Ley Núm. 143 del año 2014
(P. de la C. 1860); 2014, ley 143
Ley del Protocolo para Garantizar la
Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal.
Ley Núm. 143 de 26 de agosto de 2014
Para crear la “Ley del Protocolo para Garantizar la
Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”; ordenar
al Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Rama Judicial de
Puerto Rico, al Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de
la Familia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Instituto de
Ciencias Forenses, y sus componentes, el establecimiento de un sistema
tecnológico y procedimiento uniforme que permita el intercambio efectivo de
información entre las entidades gubernamentales del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionadas con la
seguridad pública del país y aquellas que se encuentran estrechamente
vinculadas con las mismas, de manera tal que se alcance el mejor
funcionamiento del Sistema de Información de Justicia Criminal; delinear los
propósitos del Sistema de Información de Justicia Criminal; crear el Protocolo que deberán utilizar dichas entidades gubernamentales; constituir
el Comité Intergubernamental; delimitar sus funciones
y propósitos; establecer sanciones por incumplimiento del Protocolo; derogar la
Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, según enmendada; y para otros fines
relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La incidencia
criminal es uno de los factores que más preocupa a los puertorriqueños por la
amenaza que representa a su seguridad y bienestar general. Ahora
bien, los esfuerzos y las medidas dirigidas hacia la erradicación de este mal
social deben contar con un plan integral que una a todos los componentes de
seguridad del país. El Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, el
Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Rama Judicial de Puerto Rico,
el Departamento de la Familia, el Departamento de Transportación y Obras
Públicas, el Instituto de Ciencias Forenses, así como sus componentes, por ser
las entidades gubernamentales del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico relacionadas con la seguridad pública del
País y aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas con las mismas,
y de proveer servicios esenciales a la ciudadanía, no pueden operar
independientes los unos de los otros. Debe haber unión de esfuerzos y amplia
comunicación entre todas las entidades gubernamentales
con el fin de garantizar la continuidad de los esfuerzos que se realizan para
detener la criminalidad y el diligenciamiento efectivo de los casos.
La Ley Núm.
129 de 30 de junio de 1977, según enmendada, estableció el Sistema de
Información de Justicia Criminal (SIJC) con el fin de proveer información
rápida y correcta de manera ininterrumpida referente a aquellas personas que
fueran convictas, relacionadas con los eventos del procedimiento criminal,
pasados y presentes, y las disposiciones que resulten de los mismos, tales como
arrestos, radicación de acusaciones, sentencias y reclusiones. La información
debía ser suministrada entre las entidades gubernamentales
que componen el SIJC. También proveía para el establecimiento de una Junta Ejecutiva
que al momento se encuentra compuesta por el Departamento de Justicia, la
Policía de Puerto Rico, la Administración de Corrección y Rehabilitación y la
Administración de Tribunales. Con las enmiendas sufridas a través de los años,
y otros cambios en las estructuras gubernamentales, los miembros que componen
la Junta Ejecutiva del SIJC, según la Ley, son el Secretario de Justicia, la
Directora Administrativa de los Tribunales, el Comisionado de Seguridad y
Protección Pública y el Secretario de Corrección y Rehabilitación.
El Informe de
Asistencia Tecnológica preparado por el “IJIS Institute” en 2006 sobre la
integración de SIJC destaca que el gobierno quería tener un sistema integrado
que proveyera la información correcta en el momento preciso a las entidades
gubernamentales responsables de la seguridad en el país. La entidad hizo una
serie de recomendaciones para lograr los propósitos de las entidades
gubernamentales de seguridad del país. Indican que un sistema integrado
debe tener las siguientes características: la facultad de accesar y compartir
electrónicamente información crítica en diferentes etapas del proceso
criminal, la mecanización del intercambio de información entre las entidades gubernamentales de seguridad, la facultad de
proveer información, completa, certera y valiosa a los encargados del sistema
de justicia criminal cuando la misma es necesaria, la uniformidad del flujo de
información en el sistema de justicia criminal unida a las regulaciones
correspondientes y la compatibilidad de los sistemas de información en las entidades gubernamentales. No obstante, IJIS encontró que
no parece haber una relación formalmente establecida entre SIJC y las entidades gubernamentales a quienes debe proveer la
información y de quienes debe recibir la información. También encontró, entre
otros hallazgos, que no están formalmente establecidos los deberes y
responsabilidades de las entidades gubernamentales y
el nivel de información que deben proveer a SIJC. Recomendó la adopción de un
plan de integración que podría conllevar la adopción de nuevas reglas o incluso
nueva legislación para atender las dificultades que parecía tener el sistema.
Esta Asamblea
Legislativa coordinó recientemente varias reuniones con los distintos
componentes de seguridad como parte del Plan Integral de Seguridad 360. Como
parte de dicho proceso se encontró que uno de los problemas primordiales de
estas entidades gubernamentales es la falta de
comunicación e intercambio de información entre las mismas. Esto ha causado
algunos problemas que se deben atender, tales como el hecho de que las
estadísticas de las incidencias criminales que afectan a nuestro país no estén
actualizadas y que no haya una coordinación efectiva de esfuerzos a la hora de
implementar las medidas para combatir el crimen. A manera de ejemplo, la falta
de intercambio de información entre los componentes de seguridad ocasiona
demoras en el diligenciamiento de órdenes de arresto. Ante esta problemática,
la actual Asamblea Legislativa se ha dado a la tarea de evaluar alternativas
dirigidas a resolver este asunto.
La información
es la clave para que nuestros componentes de seguridad puedan integrarse,
compartir recursos y colaborar en medidas e iniciativas que redunden en un
Puerto Rico más seguro para todos sus habitantes. La presente medida tiene el
propósito fundamental de ordenar a los distintos componentes de seguridad el
establecimiento de un sistema tecnológico y procedimiento uniforme que permita
el intercambio efectivo de información entre las entidades gubernamentales
de manera tal que se alcance el máximo funcionamiento del Sistema de Información
de Justicia Criminal. Cabe destacar que el SIJC continuará siendo administrado
por el Departamento de Justicia, y continuará teniendo el mismo propósito para
el cual fue diseñado por la Ley 129 de 30 de junio de 1977, según enmendada.
Sin embargo, es necesario atender de manera específica el cumplimiento de la
ley por parte de las entidades gubernamentales que
tienen en su poder la información que debe ser ingresada a SIJC.
Se creará un
“Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre
los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Este
protocolo debe establecer los parámetros que deben regir estos procesos.
Además, las entidades gubernamentales designarán un
Oficial de Enlace para administrar y dar cumplimiento al protocolo en cada
agencia. Para viabilizar esta Ley, se creará un Comité Intergubernamental
compuesto por las entidades gubernamentales del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionadas con la
seguridad pública del país y aquellas que se encuentran estrechamente
vinculadas con las mismas. El Comité deberá, entre otros asuntos, identificar la tecnología y el equipo existente en cada una de las
entidades gubernamentales mencionadas, y la tecnología y equipo necesario para
hacer viable esta Ley.
En estos
momentos, es imprescindible maximizar los recursos disponibles y hacer más con
menos. Los recursos invertidos en tecnología deben utilizarse para el mejor
funcionamiento de las entidades gubernamentales. El
presupuesto asignado en 2012 a SIJC, dentro del presupuesto consolidado del
Departamento de Justicia, ascendió a 4.181 millones de dólares. El Departamento
de Justicia inauguró el Registro Criminal Integrado (RCI) a un
costo escalonado de 770,504 dólares en fondos estatales y federales, invertidos
en la compra de 353 tabletas electrónicas, programación y adiestramiento. Además, a la Policía de Puerto Rico se le
asignó aproximadamente $500,000 para tecnología, de los cuales una porción se
utilizó para compra de equipo.
Esta medida
forma parte de las diferentes piezas que van dirigidas a unir los esfuerzos de
las entidades gubernamentales vinculadas en la
seguridad de nuestro pueblo, a agilizar los procesos y fortalecer la
comunicación y colaboración entre todas las agencias. La Asamblea Legislativa
entiende necesario legislar con el fin de integrar a todos los componentes de
seguridad del país, y proveer las garantías necesarias a la ciudadanía de que
las entidades gubernamentales encargadas de combatir
la criminalidad están realizando su trabajo de la manera más eficiente posible.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Título
Esta Ley se conocerá como la “Ley del Protocolo para Garantizar la
Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”.
Artículo 2.-Propósito
Esta
Ley tiene el propósito fundamental de ordenar a los distintos componentes de
seguridad el establecimiento de un sistema tecnológico y procedimiento uniforme
que permita el intercambio efectivo de información entre las entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico relacionadas con la seguridad pública del país y
aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas con las mismas de
manera tal que se alcance el máximo funcionamiento del Sistema de Información
de Justicia Criminal (SIJC).
Los sistemas
tecnológicos de las entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionadas
con la seguridad pública del país y aquellas que se encuentran estrechamente
vinculadas con las mismas deben ser compatibles, para garantizar el
intercambio efectivo de información entre las mismas. Para esto se establecerá
un procedimiento uniforme entre las entidades
gubernamentales que garantice el flujo de
información.
Además,
el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Rama Judicial de
Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de
la Familia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Instituto de
Ciencias Forenses, y sus dependencias deberán establecer un protocolo que
garantice la integración de las entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico con inherencia en la seguridad pública del país y aquellas que
se encuentran estrechamente relacionadas con las mismas. Parte de este
protocolo de cumplimiento debe incluir la designación de un Oficial de Enlace
en cada agencia encargado de la implementación de esta Ley. La
designación de la persona enlace se hará asignando dichas funciones a un
miembro del personal existente de la agencia. No se crearán nuevos puestos bajo
planes de clasificación y retribución ni se reclutará nuevo personal para esta
función específica.
Artículo 3.-Definiciones
a.
Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) o
Sistema – será el sistema encargado de proveer
información completa y correcta a los varios integrantes del Sistema de
Justicia Criminal en Puerto Rico.
b.
Comité Intergubernamental o Comité- será el comité
integrado por los jefes del Departamento de Justicia, la Policía de
Puerto Rico, la Rama Judicial de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y
Rehabilitación, el Departamento de la Familia, el Departamento de
Transportación y Obras Públicas, el Instituto de Ciencias Forenses, encargados
de ejecutar los propósitos de esta Ley o las personas con funciones similares
que estos designen. Dicho personal deberá tener las mismas
facultades para la toma de decisiones que el funcionario que lo haya designado
por escrito.
c.
“Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva
entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” o
Protocolo - será aquél conjunto de normas y procedimientos
preparado por el Comité y adoptado por todas las entidades
gubernamentales con inherencia en la seguridad pública del
país y aquellas que se encuentran estrechamente relacionadas con las mismas,
las cuales se describen en esta Ley.
d.
Director Administrativo del Comité
Intergubernamental – será nombrado por el Comité y poseerá
todas las funciones que le asigne el Comité.
e.
Información - información de naturaleza criminal,
tanto de delitos graves como menos graves recibida y custodiada en el Protocolo
creado mediante esta Ley y disponible para ser evaluada por las entidades gubernamentales
con inherencia en la seguridad pública del país y aquellas
que se encuentran estrechamente relacionadas con las mismas.
f.
Falta grave - Aquella falta
aplicable a los funcionarios de las diversas entidades gubernamentales que son parte del Comité
Intergubernamental y que han sido
asignados a trabajar con el Protocolo que como castigo conlleven expulsión
permanente de sus respectivas entidades
gubernamentales o suspensión de
empleo y sueldo por un período no mayor de cinco (5) meses.
g.
Acciones disciplinarias - Aquellas
medidas correctivas tomadas por la agencia cuando la conducta de un empleado no
se ajuste a las normas establecidas en esta Ley.
h.
Suspensión de empleo y sueldo - La
separación temporal de empleo y sueldo del servicio impuesta a un empleado como
medida disciplinaria por justa causa.
i.
Destitución o expulsión - La
separación total y absoluta del servicio impuesta a un empleado como medida
disciplinaria por justa causa.
Artículo 4.-Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC)
Se establece el “Sistema de Información de
Justicia Criminal”, en adelante “el SIJC”, el cual servirá recibir, custodiar y
para proveer información de naturaleza penal completa, actualizada y correcta a
los integrantes del “Comité Intergubernamental” para el
propio y adecuado funcionamiento de sus necesidades.
El SIJC estará adscrito al Departamento de Justicia. El mismo estará constituido por el Departamento de Justicia,
la Policía de Puerto Rico, la Rama Judicial de Puerto Rico, el Departamento de
Corrección y Rehabilitación, el Departamento de la Familia, el Departamento de
Transportación y Obras Públicas y el Instituto de Ciencias Forenses.
El SIJC recopilará información de naturaleza penal sobre aquellos
adultos que sean o hubieran sido convictos por el Tribunal General de Justicia
de Puerto Rico, según dispuestas en el Artículo 8 de la presente Ley. Tendrá
además un Centro de Datos del que formará parte el personal administrativo y
operacional del SIJC. Contará con un computador central, los sistemas los
periferales, las terminales y las líneas que alimentan el Sistema, así como
cualquier equipo que sea necesario para dar cumplimiento con los propósitos del
Sistema. No formará parte del mismo el equipo personal de los administradores,
empleados y funcionarios del SIJC.
La recopilación de la información de naturaleza penal necesaria será
responsabilidad de las entidades gubernamentales que componen el SIJC. El
intercambio de información entre los terminales de las entidades gubernamentales y el Sistema
será una prioridad de las entidades gubernamentales y del Comité. Por lo que realizarán todas las gestiones necesarias
para que la comunicación entre todos sea efectiva y el intercambio de
información viable.
Las entidades gubernamentales que componen el SIJC deberán proveer la información necesaria para
mantenerlo actualizado. Esta información deberá ser provista por las entidades gubernamentales de manera
ininterrumpida, como parte de un ejercicio continuo. La información deberá
estar disponible dentro de un periodo no mayor de sesenta (60) días laborables,
y sin dilaciones innecesarias. Todo esto debe realizarse de la forma y manera
dispuesta por el “Comité Intergubernamental” y
siguiendo el “Protocolo para
Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, aprobado por los componentes del “Comité
Intergubernamental”, según descrito
en la presente Ley.
Los fondos operacionales del SIJC serán asignados en el presupuesto
general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como parte del presupuesto
asignado al Departamento de Justicia. El mismo deberá utilizarse de la manera
más adecuada para conseguir la ejecución de esta Ley.
Artículo 5.-Creación del Comité Intergubernamental
El “Comité Intergubernamental” estará
compuesto por el Secretario del Departamento de Justicia, quien presidirá el
Comité, la Directora Administrativa de los Tribunales, el Superintendente de la
Policía de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Corrección y
Rehabilitación, el Secretario del Departamento de Transportación y Obras
Públicas, el Director del Instituto de Ciencias Forenses, y sus
componentes o las personas con funciones similares que estos designen. Dicho personal deberá tener las mismas facultades para la toma de
decisiones que tiene el funcionario que lo haya designado por escrito.
Este Comité estará a cargo de identificar la tecnología y el
equipo existente en cada una de las entidades gubernamentales mencionadas, así
como la tecnología y el equipo necesario para la viabilidad de esta Ley. Las
especificaciones técnicas de este equipo deberán ser establecidas en el
Protocolo.
De entender necesaria la adquisición y compra de tecnología o
equipo adicional, se hará mediante un “Request for Proposal” (una solicitud de
propuesta), que estará exento de cumplir con las disposiciones de las subastas
de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme”, toda vez que resulta imperativo garantizar la agilidad del proceso.
Todo proceso de compras de adquisición de equipo con los fines expuestos en
esta Ley, deberá tener la aprobación final del Comité.
El Comité se deberá organizar luego de los próximos veinte (20)
días de aprobada esta Ley. Deberá rendir un informe detallando el plan de
trabajo para implementar las medidas dispuestas en esta Ley dentro de un
término no mayor de treinta (30) días, luego de haberse organizado el mismo. Copia
de este informe deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa.
Artículo 6.-Funciones y deberes del Comité
Intergubernamental
a.
El Comité deberá reunirse por lo menos una vez
al mes, y podrá llevar a cabo todas aquellas reuniones que sean necesarias para
cumplir con los propósitos de esta Ley. Las reuniones deberán ser convocadas
por el Secretario de Justicia, quien preside el Comité.
b.
Todos los acuerdos del Comité se aprobarán por
mayoría simple de los miembros que componen el Comité.
c.
Deberá establecer la
estructura y determinar las directrices de operación para el “Sistema de
Información de Justicia Criminal”.
d.
Establecer y promulgar las reglas y reglamentos
para el Sistema, de acuerdo a ordenamiento legal vigente, así como enmendar los
mismos.
e.
Designar al Director Administrativo del Sistema
y al Director del Centro de Datos del Sistema.
f.
Establecer las guías, supervisar la operación y
evaluar la ejecución del grupo de trabajo del Sistema.
g.
Considerar las solicitudes de otros organismos
dentro y fuera del Gobierno del Estado Libre Asociado y tomar los acuerdos
necesarios para compartir información que sea necesaria o conveniente para el
Estado Libre Asociado.
h.
Estudiar y evaluar leyes, directrices y
prácticas del Gobierno Federal y otros gobiernos estatales con respecto a
sistemas de información de justicia criminal para el mejoramiento del Sistema
del Estado Libre Asociado y para garantizar el cumplimiento con la legislación
federal pertinente.
i.
Identificará la tecnología y el equipo
existente en cada una de las entidades gubernamentales mencionadas y la
tecnología y equipo necesario para la viabilidad de esta Ley.
j.
Aprobará la adquisición de equipo,
asegurándose de que el equipo adquirido cumpla con los fines de esta Ley y los
parámetros establecidos en el Protocolo.
k.
Investigar alegaciones de violaciones a las
disposiciones de esta Ley.
l.
Promover estudios estadísticos, criminológicos,
procesales, administrativos o sustantivos basados en información contenida en
el Sistema que propicie el mejoramiento del Sistema de Justicia Criminal.
m.
Establecer acuerdos de colaboración con el
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para que analice e interprete la
información recopilada por el Sistema.
n.
Expedir un certificado, a través de la División
de Identificación Criminal de la Policía de Puerto Rico, el cual contendrá
datos de dictámenes y veredictos, y que tenga un expediente en el Sistema de
Información de Justicia Criminal.
o.
Cualquier individuo, previa verificación de su
identidad, o su abogado designado, podrá requerir y obtener su propio
certificado de antecedentes penales.
p.
Las decisiones del Comité serán tomadas de
manera tal que se respete y no se interfiera con la autonomía y separación de
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial según establecido por la
Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
q.
Revisar las decisiones adversas del Director
Administrativo en los casos en que un ciudadano ha radicado una reclamación
escrita alegando que la información recopilada por el Sistema de Información es
incorrecta, incompleta, o no autorizada por ley.
r.
Podrá aprobar todas las reglas y reglamentos
necesarios para su funcionamiento interno y para la consecución de los fines de
esta Ley.
s.
El Comité tendrá la
facultad de aceptar donaciones, ya bien sean éstas en género, técnicas o
servicios profesionales provistos por individuos, instituciones de fines no
pecuniarios, el Gobierno de los Estados Unidos o del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico o de cualquiera instrumentalidad, agencia o subdivisión política de
éstos.
t.
Podrá crear todos aquellos grupos de trabajo
que sean necesarios para asegurar el mejor funcionamiento del Sistema y dar
cumplimiento a los propósitos de esta Ley. Dichos grupos de trabajo se
compondrán de aquellas personas que tengan la experiencia necesaria para
asesorar y al Comité en todos los aspectos técnicos de la creación,
implantación y seguimiento del Protocolo.
Artículo 7.-Creación del Protocolo
Se
ordena al Departamento de Justicia, a la Policía de Puerto Rico, a la
Rama Judicial de Puerto Rico, al Departamento de Corrección y Rehabilitación,
al Departamento de la Familia, al Departamento de Transportación y Obras
Públicas, al Instituto de Ciencias Forenses, que componen el Comité Intergubernamental,
a elaborar en conjunto una serie de normas y procedimientos para
el cumplimiento y capacitación sobre los parámetros y los procesos que se van a
utilizar para garantizar el intercambio efectivo de información entre las entidades gubernamentales antes mencionadas.
Esta
serie de normas y procedimientos se conocerá como el “Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los
Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y será adoptado por todas las entidades gubernamentales con inherencia en la seguridad pública que componen el
Comité.
Para
la elaboración, redacción y presentación del mismo se podrá consultar a peritos
en la materia. Los componentes del Comité dispondrán de noventa (90) días desde
la aprobación de esta Ley para la elaboración de este protocolo. El Protocolo
debe ser remitido a la Asamblea Legislativa simultáneamente.
Artículo 8.-Información disponible en el sistema
Será obligación del Departamento de Justicia
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y
Rehabilitación y la Rama Judicial de Puerto Rico, y
los otros componentes de la Junta, asegurarse que el sistema tecnológico y
procedimiento uniforme provea la siguiente información de naturaleza criminal,
tanto de delitos graves como menos graves, entre otras:
a.
Denuncias
b.
Órdenes de Arresto
c.
Requisitorias y Contrarequisitorias
d.
Determinaciones de causa en todas las etapas
del procedimiento criminal, incluyendo vista de determinación de causa para
arresto y vista preliminar
e.
Sentencias
f.
Minutas de vista de seguimiento en las
probatorias
g.
Órdenes de Protección vigentes
h.
Fugas de las instituciones carcelarias del
país
i.
Determinaciones de Causa en alzada
j.
Desacatos
k.
Determinaciones sobre improcesabilidad y/o
inimputabilidad al amparo de las Reglas 240 y 241 de las de Procedimiento
Criminal
l.
Revocaciones de Probatoria
m.
Órdenes de allanamiento expedidas al amparo de
las Reglas 229 a la 233 de las de Procedimiento Criminal
n.
Datos de todas las personas que se encuentran
bajo la supervisión de la Oficina con Antelación al Juicio
o.
Datos o características de identificación
física, tales como: fotos, cicatrices, tatuajes, marcas, etc., de toda aquella
persona que sea imputada y/o convicta de delito y la información de su proceso
penal esté almacenada en SIJC
p.
Información de contacto o ubicación, tal como
las últimas tres direcciones conocidas, de los convictos de delito, y de toda
aquella persona que represente un riesgo para la seguridad sea imputada y/o
convicta de delito y la información de su proceso penal esté almacenada en SIJC
q.
Toda la información contenida en el Registro
de Ofensores Sexuales
Este listado no se entenderá como uno taxativo. En el Protocolo se
podrá disponer cualquier otra información de naturaleza criminal que las que las
entidades gubernamentales que componen el Comité entiendan que debe formar
parte de la información disponible en el Sistema, por su relevancia para la
seguridad en el país y para el cumplimiento de los propósitos del Sistema.
El Comité tomará todas las medidas necesarias para asegurar al
máximo posible la seguridad y corrección de toda aquella información que sea
recopilada a través del Sistema y para la protección individual de los derechos
de privacidad de acuerdo con los principios constitucionales del Estado Libre
Asociado. Además, tomará todas las medidas necesarias para asegurarse que no se
tendrá en el Sistema de Información de Justicia Criminal dato alguno relativo a
la afiliación o actividad política de persona alguna. Asimismo, tomará todas
las medidas necesarias para asegurarse de que todo dato relativo a convicciones
cuya eliminación del record penal de una persona haya sido ordenado por un
Tribunal competente sea efectiva y totalmente eliminada del Sistema de
Información de Justicia Criminal, incluyendo pero sin que esto se entienda como
una limitación, las memorias de cualesquiera computadoras utilizadas por el
Sistema.
Artículo 9.-Informes del Comité Intergubernamental
El Comité deberá rendir un informe trimestral ante la Secretaría
de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico que vencerá el 30 de
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año en el cual
se especifiquen los pasos que hayan tomado las entidades gubernamentales que
componen el Comité para la implementación del Protocolo. Además, deberán
incluir en los informes los avances logrados en términos de comunicación entre
las entidades gubernamentales y los pasos que ha tomado el Comité dirigidos a
cumplir con los fines de esta Ley.
Artículo 10.-Personal y contratación de servicios
El Comité podrá nombrar a aquel personal que estime necesario para
llevar a cabo sus funciones. El personal estará sujeto a las disposiciones de
las leyes aplicables al servicio público. El Comité podrá contratar de acuerdo
con los procedimientos establecidos para los organismos ejecutivos del
gobierno, aquellos servicios profesionales y consultivos que necesite para el
propio descargue de sus funciones y que no sea práctico o conveniente obtener a
través de la creación de puestos regulares.
Artículo 11.-Director Administrativo – deberes y facultades
El Director Administrativo será nombrado por el Comité y tendrá
todos aquellos deberes y responsabilidades que le delegue el Comité. Velará por
el cumplimiento de la política administrativa y de operación que dicte el
Comité para todo el Sistema, así como de aquella establecida en el Protocolo.
Artículo 12.-Revisiones administrativas y judiciales
Cualquier persona puede radicar una reclamación escrita ante el
Director Administrativo alegando que toda o parte de la información recopilada
por el Sistema de Información de Justicia Criminal bajo su nombre es
incorrecta, incompleta o no autorizada por ley. La reclamación contendrá la
base de la alegación, la data complementada o sustitutiva que alegadamente debe
aparecer en el récord y la información específica que alegadamente se ha
registrado sin base legal. La radicación de una reclamación bajo el
procedimiento antes descrito deberá ser hecha dentro del transcurso de diez
(10) días luego de la entrega de la copia que contenga la información
solicitada.
Cualquier reclamación radicada al amparo del presente Artículo, así
como la revisión judicial que proceda, seguirá los procedimientos y términos
establecidos en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.
Artículo 13.-Sanciones
Serán catalogadas como faltas administrativas graves,
cuya sanción fluctuará entre una suspensión de empleo y
sueldo hasta la destitución o expulsión, las siguientes conductas:
1.
Todo funcionario o empleado que esté laborando
con el Protocolo, que intencionalmente omita cumplir un deber impuesto o que
obstinadamente descuide cumplir los deberes y/o las obligaciones de su cargo o
empleo, según han sido establecidas en esta Ley y que como consecuencia de tal
acción u omisión no se cumplan con los parámetros establecidos por esta
legislación.
2.
Todo funcionario o empleado que esté laborando con el Protocolo y que, de
manera negligente o intencional, entre al sistema información incorrecta o utilice la información almacenada en SIJC de forma ilícita, para su
beneficio o para beneficio de un tercero.
Las acciones disciplinarias serán impuestas conforme los
procedimientos establecidos en los Reglamentos de las respectivas entidades
gubernamentales que componen el Comité Intergubernamental.
Artículo 14.-Cláusula derogatoria
Se deroga la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, según enmendada.
Artículo 15.-Separabilidad
Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley
o su aplicación a cualquier persona o circunstancia, fuera declarada
inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no
afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley, sino que su efecto
quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o cláusula de esta
Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.
Artículo 16.-Transición
Los
empleados y funcionarios que a la aprobación de la presente Ley se encuentren
adscritos a SIJC, conservarán todos los derechos adquiridos que les garantizan
las leyes federales y estatales, así como todos los acuerdos vigentes. Además,
todos los reglamentos de SIJC, adoptados al amparo de la Ley 129 de 30 de junio de 1977,
según enmendada, continuarán en vigor hasta tanto sean
aprobados los nuevos reglamentos.
Artículo 17.-Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
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