Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2002
2002 DTS 094 SAN
JOSE V. EL FÉNIX 2002TSPR094
EN EL TRIBUNAL
SUPREMO DE PUERTO RICO
San José Realty, S.E.,
et al.
Recurrida
v.
El Fénix de Puerto
Rico, et al.
Peticionarios
Certiorari
2002 TSPR 94
157 DPR ____
Número del Caso: CC-1999-480
Fecha: 28/junio/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Charles A. Cordero Peña
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Enrique A. Báez Godínez
Lcdo. Jaime Mayol-Bianchi
Lcdo. Raúl E. García Sánchez Lcdo. Héctor Manuel Aponte Ortiz
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Charles De Mier LeBlanc
Lcdo. Giovanni Picorelli
Materia:
Incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios presentada por
el dueño de una obra contra el contratista, "Payment and Performance Bond”
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Opinión
del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Andréu García
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2002
Nos corresponde determinar, bajo las
disposiciones de nuestro Código de Seguros, el efecto que produce una orden de
liquidación de una compañía aseguradora insolvente sobre un recurso apelativo
en el cual una de las partes es dicha aseguradora en calidad de fiadora de un
contrato de obra.
I
Allá para diciembre de 1990, el Lic. Rafael Rivera Olivencia -presidente de la Corporación
SuperFarmacia San José de Aibonito, y de
la Sociedad Especial San José Realty S.E.- contrató con RYB Engineers &
Contractors, Inc., la construcción de un edificio multipisos. El costo total [evr1]de la obra ascendía a
seiscientos noventa y cinco mil (695,000) dólares. El Fénix de Puerto Rico
afianzó el cumplimiento de la obra, el pago de los trabajadores y de los
materiales a ser utilizados en ella.
El
15 de noviembre de 1991, fecha en que debía concluirse sustancialmente la obra,
ante el incumplimiento del contratista con lo estipulado, el Lic. Rivera
Olivencia lo declaró en incumplimiento
(“default”), mediante notificación al Ing. Torres Félix (presidente de RYB Engineers
& Contractors) y a El Fénix.
El
24 de febrero de 1993, el Lic. Rivera Olivencia, su esposa, la sociedad legal
de gananciales compuesta por ambos, la sociedad especial San José Realty y la
compañía SuperFarmacia, demandaron al Ing. Torres Félix, a RYB Engineers &
Contractors, y a El Fénix, por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y
daños y perjuicios.[1]
Luego de varios incidentes procesales, el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, emitió sentencia en la
cual determinó que los demandados no cumplieron con las obligaciones
previamente pactadas. En particular, concluyó que el Ing. Torres Félix
incumplió al no finalizar sustancialmente la obra en el plazo estipulado, no
haber pagado a los suplidores a pesar de haber recibido el dinero para ello,
haber abandonado la obra, y no haber sometido las listas sobre “condiciones
generales”. Con relación a El Fénix, resolvió que su incumplimiento se basaba
en que ésta no remedió las faltas del contratista, ni completó la obra una vez
fue notificada del incumplimiento de la constructora; también, afirmó que la
fiadora actuó de manera negligente, en forma dolosa y en violación del
principio de buena fe contractual, respecto al beneficiario de la fianza
prestada. Por todo lo cual, el tribunal declaró con lugar la demanda, denegó la
reconvención y condenó a los demandados a pagar ciento noventa y seis mil
(196,000) dólares, más intereses desde la presentación de la demanda, costas, y
tres mil (3,000) dólares en concepto de honorarios de abogado.
Los
demandados, separadamente, presentaron recursos de apelación ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones. El 23 de septiembre de 1997, los recursos fueron
consolidados.
Pendiente de resolverse los recursos
indicados en el párrafo que antecede, El Fénix advino en estado de insolvencia,
por lo cual se inició su procedimiento de liquidación acorde con lo dispuesto
en el Capítulo 40 del Código de Seguros. Conforme con dicho Capítulo y la
jurisprudencia de este Tribunal, el 16 de septiembre de 1997, el Tribunal de
Primera Instancia que decretó su insolvencia designó al Comisionado de Seguros
como su liquidador, y ordenó que todas las reclamaciones y pleitos pendientes
en contra de esa aseguradora se desestimaran y se remitieran al Foro
Administrativo.
26. SE ORDENA, en virtud de lo dispuesto en el
caso de Calderón, Rosa-Silva & Vargas vs. The Commonwealth
Insurance Co., 111 D.P.R. 153 (1981) y en el caso de Intaco Equipment
Corp., y otros vs. Arelis Construction y otros, 97 J.T.S 32, y los
Artículos 40.120, 40.210, 40.320, 40.330, 40.360, 40.390 y 40.400 del Código de
Seguros, que toda reclamación contra El Fénix de Puerto Rico, Compañía de
Seguros, se remita al FORO ADMINISTRATIVO del procedimiento de liquidación de
El Fénix. Asimismo SE ORDENA que todo pleito pendiente, o que se radique contra
El Fénix, sea desestimado y se remita al foro administrativo del procedimiento
de liquidación de El Fénix.
También prohibió a toda persona natural o
jurídica iniciar reclamación judicial alguna contra El Fénix que estuviera
cubierta por el Capítulo 38 del Código de Seguros, y dispuso, la paralización
de toda acción civil en contra de la fiadora por un plazo de seis meses de
acuerdo al Art. 38.180 del Código de Seguros.
Finalmente,
dicho tribunal asumió jurisdicción sobre toda materia, persona o reclamación
contra El Fénix. Igualmente, ordenó que se notificara a toda persona que
tuviera una reclamación contra esa compañía, para que
presentara la misma dentro del procedimiento administrativo, en un plazo de
seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la orden.
El
30 de septiembre de 1997, el Tribunal de Circuito de Apelaciones tomó
conocimiento judicial de la mencionada orden
y dispuso:
(4) La paralización de toda acción civil en
contra del asegurado de El Fénix por un plazo de (6) meses, contados a partir
de la fecha de la orden del Tribunal (16 de septiembre de 1997), conforme a lo
que dispone el Art. 38.180 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. 3819.
En consecuencia a lo dicho anteriormente, SE
ORDENA la paralización de los procedimientos en el caso de epígrafe HASTA
EL 17 DE MARZO DE 1998 o hasta que otra cosa disponga este Tribunal.
(Énfasis en el original.) Resolución y Orden emitida por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones de 30 de septiembre de 1997.
Sin
embargo, surge del expediente que el Tribunal de Circuito de Apelaciones
continuó en realidad con los procedimientos en el caso de autos, así el 26 de
febrero de 1998 dictó una resolución denegando unas mociones presentadas por
las partes; y asimismo, el 5 de marzo de 1998 volvió a emitir otra resolución
por la cual ordenó al Síndico Especial nombrado por el Comisionado de Seguros
que se expresare si el caso debía desestimarse y presentarse ante el foro
arbitral.[2]
Es
oportuno señalar que, el 25 de noviembre de 1997, la parte demandante presentó
el formulario de reclamación ante el foro administrativo de liquidación según
lo dispone el Inciso (2) del Art. 40.190 del Código de Seguros, 26
L.P.R.A. § 4019.
Después
de otros incidentes procesales en el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el 14
de abril de 1999, ese foro dictó una sentencia confirmando la emitida por el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito, en el caso incoado por el Lic.
Rivera Olivencia contra el Ing. Torres Félix, RYB Engineers & Contractors y
El Fénix.
El
Comisionado de Seguros recurre ante nos, señalando como único error que dicho
dictamen fue emitido sin jurisdicción.
Por
los fundamentos desarrollados a continuación, entendemos que el Comisionado de Seguros tiene razón.
II
A los diferentes estados que configuran la nación
norteamericana, así como a Puerto Rico, le ha sido delegada, por el congreso
federal, la facultad para reglamentar la industria de seguros. Ley
McCarran-Ferguson, 15 U.S.C. § 1011-1015; Couch on Insurance 3d, §
2:1-2:5, 5:36 (1997); Davis J. Howard, Standing to Sue a Carrier´s killers,
17 Pepperdine L.Rev. 311, 312-13 (1990).
Utilizando tal potestad, la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico ha redactado el Código de Seguros siguiendo los lineamientos legislativos
diseñados por la Asociación Nacional de Seguros –NAIC-.
A través de Ley Núm. 72 de 17 de agosto de 1991, se
enmendaron los antiguos Capítulos 38, 39 y 40 del Código de Seguros a fin de
atemperarlos a los nuevos cambios propuestos por NAIC.[3]
Dicha ley “amplía la protección para el público consumidor de seguros y otorga
mayores poderes a los comisionados de seguros para actuar en el caso de un
asegurador que opere con menoscabo al capital o quede insolvente.” Exposición
de Motivos de la Ley Núm. 72, supra, Leyes de Puerto Rico, 1991,
Parte 1, pág. 320.
Dentro de ese esquema estatutario, el Capítulo 40
provee la reglamentación que guía los procedimientos cuando una aseguradora adviene en estado de insolvencia, para, de
ser posible, lograr su rehabilitación,
o en caso contrario, iniciar su
procedimiento de liquidación. 26
L.P.R.A. 4001.[4]
En especial, dicho Capítulo persigue:
[P]roteger los intereses de los asegurados,
reclamantes, acreedores y el público en general con un mínimo de
intervención en las prerrogativas normales de dueños y la gerencia de los asegurados
mediante:
(a)
La temprana detección de cualquier
condición de un asegurador potencialmente peligrosa y la pronta aplicación de
adecuadas medidas correctivas;
(b)
la aplicación de métodos mejorados
de rehabilitación de aseguradores utilizando la cooperación y experiencia
gerencial de la industria de seguros.
(c)
la aclaración de la ley con el
propósito de reducir la incertidumbre legal y los litigios y así lograr mayor
eficiencia y economía en la liquidación;
(d)
la distribución equitativa de
cualquier pérdida inevitable;
(e)
una disminución de los problemas
surgidos en las rehabilitaciones y liquidaciones interestatales por medio de la
cooperación entre los estados en los procedimientos de liquidación y
extendiendo el alcance de la jurisdicción personal sobre los deudores del
asegurador fuera de Puerto Rico, y
(f)
la reglamentación de los
procedimientos de cobro y establecimiento de reglas sustantivas para dichos
procedimientos. (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. § 4001.
El procedimiento de liquidación de una compañía de
seguros en estado de insolvencia se inicia a partir de una orden de liquidación
emitida por un tribunal competente; en esa orden se designa como liquidador al
Comisionado de Seguros, quién toma posesión inmediata de los activos de la compañía y los administra bajo la
supervisión de dicho tribunal. 26 L.P.R.A. 4015; Couch on
Insurance, op. cit. §5:37.[5]
Los poderes del Comisionado están descritos en nuestro Código de Seguros. 26
L.P.R.A. § 4005, 4015 (1) y 4018.
En cuanto a la naturaleza del procedimiento de
liquidación de un asegurador insolvente, hemos enfáticamente expresado que se trata
de un procedimiento especial de naturaleza estatutaria, lo cual conlleva que la
jurisdicción de los tribunales esté limitada por el estatuto que la rige. Intaco
Equipment Corp. v. Arelis Const., 142 D.P.R. 648 (1997).
Véase: Couch on Insurance 3d, Vol. I,
1997, § 5:40.
El Artículo 40.190 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A.
§ 4019 (1), establece que al emitirse una orden judicial para iniciar los
procedimientos para la liquidación de una compañía insolvente, el liquidador
tiene la obligación de notificar dicha orden a toda persona que se conozca o
tenga, o que razonablemente pueda tener, reclamaciones en contra del
asegurador. El mencionado artículo no distingue respecto a la naturaleza u
origen de la reclamación (pólizas o contratos de garantía).
El inciso (2) de dicha sección establece a su vez, que
la notificación requerirá que los reclamantes potenciales radiquen sus
reclamaciones junto con las correspondientes pruebas, en o antes de la fecha en
que el tribunal fije para la radicación de éstas, estableciéndose claramente
que el término no excederá del período de seis (6) meses a partir de la fecha
de emisión de la orden de liquidación o de cualquier extensión que el Tribunal
fije por causa justificada.
Por otra parte, el Art. 40.210 del mismo Código, 26
L.P.R.A. § 4021, esencial en la dilucidación de este caso, establece:
(1) Al emitirse una
orden nombrando un liquidador de un asegurador del país o de un asegurador
foráneo domiciliado en Puerto Rico, no se radicará ninguna acción judicial
contra el asegurador o contra el liquidador, ni en Puerto Rico ni en cualquier
otro lugar, ni se mantendrá ni instará una acción de esa naturaleza
luego de emitida la orden. Los tribunales de Puerto Rico darán entera fe y
crédito a interdictos contra la compañía o contra el liquidador o a la
continuación de acciones existentes contra el liquidador o la compañía cuando
tales interdictos se incluyan en una orden de liquidación emitida de
conformidad con disposiciones correspondientes en vigor en otros estados.
Cuando, a juicio del liquidador y para la protección del caudal del asegurador,
se requiera la intervención del liquidador en una acción que esté pendiente
contra el asegurador fuera de Puerto rico, el liquidador podrá intervenir en la
misma. El liquidador podrá sufragar del caudal del asegurador los gastos de
defensa de cualquier acción en que él intervenga con arreglo a esta sección.
(Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. 2021.
A su vez, el Capítulo 38 del mismo código, contiene la
siguiente norma aplicable únicamente a los casos en que la Asociación de
Seguros de Garantía esté llamada a intervenir.
Todos los procedimientos
donde el asegurador insolvente sea parte o venga obligado a defender a una
parte ante un tribunal en Puerto Rico, se paralizarán por un período de hasta
seis (6) meses y por aquel tiempo adicional que el tribunal conceda, a partir
de la fecha en que se determinó la insolvencia o en que se instituyó un
procedimiento auxiliar en Puerto Rico, según se describe en la sec. 4049 de
este título, lo que sea mayor, para permitirle a la Asociación una defensa
adecuada en todas las causas de acción pendientes. Con respecto a cualquier
reclamación cubierta que surja de una sentencia bajo cualquier decisión,
veredicto o determinación basada en la rebeldía del asegurador insolvente o por
dejar de defender a un asegurado, la Asociación, bien en su nombre o en nombre
de tal asegurado, podrá solicitar que la sentencia, orden, decisión, veredicto
o determinación se deje sin efecto por el mismo tribunal o administrador que emitió
tal sentencia, orden, decisión, veredicto o determinación y se le permitirá
defender la reclamación en sus méritos. Artículo 38.180, Código de Seguros, 26
L.P.R.A. § 3818.
Para circunscribir el ámbito de aplicación del
artículo que antecede, debemos recurrir a los Artículos, 38.010 y 38.030, 26
L.P.R.A. § 3801, 3803. Estos disponen:
Este capítulo comprende
las disposiciones referentes a la Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos de Puerto Rico.
(Énfasis suplido.) Artículo 38.010 del Código de Seguros.
Este capítulo se
aplicará a toda clase de seguro, excepto reaseguro, pero no será aplicable
a:
(1) Seguros de vida o
incapacidad;
(2) garantía
hipotecaria, garantía financiera y otras formas de seguro que ofrezcan
protección contra riesgos de inversiones;
(3) seguro de
garantía excepto el seguro de fidelidad que garantiza la probidad de
los empleados públicos;
(4) seguro de garantía
de funcionamiento (warranty insurance) o de contratos de servicio;
(5) seguro de título;
(6) seguro marítimo-oceánico;
(7) cualquier
transacción o combinación de transacciones entre una persona (incluyendo las
afiliadas de ésta) y un asegurador (incluyendo las afiliadas de éste) que
envuelva la transferencia de riesgo de crédito o inversiones que no esté
acompañada de una transferencia de riesgo de seguro;
(8) cualquier seguro
provisto o garantizado por el Gobierno. (Énfasis suplido.) Art. 38.030 Código
de Seguros, 26 L.P.R.A. 3803.
Conforme a los mencionados artículos del Capitulo 38
del Código de Seguros, concluimos que el Tribunal de Circuito de Apelaciones
cometió un error de derecho al aplicar el Art. 38.018, supra, y paralizar por seis meses el presente caso, pues
los contratos de fianza no resultan cubiertos por la Asociación de Garantía de Seguros
Misceláneos de Puerto Rico.
Por lo tanto, si el Comisionado de Seguros no utilizó
su facultad de mantener dicha acción ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones[6],
el foro apelativo no tenía otra alternativa que atenerse a lo dispuesto por el
tribunal de primera instancia que emitió la orden de liquidación contra El
Fénix, ya que ese era el único tribunal con jurisdicción sobre la materia.[7]
Allí dicho foro ordenó, a tenor con el Art. 40.210, supra, que todas las
acciones pendientes contra esa compañía debían desestimarse y remitirse al
foro administrativo.
Este Tribunal ya se ha expresado en cuanto al alcance
del estatuto que hoy nos concierne, Art. 40.210, supra, y ha concluido
que los pleitos pendientes contra un asegurador en liquidación bajo un contrato
de garantía deben ser desestimados y remitidos al foro administrativo del
procedimiento de liquidación. Intaco Equipment Corp.
v. Arelis Const., supra; Calderón Rosa-Silva & Vargas v.
The Commonwealth Insurance Co., 111 D.P.R. 153 (1981). Estos pronunciamientos son aplicables al caso de autos, especialmente lo
resuelto en Intaco, ya que se trataba allí como aquí, del cobro de una
fianza en garantía de un contrato de obra. En aquella ocasión determinamos que
la reclamación en cobro de dinero presentada ante el Tribunal de Primera
Instancia, en contra de una compañía constructora y de la aseguradora que
emitió el contrato de fianza de cumplimiento, debía desestimarse sin
perjuicio de que fuera presentada nuevamente en el procedimiento administrativo
a cargo del Comisionado de Seguros, porque el fin fundamental del Art. 40.210
es que exista un solo foro con jurisdicción que conglomere todas las
reclamaciones en contra de la aseguradora insolvente.
No sólo nuestros previos pronunciamientos, sino
también la doctrina y la jurisprudencia de otras jurisdicciones -estatales y
federales- avalan nuestra posición, esto es, que como regla general, una vez un
tribunal declara insolvente a una compañía aseguradora, y comienza un
procedimiento de liquidación todas las reclamaciones contra la aseguradora
deben consolidarse en un solo foro: el foro administrativo de liquidación.[8] Véase: Michael A. Knoerzer, Flagging the
Obligation: Federal Court’s Abstention in Favor of State Rehabilitation and
Liquidation Proceeding, 28 Tort & Ins. L.J 837, 843-52 (1993); American Star Ins. Co. v. Grice, 865
P.2d 507 (1994); Integrity Insurance Co. v. Martin, 769 P.2d 69 (1989); Adviser
corporation v. United Republic Life Insurance, 152 F.3d 1277 (1998); State ex rel. Guste v. ALIC
Corp., 595 So. 2d 797 (1992).
The Uniform Insurers Liquidation Act
authorizes the court in which the delinquency proceeding was instituted against
the insurer to enjoin all persons from seeking or obtaining preferences,
judgments, attachments, or other liens
or the making of any levy against the insurer so long as the court
retained jurisdiction. Appleman, Insurance Law and Practice, Vol. 19 A,
1982, § 10727, 244.
Es harto conocido que el propósito de la consolidación
de toda reclamación contra una aseguradora insolvente, es evitar y prevenir que
alguien obtenga algún tipo de preferencia, sentencia, embargo o privilegio, en
detrimento del resto de los acreedores; de modo que la liquidación de los
activos se realice de una manera justa. Couch on Insurance 3d,
op. cit., § 5:40. Adviser corporation v. United Republic Life
Insurance, supra; American Star Ins. Co. v. Grice, supra; Webster
v. Superior Court, 758 P.2d 596 (1988);
Bank of America v. Quackenbush, 66 Cal.Rptr.2d 81 (1997); State
ex rel. Guste v. ALIC Corp., supra.
A su vez, la
agrupación de todas las reclamaciones
ayuda a que éstas sean adjudicadas ordenada y equitativamente. Y
también, sin lugar a dudas, evita la disipación injustificada e innecesaria de
los activos de la compañía insolvente que surgirían si el Comisionado de
Seguros tuviere que defenderse de acciones aisladas en diferentes foros.
En Munich American Reinsurance Company, et al. v.
Crawford, 141 F.3d 585 (5th Cir.1998), la Corte Federal de Apelaciones del
Quinto Circuito de Oklahoma consideró una provisión acorde a nuestro Art.
40.210, de Oklahoma Uniform Insurers Liquidation Act, 36 Okla.St. Ann. §§ 1901 et
seq., y sobre el particular
determinó:
In addition to the interest served
by orderly adjudication of claims, which we have already discussed,
consolidation prevents the unnecessary and wasteful dissipation of the
insolvent company’s funds that would occur if the receiver had to defend
unconnected suits in different forums across the country. Consolidation also
eliminates the risk of conflicting rulings, piecemeal litigation of claims, and
unequal treatment of claimants, all of which are of particular interest to
insurance companies and policyholders, who are often relying on policies with
the same or similar provisions. 141 F.3d, 592-93
También en Wolfson v. Mutual Benefit Life Insurance
Company, 51 F.3d 141 (1995)[9],
la Corte de Apelaciones Federal del Octavo Circuito se abstuvo de ejercer su jurisdicción
en un caso en el cual se apelaba una serie de ordenes paralizando y enviando al
foro administrativo de liquidación de la aseguradora una acción federal para
recobrar unos beneficios de un seguro de vida bajo el Employee Retirement
Income Security Act (ERISA). La corte apelativa se abstuvo de ejercer su
jurisdicción en deferencia al tribunal estatal en virtud de que la regulación
de la industria de seguros hace necesaria la consolidación de las acciones en
un solo foro.[10]
Giving due regard to the strong
presumption in favor of exercising federal jurisdiction, we conclude that the
district court properly abstained in this case. Even if reduced to judgment,
Wolfson’s claim against MBL can only be satisfied in the state court insolvency
proceeding. Therefore, staying the federal action avoids piecemeal litigation,
conserves judicial resources, and furthers the cost-minimizing purposes of
rehabilitation by allowing the state court to determine as well as satisfy
Wolfson’s claim.
Es norma general dentro de varios de los estados que
han adoptado la ley modelo de la NAIC, que iniciado un procedimiento de
liquidación contra una aseguradora insolvente, ya no podrá radicarse ninguna
reclamación en un tribunal y que todas las acciones pendientes en su contra
deben derivarse al cause administrativo de liquidación para su adjudicación. Véase: Smith v. Farm & Home Life Insurance Co.,
506 S.E. 2d 104 (1998).
Así, encontramos que en Lumber v. King Construction, 368 A.2d 987
(1976), una compañía aseguradora de New York, que había emitido los contratos
de fianza de construcción, y que se encontraba dentro de un procedimiento de
liquidación en dicho estado, solicitó una orden de paralización o desestimación
de los procedimientos en un número de casos consolidados y pendientes en el
tribunal de New Jersey, en los cuales era parte. La Corte Superior de New
Jersey determinó que dichas acciones debían paralizarse y que los demandantes
debían requerir sus remedios ante las Cortes de New York, debido a que carecían
de jurisdicción en virtud de haberse iniciado un procedimiento de liquidación
en New York. Citando a Motlow v. Southern Holding & Securities
Corp., 95 F.2d 721, 725-726, expresó:
Experience has demonstrated that, in
order to secure an economical, efficient and orderly liquidation and
distribution of the assets of an insolvent corporation for the benefit of all
creditors and stockholders, it is essential that the title, custody, and
control of the assets be intrusted to a single management under the supervision
of one court. Hence other courts, except when called upon by the court of
primary jurisdiction for assistance, are excluded from participation. This
should be particularly true as to proceeding for the liquidation of insolvent
insurance companies, for the reasons adverted to by Mr. Justice Cardozo in Clark
v. Williard, 292 U.S. 112, 123, 54 S.Ct. 615, 620, 78 L.Ed.1160. Lumber a la pagina 991.
Específicamente en el interrogante que hoy nos atañe,
en American Star Ins. Co. v. Grice, supra, la Corte Suprema de
Washington resolvió que una orden de liquidación y de injunction emitida por un
estado con el cual existía reciprocidad bajo la NAIC, y que prohibía toda
reclamación judicial en contra de la aseguradora insolvente, abatía la
apelación presentada contra ésta.
En State ex rel. Guste v. ALIC Corp., 595 So.2d
797 (1992), la Corte de Apelaciones de Louisiana, resolvió que una vez se
comienza un proceso de liquidación de una aseguradora insolvente, el
tribunal que emite la orden de liquidación conserva la jurisdicción sobre toda
reclamación en contra de la aseguradora. El Tribunal Apelativo no revisará
ninguna determinación previa contra la aseguradora, aunque fuera anterior a la
institución del procedimiento; sólo el tribunal que emite la orden de
liquidación es quien tiene jurisdicción sobre la materia para escuchar
cualquier causa en contra de la aseguradora.
A idéntico resultado había llegado dicho tribunal en Scott v. Baton Rouge Bus Co., 118
So.2d 486 (1960).
As stated above, the Delta Fire
& Casualty Company was placed in liquidation by order of the 19th
Judicial District Court, after this appeal was lodged. The date on which this
order was August 17th, 1959. We cannot further determine the quantum
of the judgment which was rendered in the trial court nor on this appeal
against Delta Fire & Casualty Company, the latter having been placed in
liquidation by authority of the District Court which has complete jurisdiction
and said court having issued an injunction which it deemed necessary to prevent
the waste of assets, the obtaining of preferences, judgments, attachments or
other like liens, while in the possession and control of the Commissioner of
Insurance, said injunction being issued under the authority of LSA-R.S. 22:734.
Scott, pág. 490.
Sin embargo, ante específicas y limitadas
circunstancias, algunas cortes estatales y federales han rehusado enviar las
acciones pendientes ante ellas al foro administrativo de liquidación. Así, la
norma en la jurisdicción federal, edificada a favor de la abstención en
deferencia del tribunal estatal que inicia un procedimiento de liquidación[11], se resumen en:
Since the Supreme Court’s decision
in NOPSI, it seems that a party seeking to dismiss an action on Burford
abstention grounds must not only demonstrate the existence of a specialized
state proceeding and the potential for its disruption, but also that the
federal inquiry would likely frustrate or undermine those proceeding.
Several, but not all, courts have also
indicated that the presence of the liquidator or rehabilitator as a party to
the federal action is a condition precedent to abstention. Moreover, the
testimony of the liquidator or rehabilitator or of the insolvent insurer, while
not necessarily decisive, may have a significant impact on a court’s decision
to abstain. A federal court, in determining whether to abstain, will consider
the liquidator’s opinion, not only with respect to whether the federal action
will frustrate the subject rehabilitation or liquidation proceeding, but also
the question of the impact of the federal action on whether and how insurance
companies do business in the state in the years ahead. Michael A. Knoerzwer, op.
cit, pag. 853.
Más limitadas son aún las excepciones encontradas en
la jurisprudencia estatal, y fundamentalmente, éstas se apoyan en que la acción
judicial entablada y su continuación en la corte que entendió en el pleito, de
ninguna manera interfiere con el procedimiento de liquidación, ni con las
facultades del liquidador; ni tampoco, la sentencia que en su día recaiga
afectará los activos de la aseguradora insolvente. Así, en Webster v.
Superior Court, 758 P.2d 596, 46 Cal.3d 338 (1988), se le permitió al
perjudicado continuar su acción personal de daños contra la aseguradora de la
compañía aseguradora (causante del alegado daño) declarada insolvente. La Corte
Suprema de California resolvió que el reclamante debía hacer una elección
vinculante entre intentar recobrar sobre los activos de la compañía insolvente
o proceder contra la aseguradora de ésta. Si elegía recobrar solamente contra
la aseguradora solvente, se le debía permitir mantener una acción civil
independiente por los daños. Sin embargo si elegía intentar recobrar en todo o
en parte sobre los activos de la aseguradora insolvente su acción debía quedar
paralizada, y su reclamación debía ser resuelta por el Comisionado de Seguros
dentro del procedimiento de liquidación. Como en esa situación, los
peticionarios ofrecieron estipular que no intentarían recobrar de los activos
de la compañía insolvente, la Corte determinó que la acción podía continuar en
el tribunal.
Igual
norma excepcional seguimos en Ruíz García v. New York Department Stores,
146 D.P.R. 353 (1998), al expresar lo siguiente:
Finalmente, debe destacarse
que en las disposiciones pertinentes del Código de Seguros de Puerto Rico,
relativas a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico,
también se contempla que existirán acciones judiciales como las del caso de
autos. La Asociación aludida fue creada
por ley en 1991, para proveer un modo de pago para determinadas reclamaciones
cubiertas por contratos de seguros antes de la determinación de insolvencia del
asegurador. En lo relativo a esta Asociación,
el Artículo 38.180 del Código de Seguros provee para la suspensión temporera de
cualquier procedimiento en el cual el asegurador insolvente sea parte o venga
obligado a defender a una parte ante un tribunal de Puerto Rico. Nótese que no se trata de una prohibición de
acciones judiciales, sino de una suspensión por un corto período de
tiempo. El propósito de dicha
suspensión es precisamente “para permitirle a la Asociación una defensa
adecuada en todas las causas de acción pertinentes.”
Es de observar que dicha excepción
encuentra su razón de ser en las disposiciones del Capítulo 38 del Código de
Seguros referentes a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos,
Arts. 38.010 a 38.190, 26 L.P.R.A., secs. 3801 a 3819, cuyo propósito, según ya
sentamos, “es crear un mecanismo para el pago de reclamaciones cubiertas
bajo determinadas pólizas de seguro
con el fin de evitar excesivas dilaciones en el pago, evitar pérdidas
financieras a los reclamantes o tenedores de pólizas como resultado de la
insolvencia de un asegurador, ayudar a detectar y prevenir la insolvencia de
aseguradores y establecer una asociación que distribuya el costo de esta
protección entre los aseguradores mediante la imposición de derramas”. (Énfasis
suplido.) Art. 38.020 del Código de Seguros.
Al igual que en Webster v. Superior Court,
supra, la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos opera como una
aseguradora de la aseguradora insolvente, por lo que la continuación del pleito
en contra de New York Department Stores, asegurada de la aseguradora
insolvente en el caso de Ruiz García, supra, en nada interfería con el
procedimiento de liquidación de ésta, ni con las facultades del Comisionado
[liquidador]; ni tampoco la sentencia que recayera en su día habría de afectar
los activos de dicha aseguradora insolvente.
Más esta excepción no está presente en ese caso. Recuérdese que, según hemos visto
anteriormente, las disposiciones referentes a la Asociación de Garantía de
Seguros Misceláneos no son aplicables al seguro de garantía, dentro de
cuya categoría se encuentra el contrato de fianza. Véase Art. 38.030 del Código de Seguros, 26
L.P.R.A. 3803, supra.
Dada estas pocas circunstancias y sus específicas
razones para mantener una causa de acción en un tribunal judicial cuando se
inicia un procedimiento de liquidación de una compañía de seguros, entendemos
que en este caso no existe justificación alguna, para exceptuarlo de las
disposiciones del Art. 40.210 del Código de Seguros, supra.
III
Luego de una orden de liquidación de una aseguradora
insolvente, ninguna acción puede comenzar o continuarse en ninguna corte del
estado en cuestión o entre aquellos estados donde exista reciprocidad. Véase:
Commonwealth v. Central Penn National Bank, 375 A.2d 874 (1977). “The
corporate existence of an insurance company terminated on the entry of an order
of liquidation, and pending actions against the company, as well as those
thereafter instituted against it, abated.” Appleman, op. cit., Vol. 19
A, § 10727, 241. Es imposible para el apelante
perfeccionar una apelación en este supuesto, lo mismo sucede ante una orden de
paralización en el tribunal federal dentro de un procedimiento de quiebra. Burrhus
v. M & S Mach. & Supply Co., supra.
El tribunal que ordena la liquidación de la
aseguradora insolvente es quien retiene jurisdicción sobre todas las acciones en contra la aseguradora, incluso
las que existen con anterioridad a la orden. Integrity Ins.
Co. v. Martin, 769 P.2d 69 (Okla. 1989).
Para resolver a cabalidad este recurso, estimamos
importante señalar que el Código de Seguros establece respecto a los contratos
de fianza de cumplimiento otorgados por una aseguradora, lo siguiente:
Todo seguro de garantía
que garantice el cumplimiento de contratos, sea una fianza civil o criminal o
que garantice cualquier tipo de obligación obligará solidariamente al
asegurador y su principal, pero sujeto a los términos de prescripción y
caducidad. (Énfasis suplido.) 26
L.P.R.A. § 2204.
El asegurador de
garantía que se obligare de acuerdo a lo dispuesto en la sec. 2204 de este
título vendrá obligado a satisfacer la deuda de su principal a requerimiento
del acreedor, luego de verificar dentro de un término de noventa (90) días
la existencia, liquidez y exigibilidad de la reclamación. Si dentro de ese
término el asegurador no satisface la reclamación por justa causa incurrirá en
una violación a la sec. 2716a de este título. (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A.
2205.
Y esto no es todo. El Fénix se responsabilizó
solidariamente con el contratista a realizar el edificio multipisos.
“Performance Bond” (SNR8888) suscrito entre el Ing. Luis B. Torres Félix y El
Fénix.
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: that
Ing. Luis B. Torres Félix as principal , hereinafter called contractor and, El
Fénix de Puerto Rico/Compañía de Seguros as Surety, hereinafter called Surety,
are held and firmly bound unto Lic. Rafael Rivera Olivencia as Obligee,
hereinafter called Owner, in the amount of $695,000.00 for the payment whereof
Contractor and Surety bind themselves, their here executors, administrators,
successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
Ante la existencia indiscutible del vínculo de
solidaridad entre El Fénix, el Ing. Luis B. Torres Félix y RYB Engineers &
Contractors, Inc., es forzoso concluir que no pueden dividirse las
reclamaciones entre distintos foros.
A la vez es trascendente destacar que nuestro Código
de Seguros tampoco distingue entre el contrato de seguros (póliza) y el
contrato de fianza a los fines del Art. 40.210 de dicho Código. Y como ya hemos
explicado, esta disposición persigue que los procedimientos de liquidación de
una aseguradora se conduzcan en forma expedita, justa y ordenada ante el
Comisionado de Seguros, quien está a cargo de la liquidación.[12]
Tampoco en otras jurisdicciones se han distinguido entre ambos tipos de
contratos a los fines del procedimiento de liquidación, y ante la misma
situación que nos atañe hoy, han remitido al procedimiento de liquidación
la acción en la cual una de las partes
era una aseguradora insolvente que había expedido las fianzas de cumplimiento
en la construcción de una obra. Lumber v. King
Construction, 368 A. 2d 987 (1976).
Tampoco las circunstancias de este caso nos conducen a
hacer una excepción a la norma. Como es sabido el fiador solidario no puede oponer
contra el acreedor el beneficio de excusión sobre los bienes del fiado. Inc. 2,
Art. 1730 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4892; Carr v. Nones, 98 D.P.R. 236 (1970); Colón v. Porto
Rican & American Insurance Co., 63 D.P.R. 344 (1944). En sus relaciones
con el acreedor, un fiador solidario es un principal pagador y como tal tiene
la obligación de cumplir el contrato íntegra y totalmente desde el momento en
que el fiado deja de cumplir lo convenido. Drug Company v.
Susoni, 43 D.P.R. 772 (1943); Mansiones P. Gardens. Inc.
v. Scotiabank, 114 D.P.R 513, 519 (1983).
Por todo ello, esta acción debe enviarse al foro
administrativo, aún en etapa apelativa; pues, en definitiva, afectará adversa e
irremediablemente sobre el patrimonio de El Fénix, el procedimiento de
liquidación y las facultades del Comisionado; en fin todo lo que se trata de
proteger a través del estatuto en cuestión.
Tampoco podemos perder de vista que el Comisionado de
Seguros, como liquidador, tiene la obligación de conocer e inventariar todos
los activos y todas las obligaciones de la compañía aseguradora de que se
trate; liquidar los primeros para atender tales obligaciones de manera
integral. 26 L.P.R.A. § 4022, 4031.[13] O sea, que el
liquidador debe tener una visión clara e integral de todas las obligaciones
por las cuales habrá de responder el activo de la empresa.[14]
Si se distingue entre seguros y fianzas mal puede el liquidador, en este caso,
el Comisionado, realizar la labor que el Código le impone, ya que la
fragmentación de las acciones judiciales y administrativas impediría tener una
idea clara y concreta del estado de los asuntos en liquidación.
El propósito claro de la ley es que todo proceso de
liquidación sea atendido por una sola entidad con visión integral de toda la
problemática respecto a la capacidad financiera (potencial económico para el
pago de las obligaciones) de la aseguradora de que se trate.[15]
Por otro lado, el contrato de seguros y el contratos de fianza gozan de una
misma naturaleza: ambos son contratos aleatorios no principales; esto es, son
de carácter accesorio[16],
por lo cual es necesario que el Comisionado sea quien disponga en primera
instancia de las reclamaciones contra la aseguradora y su asegurado o fiado,
bien bajo la póliza de seguros o bajo un contrato de fianza, a los fines de que
pueda decidir la forma en que serán pagadas aquellas reclamaciones que
considere válidas, en la proporción que determine, tomando en consideración el
todo de la empresa (“activos v. pasivos”), hacer las reservas necesarias para
el pago de las mismas. 26 L.P.R.A. § 4032, 4036, 4039-43. Así se recoge en la exposición de motivos de la Ley que nos ocupa, así
se ha reconocido en todas las jurisdicciones que han adoptado el Código
Uniforme de Seguros, y así lo reconocimos en el caso de Intaco, hace
apenas cuatro años.[17]
Aún en ausencia del mencionado estatuto y de la
jurisprudencia aludida, cualquier proceso de liquidación de una empresa
insolvente, esto es, cuando sus activos no alcanzan a cubrir sus obligaciones, requiere
de un trámite como el descrito anteriormente por imperativo del derecho común
(Código Civil) y las mejores prácticas contables que imperan en este país.[18]
De permitirse la continuación de la acción respecto al
otro demandado, surgirían los siguientes resultados indeseados, por ser
contrarios a la política pública en que se asienta la legislación comentada:
(a) siendo subsidiaria, aunque solidaria, la responsabilidad de la fiadora, de
resultar victoriosa la parte reclamante en contra del fiado, tendrá aquella que
repetir contra la fiadora en caso de que no pueda cobrar del fiado (lo cual es
muy probable en los casos en que la reclamación sea en cobro de dinero por
materialistas, suplidores u obreros, ya que frecuentemente el fiado resulta
insolvente); (b) en cuyo caso siempre tendrá el reclamante que recurrir al
Comisionado para tratar de obtener el pago total o parcial de la misma con el
potencial peligro de que la decisión del Comisionado conflija con la
determinación del Foro Judicial; (c)
los dos supuestos anteriores exponen, tanto a la parte reclamante como al
fiado, a múltiples procedimientos a los fines de que cada cual pueda hacer
valer sus derechos contractuales mediante el fraccionamiento de procedimientos
en foros diversos, con el consiguiente efecto de: (d) que tengan que incurrir
en más gastos y (e) dilate aún más, innecesariamente, el cobro o recobro de lo
debido; (f) lo cual, a su vez, conlleva al resultado de causar demora en la
liquidación e incertidumbre respecto al efecto potencial en los activos de la
aseguradora insolvente en liquidación al desconocerse si finalmente habrá de
recaer una decisión final y firme en contra del fiado y el monto de la misma,
antes de que pueda el Comisionado liquidador responder al reclamante.
Son, precisamente los anteriores efectos adversos los
que pretenden evitarse a los fines de que el Comisionado liquidador realice una
liquidación expedita, justa y ordenada, en beneficio de los fiados, reclamantes
y la propia aseguradora insolvente y/o sus accionistas o dueños, la razón por
la cual la ley priva de jurisdicción a los tribunales en estos casos, aún para
conocer de una acción en contra del fiado únicamente, y ordena que todas las
reclamaciones, tanto contra éstos como contra la aseguradora tengan que ser referidas
al cause administrativo. La necesidad de que exista un solo foro para dilucidad
las reclamaciones dentro de este tipo de procedimiento es imperativa.
IV
No obstante lo expresado anteriormente, la avanzada etapa procesal en
que se encuentra el presente caso, nos obliga a reconocer la facultad del
tribunal con jurisdicción de acuerdo al Art. 40.040 del Código de Seguros, 26
L.P.R.A. § 4004, previa audiencia al Comisionado de Seguros, para autorizar, a
instancia de cualquiera de las partes, la continuación de la acción en el foro
apelativo o ante cualquier otro foro judicial; siempre y cuando se demuestre
que la continuación de la misma resulta en el mejor interés de la aseguradora
y/o del reclamante, y que de permitirse, ello no contraviene los fines públicos
perseguidos por el estatuto de marras. Webster v. Superior Court, supra;
Bank of America v. Quakenbush, 66 Cal.Rptr.2d 81 (1997).[19]
No contamos con los elementos decisionales indispensables, ni estamos
requeridos a hacer una determinación de tal índole en este momento, pero nada
impide que se solicite autorización a la Sala competente del Tribunal de
Primera Instancia con jurisdicción para que este caso prosiga su curso judicial
en lugar de ser remitido al cauce administrativo
Por entender que la sentencia dictada por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones de 14 de abril de 1999, ha sido emitida sin
jurisdicción sobre la materia, la revocamos para dejarla sin efecto.
JOSE
A. ANDREU GARCIA
Juez Presidente
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2002
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se deja sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 14 de abril de 1999.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión Concurrente y Disidente. El Juez Asociado señor Rivera Pérez emitió Opinión Disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Corrada del Río.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
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