Ley Núm. 151 del año 2014
(P. del S. 1071); 2014, ley 151
(Conferencia)
Para enmendar el Plan de Reorganización Núm. 2
de 2011, Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación
de 2011
Ley Núm. 151 de 6 de septiembre de 2014
Para enmendar el inciso (c), añadir los nuevos
incisos (m), (n), (o), (p), (q), y (u), y reenumerar los vigentes incisos (m),
(n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) y (u) como los incisos (r), (s), (t), (v),
(w), (x), (y), (z) y (aa), respectivamente, del Artículo 3 del Capítulo I;
enmendar el inciso (t) del Artículo 7 del Capítulo I; añadir los nuevos
Capítulos VI y VII; re
designar el vigente Capítulo VI como Capítulo VIII y reenumerar sus Artículos
24, 25, 26, 27, 28, como los Artículos 41, 42, 43, 44, 45, respectivamente;
enmendar el primer párrafo del vigente Artículo 24 del Capítulo VI; re
designar el vigente Capítulo VII como Capítulo IX y reenumerar sus Artículos 29, 30, 31 y 32 como
los Artículos 46, 47, 48 y 49, respectivamente; enmendar el inciso (e) del
vigente Artículo 29 del Capítulo VII, reenumerado como Artículo 46; re designar el vigente Capítulo
VIII como Capítulo X y reenumerar sus Artículos 33, 34, 35, 36 y 37 como los
Artículos 50, 51, 52, 53, y 54, respectivamente; re designar el vigente
Capítulo IX como Capítulo XI y reenumerar sus Artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46 y 47 como los Artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64
respectivamente, enmendar el inciso (b) del vigente Artículo 38 del Capítulo
IX; re designar el vigente Capítulo X como Capítulo XII y reenumerar sus
Artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y
65, como los Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81 y 82, respectivamente; re designar el vigente Capítulo XI como
Capítulo XIII y reenumerar sus Artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 como
los Artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, respectivamente, del Plan de
Reorganización Núm. 2-2011, conocido como “Plan de Reorganización del
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de consolidar
en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, las funciones de la Oficina
de Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo, mediante el establecimiento del Programa de Servicios
con Antelación al Juicio y el Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo,
respectivamente; para derogar la Ley 177-1995, según enmendada, conocida como “Ley
de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio”, y la Ley 47-1991, según
enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y
Trabajo”; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Artículo III, Sección 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, establece que “la Asamblea Legislativa tendrá la facultad para
crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus
funciones”. Conforme con la citada disposición constitucional, esta Asamblea
Legislativa tiene la autoridad para llevar a cabo las reestructuraciones
gubernamentales que entienda necesarias para garantizar que el Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico funcione adecuadamente y
provea los servicios indispensables para la ciudadanía.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico declara
en su Artículo VI, Sección 19, que es política pública del Gobierno promover el
tratamiento adecuado y la rehabilitación moral y social de los confinados. Ello
resulta vital para lograr una sociedad más pacífica y en la que aquel que
delinca, evite reincidir. A tenor con ello, el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico ha reconocido históricamente la necesidad de que existan programas de
rehabilitación, empleo y adiestramiento para confinados y ex confinados con el
fin de adelantar el proceso de rehabilitación moral y social.
Sin embargo, la burocratización del sistema correccional ante la
proliferación de diversos entes gubernamentales que contribuyen al tratamiento
adecuado y la rehabilitación moral y social de los confinados, así como la
duplicidad en las funciones administrativas, han dificultado la implementación
de una política pública efectiva y uniforme en esta área, con procesos
claramente delimitados y recursos suficientes para ofrecer servicios directos a
la clientela.
Es necesario explorar alternativas que permitan la integración de
áreas administrativas y disminuir la burocracia, que no afecten los servicios y
tampoco creen organismos adicionales. En ese aspecto, entendemos que los
servicios que ofrecen la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo pueden ser integrados de
forma eficiente y costo-efectiva al Departamento de Corrección y
Rehabilitación. Con este cambio, se persigue la integración de oficinas de
servicios destinadas a las finanzas, recursos humanos, compras y otro tipo de
servicios administrativos similares. De esta forma, sin crear organismos
adicionales que conlleven mayor erogación de fondos públicos, estos entes
gubernamentales serán transformados para liberarlos de gestiones
administrativas, de forma tal que puedan enfocar sus esfuerzos, personal y
recursos, en la atención directa de los asuntos que afectan a la población que
deben servir.
Nos proponemos adscribir la Oficina de Servicios con Antelación al
Juicio (OSAJ), como un Programa del Departamento de Corrección y
Rehabilitación. La OSAJ fue creada por la Ley 177-1995, según enmendada, como
una agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se creó con el propósito
de: investigar y evaluar a todo imputado de delito y ofrecer a los tribunales sus
recomendaciones en cuanto a la posibilidad de decretar la libertad provisional
del imputado, en la alternativa o adicionalmente a la imposición de fianza;
suministrar a los tribunales información verificada sobre los imputados al
momento de fijar la fianza o condiciones; velar por la seguridad pública;
propiciar la eliminación de la desigualdad económica; y reducir el uso
innecesario de las instalaciones correccionales. Tiene como misión, suministrar
información verificada a los tribunales para fijar o modificar la fianza o las
condiciones que garanticen la comparecencia del imputado del delito, en las
diversas etapas del juicio, mientras se vela por la seguridad pública. Esta
alternativa evita que personas de escasos recursos que no puedan prestar una
fianza y cualifiquen para el programa, no sean ingresadas en una institución. Así
se evita el hacinamiento y los gastos que conlleva la reclusión de un confinado
en el sistema correccional.
La presente ley propone la creación de un Programa de Servicios
con Antelación al Juicio. Éste, sin constituir una agencia adicional con el
costo para el erario que ello conlleva, pero manteniendo la función esencial de
evitar el hacinamiento carcelario al reducir el cúmulo de confinados sumariados
o en espera de la celebración de juicio. De esta forma, se maximizan los
recursos gubernamentales disponibles al eliminar la duplicidad en las
funciones.
Por otro lado, la Ley Núm. 505 de 30 de abril de 1946, que creó la
Corporación de Industrias de Prisiones de Puerto Rico, tuvo el propósito de
proveer diversificación de empleos a los reclusos en las instituciones penales,
así como entrenamiento y enseñanza de oficios y ocupaciones. Además autorizaba
el establecimiento de industrias de producción de artículos y objetos para
consumo, en las instituciones penales o para la venta a los departamentos y
establecimientos.
Posteriormente, dicha Corporación se convirtió en la Corporación
de Empresas Correccionales, a través de la Ley Núm. 117 de 22 de julio de 1974,
que dotó a esa corporación de los recursos, facultades y flexibilidad para
permitir la máxima expansión y desarrollo en beneficio del mayor número de
confinados. De igual forma, con la creación de la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo, por medio de la Ley Núm. 47-1991, se enmendó la corporación
aunque se mantuvieron las funciones típicas de ésta. Ello con el propósito de
ampliar las oportunidades de empleo y reeducar a la clientela del sistema
correccional.
Sin embargo, la existencia de una corporación separada del
Departamento de Corrección y Rehabilitación incide sobre el uso de los fondos
que se allegan a través del proyecto, pues gran parte de éstos se usan para el
funcionamiento administrativo de la corporación; entiéndase nómina y otros
gastos. Además, es indiscutible que el Departamento de Corrección y
Rehabilitación tiene el deber de integrarse al proceso de rehabilitación del
confinado y tener una estructura que trabaje hacia tal fin. Además, resulta
claro que el Departamento tiene la capacidad de absorber las funciones de la
Corporación. Esto evita la duplicidad de funciones y logra la efectiva
consecución del fin perseguido.
De hecho, como parte de las funciones y deberes del Secretario de
Corrección y Rehabilitación, se encuentra el “incorporar al proceso de
rehabilitación diversas oportunidades para el adiestramiento y educación de los
miembros de la clientela que faciliten el reingreso y permanencia en la libre
comunidad”. Por ello, la integración del Programa permitirá allanar esfuerzos
en favor de lograr la rehabilitación de los confinados y ex confinados. Al
mismo tiempo, reduce costos administrativos que no están directamente
relacionados con la prestación de servicios.
Esta ley es promulgada como parte de un esfuerzo de transformación
y reestructuración gubernamental, dirigido a lograr mayor costo-eficiencia y
reducir el gasto público, sin afectar los servicios que se ofrecen a la
ciudadanía. Con esta ley se promoverá una estructura gubernamental que
responda a las necesidades y recursos reales de Puerto Rico. Esto mejorará la
calidad de vida de nuestros ciudadanos y los servicios que se les proveen
mediante la asignación estratégica de los recursos.
Nuestro país atraviesa un proceso de reestablecimiento financiero,
caracterizado por el desarrollo e instauración de varias medidas fiscales por
parte del Estado, con el propósito de fortalecer la salud fiscal del gobierno. Es
imperativo aunar esfuerzos para lograr un gobierno más eficiente, efectivo,
menos burocrático y que requiera menos recursos económicos. Para ello, es
preciso prescindir y consolidar aquellas entidades gubernamentales que poseen
responsabilidades y deberes que pueden ser fácilmente adoptadas por otras
agencias o instrumentalidades públicas, de manera tal que se reduzca el
impacto de los costos administrativos para su funcionamiento.
Es importante destacar que el Tribunal de Apelaciones Federal de
los Estados Unidos para el Primer Circuito dictaminó, en el caso Díaz-Carrasquillo
v. García-Padilla, No. 13-2277 de 16 de abril de 2014 (disponible en
www.ca1.uscourts.gov), que todo gobierno competente debe tener el poder de
aprobar y derogar leyes, así como la autoridad para crear, cambiar o relevar de
sus funciones a cualquier agente o funcionario designado para implantar y velar
por el cumplimiento de esas leyes. Véase, Butler v. Pennsylvania, 51
U.S. 402, 416-17. De esta manera, el Tribunal Federal ratificó la Ley 75-2013,
la cual derogó el Plan de Reorganización Núm. 1-2011, según enmendado y
reorganizó el grupo de Procuradurías. Conjuntamente, la Corte señaló que no
existe un impedimento constitucional para que la Legislatura reorganice su
fuerza laboral. Así las cosas, la referida curia confirmó la potestad delegada
a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de endosar aquellas medidas
legislativas que pretendan crear o suprimir entidades gubernamentales.
DECRÉTASE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- Se enmienda el inciso (c), se añaden los
nuevos incisos (m), (n), (o), (p), (q), y (u), y se renumeran los vigentes
incisos (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) y (u) como incisos (r) (s), (t),
(v), (w), (x), (y), (z) y (aa), respectivamente, del Capítulo I del Artículo 3
del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de
Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para
que lea como sigue:
“Artículo 3.- Definiciones.
Para propósitos de este Plan, los siguientes
términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) Acto de indisciplina o mala conducta: . . .
.
. .
(b) . . .
(c) PEAT: Programa de Empresas y Adiestramiento al Trabajo.
.
. .
(m)
Libertad bajo custodia de tercero: Libertad provisional condicionada cuando un
tercero se compromete con el Tribunal a supervisar a un imputado en el
cumplimiento de ciertas condiciones y el tercero, además, se compromete a
informarle al Tribunal el incumplimiento con cualquiera de esas condiciones.
El tercero aceptará sus obligaciones personalmente ante el Tribunal y de igual
manera aceptará el imputado la supervisión del tercero.
(n)
Libertad bajo fianza diferida: Libertad provisional de un imputado de delito
después de comparecer ante el Tribunal y éste le fija una fianza monetaria,
pero le permite permanecer en libertad durante el transcurso de una acción
penal sin la prestación de la fianza fijada, siempre y cuando el
imputado cumpla con una o varias condiciones que le sean impuestas por el Tribunal
mientras dure su libertad provisional. Disponiéndose, que de determinarse que
el imputado incumplió con cualquiera de dichas condiciones, se le requerirá el
pago de la fianza y de no prestarla, se le encarcelará inmediatamente, sin
menoscabo de lo que dispongan las Reglas de Procedimiento Criminal o las Reglas
Especiales de Procedimientos de Menores.
(o)
Libertad bajo reconocimiento propio: Libertad provisional de un imputado
después de comparecer ante un Tribunal, cuando se le permite permanecer en
libertad durante el transcurso de una acción penal bajo su promesa escrita de
comparecer al Tribunal cada vez que sea citado y de acatar las órdenes y
mandatos judiciales, incluyendo las condiciones impuestas por el Tribunal durante
su libertad provisional.
(p)
Libertad condicional: Libertad provisional de un imputado de delito después de
comparecer ante un Tribunal, cuando el Tribunal le permite permanecer en
libertad durante el transcurso de una acción penal, con o sin la prestación de
una fianza, siempre y cuando el imputado cumpla con una o varias condiciones que
le sean impuestas por el Tribunal mientras dure su libertad provisional.
(q)
Libertad provisional: Libertad de un imputado de delito después de comparecer
ante un Tribunal decretada por autoridad judicial, durante el transcurso de una
acción penal. La libertad provisional podrá obtenerse por cualquier medio,
incluyendo, pero sin limitarse a, la libertad bajo propio reconocimiento, bajo
custodia de tercero, bajo condiciones no monetarias o bajo fianza diferida.
(r)
Menor: . . .
(s)
Miembro de la población correccional: . . .
(t)
Población correccional: . . .
(u)
Programa: Programa de Servicios con Antelación al Juicio.
(v) Programa de Desvío: . . .
(w) Programa de tratamiento: . . .
(x)
Secretario: . . .
(y)
Sumariado: . . .
(z)
Transgresor: . . .
(aa)
Víctima de delito: . . .”
Artículo 2.- Se enmienda el inciso (t) del Artículo
7 del Capítulo I del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado,
conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de 2011”, para que lea como sigue:
“Artículo 7.- Facultades, Funciones y Deberes del
Secretario.
El Secretario tendrá, entre otras, las siguientes
funciones, facultades y deberes:
(a) . . .
.
. .
(t) establecer mediante reglamentación la aportación
que hagan los miembros de la población correccional y la forma en que se
utilizarán, ya sea por su participación en los programas de desvíos o de dinero
en efectivo que reciban, o de los salarios obtenidos por ellos, por labor
rendida en el PEAT, agencias gubernamentales, estatales o municipales, en la
empresa privada o de cualquier otra fuente fuera del Departamento.
. . .”
Artículo 3.- Se añade un nuevo Capítulo VI al Plan
de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de
Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para
que lea como sigue:
“CAPÍTULO VI
SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO
Artículo 24.- Creación del Programa de Servicios
con Antelación al Juicio.
Se crea el Programa de Servicios con Antelación al
Juicio, el cual tendrá la responsabilidad de investigar y evaluar a todo
imputado de ciertos delitos, a los fines de ofrecer sus recomendaciones a los Tribunales
en cuanto a la posibilidad de decretar la libertad provisional al imputado, y la
fijación de los términos y condiciones de la fianza correspondiente. Este
Programa tendrá como propósito eliminar la desigualdad económica en la
obtención de la libertad provisional, conforme al derecho constitucional de un
imputado de delito de permanecer en libertad bajo fianza, durante el tiempo que
se ventile el proceso criminal en su contra y hasta el momento de determinarse un
fallo condenatorio, si ese fuera el caso.
El Secretario brindará
el apoyo administrativo y fiscal necesario para la operación del Programa. El
Secretario supervisará la operación del Programa, determinará su organización
interna y estará facultado para aprobar los reglamentos que contendrán los
criterios y normas que regirán sus funciones. A tales fines, designará a un
funcionario de confianza del Departamento, quien lo asistirá en la
ejecución e implementación del Programa. El referido funcionario podrá ser un
Secretario Auxiliar o cualquier otro funcionario dentro de la estructura
gerencial. No obstante, ello no podrá implicar que se delegue en tal
funcionario la facultad de despedir o nombrar personal, ni el poder de aprobar
reglamentación.
Además, el Secretario deberá asegurarse que el
Programa brinda sus servicios en cada una de las regiones judiciales de la
jurisdicción de Puerto Rico, en virtud de las funciones y deberes descritos en
este artículo.
Toda persona a quien se le impute un delito que
conlleve la imposición de una fianza, podrá someterse a la jurisdicción y
consideración del Departamento.
Artículo 25.- Funciones del Programa.
El Departamento tendrá las siguientes funciones y
deberes en relación al Programa de Servicios con Antelación al Juicio:
(a) Recopilar y verificar información sobre el estado socioeconómico,
escolaridad, empleo, residencia, lazos con la comunidad de las personas bajo su
jurisdicción y cualquier otra información, incluyendo la adicción o dependencia
del alcohol o sustancias controladas, que le sirva al Tribunal de guía para
determinar los medios para poner en libertad provisional a toda persona
arrestada por imputársele la comisión de un delito;
(b) Hacer recomendaciones a los tribunales en cuanto a la
determinación de los términos y condiciones de la libertad provisional. Tomará
en consideración, como mínimo, los siguientes factores:
1) Relaciones en la comunidad y lazos de familia;
2) empleo;
3) recursos económicos;
4) récord de convicciones anteriores;
5) récord de comparecencia a los tribunales en ocasiones anteriores,
de fuga para evitar ser encausado y de incomparecencias;
6) circunstancias
del arresto; y
7) cualquier
otra información que sea pertinente.
(c) Someter a los tribunales informes escritos sobre la investigación
realizada en cada caso, que incluyan los hallazgos y recomendaciones que puedan
ser útiles o necesarios para definir:
1) La necesidad de imponer una fianza para garantizar la comparecencia
del imputado a todos los procedimientos judiciales en su caso; o
2) las condiciones adecuadas que podrán imponerse adicionalmente o en
sustitución de la fianza, para evitar los riesgos de incomparecencia, la
comisión de nuevos delitos o cualquier otra interferencia con la administración
ordenada de la justicia y la paz social.
(d) Supervisar el cumplimiento de las condiciones de libertad
provisional que le fueron impuestas a las personas bajo su jurisdicción e
informar con premura a los tribunales y a cualquier otro funcionario pertinente
de cualquier incumplimiento de dichas condiciones.
(e) Colaborar con los tribunales y todas las agencias relacionadas con
la administración de la justicia para desarrollar programas que eliminen el
encarcelamiento sumario innecesario y protejan al público contra la violación
de las condiciones.
(f) Solicitar la asistencia de cualquier agente o agencia del orden
público municipal, estatal o federal, para darle cumplimiento a las
disposiciones de esta Ley.
(g) Cobrar a todo imputado de delito sujeto a la condición de
permanecer bajo la supervisión del Programa de Servicio con Antelación al
Juicio con el uso de un sistema aprobado de supervisión electrónica,
parte de los costos administrativos mensuales para cubrir los gastos
relacionados con la renta y monitoreo del sistema electrónico. Los fondos
recaudados, por concepto de los cargos establecidos, serán utilizados para
cubrir los gastos relacionados con la renta y el monitoreo a través de los
dispositivos de supervisión electrónica, para la adquisición de nuevas
tecnologías de sistemas de supervisión y para cualquier otro gasto relacionado
con el mejoramiento del funcionamiento del Programa.
(h) Asignar como mínimo un agente de cobro por región judicial,
quien realizará toda gestión de cobro de dinero acorde con los más altos
estándares de sana administración gubernamental. Sus recaudos se realizarán por
cheque de gerente, giro postal, tarjeta de débito, cualquier tarjeta de crédito
aprobada o cualquier transacción bancaria electrónica autorizada. Dicho
recaudador responderá directamente al Secretario Auxiliar en Administración y
Gerencia del Departamento: funcionario que responde al Secretario o su
representante.
(i) En aquellos casos en que se emita un fallo de no culpabilidad, el
Programa de Servicios con Antelación al Juicio vendrá obligado a restituir la
totalidad de la cuantía pagada por el imputado, durante el periodo durante el
cual recibió los servicios.
(j) Recaudar las multas impuestas por el tribunal a todos los
supervisados y devolver así dicho dinero sin costo alguno al tribunal.
Artículo 26.- Recomendaciones de libertad
provisional no sujeta a condiciones pecuniarias.
Se recomendará la libertad provisional de todo
imputado de delito, no sujeto a condiciones pecuniarias, cuando se determine que:
(a) Las condiciones monetarias no son necesarias para asegurar la
presencia del imputado al juicio o a cualquier otro procedimiento judicial;
(b) la libertad provisional no pone en riesgo de daño físico a la
comunidad o a persona alguna; y
(c) cuando tal libertad provisional no viole la integridad del proceso
judicial.
Artículo 27.- Recomendaciones de condiciones al tribunal
para conceder libertad provisional.
El Departamento preparará un informe al Tribunal de
Primera Instancia, que incluirá una recomendación sobre cuál o cuáles
condiciones podrán imponerse al imputado, para ordenar su libertad condicional
bajo su propio reconocimiento, libertad condicional bajo custodia de un tercero
o libertad bajo fianza diferida. Las condiciones estarán sujetas, aunque no limitadas,
a una o todas de las siguientes condiciones:
(a) Presentarse periódicamente ante el Departamento o ante la persona
o institución que el tribunal designe;
(b) no poseer, manejar, estar cerca de o tener contacto alguno con
armas de fuego ni ninguna otra clase de objeto o artefacto que pueda ser
considerado o utilizado como un arma peligrosa;
(c) no acercarse ni comunicarse con una persona o clase de personas en
particular;
(d) no visitar un área, establecimiento o lugar en particular;
(e) abstenerse de actuaciones particulares o del consumo de bebidas
alcohólicas, drogas narcóticas o cualquier otra sustancia controlada, no
recetada y someterse periódicamente a pruebas de uso de sustancias
controladas;
(f) someterse a tratamiento contra la adicción a drogas o alcohol;
(g) someterse a tratamiento médico o psiquiátrico;
(h) obtener un trabajo;
(i) ingresar o continuar un curso de estudios académicos o
vocacionales;
(j) asistir o residir en una instalación designada por el tribunal;
(k) mantener a sus dependientes;
(l) observar cualquier horario prescrito por el tribunal;
(m) permanecer
bajo la custodia de un tercero o institución designada por el tribunal, que
esté dispuesto(a) a supervisar al imputado durante su libertad provisional. Éstos
serán responsables de notificar al tribunal y al Programa, si el imputado no
cumple con cualesquiera de las condiciones impuestas;
(n) permanecer bajo la supervisión directa del Departamento y
presentarse según se le ordene a un centro de supervisión, con o sin el uso de
un sistema aprobado de supervisión electrónica; o
(o) cualquier otra condición razonable.
Artículo 28.- Acceso a archivos y expedientes
del gobierno.
El personal designado al Programa tendrá acceso a
los archivos y expedientes de las agencias del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, a los efectos de cumplir con los propósitos de este
Capítulo.
Artículo 29.- Confidencialidad de los récords.
Será estrictamente confidencial toda información
provista por el imputado o derivada de ésta, que sea proporcionada tanto durante
su entrevista inicial como en contactos subsiguientes, y que sea expresada al personal
del Programa. Dicha información no podrá ser divulgada sin el consentimiento
escrito del imputado, excepto el informe con las recomendaciones que se
remitirá al fiscal, al abogado de la defensa y al juez. Nunca podrá utilizarse
esta información en contra del imputado durante su juicio.
En el caso de incomparecencia al tribunal, cuando un
imputado haya sido debidamente citado, el Departamento, previa solicitud del tribunal
o de cualquier agencia del orden público, proveerá la última dirección conocida
del imputado o cualquier otra información que contribuya a lograr el arresto
del evadido. El original del informe permanecerá con carácter de
confidencialidad en un expediente del Departamento y una copia se destinará al expediente
del tribunal.
Artículo 30.- Fondo Especial del Programa de
Servicios con Antelación al Juicio.
Se autoriza al Secretario de Hacienda a crear el
Fondo Especial del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, en el cual ingresarán
los dineros que reciba el Programa, con el fin de cumplir su tarea de
implementar las disposiciones de esta Ley. Este fondo podrá ser utilizado para
el pago de los gastos inherentes al funcionamiento y desarrollo del Programa.
Los desembolsos se harán de acuerdo con los reglamentos sobre presupuestos aprobados
por el Departamento.
El Departamento, en consulta con el Secretario de
Hacienda, establecerá el sistema de contabilidad requerido para el control
adecuado y el registro estadístico de todos los gastos e ingresos
pertenecientes a, o administrados o controlados para fines del Programa. Las
cuentas del Fondo para fines del Programa se llevarán de tal forma que puedan
apropiadamente segregarse hasta donde sea aconsejable, en relación con las diferentes
clases de ingresos del Programa.”
Artículo 4.- Se añade un nuevo Capítulo VII al Plan de Reorganización Núm.
2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento
de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para que lea como sigue:
“CAPÍTULO VII
PROGRAMA DE EMPRESAS DE ADIESTRAMIENTO Y TRABAJO
Artículo 31.- Creación del Programa de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo.
Se crea el Programa de Empresas de Adiestramiento y
Trabajo que será responsable de ejercer las funciones y poderes dirigidos a
proveer experiencias de adiestramiento, desarrollo empresarial, con énfasis
especial en organizaciones cooperativas, autogestión y empleo para los clientes
del sistema correccional, del Departamento y sus agencias, oficinas y programas
adscritos, siguiendo los procedimientos establecidos en esta Ley.
Artículo 32.- Criterios de participación.
El Programa tendrá la encomienda de establecer,
hasta donde los recursos lo permitan, los programas y actividades que aquí se
autorizan, para beneficio de las siguientes personas:
(a) Personas que estén recluidas, en virtud de
sentencia o medida dispositiva, en las instituciones e instalaciones del
Departamento, sujeto al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales que prohíben la reclusión y el traslado de menores conjuntamente con
convictos que sean adultos.
(b) Convictos y menores transgresores que estén en
la libre comunidad bajo cualquier programa de sentencia suspendida, libertad
bajo palabra, libertad supervisada, tratamiento de rehabilitación o reeducación
o en programas de desvío.
(c) Todo adulto o menor que esté en la libre
comunidad, después de haber extinguido su sentencia o la medida dispositiva del
tribunal o que haya sido indultado.
(d) Todo menor o adulto que esté participando en un
programa de prevención, de adiestramiento o de rehabilitación de la
Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, o de una
institución privada debidamente licenciada.
Con el fin de lograr estos objetivos, el Programa
establecerá los sistemas y proyectos que mejoren la productividad,
competitividad y la capacidad real para integrar a los egresados de sus
programas y servicios al sistema socioeconómico del País. Esto, con el
propósito de aminorar el alto grado de desempleo que confrontan los convictos y
los menores transgresores, así como los egresados de las instituciones
juveniles.
El Programa tendrá la encomienda de planificar y
diversificar, en forma innovadora, las actividades de capacitación, desarrollo empresarial,
preferiblemente de base cooperativa, autogestión y empleo para esta clientela. Así
pues, el Programa tiene el objetivo de desarrollar en todos sus participantes
actitudes positivas hacia el trabajo, autoestima, superación, liderato y
civismo. De esta forma, se proveerán los medios más eficaces para que los
participantes de estos programas contribuyan con su esfuerzo o trabajo, a los
gastos de su sostenimiento y el de su familia, a la compensación de las
víctimas del delito, al ahorro para el momento en que los confinados y menores
transgresores que estén bajo custodia se reintegren a la libre comunidad y para
contribuir a los gastos del PEAT y a los del sistema correccional y de justicia
juvenil.
Artículo 33.- Deberes y facultades del Programa.
Para la consecución de los propósitos y objetivos
enumerados en esta Ley, durante el término de su vigencia y hasta donde sus
recursos lo permitan, el Departamento tendrá las siguientes facultades y los
siguientes deberes, en relación con el PEAT:
(a) Prestar servicios, ayuda técnica y el uso de su
propiedad mueble o inmueble, mediante compensación o sin ella.
(b) Determinar, fijar o alterar derechos, rentas y
otros cargos por el uso de las instalaciones, equipo o servicios prestados o
suministrados por el Programa, ya fuere a las corporaciones públicas, las
agencias gubernamentales o a empresas privadas.
(c) Controlar de manera exclusiva sus propiedades y
actividades y establecer su propio sistema de contabilidad para el adecuado
control y registro de todas sus operaciones.
(d) Adquirir, a tenor con las normas del
Departamento y las disposiciones legales aplicables, cualesquiera bienes
muebles e inmuebles, corporales e incorporales o cualquier derecho o interés
sobre ellos; retener, conservar, usar y operarlos; y vender o arrendar dichos
bienes, cuando así sea necesario para cumplir con los fines y propósitos de esta
Ley.
(e) Identificar las destrezas, habilidades y
necesidades de los participantes. Además, estimular su interés en beneficiarse
de las actividades de adiestramiento, desarrollo empresarial, preferiblemente
en el ámbito cooperativo, autogestión y empleo que lleve a cabo el Programa.
Para ello, utilizará como insumo la información que, sobre el particular, posea
el Departamento y cualquier otro documento que pueda acopiar la Comisión de
Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico o cualquier otra entidad relacionada.
(f) Proveer a los participantes de sus programas,
hasta donde los recursos lo permitan, las más amplias oportunidades de adquirir
conocimientos y destrezas que le permitan desempeñar las funciones de un empleo
remunerado o dedicarse a un oficio u ocupación, autogestión o labor artesanal o
a una empresa cooperativa, comercial, industrial, agrícola o de servicio,
orientando estos ofrecimientos para que respondan adecuadamente a las demandas
de mercado y a las necesidades del sistema correccional o de justicia juvenil y
ofrecerles adiestramientos que provean mejoramiento continuo.
(g) Diseñar los ofrecimientos educativos y de
capacitación en coordinación con el Departamento de Educación o con cualquier
otro organismo educativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para
facilitar la integración de los participantes al mercado de empleo o para
dedicarse por sí a un oficio u ocupación.
(h) Proveer, por sí o a través de otras agencias
gubernamentales, municipios, instrumentalidades o corporaciones públicas,
personas o entidades privadas con o sin fines de lucro, experiencias de trabajo
remunerado en áreas técnicas, ocupacionales, vocacional, industrial, de
servicio, agropecuarias, agrícolas y artesanal o colaborar en el
establecimiento de talleres, campamentos, pequeños negocios, cooperativas,
corporaciones especiales propiedad de trabajadores, sociedades especiales y
otras iniciativas que canalicen las capacidades y destrezas de los
participantes para el autoempleo, y ofrecer, hasta donde sea posible, el
asesoramiento y la ayuda técnica o financiera que sea menester, para la
consecución de los objetivos de esta Ley.
En aquellos casos de personas sentenciadas al pago
de pensión alimentaria o con pena de servicios a la comunidad como condena por
cometer un delito menos grave, se coordinarán esfuerzos con el propósito de ofrecerles
el adiestramiento y empleo necesario que les permitan obtener recursos para el
pago de la pensión alimentaria. Esto, si así lo solicitaran y hasta donde
alcancen los recursos del Programa.
(i) Organizar, establecer y operar sus actividades
dentro de los límites de las instalaciones recintos, talleres, campamentos,
fincas, escuelas o instituciones de cualquier otra naturaleza que el
Departamento opere directamente o auspicie, o en cualquier otro sitio, bien sea
de una persona o entidad pública o privada con o sin fines de lucro que resulte
conveniente o adecuado. A fin de garantizar el cumplimiento de las normas de
seguridad institucional, el Programa observará y atenderá con prioridad las
normas, condiciones y requerimientos relacionados con esta materia que
establezca el Departamento.
(j) Coordinar sus actividades con las agencias,
corporaciones o instrumentalidades públicas, municipios, personas o entidades
privadas con o sin fines de lucro mediante convenio o acuerdos de colaboración
y promover la revisión de cualquier orden, requisito, reglamento o norma del Departamento
o de cualquier otra entidad gubernamental o privada que impida o dificulte el
acceso de los participantes a cualquier actividad que sea cónsona con los
objetivos de esta ley.
(k) Facilitar la ubicación de los participantes del
Programa en empleos remunerados que estén disponibles en la comunidad,
utilizando los sistemas de información ocupacional gubernamentales, privados o
mantener un registro actualizado de los participantes que sean elegibles para estos
empleos y las posibles oportunidades de trabajo y capacitación.
(l) Recibir, solicitar y aceptar donativos y ayudas
en dinero, bienes, servicios o elementos de otra índole, del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, del gobierno federal o de fuentes privadas, a través
del Departamento, para llevar a cabo los fines de esta ley bajo las condiciones
que se establezcan mediante legislación, reglamentación, acuerdo o contrato
aplicable. Para ello, podrá auspiciar proyectos originados bajo leyes
federales o estatales y actuar como agencia delegante o delegatoria y
supervisar la utilización de los fondos así adquiridos, salvo que por ley,
reglamentación, acuerdo o contrato, se haya dispuesto de otra forma.
(m) Fabricar y manufacturar, para el Departamento de
Transportación y Obras Públicas y cualquier otra entidad pública o privada
interesada, las tablillas a ser utilizadas en cualquier vehículo de motor o
arrastre.
(n) Realizar todos aquellos actos incidentales
necesarios o convenientes para ejecutar los poderes que se le confieren por esta
Ley o por cualquier otra ley vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
(ñ) Desarrollar, implantar y establecer aquella
estructura administrativa u operacional dirigida a capacitar a los clientes del
sistema correccional que interesen participar en un programa de destrezas
culinarias, como parte de su gestión de rehabilitación.
Artículo 34.- Dirección del Programa, Facultades.
El Secretario brindará
el apoyo administrativo y fiscal necesario para la operación del Programa. El
Secretario supervisará la operación del Programa, y determinará
su organización interna. También estará facultado para aprobar los reglamentos
que contendrán los criterios y normas que regirán sus funciones. A tales fines,
designará un funcionario de confianza del Departamento quien lo asistirá en la
ejecución e implementación del Programa. El referido funcionario podrá ser un
Secretario Auxiliar o cualquier otro funcionario dentro de la estructura
gerencial. No obstante, ello no podrá implicar que se delegue en tal
funcionario la facultad de despedir o nombrar personal, ni el poder de aprobar
reglamentación.
Artículo 35.- Creación de Fondos Especiales.
Los dineros obtenidos mediante la implantación de
este Capítulo ingresarán en un fondo especial denominado Fondo Especial del
Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. Estas cantidades, así como
cualquier otro recurso que ingrese a este fondo, serán utilizadas para sufragar
los gastos de funcionamiento del Programa.
Se crea, además, un fondo especial denominado Fondo
Especial de Corrección. En este Fondo Especial se depositarán las cantidades
que aporten los participantes de las actividades y programas, la aportación por
concepto de las operaciones de las tiendas, mercados y cualquier otra
aportación que el Departamento y el Programa estimen necesaria. Hasta donde los
recursos lo permitan, la cantidad a transferirse al Fondo de Corrección no será
menor de la cantidad que esté recibiendo el Departamento a la fecha de vigencia
de esta Ley, por concepto de la operación de las tiendas y mercados que
opera dicho Departamento. Los recursos transferidos al Fondo de Corrección se
pondrán a la disposición del Departamento para complementar los recursos
fiscales de que disponga dicha entidad, según lo establezca por reglamentación
el Secretario.
El Departamento podrá, además, utilizar los recursos
de dichos fondos para conceder beneficios especiales a su clientela y a sus
familiares, cuando ello sea compatible con los sistemas de bonificación por
buena conducta, trabajo o estudios, cuando se justifique por la necesidad
económica de éstos y, para compensar, en todo o en parte, los gastos en que
haya incurrido el Departamento, sus agencias, oficinas y programas adscritos,
y/o el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto, por razón de
violaciones cometidas por parte de la clientela a las leyes, normas o
reglamentación que les sean aplicables durante el período de custodia o
confinamiento.
El Secretario, o la persona designada por éste,
podrá hacer aportaciones de dinero a las agencias e instituciones con las
cuales lleva a cabo actividades o negocios, a los fines de dar cumplimiento y
promover los propósitos de esta ley. Esto, cuando la disponibilidad de fondos
lo permita.
Artículo 36.- Fomento de capital privado y manejo del
Fondo.
Se autoriza y se faculta al Programa para promover,
persuadir e inducir al capital privado a iniciar y mantener en operación
cualquier otra forma promover el establecimiento y funcionamiento de toda clase
de operaciones comerciales, cooperativas, corporaciones especiales de
trabajadores dueños, sociedad o cualquier otra entidad de servicios
industriales, agrícolas, agropecuarios, agroindustriales y artesanales, para
lograr los objetivos de esta Ley y para beneficio de los participantes.
Asimismo, podrá iniciar cualquier actividad o programa cubierto por esta ley: por
sí o conjuntamente con otras entidades privadas o gubernamentales.
Artículo 37.- Operación de mercados y tiendas.
Se autoriza al Programa a establecer y operar
mercados y tiendas en los lugares que estime apropiados y convenientes para
facilitar la venta de sus productos, artículos y servicios. La operación de
estos mercados y tiendas se hará con sujeción a la reglamentación que se apruebe
para regir la disposición de artículos, productos y servicios, para
contabilizar y fiscalizar estas actividades.
El Programa podrá operar directamente los mercados y
tiendas que establezca, según se dispone en este Artículo o mediante concesión
u otro acuerdo con agencias gubernamentales, corporaciones o instrumentalidades
públicas, municipios o personas o entidades con o sin fines de lucro. Toda
concesión o acuerdo que se formalice conforme a lo dispuesto en este artículo deberá
estar precedido por un estudio sobre la viabilidad y conveniencia de esta delegación
y de la duración de estas concesiones, contrato o acuerdos; se hará conforme al
procedimiento de subasta y estará sujeto a evaluaciones periódicas y a la
autorización del Programa para terminar estos contratos, a fin de garantizar el
cumplimiento con las condiciones impuestas.
Los dineros obtenidos de la operación de las tiendas
y mercados se contabilizarán de forma separada de cualesquiera otros fondos que
posea el Programa.
Artículo 38.- Participantes de los servicios del
Programa; jornada de trabajo y distribución de las compensaciones.
El PEAT determinará la jornada de trabajo de los
participantes. Fijará la remuneración que podrán recibir aquéllos que estén
bajo la custodia del Departamento, considerando la naturaleza del trabajo y la
forma en que éste se lleva a cabo. El sistema de retribución y otras
condiciones de adiestramiento y empleo, proveerá suficientes incentivos para
estimular la superación y el mejoramiento de los participantes. Igualmente
desalentará la violación de las normas y condiciones a que estén sujetos.
Al fijar la retribución, el PEAT podrá concretar
acuerdos con los participantes, sujeto a la reglamentación adoptada, a fin de
separar y distribuir parte de la retribución que les corresponda para
satisfacer en todo o en parte, los gastos de sostenimiento de sus familias o
dependientes, para cumplir los pagos de pensiones alimenticias, de penas u
órdenes de restitución a las víctimas de delito o cualquier otra obligación
personal o familiar y para el ahorro. Asimismo, el Departamento determinará la
porción razonable que deberán aportar los participantes al Fondo de Corrección,
creado en virtud de esta Ley, provenientes de la retribución que les
corresponda.
En caso de que los participantes estén bajo la
custodia del Departamento, la cantidad que les corresponda ingresará a las
cuentas bancarias que se provean conforme a este plan. Si se trata de menores
transgresores, el Programa establecerá los métodos y procedimientos para
depositar los dineros pertenecientes a los menores que participen en los
programas del PEAT, en cuentas bancarias a favor de éstos. Lo hará mediante un
acuerdo con el Departamento.
Artículo 39.- Venta de Productos y Servicios.
El PEAT tendrá facultad para vender sus productos,
artículos y servicios a las instituciones del Departamento de Corrección y
Rehabilitación o a los departamentos, agencias, corporaciones e
instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así
como a los municipios, a las agencias federales y a cualquier estado de Estados
Unidos de América.
Podrá, además, extender la venta de sus productos,
artículos y servicios a personas jurídicas tales como organizaciones,
asociaciones, sociedades, iglesias, escuelas privadas, grupos, entidades e
instituciones que operan sin fines de lucro y a las demás personas jurídicas y
naturales: en la forma que resulte más beneficioso a los intereses del
Programa, los del propio Departamento de Corrección y los del interés público.
En la venta de sus productos, artículos o servicios
a los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el PEAT podrá ejecutar lo dispuesto
en la Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, conocida como la "Ley para
Establecer un Sistema de Pronto Pago para los Proveedores de Bienes y Servicios
al Gobierno”.
Artículo 40.- Transacciones preferentes con el
gobierno.
Todos los departamentos, agencias,
instrumentalidades y corporaciones públicas, así como los municipios, vendrán
obligados a brindar la primera opción y a comprar preferentemente en forma
directa al Departamento, a través del PEAT, los productos, artículos y
servicios que generen las actividades y programas cuyo establecimiento se
autoriza por esta ley. Esto, si cumplen razonablemente con los requisitos en
cuanto a especificaciones y calidad, si los mismos están disponibles para
entregar en tiempo razonable, si los fondos necesarios para su adquisición
están disponibles y si sus precios comparan razonablemente, con los corrientes
en el mercado.
Los departamentos, agencias, instrumentalidades y
corporaciones públicas del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
sus municipios, no vendrán obligados a cumplir con el requisito de subasta,
cuando las compras se efectúen con el PEAT.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto establecerá una
partida de línea para el pago de los servicios de compras preferentes que le
ofrezca el Programa a aquellos departamentos, agencias, instrumentalidades y
corporaciones públicas cuyos presupuestos de gastos provengan del Fondo General.”
Artículo 5.- Se re-designa el vigente Capítulo VI,
como Capítulo VIII, y se renumeran sus Artículos 24, 25, 26, 27 y 28 como
Artículos 41, 42, 43, 44 y 45, respectivamente, del Plan de Reorganización Núm.
2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento
de Corrección y Rehabilitación de 2011”.
Artículo 6.- Se enmienda el primer párrafo del
vigente Artículo 24 del Capítulo VI, renumerado como Artículo 41 del Capítulo
VIII, del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan
de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”,
para que lea como sigue:
“Artículo 41.- Aplicación de la Ley del
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo a miembros de la población
correccional.
Se hacen extensivas las disposiciones de
la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la “Ley
de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a los accidentes y enfermedades
ocupacionales que, conforme a dicha Ley, sean compensables, que sufran los
miembros de la población correccional o los empleados, mientras realicen
labores o proyectos bajo el Departamento o el PEAT, según lo autorice este plan.
. . . ”
Artículo 7.- Se redesigna
el vigente Capítulo VII,
como Capítulo IX, y se renumeran sus Artículos 29, 30, 31 y 32 como Artículos 46,
47, 48 y 49, respectivamente, del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según
enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección
y Rehabilitación de 2011”.
Artículo 8.- Se enmienda el inciso (e) del
vigente Artículo 29 del Artículo VII, renumerado como Artículo 46, del Plan de Reorganización Núm.
2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento
de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para que lea como sigue:
“Artículo
46.- Creación de Cuentas Bancarias.
Se autoriza la creación de cuentas
bancarias en cada una de las instituciones, a nombre del Departamento, en las
cuales ingresarán:
a) …
b) …
c) …
d) …
e) los fondos obtenidos por concepto de la
labor rendida por la clientela del PEAT, agencias gubernamentales, estatales o
municipales, en la empresa privada o de cualquier otra fuente fuera del
Departamento. Estos fondos se utilizarán para cada fin específico en la
proporción que determine el Secretario por reglamentación, incluyendo, pero no
limitándose, a lo siguiente:
1)
. . . ”
Artículo 9.- Se re designa el vigente Capítulo VIII,
como Capítulo X, y se reenumeran sus Artículos 33, 34, 35, 36 y 37 como
Artículos 50, 51, 52, 53 y 54, respectivamente, del Plan de Reorganización Núm.
2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento
de Corrección y Rehabilitación de 2011”.
Artículo 10.- Se re-designa el vigente Capítulo
IX como Capítulo XI, y se reenumeran sus Artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46 y 47 como Artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64
respectivamente, del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado,
conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de 2011”.
Artículo 11.- Se enmienda el inciso (b)
del vigente Artículo 38 del Capítulo IX, reenumerado como Artículo 55, del Plan
de Reorganización Núm. 2-2011, conocido como “Plan de Reorganización del
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para que lea como sigue:
“Artículo 55.- Capital Humano
a)
. . .
b)
Se transfieren al Departamento todos los
funcionarios y empleados con estatus regular, que a la vigencia de este plan estén
prestando servicios en la Administración de Corrección y la Administración de
Instituciones Juveniles.
c)
. . .”
Artículo 12.- Se re-designa el vigente Capítulo
X, como Capítulo XII, y se reenumeran sus Artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 como Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, respectivamente, del Plan de
Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de
Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” .
Artículo 13.- Se re-designa el vigente
Capítulo XI como Capítulo XIII, y se reenumeran sus Artículos 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72 y 73 como Artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90,
respectivamente, del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado,
conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y
Rehabilitación de 2011”.
Artículo 14.- Transferencias de empleados.
Dentro del término de sesenta (60) días, contados a partir de la
aprobación de esta ley, los empleados de carrera y/o regulares de la Oficina de
Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo, pasarán a ser empleados del Departamento de
Corrección y Rehabilitación. Los empleados de carrera o regulares transferidos,
tendrán un sueldo y beneficios comparables pero no inferiores a los que
disfrutaban en la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y en la
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.
Las
disposiciones de esta ley no podrán ser utilizadas como fundamento para el
despido de ningún empleado o empleada con un puesto regular o de carrera. Tampoco
podrán interpretarse como un requerimiento o fundamento para la reducción o
aumento del sueldo y beneficios marginales que reciben los empleados de la
agencia a la cual fueron transferidos. Mientras no se enmiende el Plan de
Clasificación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se utilizará
paralelamente el Plan de Clasificación de la Oficina de Servicios con
Antelación al Juicio y el de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y
Trabajo, para los empleados que fueron transferidos desde éstas.
A partir de la vigencia de esta ley, el Departamento
de Corrección y Rehabilitación reconocerá al (los) sindicato(s) que representen
a los empleados transferidos de la Oficina de Servicios con Antelación al
Juicio y los de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, de
existir alguno. El Departamento de Corrección y Rehabilitación asumirá el (los)
convenio(s) colectivos vigentes al ocurrir la transición y hasta su terminación,
conforme a las disposiciones legales que sean aplicables. En esos casos, el
personal transferido entre componentes u otras entidades gubernamentales que
sean parte de una unidad apropiada de negociación colectiva, conservarán ese
derecho y como medida excepcional, podrán permanecer como tal unidad apropiada,
sin sujeción a lo dispuesto en cualquier otra ley anterior.
Artículo 15.- Transferencias
de bienes y recursos.
Dentro de un periodo que no
excederá de sesenta (60) días naturales, contados a partir la fecha de
aprobación de esta ley, el Departamento de Corrección y Rehabilitación
solicitará y la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación
de Empresas de Adiestramiento y Trabajo llevarán a cabo la transferencia de los
documentos, expedientes, materiales, equipos, presupuesto y cualquier propiedad
mueble o inmueble de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y de la
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.
El periodo aquí mencionado aplicará también a todas
las acciones necesarias, apropiadas y convenientes que deberá llevar a cabo el
Departamento de Corrección y Rehabilitación para cumplir con los propósitos de
esta ley. Entre éstos figuran el establecimiento de estructura interna,
programática y presupuestaria, así como la de cuentas requeridas para llevar a
cabo la contabilidad de sus fondos y reubicación de oficinas, sin que esto se
interprete como una limitación.
El Departamento de Corrección y
Rehabilitación asumirá y será responsable por cualquier deuda, obligación o
responsabilidad económica de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y
de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. A su vez asumirá y
será acreedora de cualquier activo o derecho de la misma.
Artículo 16.- Presupuesto.
Cualquier
remanente de asignaciones especiales de años fiscales anteriores para la
Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la de la Corporación de Empresas
de Adiestramiento y Trabajo, que al momento de la aprobación de la esta ley estuvieran
vigentes, serán contabilizados a favor del Departamento de Corrección y
Rehabilitación. Se mantendrá su uso y balance al momento de la transición. De
igual forma, cualesquiera fondos que hubiesen sido generados por la Oficina de
Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo, serán transferidos a sus respectivos fondos
especiales, creados en virtud de esta ley.
Asimismo,
con relación al presupuesto aprobado para la Oficina de Servicios con
Antelación al Juicio para el Año Fiscal 2014-2015, ya sea que provenga del
presupuesto operacional contenido en la Resolución Conjunta del
Presupuesto General o de las asignaciones contenidas en la Resolución Conjunta
de Asignaciones Especiales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto determinará la
cantidad que estime necesaria para darle la continuidad y operación a los
Programas, y la transferirá al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Si
existiere un sobrante entre lo aprobado y lo transferido, se transferirá la
diferencia al Fondo Presupuestario, para ser utilizado conforme a las
disposiciones aplicables al mismo.
Artículo 17.- Disposiciones transitorias.
a)
El Secretario de
Corrección y Rehabilitación dirigirá la transición y atenderá
los asuntos administrativos que surjan de ésta. A tales fines, podrá establecer
mediante órdenes administrativas, todas las normas que entienda necesarias para
asegurar un proceso de transición ágil y ordenado, incluyendo lo relacionado con
la transferencia de los empleados de la Oficina de Servicios con Antelación al
Juicio y de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.
b)
Los Directores Ejecutivos
de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y
de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo deberán preparar y
poner a disposición del Secretario de Corrección y Rehabilitación, un informe
de transición. Éste se someterá dentro de un período de tiempo que no excederá
de treinta (30) días naturales contados a partir de la aprobación de esta ley. Incluirá
entre otras cosas:
i.
informe de estatus de cualquier caso en el que
sea parte ante cualquier tribunal, estatal o federal, así como ante cualquier
foro administrativo;
ii.
informe de estatus de transacciones
administrativas;
iii.
informe de cuentas que incluya el balance en
las cuentas de la agencia y el balance en el presupuesto asignado para el año
fiscal en curso;
iv.
inventario de propiedad, materiales y equipo
de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y de la Corporación de Empresas
de Adiestramiento y Trabajo;
v.
copia de los últimos informes que por ley
tienen que radicar a las distintas ramas de gobierno;
vi.
informe del personal de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y de la Corporación
de Empresas de Adiestramiento y Trabajo que incluya
los puestos, ocupados y vacantes de la agencia, los nombres de las personas que
los ocupan y el gasto en nómina que representan;
vii.
informe de los contratos vigentes de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y de la Corporación de
Empresas de Adiestramiento y Trabajo;
viii.
informe de los acuerdos y convenios contraídos
con entidades públicas, estatales o federales; y
ix.
cualquier otra información que le sea
requerida por el Secretario de Corrección y Rehabilitación.
c) Durante el proceso de transición, los Directores Ejecutivos de la Oficina de Servicios con
Antelación al Juicio y de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y
Trabajo pondrán a disposición del Secretario de Corrección y Rehabilitación
todo el personal que éste último estime necesario durante el proceso de
transición. Asimismo, el Secretario de Corrección y Rehabilitación tendrá
acceso a todo archivo, expediente o documento que se genere o haya sido
generado por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y de la Corporación
de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.
d) Durante el proceso de transición, los
Directores Ejecutivos de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y de la
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, deberán informar al
Secretario de Corrección y Rehabilitación y solicitar su autorización para toda
disposición de fondos que deba realizarse.
e) Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas
circulares y demás documentos administrativos de las agencias se mantendrán
vigentes, en lo que sea compatible con lo dispuesto en esta ley, hasta que
éstos sean enmendados, suplementados, derogados o dejados sin efecto por el
Secretario de Corrección y Rehabilitación.
f) Durante el proceso de transición, cada uno de los organismos continuará
funcionando de forma regular, hasta tanto los nuevos Programas inicien sus
operaciones, sujeto a las medidas de transición aquí dispuestas.
g) El Secretario de Corrección y
Rehabilitación tendrá un término de cincuenta (50) días, desde la fecha de
aprobación de la ley, para someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto cualquier
planteamiento relacionado a la transferencia de fondos o cualquier transacción
que sea necesaria para poner en vigor esta Ley y que, en su curso ordinario,
requiera aprobación de dicha Oficina.
h) Los empleados de carrera o regulares pasarán
a ser empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, conforme a las
disposiciones de esta ley, en un término de sesenta (60) días desde la
aprobación de esta ley. A tenor con lo anterior, los Directores Ejecutivos de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, la Corporación
de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, y el
Secretario de Corrección y Rehabilitación, tomarán todas las acciones
requeridas para dar efecto a dicha transferencia. Al cabo de los sesenta (60)
días de la aprobación de la ley, los programas y paneles aquí creados pasarán a
estar bajo la dirección de los funcionarios
de confianza del Departamento de Corrección y Rehabilitación; designados de
conformidad con esta ley. Quedarán vacantes
y eliminados los puestos de los Directores Ejecutivos de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, así como los puestos en la Junta de Gobierno de la Corporación
de Empresas de Adiestramiento y Trabajo que, a la
fecha de la aprobación de esta Ley, ocupen cargos en dicha Junta.
i) En caso de que los Directores Ejecutivos de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, no
estén disponibles o no ejecuten las medidas sometidas en este artículo, el
Secretario de Corrección y Rehabilitación podrá designar un funcionario de
confianza para llevarlas a cabo, según han sido encomendadas en este artículo.
j) En virtud de esta ley, el Departamento de Corrección y
Rehabilitación será el sucesor legal de la Oficina de
Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo; estas últimas entidades
quedarán eliminadas.
Artículo 18.- Informe de integración.
Se ordena al Secretario del Departamento de
Corrección y Rehabilitación a que someta al gobernador, a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa, un informe de integración.
En éste se detallarán los resultados de la integración de los Programas dentro
del Departamento, la redistribución de los recursos y cualquier otra
información solicitada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Dicho informe
debe ser presentado durante los treinta (30) días siguientes al cierre del Año
Fiscal 2014-2015.
Artículo 19.- Cláusula enmendatoria.
Cualquier referencia a la Oficina de
Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo en cualquier otra ley, reglamento o documento oficial
del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se entenderá enmendada a
los efectos de referirse al Programa de Servicios con Antelación al Juicio y al
Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, creados mediante esta ley,
según corresponda: siempre y cuando sus disposiciones no estén en conflicto con
las disposiciones o fines de la presente ley.
Artículo 20.- Incompatibilidad.
En tanto las disposiciones de esta ley sean
incompatibles con las de alguna otra ley o reglamento, prevalecerán las disposiciones
de esta ley.
Artículo 21.- Divulgación.
Esta ley y su impacto constituyen
información de interés público. Por consiguiente, se autoriza al Departamento
de Corrección y Rehabilitación a educar e informar sobre esta Ley y su impacto,
ya que es de vital importancia que los ciudadanos estén informados sobre los
cambios y deberes de las agencias concernidas, los nuevos servicios, derechos y
obligaciones de los ciudadanos y del gobierno Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
Artículo 22.- Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o
parte de esta ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente,
la sentencia dictada a esos efectos no afectará ni invalidará sus demás
disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula,
párrafo, artículo, inciso o parte de esta ley que hubiere sido declarada
inconstitucional.
Artículo 23.- Exclusión.
Se excluye esta ley
de las disposiciones de la Ley 182-2009, según enmendada, conocida como la “Ley
de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto
Rico de 2009”.
Artículo 24.- Derogación.
1.
Se deroga la Ley 177-1995,
según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de Servicios con Antelación
al Juicio”. Se transfieren sus programas y servicios al Programa de Servicios
con Antelación al Juicio, creado en esta Ley.
2.
Se deroga la Ley 47-1991,
según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo”. En consecuencia,
expresamente se deroga la Junta de Gobierno de la Corporación de Empresas de
Adiestramiento y Trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley. Se transfieren sus programas y servicios al
Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, creado por esta ley.
Artículo 25.- Se
dispone que en los casos en que los términos de esta ley sean contrarios o
estén en conflicto con los términos de la Ley 66-2014, mejor conocida como la “Ley
Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”, prevalecerá lo dispuesto sobre la materia en la Ley
66-2014.
Artículo 26.- Vigencia.
Esta ley entrará en vigor inmediatamente a
partir de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
2. Presione Aquí para
buscar enmiendas posteriores de tener alguna. Debe buscar desde la fecha de
esta ley al presente.
3. Presione
Aquí para ver la Ley Completa, con sus enmiendas integradas y
Actualizada (Socios
Solamente)
4. Visite la página
de nuestro Club de LexJuris de Puerto Rico www.LexJuris.net
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Este documento constituye un documento de
las leyes del Estado Libre Asociado de P.R. que está sujeto a los cambios y
correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las leyes de
Puerto Rico. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad. Siempre busque leyes posteriores para posibles enmiendas a esta ley.
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