Ley Núm. 13 del año
2020
(P. de la C. 1460); 2020, ley 13
(Conferencia)
Para enmendar la Secciones 3 y 4 de la Ley Núm. 95 de 1963, Ley
de Beneficios de Salud para Empleados Públicos; y enmienda el Artículo 1.05 de
la Ley Núm. 20 de 2017, Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto
Rico.
Ley
Núm. 13 de 3 de enero de 2020
Para
enmendar el inciso (b) de la Sección 3 y el inciso (a) de la Sección 4 de la
Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de
Beneficios de Salud para Empleados Públicos”; y añadir un inciso (aa) al
Artículo 1.05 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; con el fin de autorizar al Secretario
del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, en consulta con las
organizaciones de trabajadores bona fide y las uniones adscritas al Departamento
de Seguridad Pública, a gestionar la negociación y contratación de planes de
seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del Departamento
que voluntariamente decidan acogerse a un seguro médico de salud provisto por
una aseguradora privada, y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La Ley Núm. 95 de
29 de junio de 1963, según enmendada, viabiliza la obtención de un plan de
beneficios médico-quirúrgicos, de hospitalización y beneficios suplementarios
para los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley
establece que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico será la
entidad encargada de gestionar con las aseguradoras la contratación de los
diferentes seguros médicos para los empleados de las diversas agencias de
gobierno de la Rama Ejecutiva. El propósito es establecer una estructura
centralizada de gestión para obtener las mejores condiciones en los contratos
de seguros médicos de salud.
La Ley Núm. 95, supra,
inicialmente excluía únicamente a los empleados y funcionarios adscritos a la
Universidad de Puerto Rico y a las corporaciones públicas. No obstante, la
Asamblea Legislativa ha realizado una serie de enmiendas a dicho estatuto para
excluir a otras entidades y permitir que estas negocien directamente todo lo
concerniente a los beneficios relacionados con el seguro de salud de sus
respectivos empleados. Dichas leyes son:
·
la Ley 324-2003, para excluir a la Rama Judicial;
·
la Ley 11-2010, para excluir a la Asamblea
Legislativa;
·
la Ley 276-2011, para excluir a la Oficina del
Contralor;
·
la Ley 280-2012, para excluir la Oficina del Procurador
del Ciudadano;
·
la Ley 16-2015, para excluir a la Policía de
Puerto Rico;
·
la Ley 171-2015, para excluir al Departamento de
Educación; y
·
la Ley 214-2015, para excluir al Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
De esta manera, los
funcionarios y empleados adscritos a las instituciones señaladas pueden
beneficiarse de cubiertas más competitivas. Esto producto de una negociación
directa con las aseguradoras contratantes, lo cual está fundado en el principio
de negociación colectiva exclusiva y basado en el perfil sociodemográfico de
sus empleados.
De otra parte, durante
el año 2017 se aprobó la Ley 20-2017, según enmendada, la cual creó un nuevo
sistema integrado por todos los componentes que administran la seguridad
pública en Puerto Rico bajo el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
y permitió compartir personal y gastos administrativos en aras de reducir
gastos. En adición, se consolidaron bajo el mando del Secretario de Seguridad
Pública los Negociados de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses,
los Sistemas de Emergencia 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres y el Cuerpo de Emergencias Médicas, y de Investigaciones Especiales. Al
mismo tiempo, derogó las leyes orgánicas de las entidades predecesoras,
incluyendo la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de
Puerto Rico”.
Así las cosas, la
información que hemos obtenido refleja que, a diferencia de otras entidades,
donde la aprobación de la exclusión de la Ley Núm. 95, supra, resultó en
mejores ofertas de planes médicos para los empleados, el caso para los miembros
de la uniformada ha sido otro. La realidad es que un número significativo de
policías ha decidido no acogerse al plan negociado directamente entre el
Negociado de la Policía de Puerto Rico y las aseguradoras.
En aras de
remediar la situación, entendemos necesario permitirle al Secretario del
Departamento de Seguridad Pública negociar directamente con las aseguradoras
contratantes para beneficio de los siete (7) Negociados bajo su Departamento. Tal
proceder redundará en que más funcionarios y empleados adscritos a los Negociados,
particularmente los policías, puedan beneficiarse de cubiertas más competitivas.
A tales efectos,
esta Asamblea Legislativa procede a incluir a todos los empleados del
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico entre los exentos de la Ley
Núm. 95, supra. Así, el Secretario de dicho departamento ostentará la facultad
para negociar y contratar directamente con los planes de seguros de servicios
de salud. De esta forma, el Secretario podrá negociar cubiertas más atractivas
y a un costo inferior, un atractivo que promoverá mejores servicios
médico-hospitalarios para todos los beneficiados.
DECRÉTASE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Se
enmienda el inciso (b) de la Sección 3 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de
1963, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 3.-Definiciones
Al usarse en esta
Ley los términos que a continuación se relacionan, los mismos tendrán el
significado que aquí se expresa:
(a) Administración
– Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, creada por virtud de la
Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada.
(b) Empleado – Todo
funcionario o empleado de nombramiento o elección, en servicio activo de la
Rama Ejecutiva del Gobierno o pensionado de cualquier rama del Gobierno de
Puerto Rico y de sus agencias, departamentos y municipios, pero excluyendo a
los funcionarios y empleados de las corporaciones públicas, el Departamento de
Seguridad Pública y de la Universidad de Puerto Rico, a los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto
Rico, a los funcionarios y empleados de la Oficina del Contralor, a los
funcionarios y empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
(CRIM) y a los funcionarios y empleados de la Oficina del Procurador del
Ciudadano, quienes podrán acogerse a los planes que seleccione la
Administración, si así lo desean, y si la corporación pública, la Rama
Judicial, la Rama Legislativa, la Oficina del Contralor, la Oficina del
Procurador del Ciudadano, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
(CRIM) y dichos funcionarios y empleados cumplen con las disposiciones de esta
Ley. El término “empleado” incluye, además, funcionarios y empleados que
estuvieren fuera de Puerto Rico en servicio activo.
(c) ...
...”.
Artículo 2.-Se
enmienda el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de
1963, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 4.-Autoridad
Contratante
(a)
La Administración queda por la presente autorizada
para contratar, con o sin el requisito de subasta, pero siempre deberá contar,
con dos (2) o más propuestas aseguradores que cualifiquen de acuerdo con la ley
y los requisitos al efecto y que ofrezcan cualquier o todos los planes
descritos en la Sección 5 de esta Ley. Cada uno de dichos contratos deberá ser
por un término uniforme no menor de un (1) año, pero podrá hacerse
automáticamente renovable de término en término en ausencia de terminación por
cualquiera de las partes.
El (La) Juez Presidente(a) del Tribunal Supremo o la persona en quien
éste delegue, podrá negociar y contratar planes de seguros de servicios de
salud y aprobar reglamentación a tales fines, para los empleados y funcionarios
de la Rama Judicial, conforme a las facultades que le confiere la Ley Núm. 64
de 31 de mayo de 1973, según enmendada. Además, que podrá aceptar la
negociación y contratación para planes de servicio de salud que haga la
Administración para los empleados de esa Rama conforme a las disposiciones de
esta Ley.
El (La) Presidente(a) del Senado y el (la) Presidente(a) de la Cámara
de Representantes, respectivamente, o la persona a quien éstos designen, podrán
negociar y contratar en conjunto o por separado directamente con los planes de
seguros de servicios de salud a nombre de y para beneficio de los empleados y
funcionarios de su respectivo Cuerpo y oficinas o entidades bajo el Cuerpo
correspondiente y de así entenderlo necesario, aprobar reglamentación a tales
fines, de conformidad con los poderes y facultades que les han sido delegados
por la Constitución del Gobierno de Puerto Rico para adoptar las leyes, reglas
y reglamentos que regirán el funcionamiento de cada Cuerpo. Disponiéndose,
además, que podrán aceptar la negociación y contratación para planes de
servicio de salud que haga la Administración para los empleados de la Rama
Legislativa, conforme a las disposiciones de esta Ley.
El(La) Contralor(a)
de Puerto Rico o la persona en quien éste(a) delegue, podrá negociar y
contratar planes de seguros de servicios de salud para los empleados y
funcionarios de la Oficina del Contralor, conforme a las facultades que le
confiere la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada. Además, que
podrá aceptar la negociación y contratación para planes de servicios de salud
que haga la Administración para los empleados de esa Oficina, conforme las
disposiciones de esta Ley.
El(La)
Procurador(a) del Ciudadano o la persona en quien éste(a) delegue, podrá
negociar y contratar planes de seguros de servicios de salud para los empleados
y funcionarios de la Oficina del Procurador del Ciudadano, conforme a las
facultades que le confiere la Ley Núm. 134 de 30 de enero de 1977, según
enmendada. Además, podrá aceptar la negociación y contratación para planes de
servicios de salud que haga la Administración para los empleados de esa
Oficina, conforme las disposiciones de esta Ley.
El(La) Director(a)
del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) o la persona en quien
éste delegue, podrá negociar y contratar planes de seguros de servicios de
salud para los empleados y funcionarios del Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales (CRIM), conforme a las facultades que le confiere la Ley 80-1991,
según enmendada. Además, que podrá aceptar la negociación y contratación para
planes de servicios de salud que haga la Administración para los empleados de
esa Oficina, conforme las disposiciones de esta Ley.
El(La)
Secretario(a) del Departamento de Seguridad Pública o la persona a quien éste(a)
designe, en consulta con las organizaciones de trabajadores bona fide,
adscritas al Departamento de Seguridad Pública, podrá gestionar directamente
con las aseguradoras de servicios de salud, la negociación y contratación de
planes de seguros médicos de salud a nombre de y para beneficio de los
empleados y funcionarios del Departamento de Seguridad Pública que
voluntariamente decidan acogerse a un seguro médico de salud provisto por una
aseguradora privada. Esto, conforme a las facultades que le confiere la Ley
20-2017, según enmendada. Además, podrá aceptar la negociación y contratación
para planes de servicios de salud que haga la Administración para los empleados
y funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, conforme las
disposiciones de esta Ley.
El(La)
Secretario(a) de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la
persona a quien éste designe, en conjunto con las organizaciones de
trabajadores bona fide, adscritas al Departamento de Educación, según
dispuesto en la Ley 45-1998, podrá gestionar directamente con las aseguradoras
de servicios de salud, la negociación y contratación de planes de seguros
médicos de salud a nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios
del Departamento de Educación que voluntariamente decidan acogerse a un seguro
médico de salud provisto por una aseguradora privada. Esto, conforme a las
facultades que le confiere la Ley 149-1999, según enmendada. Además, podrá
aceptar la negociación y contratación para planes de servicios de salud que
haga la Administración para los empleados y funcionarios del Departamento de
Educación, conforme las disposiciones de esta Ley.
Cuando el(la) Juez
Presidente(a) del Tribunal Supremo, el(la) Presidente(a) del Senado de Puerto
Rico, el(la) Presidente(a) de la Cámara de Representantes, el(la) Contralor(a)
de Puerto Rico, el(la) Procurador(a) del Ciudadano, el(la) Director(a) del
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el(la) Secretario(a) del
Departamento de Seguridad Pública o el (la) Secretario(a) de Educación negocie
un plan de seguro de servicios de salud o se acoja a alguno de los planes que
seleccione la Administración, y ambos cónyuges son empleados o pensionados del
servicio público en cualquier Rama del Gobierno de Puerto Rico, de sus
agencias, departamentos, municipios, corporaciones públicas o la Universidad de
Puerto Rico, estos podrán acogerse para sí y para su familia al plan de su
preferencia. Tendrán derecho a que se le apliquen las aportaciones patronales
de ambos a dicho plan hasta el máximo de la referida aportación.
(b) ...
...”.
Artículo 3.-Se
añade el inciso (aa) al Artículo 1.05 de la Ley 20-2017, según enmendada, para
que lea como sigue:
“Artículo
1.05.-Deberes y Facultades del Secretario.
El Secretario
tendrá, sin limitarse a, los siguientes deberes y facultades:
(a) ...
...
(aa) Gestionará, en
consulta con las organizaciones de trabajadores bona fide y uniones
adscritas al Departamento de Seguridad Pública, directamente con las
aseguradoras de servicios de salud, la negociación y contratación de planes de
seguros médicos de salud a nombre de y para beneficio de los empleados y
funcionarios del Departamento de Seguridad Pública que voluntariamente decidan
acogerse a un seguro médico de salud provisto por una aseguradora privada.”
Artículo 4.-Esta
Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Este
documento es una copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye
enmiendas posteriores.
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