Ley Núm. 201 del año 2014
(P. del S. 605); 2014, ley 201
Ley para crear la Junta de Comercio Exterior del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Ley Núm. 201 de 12 de diciembre de 2014
Para establecer mediante mandato de ley la creación de la Junta de Comercio Exterior, la cual tendrá la responsabilidad de diseñar un plan estratégico de comercio exterior que incluya la utilización de aquellos recursos y programas que provee el Gobierno Federal de los Estados Unidos y las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado. Esta Junta estará adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El crecimiento económico de todo país depende en gran medida del éxito en lograr la entrada de flujos de capital en su economía. Esto se logra fundamentalmente mediante la atracción de capital externo, ya sea mediante inversiones directas, el turismo y la exportación de bienes y servicios.
Históricamente los esfuerzos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de promover la exportación de bienes y servicios producidos por empresas puertorriqueñas han sido tímidos cuando se comparan con los recursos que se invierten en atraer inversiones directas y turismo al país. A pesar de que actualmente las exportaciones registradas representan el sesenta y seis punto ocho (66.8) por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), la proporción de las mismas que proceden de empresas locales es mínima.
Uno de los beneficios que se deriva del comercio exterior es que crea mercados de mayor tamaño. El desarrollo del comercio internacional y la especialización se justifica por las ganancias en eficiencia que se obtienen al producir a mayor escala y con rendimientos crecientes (CEPAL, 2005). Es precisamente esto lo que necesitan nuestras empresas locales para crecer, un mercado potencial que les permita producir bienes de forma eficiente. Las estadísticas nos demuestran que nuestras empresas locales han sido tímidas cuando se trata de exportar sus productos y servicios hacia nuevos mercados regionales e internacionales.
Estas oportunidades han estado disponibles en el escenario internacional con el desarrollo alcanzado a través de la integración de los mercados durante los últimos años. Desde la década de 1990 el Gobierno de los Estados Unidos de América ha suscrito Tratados de Libre Comercio (TLC) con diversos países de nuestro hemisferio, los cuales además del mercado estadounidense, constituyen el mercado natural para los bienes y servicios producidos en Puerto Rico por la cercanía geográfica y la afinidad cultural que existe entre nuestro país y la mayoría de las naciones del continente americano. Por otro lado, debido a nuestra relación de Estado Libre Asociado con los Estados Unidos, Puerto Rico forma parte de los mercados regionales que se han creado a través de los tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (“NAFTA”, suscrito en 1994); el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLCCE, suscrito en 2004); el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana, que incluye a Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador (“CAFTA”, suscrito en 2005) y el Tratado de Libre Comercio con Colombia, suscrito en el 2011.
A pesar de que desde la firma del NAFTA se expandieron las posibilidades de acceso a nuevos mercados en nuestro hemisferio para las empresas puertorriqueñas, en Puerto Rico no se ha capitalizado esta oportunidad. Recientemente, se creó la Ley Núm. 22-2012, también conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, con el propósito de asegurar que se utilicen todos los recursos disponibles como parte de una política pública integral y coherente, en la que se evite la duplicidad de esfuerzos, para insertar a las empresas puertorriqueñas en el comercio exterior. Además, el 16 de junio de 2009, se creó la Orden Ejecutiva OE-2009-019 para crear la Junta de Comercio Exterior adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. No empece estos esfuerzos, todavía no existe con fuerza de ley una política pública integral sobre comercio exterior que propicie el desarrollo de estrategias dirigidas a aumentar las exportaciones de bienes y servicios desde Puerto Rico a los nuevos mercados. Esta ausencia de una política pública y de estrategias específicas ha impedido que nuestra economía se beneficie del potencial de crecimiento que puede proveer la participación activa de nuestras empresas en el comercio exterior a través de la inserción en los Tratados de Libre Comercio. Además, Puerto Rico no ha podido aprovechar sus ventajas competitivas al máximo en las industrias de telecomunicaciones, seguros, informática y servicios profesionales y financieros, entre otros.
Ante este cuadro, resulta impostergable darnos a la tarea de elaborar una política estratégica para asegurar que nuestras empresas y empresarios aprovechen su capacidad de servir efectivamente las necesidades de los mercados a los que tenemos acceso a través de los Tratados de Mercado Internacional. Debemos destacar que otra de las ventajas competitivas que provee Puerto Rico es tener una gran población bilingüe con educación universitaria y que unido a la localización geográfica, autonomía fiscal y sus vínculos políticos con los Estados Unidos, puede servir de puente entre Latinoamérica y Estados Unidos.
Esta Ley dispone para la creación de la Junta de Comercio Exterior establecerá las prioridades de política pública, identificará los recursos y programas que se necesiten para implantar la misma y evaluará los existentes. La Compañía de Comercio y Exportación, así como las demás entidades del Estado Libre Asociado con injerencia en el comercio exterior y el desarrollo económico, vendrán obligadas a adoptar y establecer con alta prioridad la política pública y los planes estratégicos establecidos por la Junta de Comercio Exterior. Para garantizar la continuidad y el máximo dinamismo de la Junta y las políticas que adopte y siguiendo modelos como los utilizados en otras jurisdicciones incluyendo el estado de Florida, la mayoría de los miembros de la Junta de Comercio Exterior provendrán del sector privado. Esto permitirá que la Junta se nutra del conocimiento y experiencias de personas insertadas en el mundo de los negocios, la academia y las relaciones internacionales para asegurar la elaboración de una política integral y su necesaria evolución y actualización.
La responsabilidad de la Junta consistirá de elaborar un plan estratégico de comercio exterior para Puerto Rico, que incluya la utilización al máximo de los recursos que provee el Gobierno Federal de los Estados Unidos a través de agencias y programas como el Export-Import Bank (EX-IM BANK), Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Administración de Comercio Internacional (ITA), la Administración de Pequeños Negocios (SBA), y todos los instrumentos disponibles en Puerto Rico, incluyendo entidades como el Departamento de Estado, la Compañía de Comercio y Exportación, Banco de Desarrollo Económico y Comercio, las oficinas comerciales en el exterior y los instrumentos de la autonomía fiscal que surgen de nuestra condición política de Estado Libre Asociado. No hay que esperar para que Puerto Rico se convierta en un participante activo del comercio internacional mediante la exportación de los bienes y servicios de excelencia que producen nuestras empresas y trabajadores.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: