Ley Núm. 140 del año 2014
(P. de la C. 1854); 2014, ley 140
Ley para el Mejoramiento Tecnológico,
Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico.
Ley Núm. 140 de 26 de agosto de 2014
Para crear la “Ley para
el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto
Rico”; establecer el “Fondo
para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto
Rico”; crear el “Fideicomiso para la Administración del Fondo de Mejoramiento
Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”; delimitar sus
funciones y deberes; y para otros fines relacionados.
Exposición de Motivos
Es innegable que la criminalidad es objeto de preocupación
ciudadana. En encuestas de opinión pública, la misma resulta ser uno de los
factores que más inquieta a los puertorriqueños, entre otros males sociales. Y
aunque las estadísticas del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a
diciembre de 2013, reflejan una disminución en los delitos Tipo 1, no es menos
cierto que la falta de seguridad continúa preocupando a los ciudadanos.
Para atender esta necesidad ciudadana, la labor que realiza la
Policía de Puerto Rico es importante debido a que tiene resonancia en todos los
ámbitos de la sociedad puertorriqueña. A esos fines, el Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico no debe bajar la guardia ante la criminalidad y
debe proveer mayores y mejores herramientas a la Policía de Puerto Rico, pero sobre
todo al policía que realiza trabajo de campo, el cual tiene en sus hombros
brindar protección al ciudadano puertorriqueño. Estas herramientas deben
incluir los últimos recursos tecnológicos para combatir el crimen, el equipo
adecuado y suficiente para cumplir con su deber y el mejor adiestramiento para
los oficiales. El adiestramiento debe proveerse en todas aquellas áreas del
quehacer de los miembros de la Policía que les permitan realizar sus funciones
con mayor efectividad, mejores resultados y dentro de los marcos legales que
nos cobijan.
Para el 2011, la División de Derechos Civiles del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos de América publicó un informe en el cual señaló
múltiples formas de mejorar el desempeño de los oficiales de la Policía de
Puerto Rico. Sus recomendaciones se basaron en un estudio de las querellas
realizadas por ciudadanos por violación a sus derechos civiles, así como
entrevistas y un análisis profundo del funcionamiento de la Policía de Puerto
Rico. Mediante el informe rendido el 5 de septiembre de 2011, se establece la
necesidad de profesionalizar a los miembros de la Policía de Puerto Rico entre
otras recomendaciones. Tal proceso de profesionalización debe también ir atado
a la adopción de medidas que provean al cuerpo policiaco de las herramientas
tecnológicas que han demostrado ser eficaces en otras jurisdicciones para
atender, prevenir y combatir el problema de la criminalidad.
Además, el Informe incluyó recomendaciones sobre la reforma de las
unidades tácticas de la Policía. El mismo abarca además el desarrollo de un
plan de estudios y adiestramiento que cumpla con los estándares profesionales
relacionados con las unidades tácticas especializadas. De igual modo, recomienda
medidas adecuadas para asegurar que los agentes terminen con sus
adiestramientos y programas de capacitación.
La adquisición de nuevos equipos y la modernización tecnológica de
la Policía de Puerto Rico es una de nuestras mayores prioridades junto con la
profesionalización de la Policía. Ambas áreas se complementan y son necesarias
para que al final del proceso de capacitación, el policía pueda aplicar sus
conocimientos con herramientas de trabajo atemperadas a los adelantos
tecnológicos en materia de seguridad.
La meta es que nuestro cuerpo policiaco sea uno de los más
capacitados y modernos del mundo. No podemos continuar en una lucha desigual,
en la cual el criminal está mejor equipado y con mayor acceso a herramientas
tecnológicas que el mismo policía. La criminalidad es un problema de todos y
por tal razón es responsabilidad de todos lograr el mejoramiento profesional de
la Policía.
En momentos en los cuales es necesario promover al máximo la
eficiencia en el uso de los fondos públicos, resulta apremiante crear un fondo
que provea a la Policía de Puerto Rico los recursos necesarios para atender sus
necesidades tecnológicas y de adiestramiento. Sin embargo, esto debe hacerse
bajo una estructura de administración que asegure el uso apropiado y exclusivo
de tales fondos y que sus buenas prácticas administrativas trasciendan los
cambios de administración.
Existen
estadísticas que demuestran que en Puerto Rico se pierden alrededor de cien
(100) millones de dólares anualmente en multas que no se llegan a cobrar. Se
estima que de esta cantidad, cerca de treinta y dos (32) millones de dólares no
se cobran porque nunca se registra la multa administrativa. Según la
información oficial del Departamento de Transportación y Obras Públicas, se han
recaudado en multas un promedio de $29,410,310 anuales, cifra que está muy por
debajo de los cien (100) millones que se dejan de recibir. Es importante
señalar que todas estas cuantías se limitan a las multas emitidas contra la
licencia de conducir y contra la tablilla del vehículo, excluyendo las multas de
Auto Expreso. Los recaudos que surgen de las multas de Auto
Expreso van dirigidos directamente a la Autoridad de Carreteras y no se considerarán
para nutrir el Fondo que se crea mediante esta legislación.
El DTOP, así como la Policía de Puerto Rico, debe implementar procesos
que maximicen el cobro de las multas. El veinte por ciento (20%) de la
maximización de los recaudos de multas de tránsito de licencias y vehículos,
incluidos los esfuerzos logrados a través de la mecanización de los sistemas de
procesamiento de multas implantados por el Departamento de Transportación y Obras
Públicas y la Policía de Puerto Rico, pasará a nutrir el Fondo. Además, el
Fondo se nutrirá del importe correspondiente al pago impuesto por cada
centésima sobre el límite de concentración de alcohol, establecido por Ley que
generen las multas impuestas, sobre la multa base, de conformidad con el
Artículo 7.04 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada.
Por otro lado, se generarán ingresos para el Fondo mediante el
aumento de las multas a las personas que conduzcan sin
el uso del cinturón de seguridad o permitan que otras viajen como pasajeros en un
vehículo de motor en las vías públicas sin utilizar el cinturón de seguridad,
según disponen los Artículos 13.02 y 13.03 de la Ley
Núm. 22-2000, según enmendada. Estas multas aumentarán de cincuenta (50)
dólares hasta un máximo de quinientos (500) dólares, disponiéndose que todo el
aumentó irá al Fondo.
Por último, el Fondo recibirá todo el aumento en sellos de rentas
internas que se genere como parte del incremento en los derechos a pagar como
requisito para la expedición o renovación de una licencia de guardia de
seguridad privado, detective privado, agencia de seguridad para la protección
de personas o propiedades mueble o inmueble y agencias de detectives privados.
Para garantizar el uso adecuado de dicho Fondo, esta legislación
establece una estructura para su administración, mediante la figura del
Fideicomiso, que permitirá insertar participación de los componentes con las
destrezas y el conocimiento en esta materia. Es por todo lo anterior que esta
Asamblea Legislativa considera impostergable, como parte de su compromiso con
la ciudadanía puertorriqueña y la Policía de Puerto Rico, la creación del
“Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de
Puerto Rico”, además del establecimiento de una estructura para administrarlo,
no sujeta al vaivén político, e independiente de la Policía de Puerto Rico que
garantice la transparencia en cuando al uso de estos fondos y que los mismos
sean utilizados para los propósitos esbozados en la presente Ley.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como la “Ley para el
Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”.
Artículo 2.-Se crea el “Fondo para el
Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”,
en adelante el “Fondo”. El Fondo se establece con el
propósito de proveer a la Policía de Puerto Rico los mecanismos y recursos para
complementar su labor diaria utilizando las herramientas que proveen las crecientes
innovaciones tecnológicas en el campo de la seguridad pública, la investigación
criminal, adiestramientos y capacitación profesional.
Artículo 3.-Definiciones
Los siguientes términos tendrán los significados que se expresan a
continuación:
a.
Policía-se
referirá a la Policía de Puerto Rico.
b.
Fondo-se
referirá al Fondo
para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto
Rico.
c.
Director
Ejecutivo–miembro de la Junta nombrado por el Gobernador para administrar el
Fideicomiso con los deberes designados por la Junta.
d.
Fideicomiso-se
referirá al Fideicomiso para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y
Laboral de la Policía de Puerto Rico.
e.
Junta
o Junta del Fideicomiso- se referirá al grupo de fiduciarios encargados del Fideicomiso
y compuesta por siete (7) miembros.
f.
Aportaciones-
aquellas partidas o fondos identificadas por ley que vendrán a nutrir al Fondo
y que podrán ser pareados con aportaciones privadas, estatales,
municipales o federales.
Artículo 4.-Creación del Fondo
Se crea en los libros de la Policía de Puerto Rico un fondo
especial que se denominará “Fondo para el Mejoramiento
Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”, en adelante “Fondo”.
El Fondo se mantendrá separado de otras partidas presupuestarias y
otros fondos asignados bajo la custodia de la Policía de Puerto Rico. El Fondo
será administrado por el “Fideicomiso para el Fondo
para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto
Rico”.
Artículo 5.-Aportaciones al Fondo
El “Fondo” se nutrirá, por un término de
diez (10) años, de aportaciones producto de lo
siguiente:
a.
El
importe correspondiente al pago impuesto por cada centésima sobre el límite de
concentración de alcohol establecido por Ley que generen las multas impuestas,
sobre la multa base, de conformidad con el Artículo 7.04 de la Ley Núm.
22-2000, según enmendada.
b.
El veinte por ciento (20%) del importe obtenido por la
maximización de los recaudos de multas de tránsito logrados a través de la
mecanización de los sistemas de procesamiento de multas implantados por el
Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o Policía de Puerto Rico. Se
entenderá como producto de la maximización de recaudos todo ingreso generado
por concepto de pagos de multas recibidos en exceso de los veintinueve (29)
millones de dólares. Se excluye aportación alguna de recaudos, por multas
conforme al Artículo 23.06 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada.
c.
Cualquier
otra aportación identificada por Ley específicamente para nutrir el Fondo.
d.
Estos fondos podrán ser pareados con aportaciones privadas, estatales,
municipales o federales.
Artículo 6.- Uso del Fondo
El Fondo será destinado al mejoramiento tecnológico del equipo
utilizado por la Policía de Puerto Rico, el mejoramiento profesional y laboral de
la Policía de Puerto Rico, incluyendo programas de capacitación, además del
adiestramiento técnico, táctico y de campo requerido por ésta, así como los
estudios de derecho y temas relacionados que impulsen la profesionalización y
mejor preparación académica de los miembros de este Cuerpo; o para cualquier
otro fin autorizado por el Fideicomiso creado por esta Ley, que no se desvíe de
la intención expuesta en la misma.
Artículo 7.-Creación y Deberes del
Fideicomiso
Se crea el “Fideicomiso para el
Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”,
en adelante el “Fideicomiso”, el cual constituye un cuerpo con personalidad
jurídica independiente, sin fines de lucro, irrevocable y a perpetuidad, cuyo
objetivo principal será la administración del Fondo para el Mejoramiento
Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico.
El Fideicomiso tendrá a cargo la administración del Fondo. Será obligación del Fideicomiso velar por la asignación
de los fondos y porque los mismos sean utilizados conforme a los fines establecidos
en esta Ley y a la reglamentación que conforme a ésta se establezca.
El Fideicomiso se constituirá mediante escritura pública ante
Notario Público, cuyas cláusulas y condiciones contendrán los alcances y
limitaciones contenidos en esta Ley.
Artículo 8.-Junta del Fideicomiso
La Junta del Fideicomiso se compondrá de siete
(7) fiduciarios. Sus miembros serán el
Superintendente de la Policía; el Secretario de Justicia; un funcionario
designado por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico para asistir en
la ejecución e implementación del programa de profesionalización de la Policía
de Puerto Rico; y el Secretario de Hacienda. Los restantes tres (3) integrantes
del Fideicomiso, serán ciudadanos de probada reputación, nombrados por el
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, uno (1) de los cuales deberá
ser contador público, contable, economista o experto en finanzas; uno (1) de
los miembros deberá tener experiencia en administración pública; y uno (1) será
miembro del interés público, escogido por el Gobernador de entre una lista
preparada por organizaciones dedicadas a la lucha por los derechos civiles.
En caso de necesitar asesoramiento tecnológico, se consultará con el
“Chief Information Officer” del Gobierno de Puerto Rico.
Los miembros de la Junta servirán por un término de tres (3) años
a partir de su nombramiento y podrán ser removidos de sus cargos por el
Gobernador por justa causa. En caso de renuncia de algún miembro, su sucesor
será nombrado por el periodo restante del nombramiento. Los miembros de la
Junta no recibirán compensación alguna por sus servicios.
La Junta, sus miembros, oficiales, agentes o empleados del
Fideicomiso no incurrirán en responsabilidad civil por cualquier acción tomada
de buena fe en el desempeño de sus funciones y deberes conforme a lo
establecido en esta Ley.
Artículo 9.-Director Ejecutivo
El Director Ejecutivo será escogido por el Gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de entre los miembros de la Junta del Fideicomiso
y fijará su remuneración. Sin embargo, estará excluido
de recibir remuneración aquel Director Ejecutivo que sea escogido mientras
ostente algún cargo público, en cuyo caso bastará la remuneración o
compensación que reciba por administrar o cumplir los deberes del mencionado
cargo. Tendrá todos los deberes que le sean delegados
por la Junta y que sean relacionados a la administración del Fideicomiso,
incluyendo convocar las reuniones de la Junta.
Artículo 10.-Facultades, poderes y deberes de la Junta del
Fideicomiso
La Junta del Fideicomiso tendrá todos los deberes y derechos
necesarios para llevar a cabo sus funciones, incluyendo, pero sin limitarse a
los siguientes:
a.
Actuar
como organismo rector del Fideicomiso con el fin de implementar la política
pública y los objetivos de la presente Ley.
b.
Aprobar,
enmendar o derogar reglamentos, para la administración de asuntos
relacionados a la implementación de esta Ley.
c.
Autorizar
la contabilidad y el desembolso de los fondos requeridos para las operaciones
administrativas del Fideicomiso.
d.
Determinar
las facultades, deberes y obligaciones del Director Ejecutivo del Fideicomiso, así
como delegar en este cualquiera de los poderes o facultades que tiene la Junta
bajo esta Ley.
e.
Nombrar
aquellos oficiales, empleados o agentes que sean necesarios para el
cumplimiento de los fines y propósitos de esta Ley; fijar sus poderes,
facultades y deberes, así como los términos y condiciones de trabajo.
f.
Adoptar
todos aquellos planes necesarios para la consecución de los fines de la Ley.
g.
Aprobar
el presupuesto operacional del Fideicomiso previo al inicio de cada año fiscal,
que será sufragado con el Fondo.
h.
Ejercer
todos los poderes conferidos e incidentales que resulten necesarios para la
consecución de los propósitos de esta Ley.
i.
Implementar
y auditar periódicamente los proyectos demostrativos que se deben establecer
para iniciar cada fase, para validar su efectividad y poder aprobar su
implementación de manera general.
Artículo 11.-Poderes del Fideicomiso
El Fideicomiso tendrá y podrá ejercer todos los derechos y poderes
que sean necesarios para llevar a cabo su propósito, incluyendo pero sin
limitarse a los siguientes:
a.
Tener
sucesión perpetua como corporación.
b.
Adoptar
un sello oficial, así como alterar el mismo cuando lo entienda apropiado.
c.
Llegar
a todos los acuerdos necesarios y pertinentes con la Policía de Puerto Rico, de
manera de que se pueda viabilizar el mejor uso de los fondos disponibles, de acuerdo
a los propósitos de esta Ley.
d.
Demandar
y ser demandado bajo su propio nombre, al igual que querellarse y ser
querellado así como entablar cualquier acción judicial o administrativa para
proteger o poner en vigor cualquier derecho conferido por esta Ley.
e.
Formular,
adoptar y derogar aquellos reglamentos necesarios y pertinentes para la
administración de sus asuntos, así como para ejercitar y desempeñar sus
funciones, poderes y deberes.
f.
Recibir,
administrar y cumplir con las condiciones y requisitos relacionados a cualquier
regalía, concesión o donación de cualquier propiedad o dinero, incluyendo
aquellos provenientes del Estado Libre Asociado, del Gobierno de los Estados
Unidos de América, de cualquier agencia o instrumentalidad de éstos, o
cualquiera proveniente de fuentes privadas.
g.
Recibir
asistencia gerencial, administrativa, técnica y de ser necesario contratar para
estos fines.
h.
Negociar
y otorgar con cualquier persona, incluyendo cualquier agencia gubernamental o
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todo tipo de
contrato y todos aquellos instrumentos y acuerdos necesarios para ejercer los
poderes y facultades concedidos mediante esta Ley.
Artículo
12.-Quórum de las reuniones de la Junta
Las reuniones de la Junta deberán ser convocadas con por lo menos
cuarenta y ocho horas (48) de antelación por el Director Ejecutivo de la Junta.
Una mayoría de dos terceras partes (2/3) de los miembros de la Junta constituirá quórum para todos los
fines. Los miembros de la Junta que pertenezcan al gabinete del Gobernador
podrán designar a un funcionario cercano y con labores relacionadas al manejo
de su agencia para que les representen en las reuniones de la Junta, en caso de
verse imposibilitados de asistir a las mismas. Los acuerdos se tomarán con el
voto de la mayoría de los presentes. La ausencia de alguno o varios de los
miembros de la Junta no impedirá que, una vez se establezca el quórum, ésta no
tome las determinaciones necesarias o cumpla con sus deberes y ejerza sus
derechos. Cualquier determinación tomada por la Junta, una vez reunida y
establecido el quórum requerido, será final, salvo que el Fideicomiso
establezca otro procedimiento mediante reglamento. En todo caso, se deberá
conservar un acta de todas las reuniones de la Junta, las cuales estarán
disponibles para inspección pública, en la oficina del Fideicomiso o en el
lugar que el Fideicomiso determine.
Artículo 13.-Informes
En
o antes de sesenta (60) días al cierre de cada año fiscal, el Fideicomiso rendirá
un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento y
administración de esta Ley. El informe debe incluir un desglose de los fondos
allegados, la distribución de dichos fondos, así como un detalle de las
gestiones y reuniones realizadas por el Fideicomiso y sus resultados. También
detallará las mejoras tecnológicas alcanzadas en dicho año y las proyecciones
correspondientes para el próximo año fiscal.
Artículo
14.-Reglamentación
De
conformidad con lo establecido en esta Ley, la Junta del Fideicomiso establecerá
aquellas reglas, reglamentos y normas que sean necesarios para el alcance de
los objetivos esbozados en la misma.
Artículo 15.-Vigencia
Esta
Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
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