99TSPR19

Número del Caso: CC-98-529, CC-99-549 CONS.

Abogados de la Partes Peticionarias:

En el CC-98-529 -Hon. Carlos Lugo Fiol, Procurador General

Lic. Lizette Mejías Avilés, Procurador General Auxiliar

En el CC-98-549 – Lic. Luis A. Bonilla Espada

Abogado del Departamento de la Familia: Lic. Mario J. Portela González

Abogados de la Parte Recurrida: Lic. Angel R. Matos González

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Caguas

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Rita L. Pruetzel González

Tribunal de Circuito de Apelaciones: VI Caguas, Humacao, Guayama

Juez Ponente: Hon. Pesante Martínez

Panel integrado por : Pres. Juez Brau Ramírez y los Jueces Colón Birriel y Pesante Martínez

Fecha: 3/2/1999

San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 1999.

I

Así las cosas, el 8 de septiembre de 1995 –contando M.A.S. apenas (4) meses de vida- se presentó una nueva "Petición" por el Departamento. En ésta se alegaba que los padres biológicos de M.A.S. lo estaban alimentando con agua de azúcar ya que no tenían dinero para comprarle leche y que la que le habían podido conseguir se les había dañado por falta de energía eléctrica.

El 28 de agosto de 1996 se efectuó otra vista de revisión. En ésta los padres biológicos del menor se opusieron a la solicitud de intervención de los custodios de facto verbalmente y luego por escrito. Asimismo, el Departamento solicitó que la próxima vista fuera de privación de patria potestad ya que, aún cuando había transcurrido un lapso de tiempo en exceso del año, los padres biológicos no habían cumplido con el plan de servicios.

La señora Alba Viguie Muñoz y señor Charles R. Ruff -custodios de facto del menor M.A.S.- recurrieron al Tribunal de Circuito de Apelaciones solicitando la revisión de la decisión emitida en la vista celebrada el 18 de marzo de 1998 por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante sentencia de 21 de mayo de 1998, archivada en autos su notificación el 29 mayo de 1998, el tribunal apelativo ordenó al Tribunal de Primera Instancia celebrar una nueva vista de revisión concediéndole a los custodios de facto plena participación en la misma. Asimismo, ordenó que el caso le fuera reasignado a otro juez de instancia para la continuación de los procedimientos y que, mientras tanto,el menor M.A.S. continuara bajo la custodia de los custodios de facto mientras concluía la vista ordenada.

Inconforme con dicha decisión recurre ante nos el Procurador Especial de Relaciones de Familia, a través de la Oficina del Procurador General, formulando los siguientes señalamientos de error:

"Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al interpretar que el Artículo 30(g) de la Ley Núm. 75 del 28 de mayo de 1980, según enmendada, faculta a los padres de crianza a participar activamente en un caso en el que se debate la custodia del menor, presentando prueba testifical, documental y pericial.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al ordenar que el caso sea reasignado a otro juez para la continuación de los procedimientos."

Así también, los padres biológicos del menor M.A.S. recurren ante nos mediante Petición de Certiorari. Por su parte, señalan la comisión de los siguientes errores:

Examinadas la petición de certiorari presentada por el Procurador General y la oposición a la petición de certiorari presentada por los custodios de facto, expedimos mandamiento de certiorari, el 30 de junio de 1998. El 5 de agosto de 1998, hicimos lo propio con la petición de certiorari presentada por los padres biológicos. Ordenamos la consolidación de ambos recursos acortando a diez (10) días los términos para la presentación de alegatos. Con el beneficio de la comparecencia oportuna de las partes estamos en posición de resolver.

II

De entrada conviene señalar que hemos establecido como parte de nuestra sana política judicial la doctrina de que sólo habremos de declarar la inconstitucionalidad de un estatuto cuando hacerlo resulte indispensable. Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983); P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139 (1973); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972); Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925 (1971); Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); Walker v. Tribl. Contribuciones y Tesorero, 72 D.P.R. 698 (1951); Spanish Am. Tobacco Co. v. Buscaglia, 71 D.P.R. 991 (1950); Tesorero v. Tribl. Contribuciones y Kemper, 71 D.P.R. 298 (1950); Nitrate Agencies Co. v. Domenech Tes., 44 D.P.R. 515 (1933); El Pueblo v. García & García, 22 D.P.R. 817 (1915). Entendemos, por ello, que podemos disponer del asunto ante nos sin entrar a considerar planteamientos de naturaleza constitucional.

Por estar íntimamente relacionados los errores señalados por las partes recurrentes los discutiremos en conjunto.

III

La Ley Núm. 75, supra, conocida como la Ley de Protección a Menores, fue aprobada en respuesta a la inquietud de los miembros de la Asamblea Legislativa ante la desgraciada realidad de muchos niños y niñas que eran y son objeto del abuso físico, sexual y emocional de aquellos que vienen obligados moral y legalmente a proveerles atención, amor y los cuidados propios de las distintas etapas de su desarrollo. A tenor con el reconocimiento de la lamentable existencia de maltrato fue que ésta ley entró en vigor a fin de que pudiera convertirse en una herramienta útil para abordar y erradicar tan terrible problema. La Exposición de Motivos del estatuto en cuestión nos señala lo siguiente:

reubicados de tiempo en tiempo en diferentes hogares sustitutos. Esta práctica tenía varias consecuencias nocivas: de un lado no se rehabilitaban los lazos familiares y del otro, se le causaba un daño irreparable al menor por no contar con la estabilidad necesaria para desarrollarse adecuadamente. Pueblo de Puerto Rico en interés de los menores R.P.S., M.P.S. y C.J.N.S., supra, pág. 11037.

Son varios los cambios que introduce esta nueva legislación. Discutiremos sucintamente algunos de ellos.

Para una discusión más detallada de los efectos de la nueva legislación sobre las familias a las cuales les han sido removidos sus hijos por actos de negligencia, véase, Donald Duquette, et. al, loc. cit., nota 25.

Nótese que aún con los cambios que la "Adoption and Safe Families Act of 1997" incorpora, no se desvirtúa la esencia del requisito de que el Estado debe realizar esfuerzos razonables por devolverle a los padres biológicos el cuido y custodia de los hijos que fueron removidos temporeramente del seno familiar. Exime al Estado del cumplimiento de tal requisito cuando circunstancias apremiantes así lo aconsejen. Ciertamente, su aplicación no es incompatible con lo dispuesto por nuestro legislador. Entendemos armonizables ambos estatutos.

Sin embargo, aunque se distinguen los hechos de aquel caso con los de autos, es propio que en aras de ejercer su discreción y como guías mínimas que le auxilien en la delicada tarea de decidir si unos menores deben ser permanentemente removidos de la custodia de sus padres biológicos, los jueces de instancia pueden utilizar los criterios de Marrero Reyes v. García Ramírez. Así también, podrán tomar en consideración factores adicionales como: el plan de servicios y si se ha cumplido efectivamente con él; cuál ha sido el rol de los custodios de facto; las relaciones entre el menor y sus padres biológicos; si existe un procedimiento paralelo en el cual los custodios de facto requieran adoptar el menor convenido, entre otros.

Además de enmendar los incisos (c), (e) y (f) del Artículo 30 de la Ley Núm. 75, supra, la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995 incluyó un nuevo inciso (g).

El Artículo 30, sin pretender ser exhaustivo, provee las alternativas que el tribunal considerará, una vez hecha la determinación de maltrato o negligencia. En su parte pertinente dispone lo siguiente:

1. Mantener la custodia física del menor.
2. Proteger, educar y disciplinar al menor.
3. Proveer alimento, ropa, albergue, educación acadé-mica, recreación y el cuidado médico rutinario requerido por el menor.
4. Autorizar cualquier trata-miento médico de emergencia, incluyendo cualquier inter-vención quirúrgica que no admita la demora que conlleva el conseguir la correspon-diente autorización de los padres o del Secretario del Departamento.

De entrada, debemos recordar el principio establecido en nuestra jurisdicción de que cuando "la ley es clara y libre de toda ambigüedad no debemos menospreciar su letra con el pretexto de cumplir su espíritu." Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14; Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685, 686 (1966).

Una lectura del inciso (g) nos revela el propósito del legislador de facultar a los jueces de los tribunales de instancia a permitir la comparecencia de los custodios de facto cuando éstos lo soliciten.

Así también, el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el P. de la C. 1607 nos ilustra sobre el particular. En este se avala la inclusión del inciso (g) del Artículo 30 de la Ley Núm. 75, supra. Entendían los miembros de la Comisión que dicha enmienda legitimaba activamente la participación de los custodios de facto -fueran personas naturales o jurídicas- en los procedimientos de privación de patria potestad, custodia y adopción. Fundamentalmente porque son ellos las personas que en ocasiones proveen para la rehabilitación de niños que en el pasado fueron abusados, maltratados o abandonados.

Los custodios de facto tienen derecho a presentar su posición y alegaciones sobre la patria potestad y custodia de los menores, o sobre la adopción si éste fuese el caso pendiente. No obstante, el tribunal de instancia no está obligado a admitirlos como parte interventora en los procedimientos con todos los derechos que le asisten a una parte. En un procedimiento de privación de patria potestad y custodia como el de autos, las partes son el menor, representado por el Procurador de Relaciones de Familia, el

Departamento de la Familia y los padres biológicos. Hay que recordar que en el caso de autos fue el Departamento el que recibió la custodia provisional del menor, mientras los padres biológicos cumplían con el plan de servicios y lograban su rehabilitación; el Departamento designó provisionalmente a los esposos Viguie Muñoz y Ruff como custodios de facto. Ello no los convierte en "partes" en el procedimiento.

Sin embargo, pudiera haber instancias donde los custodios de facto han cuidado éstos niños por espacios de tiempo prolongados o han sido instrumentales en la rehabilitación de menores física, sexual o mentalmente abusados, en cuyo caso le reconocemos al tribunal de primera instancia discreción para permitir la participación de los custodios de facto en una forma más activa. A esos fines el tribunal evaluará y determinará si éstos poseen información que de otro modo no pueda estar accesible al tribunal y que al no ser considerada pueda redundar en un fracaso de la justicia. A modo ilustrativo, podría ser información relacionada con el comportamiento del menor en el hogar sustituto; problemas de adaptación; problemas físicos y/o mentales, si alguno; la relación con sus padres biológicos; la forma de éstos relacionarse con aquél y aún cualquier otro elemento que ponga al tribunal en condiciones de hacer una determinación que contribuya al mejor bienestar del menor. Los jueces estarán aconsejados, siempre, en tan delicado análisis por el mejor bienestar de nuestros niños. No obstante, no fue esa la situación en el caso de autos.

Aún cuando los custodios de facto tienen derecho, si así lo solicitan, a presentar su posición y alegaciones, no podemos endosar la interpretación tan amplia y absoluta que hizo el Tribunal de Circuito de Apelaciones al interpretar el inciso (g) del Artículo 30 de la Ley núm. 75, supra. El foro apelativo no sólo le reconoció a los custodios de facto el derecho a participar en los procedimientos de custodia y patria potestad, sino que interpretó que esa participación sería como parte interventora. A esos efectos dispuso lo siguiente:

Son varios los criterios que nos llevan a rechazar la interpretación hecha por el tribunal apelativo. En primer lugar, nuestra Ley de Protección a Menores y todo el andamiaje teórico y práctico que se ha construido alrededor de ella, además de velar por el bienestar de los menores, propende a la rehabilitación de los padres biológicos con el objetivo de que sean ellos los llamados a cuidar, velar, proteger y educar a sus hijos. En Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 753 (1981), el Tribunal Supremo federal, interpretando principios incorporados en la ley federal, aplicable a Puerto Rico según discutimos anteriormente, expresó lo siguiente:

Pertinente resulta también la decisión de Smith v. Organization of Foster Families, 431 U.S. 816 (1977). La controversia medular en este caso era determinar si los custodios de facto tenían un interés libertario, protegido por la Enmienda Décimocuarta de la Constitución federal, a mantener la integridad de su familia de crianza.

En un esfuerzo evidente por tratar de ponderar las particularidades de este tipo de procedimientos vis a vis los derechos y sentimientos de las partes envueltas, el Tribunal Supremo federal soslaya el planteamiento constitucional y concluye que los procedimientos estatuidos por el estado de New York para escuchar a los custodios de facto, cuando se remueven a los menores ubicados en los hogares sustitutos, eran adecuados para proteger cualquier tipo de interés propietario que aquéllos pudieran tener.

Antes de llegar a tal conclusión, el tribunal reitera, entre otras cosas, que:

"[b]ut as we have already held, whatever liberty interest may be argued to exist in the foster family is significantly weaker in the case of removals preceding return to the natural parent, and the balance of due process interests must accordingly be different." Smith v. Organization of Faster Families, supra, pág. 853.

A la luz de esto, debemos puntualizar que aceptar la participación de los custodios de facto como partes interventoras en los casos de patria potestad y custodia bajo la Ley Núm. 75, en la forma tan amplia y absoluta como autorizó el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el caso de autos, troncharía el objetivo de nuestra ley y vulneraría el derecho constitucional que tienen los padres a criar a sus hijos aún cuando esos padres no tengan todas las herramientas que otros que pretenden sustituirlos pudieran tener. Es en parte responsabilidad de todos contribuir a que los padres y las madres que se han visto en la triste realidad de ser privados temporeramente de la custodia de sus hijos, puedan tener las herramientas mínimas para reeducarse y descargar efectivamente tan grande responsabilidad.

Además, acoger el razonamiento del tribunal apelativo daría al traste con la confidencialidad de los procedimientos, aparte de que constituiría una invasión adicional e injustificada a la intimidad de los padres biológicos.

Aunque cierto es que el derecho a la intimidad de los padres biológicos cede en virtud del interés apremiante del Estado en preservar la integridad y salud física y mental de nuestros menores, no es menos cierto tampoco, que tenemos que velar por que dicho interés apremiante no se convierta en el arma que hiera mortalmente la dignidad e intimidad de esos padres. Es decir, el Estado no puede ser más invasivo de lo necesario y razonable. Véase Santosky v. Kramer, supra; Mathew v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976) y Grisswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). Nótese que a pesar de las enmiendas sufridas por la Ley Núm. 75, supra, el legislador mantuvo la integridad del principio de confidencialidad de los procedimientos bajo este estatuto.

No podemos olvidar que las partes en este caso son los padres biológicos y el Estado. Interpretar que los custodios de facto pueden intervenir en estos casos, tal como si fueran una parte indispensable, soslayaría los propósitos que guiaron la aprobación de las leyes en cuestión y convertiría las salas de nuestros tribunales en cuadriláteros de pelea entre los padres biológicos y los custodios de facto.

Finalmente, refrendar lo resuelto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones equivaldría a reconocer veladamente que los intereses de los menores no están adecuadamente representados en el caso. Nada más lejos de la verdad.

La naturaleza confidencial de los procedimientos no limita la participación del Procurador de Relaciones de Familia. Este funcionario del Estado es el defensor judicial de los menores en este tipo de procedimientos. Siendo ello así, se le ha impuesto el deber de ser instrumental en el proceso y facilitarle al tribunal la tarea de lograr el mejor bienestar del menor, por lo que el interés de éstos está adecuadamente representado y protegido.

Así, tampoco, se limita la participación de los profesionales de la conducta humana, de los representantes legales del Departamento de la Familia -agencia gubernamental encargada de implementar la Ley Núm. 75- y más aún del tribunal –árbitro imparcial de las controversias judiciales. Las determinaciones de nuestros jueces de instancia deben estar, y de ordinario así lo son, fundamentadas en la evidencia que se presente en la vista. Incluyendo, entre otros, el testimonio de los padres biológicos, el testimonio e informes de los psicólogos, psiquiatras, técnicos de servicios sociales, trabajadores sociales, así como el testimonio y alegaciones que ofrezcan los custodios de facto. Con esto queremos enfatizar que al momento de hacer una determinación de esta magnitud - si unos menores son removidos permanentemente de la custodia de sus padres biológicos - los tribunales de Puerto Rico actuarán inteligente y responsablemente, a base de la totalidad de la prueba desfilada y las circunstancias específicas de cada caso.

En síntesis, el Artículo 30 (g) de la Ley Núm. 75, supra, requiere que el tribunal de instancia escuche la posición y alegaciones de los custodios de facto. Sin embargo, esa participación no confiere el derecho a intervenir formalmente como parte en los procedimientos con derecho a ofrecer prueba, a contrainterrogar testigos y rebatir la prueba de las partes en todos los procedimientos bajo la Ley Núm. 75, supra.

IV

Nos resta decidir si actuó correctamente el Tribunal de Circuito de Apelaciones al reasignar el caso de autos a otro juez del Tribunal de Primera Instancia. Entendemos que no. Veamos.

En Ayala v. Maryland Casualty Co., 47 D.P.R. 345, 355-356 (1934) establecimos hace ya décadas que la solicitud de inhibición de un juez debe hacerse en las etapas tempranas de los procedimientos y no cuando se solicita revisar sus méritos en la fase apelativa. Razonamos allí que permitir este tipo de planteamiento en una etapa tan avanzada del procedimiento, como ciertamente lo es la apelativa, tendría el efecto de colocar a la parte que lo solicita en una posición privilegiada ya que bien podría aprovecharse en caso de que el fallo le beneficiara u objetarlo en caso de que le fuera desfavorable.

Recientemente, en Departamento de la Familia v. Shrivers Otero, Opinión de 17 de abril de 1998, 145 D.P.R. ___ (1998), 98 J.T.S. 46, delimitando las funciones y obligaciones del Tribunal de Circuito de Apelaciones dijimos:

El estudio de los autos nos revela que no existe una solicitud de inhibición ni las correlativas garantías que ofrece nuestro ordenamiento procesal para este tipo de situación. Asimismo, al evaluar la sentencia notamos que está huérfana de los fundamentos jurídicos que llevaron al foro apelativo a destituir de facto a un juez de primera instancia. Con su proceder el Tribunal de Circuito de Apelaciones no sólo actuó ultra vires, sino que al despachar un asunto tan livianamente no nos puso en condiciones de evaluar su determinación apropiadamente.

Por ende, concluimos que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al reasignarle el caso a otro juez de instancia sin que mediara una solicitud a esos efectos y sin que de los autos se justificara tal medida.

Por los fundamentos expuestos procede revocar la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 21 de mayo de 1998. Devolvemos la consideración de este asunto al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una nueva vista, que podrá ser en cámara, a fin de escuchar la posición y alegaciones de los custodios de facto de M.A.S.; así como cualquier evidencia pertinente que someta el Procurador de Relaciones de Familia, el Departamento de la Familia y los padres biológicos, a los fines de determinar lo que en derecho proceda sobre la patria potestad y custodia del menor M.A.S.

Se dictará sentencia de conformidad.

BALTASAR CORRADA DEL RÍO

Juez Asociado

San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 1999.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de 21 de mayo de 1998 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una nueva vista, que podrá ser en cámara, a fin de escuchar la posición y alegaciones de los custodios de facto de M.A.S.; así como cualquier evidencia pertinente que someta el Procurador de Relaciones de Familia, el Departamento de la Familia y los padres biológicos, a los fines de determinar lo que en derecho proceda sobre la patria potestad y custodia del menor M.A.S.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente con opinión escrita a la cual se unen el Juez Asociado señor Negrón García y la Juez Asociada señora Naveira de Rodón.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

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