Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico

Volumen 17 Octubre 2012 Núm. 1

Referéndum para limitar el derecho a la fianza

El gobernador, Luis G. Fortuño, firmó la Ley Habilitadora del Referéndum de Enmienda Constitucional sobre la Fianza, Ley Núm. 84 de 14 de mayo de 2012, para disponer la celebración de un Referéndum en el cual se someterá al Pueblo de Puerto Rico, para su aprobación o rechazo, una propuesta de enmienda a la Constitución de Puerto Rico a fin de otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de ciertas modalidades de asesinato.

 

El su Artículo 2 dicha ley dice:

 

“Artículo 2.- El día 19 de agosto de 2012 se efectuará un referéndum en el cual se someterá a votación del Pueblo de Puerto Rico la propuesta de enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, a los fines de otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinato cometido con premeditación, deliberación o acecho; los acusados de asesinato cometido en medio de un robo en el hogar; acusado de asesinato cometido en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados de asesinato cometido al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber.  En estos casos el juez tendrá discreción para conceder o denegar la fianza, tras evaluar si el acusado representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o riesgo para la seguridad de otras personas o la comunidad.”

 

En la sesión senatorial en la que fue aprobada la medida, el senador Alejandro García Padilla se había opuesto a la misma, argumentando que los que la promovían no habían podido probar cuántos delitos se evitarían con su implantación. Dijo que el gobierno no pudo demostrar que era indispensable una enmienda constitucional habiendo mecanismos legislativos más directos e inmediatos para atender este asunto.

 

Pero, posteriormente, el candidato popular a la gobernación cambió sorpresivamente de opinión y dijo que votará a favor de la enmienda a la Constitución para que se limite el derecho a la fianza. En un comunicado de prensa, García Padilla dijo:

 

“Siempre he hecho claro que mi posición sobre la lucha contra el crimen no va a estar dictada por consideraciones político partidistas y que este asunto no se debe politizar. Estando ya aprobado un referéndum y en ausencia de otros mecanismos legislativos como los que hemos propuesto durante el cuatrienio para combatir el crimen, me expreso a favor de esta enmienda y le votaré a favor el 19 de agosto”.

 

Los representantes populares Lydia Méndez Silva, Jorge Colberg Toro, Víctor Vassallo, Luis Raúl Torres, José “Pito” Torres, Pedro Rodríguez, y Sylvia Rodríguez de Corujo votaron a favor de la medida en la Cámara, mientras que la senadora Sila Marie González Calderón hizo lo mismo en el Senado. El ex gobernador Rafael Hernández Colón también se expresó a favor de la enmienda a la Constitución.

 

La ex gobernadora Sila Maria Calderón dijo que apoya el referéndum para que sea el pueblo quien decida este asunto y que votará a favor de enmendar la Constitución para dar discreción a los jueces para que en ciertos casos particulares de asesinato puedan limitar el derecho a la fianza. En su comunicado de prensa expresó que “Es positivo observar que se ha logrado unidad bipartita en nuestro liderato político en un tema tan fundamental como lo es la violencia que arrasa nuestro país”.

 

Por otro lado, hay varios líderes populares que se oponen a la enmienda Constitucional, entre los que se encuentran: la candidata a la alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el ex presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, el ex gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, el senador Eduardo Bathia, el representante Luis Vega Ramos, la ex presidenta del P.P.D., Victoria "Melo" Muñoz, y el candidato a la Comisaría Residente en Washington, Rafael Cox Alomar.

 

Sin duda este es un tema controversial, que divide y que levanta pasiones. La mayoría de las personas que se oponen a la enmienda constitucional, sino todas, lo hacen alegando que existe una presunción de inocencia y que al limitar el derecho a la fianza sería como decir que ya no existe esa presunción.

 

Es cierto que existe una presunción de inocencia protegida por nuestra Constitución, la cual a su vez concede el derecho a todo acusado a quedar en libertad bajo fianza.

 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Carta de Derechos señala:

 

“Sección 11. Procesos criminales; juicio ante jurado; autoincriminación; doble exposición por el mismo delito; fianza; encarcelación.

 

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

 

…

 

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.

 

La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.

 

Pero, también es muy cierto que en Puerto Rico no podemos ya con tanta violencia. A diario vemos noticias de crímenes violentos, robos a mano armada, asesinatos por tiroteos de carro a carro en todas las vías públicas incluyendo las autopistas, escalamientos y robos en las casas ocupadas con los residentes, hombres que matan a sus esposas o compañeras, etc.

 

A cuántos no les ha sucedido que su hijo o hija le dice que va a salir al cine, a comer con sus amistades y lo primero que se le cruza en la mente es “Dios cuídamelo(a), protégelo(a) y que llegue con bien.” “No olvides llamar cuando llegues para saber que todo está bien.”

 

Lamentablemente, esta es la realidad que vivimos casi a diario en Puerto Rico. La percepción que tienen los ciudadanos, incluyendo a los criminales, es que el crimen queda impune, que el criminal se sale con la suya y que no importa que cometan los crímenes y atrocidades a plena luz del día porque no los van a castigar.

 

Es cierto que hay que proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y que existe una presunción de inocencia, pero hemos llegado a un punto en que es tanto el afán por proteger esos derechos, que se hace casi imposible el trabajo de los policías y de los fiscales. Y no olvidemos que estamos protegiendo los derechos de “ciudadanos” que mantienen aterrorizados y preocupados constantemente al resto de la ciudadanía. Una ciudadanía que está frustrada, decepcionada y cansada de tanta violencia y que siente que no se está haciendo nada, o que no importa lo que se haga, nada es suficiente.

 

Recordemos que el año 2012 comenzó de forma violenta con el asesinato de un sargento de la Policía, una adolescente de 15 años que fue herida por una bala perdida y posteriormente falleció y un hijo que mató a su madre, según informó la Policía. Los datos provocaron en ese momento que el Gobernador se reuniera con los 13 comandantes de las regiones policiales.

 

El 24 de enero de 2012, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez anunció la radicación de cargos por primera vez en una corte federal en Puerto Rico por "drive by shooting" o delito de tiroteo de carro a carro, contra cinco personas que operaban una organización de narcotráfico en el residencial Manuel A. Pérez. Mediante un acuerdo con las autoridades locales, el gobierno de Luis Fortuño concedió la jurisdicción primaria a las autoridades federales para procesar ese tipo de delitos.

 

El 20 de febrero se suscitó un tiroteo de carro a carro en la Avenida Isla Verde frente al restaurante Wendy's en Carolina.  Un hombre resultó herido.

 

El 1 de marzo hubo un tiroteo de carro a carro frente al centro comercial Bayamón Oeste. Un hombre falleció y otros dos resultaron heridos.

 

El 8 de marzo se reportó otro tiroteo de carro a carro, pero en esta ocasión dispararon contra un vehículo oficial del Departamento de Justicia, resultando herido un agente. Los hechos ocurrieron en el Túnel Minillas, en dirección de Carolina a San Juan.

 

El 27 de marzo un hombre murió y una mujer resultó herida cerca del Tribunal de Carolina en medio de un tiroteo de carro a carro en la calle Muñoz Rivera con la carretera PR-3. La víctima fatal, que viajaba con su hermana y su madre, fue identificada como Alexis Correa, de 22 años. Éste salía del Tribunal de Carolina por un caso de Ley de Armas.

 

Estos son sólo unos pocos de los tantos asesinatos que ocurren a diario en Puerto Rico, y algunos de los que ocurren por tiroteos de carro a carro.

 

Algo tenemos que hacer ya. No podemos seguir diciendo que el gobierno no está haciendo nada, o que es el único responsable de la alta incidencia criminal del País.

 

La exposición de motivos de la Ley Núm. 84, señala:

 

“En la jurisdicción federal, los jueces tienen a su disposición una herramienta poderosa para mantener a los criminales peligrosos alejados de nuestras calles mientras culmina el procedimiento criminal en su contra.  Se trata de la discreción para concederle o negarle el derecho a la fianza.  Ello permite a los jueces federales evaluar la peligrosidad de los acusados y, en caso de determinar que éstos representan riesgo de fuga o riesgo a otras personas o la comunidad, negarle la fianza y mantenerlos encarcelados hasta la celebración del juicio.  Esto evita que los criminales cometan delitos, destruyan evidencia que puede ser utilizada en su contra, intimiden potenciales testigos o pongan en riesgo la seguridad de nuestras familias mientras se mantienen en la libre comunidad bajo fianza.”

 

La Asamblea Legislativa entiende conveniente y necesario dotar a nuestros jueces con la misma herramienta con que cuentan los jueces en la jurisdicción federal para poder mantener alejados de las calles a aquellos acusados de asesinato cuya presencia en la libre comunidad representa un peligro para miles de ciudadanos inocentes.

 

Me parece muy positivo para nuestro País que políticos de los dos partidos principales se hayan unido para tratar de combatir el crimen. Que entiendan que tenemos que actuar ahora, olvidándose de politiquería y por el bienestar y la seguridad de Puerto Rico.

 

Y me parece muy positivo, también, que miembros del partido de minoría se unan al gobierno y que cambien de opinión, como hizo el Senador Alejandro García Padilla, si es por el bien de todo un pueblo.

 

Es hora ya  de unir esfuerzos para luchar contra el crimen que es uno de los problemas más graves que aqueja a nuestro país, y así poder lograr un Puerto Rico más seguro para nuestros hijos y nietos.

Nota: Despues de publicar este articulo han ocurrido muchos asesinatos mas, incluyendo el de un policía en el cumplimiento del deber, que pertenecía a la división de Drogas de la Policía, tan reciente como ayer 15 de agosto.

 

 

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Preparado y Autorizado por su autora: Lcda. Migdalia Millet – Abogada

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