San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 1999.

La cuestión medular que tenemos ante nos en el caso de autos se refiere al alcance de lo dispuesto en el Artículo 30(g)(bis) de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, 8 L.P.R.A. sec. 430(g)(bis), Ley de Protección de Menores. Dicha disposición provee para que, en casos en los cuales se ventile la patria potestad, la custodia o la adopción de un menor de edad, la persona quien ha tenido a su cargo la custodia de facto de ese menor, pueda "comparecer y presentar su posición y alegaciones" sobre el particular ante el foro de instancia. Nos toca interpretar qué grado de participación pueden tener dichos custodios de facto en los procedimientos referidos.

La mayoría del Tribunal resuelve la cuestión aludida, limitando la participación de tales custodios de facto en cualquier caso a que el foro de instancia "los escuche", pero negándole a éstos concretamente la posibilidad de: (1) ofrecer prueba; (2) contrainterrogar testigos; y, (3) rebatir la prueba de las partes en dichos procedimientos. Expresamente resuelve la mayoría que los custodios de facto como tal nunca tienen derecho a intervenir como parte en los procedimientos en cuestión.

Me parece muy desacertada la pauta decretada por la mayoría del Tribunal respecto al asunto en cuestión. Se trata de una interpretación en exceso restrictiva de lo dispuesto en el referido Artículo 30(g)(bis). No sólo impone una camisa de fuerza a los custodios de facto, que en notables ocasiones puede resultar en detrimento del menor, sino que además, no corresponde a los eminentes criterios procesales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. Veamos.

I

Para comenzar, el propio tenor del Artículo 30(g)(bis) referido intima un derecho de los custodios de facto a una participación adecuada en los procedimientos judiciales en cuestión. Se les reconoce el derecho a "comparecer... y presentar sus alegaciones". Se trata de términos técnicos, que en derecho se refieren precisamente a lo que hacen las partes en un procedimiento judicial. Véase, Regla 15 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.15. Véase, además, Agudo Cano v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 892 (1968); Aybar v. Vara, 54 D.P.R. 162 (1939); Gutiérrez v. Ramos, 45 D.P.R. 869 (1933); Gómez v. Jta. Exam., 40 D.P.R. 662 (1930); y, Mora v. Rivera, 25 D.P.R. 493 (1917). Más aun, es difícil comprender qué sentido puede tener que a una persona se le reconozca el derecho a comparecer judicialmente, y a presentar su posición y sus alegaciones, sin que ello apareje a la vez el derecho a demostrar la veracidad de la posición aducida y la validez de las alegaciones formuladas. Es bien sabido que en nuestro ordenamiento procesal, las alegaciones sólo tienen el propósito de bosquejar a grandes rasgos la reclamación de una parte en una contienda judicial, y que la parte que las formula tiene el deber subsiguiente de sustanciar con prueba la validez de sus alegaciones. El Vocero v. Jta. de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Sierra v. Trbl. Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). El derecho a formular alegaciones, sin el correspondiente derecho a sustanciarlas con prueba, es evidentemente hueco, y en nada promueve la finalidad cardinal de todo procedimiento judicial, que es la de descubrir la verdad de los hechos. Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647 (1981); J.R.T. v. Autoridad de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879 (1981). Desde el punto de vista estrictamente procesal, pues, no puede ser que a los custodios de facto sólo se les haya concedido por ley el trunco derecho de esbozar meras alegaciones. En correcta juricidad, el derecho a probar las alegaciones formuladas es consustancial con el derecho a presentarlas. El concepto de "presentar" su posición y sus alegaciones según usado en el Artículo 30(g)(bis) referido, debe entenderse en su acepción que significa "mostrar", es decir, hacerla patente, darla a conocer y "convencer de su certidumbre". (Diccionario de la Lengua Española, Espasa-Calpe, Vigésima Edición).

II

Adentrándonos en los méritos substantivos del asunto ante nos, debe notarse que existen muy buenas razones para concederle a los custodios de facto una participación adecuada en los procedimientos referidos. Como se sabe, el interés preeminente que se busca proteger mediante los procedimientos en cuestión es el logro del máximo bienestar del menor. Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961); Rodríguez v. Gerena, 75 D.P.R. 900 (1954). Todo el entramado procesal de la Ley de Protección de Menores va dirigido a procurar la decisión que mejor favorezca al menor. 8 L.P.R.A. sec. 403.

Resulta, sin embargo, que las determinaciones judiciales referentes a cosas tales como la custodia, la patria potestad o la adopción de menores no son siempre fáciles de hacer. Según hemos señalado reiteradamente, tales determinaciones requieren la cuidadosa ponderación de numerosos factores delicados y sutiles. Nudelman v. Ferrer Bolivar, 107 D.P.R. 495 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra. Con gran frecuencia requieren, además, poner elementos conflictivos en fino balance: reclamos encontrados de los padres, o de éstos frente al Estado, o de unos y otros frente a terceros que también tienen intereses legítimos en el asunto. Las difíciles decisiones judiciales muchas veces tienen que tomarse de cara a las opiniones antagónicas de los peritos y testigos de partes contrarias. Se trata, como hemos reconocido antes, de un "asunto de tan extrema dificultad". Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, a la pág. 106.

El logro de la solución más justa en el angustioso proceso aludido exige contar con el mayor caudal informativo disponible. En lo posible, deben traerse a colación todos los datos, prueba y puntos de vista que sean pertinentes. Sólo así se pueden evaluar y sopesar adecuadamente los diversos y complejos factores que nuestra jurisprudencia ordena que deben analizarse en estos asuntos.

A la luz de lo anterior, es evidente que en muchas ocasiones son de gran valor los criterios y los conocimientos sobre los menores que puedan aportar sus custodios de facto. Según reconoce la propia mayoría en su opinión, en muchas instancias son los custodios de facto los que han estado a cargo de los menores por espacios de tiempo prolongados, atendiéndolos y procurando su rehabilitación cuando éstos han sido abandonados, maltratados o abusados. Incluso en ocasiones, los custodios de facto han tenido a los menores en sus hogares de crianza por mayor tiempo que los propios padres biológicos, como sucedió en el caso de autos respecto a M.A.S., quien vivió con su madre biológica por sólo cuatro meses a partir de su nacimiento y entonces vivió por varios años corridos con su padres de crianza, que son los custodios de facto en el caso de autos. No es sorprendente que en situaciones como éstas, los padres de crianza conozcan mejor al menor que sus propios padres biológicos. Restringir la intervención judicial de estos custodios en casos como el de autos, como lo decreta la mayoría aquí, es un grave error, muy detrimental para el menor. Estos custodios, que con afecto y esmero han estado velando por el bienestar del menor durante varios años, son los verdaderos padres de éste. Ciertamente tienen algo importante que decir y demostrar en el proceso judicial sobre la custodia futura del menor. Resolver lo contrario significa, en términos prácticos, dar al traste e ignorar toda nuestra extensa jurisprudencia sobre la obligación del Estado de procurar el máximo bienestar del menor y sobre cómo se cumple con esa obligación mediante el estudio y ponderación de todos los factores pertinentes a la situación del menor.

III

En las ocasiones y situaciones aludidas en el acápite anterior, la restrictiva interpretación que la mayoría le da al Artículo 30(g)(bis) referido priva a los custodios de facto hasta de los derechos de intervención judicial que éstos hubieran tenido, aun si ese Artículo no existiese, al amparo de la Regla 21 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.21. Si la Ley de Protección de Menores no le hubiese otorgado a los custodios de facto aludidos el derecho a comparecer y presentar su posición en los procedimientos judiciales en cuestión, éstos hubiesen podido intervenir no obstante en dichos procedimientos, con arreglo al indudable interés que tienen en el asunto objeto del litigio. Ello es así porque en el ordenamiento procesal moderno, se permite la intervención de personas interesadas, con la mayor liberalidad, a los fines de resolver el asunto en litigio de la forma más completa y adecuada posible. R. Mix Concrete v. R. Arellano v. Co., 110 D.P.R. 869 (1981). Sólo se requiere que el que solicita la intervención demuestre "algún interés" en el asunto objeto del litigio. Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 D.P.R. 767, 770 (1981). Y, claro está, no puede negarse racionalmente que una persona que ha estado cuidando a un menor por un espacio de tiempo prolongado, y quien ha desarrollado con éste hondos vínculos de afecto y solidaridad, tiene "algún interés" en la determinación de su custodia futura o de su adopción. Resulta entonces que una medida como el Artículo 30(g)(bis) en cuestión, que se legisló para promover la participación de los custodios de facto en los procedimientos judiciales pertinentes, termina convirtiéndose por fiat de una mayoría de este Tribunal, en una camisa de fuerza para privar a estos custodios incluso de la participación que de otro modo ellos hubiesen tenido de ordinario. Este resultado insólito e incongruente es otra prueba más del error de la mayoría.

IV

Para concluir, es menester reconocer que una razón que ofrece la mayoría para justificar su decisión de truncar el alcance del Artículo 30(g)(bis) de la Ley de Protección de Menores, supra, puede tener algún mérito. Ciertamente no debe estimularse que las salas de nuestros tribunales se conviertan en "cuadriláteros de pelea entre los padres biológicos y los custodios de facto". Mas precisamente, no debe permitírsele a los custodios usar el foro judicial para interponerse injustificadamente con los amplios y legítimos derechos que tienen los padres biológicos respecto a sus hijos.

El problema con la postura de la mayoría es que prohíbe la participación adecuada de los custodios de facto en cualquier caso, independientemente de si existen o no razones legítimas para permitirles tal participación. El dictamen mayoritario es tan en extremo restrictivo que limita la intervención de los custodios de facto no sólo cuando éstos conocen al menor mejor que sus propios padres biológicos, sino incluso en casos en los cuales los custodios no estén tratando de impedir que los padres biológicos recobren la custodia o patria potestad sobre el menor sino sólo que ello ocurra, digamos, cautelosamente.

En mi opinión, la solución justa al asunto de autos la hemos formulado ya antes, al discernir el criterio a utilizarse para determinar si se debe permitir la intervención de una persona en un pleito al amparo de la Regla 21 de Procedimiento Civil. Hemos resuelto que ese criterio es de orden pragmático, no conceptual. No se determina de antemano si la intervención se permite o no. Se decide, más bien, caso a caso, como cuestión práctica, a la luz de los hechos concretos del caso. El análisis puede variar de pleito a pleito. Así no se permite la intervención indiscriminada, ni se excluye a priori la de una persona que tiene un interés real que amerite protección. Chase Manhattan Bank v. Neglo, supra; R. Mix Concrete v. R. Arellano & Co., supra. Tal es la norma que, por analogía, ha debido adoptar la mayoría respecto al asunto que aquí nos concierne: que se determine el grado de participación judicial de los custodios de facto en los procedimientos en cuestión conforme a las realidades particulares de éstos en relación al objeto del litigio. Así pues, en situaciones en las cuales dichos custodios no han tenido contactos significativos con el menor, su participación sería limitada. Pero en aquellos en que éstos han tenido más y mejores relaciones con el menor que sus propios padres biológicos, ciertamente se les permitiría una plena participación en los procedimientos.

Como la mayoría resuelve de otro modo, que considero muy desacertado, DISIENTO.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

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