables, se celebrará una vista de permanencia para el menor
dentro de los quince (15) días siguientes a la determinación.”
Sección 12.-Se enmiendan los incisos (b),
(c) y (d) y el penúltimo párrafo del Artículo 52 de la Ley Núm. 246-2011,
conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” para
que lea como sigue:
“Artículo 52.-Petición de Privación de la Patria Potestad
El Departamento podrá iniciar un procedimiento para
la privación, restricción o suspensión de la patria potestad, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a)
…
(b)
El Tribunal ha hecho una determinación
conforme a las disposiciones de esta Ley de que no procede realizar esfuerzos
razonables y ordena que no se presten servicios de reunificación.
(c)
El Tribunal determine que el padre y/o la
madre no está dispuesto o es incapaz de tomar responsabilidad y proteger al
menor de riesgos a su salud e integridad física, mental, emocional y/o sexual y
estas circunstancias no cambiarán dentro de un período de seis (6) meses de
haberse iniciado los procedimientos, según la evidencia presentada en el
caso.
(d)
El Tribunal determina que el padre y/o la
madre no han hecho esfuerzos de buena fe para rehabilitarse y reunirse con el
menor.
…
El Departamento no tendrá que solicitar la
petición de privación de patria potestad si ha decidido colocar al menor con un
familiar o si manifiesta al Tribunal que la privación de patria potestad es
en perjuicio del mejor interés del menor.
…”
Sección 13.-El
Departamento adoptará y derogará las reglas y reglamentos que sean necesarios
para implantar esta ley no más tarde de ciento ochenta (180) días después de su
vigencia.
Sección 14.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
Notas Importantes:
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