Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2002
2002 DTS 096 E.L.A. V. MALAVE 2002TSPR096
Opinión
Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez, a la cual se unieron
los Jueces Asociados señores Hernández Denton y Corrada del Río.
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2002.
La Mayoría determina que el peticionario no incurrió en
violación alguna a la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos
Comerciales de Puerto Rico,[1]
a la Ley de Monopolios de Puerto Rico,[2]
y al Reglamento sobre Competencia Justa Núm. VII, adoptado por la Junta
Especial sobre Prácticas Injustas de Comercio de la Oficina de Asuntos
Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico.[3] La decisión mayoritaria se sostiene en que no
se demostró por el Departamento de Asuntos del Consumidor que se efectuó la
venta de un artículo no exento bajo el primero de los referidos estatutos. La Mayoría establece que para que haya una
violación al estatuto que regula las operaciones de establecimientos
comerciales tiene que demostrarse, mediante prueba directa o circunstancial,
que en efecto ocurrió una venta de un artículo no exento por el estatuto,
dentro del período prohibido para así hacerlo.
Establece, además, la Opinión Mayoritaria que la mera ausencia de
restricciones o barreras físicas para impedir el acceso del público a las áreas
restringidas no constituye una violación a las disposiciones estatutarias
arriba mencionadas. Respetuosamente,
disentimos por los fundamentos que expondremos a continuación.
I
El señor Lucas Malavé Rivera
era dueño y operaba el Supermercado Jardines de Caparra, localizado en el
Centro Comercial Jardines de Caparra en Bayamón, Puerto Rico. En dicho establecimiento comercial se
vendían artículos de supermercado y se operaba una panadería.[4]
El domingo 21 de agosto de
1994, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, por medio del Negociado de
Investigaciones Especiales, realizó una investigación y encontró que el
establecimiento comercial del señor Lucas Malavé Rivera había abierto al
público en general a las 8:10 de la mañana.[5] El 3 de noviembre de 1997, el Departamento
de Justicia presentó una querella en contra de éste ante el Departamento de
Asuntos del Consumidor,[6]
alegando que el querellado había violado el Artículo 5 de la Ley para Regular
las Operaciones de Establecimientos Comerciales,[7]
así como el Artículo 3(a) y 9 de la Ley de Monopolios de Puerto Rico.[8] Arguyó, además, que el querellado había
violado las disposiciones de los Artículos III y IV, inciso 32, del Reglamento
sobre Competencia Justa Número VII que proscribe métodos injustos de
competencia comercial.[9] La vista administrativa se celebró el 13 de
agosto de 1999.[10] A la misma compareció como testigo el agente
del Negociado de Investigaciones Especiales, señor Ismael Cintrón Cintrón. Dicho agente testificó que el día de la
investigación el Supermercado Jardines de Caparra había abierto al público en
general a las 8:10 de la mañana.[11] Añadió que el área de supermercado estaba
compuesta por varias góndolas, donde se vendían distintos artículos. Expresó, que el establecimiento contaba con
un área de carnicería y otra de panadería.[12] El agente Cintrón Cintrón testificó que los
clientes del establecimiento entraban tanto al área de la panadería como a la
del supermercado, incluyendo la carnicería, como si se tratara de un solo
negocio.[13]
La evidencia documental
presentada en la vista, así como el propio testimonio del señor Lucas Malavé
Rivera, demostró que el querellado rendía una sola planilla de contribución
sobre ingresos, en cuanto a los ingresos que recibía de la panadería y del área
de supermercado.[14] Asimismo, quedó demostrado que los informes
trimestrales de los salarios pagados a los empleados de ambas operaciones de
negocios eran sometidos en conjunto ante el Departamento del Trabajo de Puerto
Rico.[15] Se encontró probado que, para la semana que
comprende el 21 de agosto de 1994, el señor Lucas Malavé Rivera tenía en nómina
a trece (13) empleados.[16] Para esa misma fecha, dos (2) empleadas del
área de supermercado habían registrado en sus tarjetas de trabajo como hora de
entrada las 7:31 a.m. y 8:00 a.m., respectivamente.[17] Seis (6) de los trece (13) empleados que
estaban en la nómina del establecimiento comercial del querellado para esa
fecha, aparecían en la nómina de la panadería.[18] Finalmente, dos (2) de las empleadas que
aparecían en la nómina de la panadería aparecían identificadas en las tarjetas
de los empleados como cajeras, pero no se especificaba si estaban asignadas al
área de supermercado o de la panadería.[19] Las cuatro (4) empleadas restantes aparecían
en la nómina y en las tarjetas de empleados de la panadería.[20]
El señor Lucas Malavé Rivera
solicitó la desestimación de la querella presentada ante el Departamento de
Asuntos del Consumidor, alegando que le era de aplicación la exención
contemplada en el Artículo 6b de la Ley para Regular las Operaciones de
Establecimientos Comerciales,[21]
por tener siete (7) empleados o menos para la fecha de los hechos en cada una
de las dos (2) áreas de su establecimiento comercial (supermercado y panadería). Sostuvo que la panadería y el supermercado
eran operaciones de negocios separados, por lo que los empleados de los mismos
no debían ser considerados como una unidad para efectos del mencionado
estatuto.[22]
El 9 de marzo del 2000, el
Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico emitió una resolución
determinando que las violaciones imputadas habían sido cometidas por el señor
Lucas Malavé Rivera.[23] Dicho foro administrativo concluyó que las
dos (2) operaciones de negocios del querellado constituían un solo establecimiento
comercial, a base de la prueba documental y testifical presentada en la vista
evidenciaria.[24] Determinó que el propio testimonio del
querellado apuntaba en tal dirección.
El Departamento de Asuntos del Consumidor concluyó que si la parte
querellada tuviera dos operaciones de negocios distintos, hubiera tenido
nóminas y tarjetas de empleados separadas para los empleados del área de
supermercado y los de la panadería.[25] Concluyó, además, que hubiera tributado los
ingresos de ambas operaciones de negocios en planillas de contribución sobre
ingresos separadas.[26] Determinó que el día de la investigación
habían más de siete (7) personas empleadas en el negocio del querellado.[27] El Departamento de Asuntos del Consumidor le
ordenó al querellado que cesara y desistiera de incurrir en violaciones a la
Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra,
y a la Ley de Monopolios de Puerto Rico, supra.[28] Le impuso al señor Lucas Malavé Rivera una
multa administrativa ascendente a diez mil dólares ($10,000.00) y dos mil
dólares ($2,000.00) por concepto de honorarios de abogado, a pagarse a favor de
la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico.[29]
Inconforme con tal
determinación, el 10 de abril de 2000 el querellado presentó un recurso de
revisión administrativa ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto
Rico.[30] Alegó que el Departamento de Asuntos del
Consumidor había incurrido en error al concluir que tanto el área de la
panadería como la de supermercado constituían un único negocio, con trece (13)
empleados en nómina, y que las actividades comerciales realizadas en el establecimiento
comercial del querellado no estaban exentas del cumplimiento de las
disposiciones de la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos
Comerciales, supra.[31] El 13 de octubre de 2000 el foro apelativo
intermedio expidió el auto y confirmó la determinación de la agencia.[32] Encontró que el peticionario no había
logrado derrotar la presunción de legalidad y corrección que cobija las
decisiones de los organismos administrativos, por lo que la decisión recurrida
debía sostenerse.[33] El peticionario radicó moción de
reconsideración ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 1 de noviembre
de 2000,[34]
la cual fue declarada no ha lugar el 13 de noviembre de 2000.[35]
No conforme, el peticionario
acudió ante nos el 14 de diciembre de 2000, señalando la comisión por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones de los errores siguientes:
Erró el ilustrado foro apelativo al
concluir que existe evidencia sustancial para concluir que el Peticionario
violó la [L]ey de [C]ierre, la de [A]suntos [M]onopolísticos y el [R]eglamento
de [C]ompetencia [J]usta [N]úmero VII.
Erró el ilustrado foro apelativo al
concluir que los negocios del Peticionario eran uno solo[,] porque los ingresos
provenientes de los mismos los tributaba en un [sic] misma planilla de
contribución sobre ingresos.
II
La Ley para Regular las
Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra, constituye la
coyuntura que enlaza en un estatuto los propósitos del Estado de protección
social de la clase trabajadora, con la flexibilidad necesaria para ajustar las
transformaciones económicas del devenir histórico puertorriqueño.[36] La intención legislativa que la animó fue
múltiple. Se persiguió ofrecer a la
clase trabajadora un día uniforme de descanso, mientras se ofrecía al
consumidor puertorriqueño opciones más amplias para efectuar sus compras. Además, se atemperaron los Artículos 553 al
556 del Código Penal de Puerto Rico, conocidos en conjunto como la Ley de
Cierre, con la legislación laboral hasta entonces adoptada por la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico.[37] La Ley para Regular las Operaciones de
Establecimientos Comerciales, supra, permite la apertura dominical,
según un horario indicado, manteniendo unas garantías y beneficios para los
trabajadores que laboran ese día. De la
misma manera, dicho estatuto intenta proteger a los pequeños y medianos
comerciantes de la competencia de las grandes cadenas comerciales.[38] Dicha ley persigue, además, castigar las
prácticas monopolísticas.
Por su parte, las
disposiciones de la Ley de Monopolios de Puerto Rico, supra, y del
Reglamento sobre Competencia Justa Número VII, supra, intentan combatir
las prácticas comerciales injustas y monopolísticas. Específicamente, la Ley de Monopolios de Puerto Rico, supra,
intenta asegurarle al pueblo de Puerto Rico en general, y a los pequeños
comerciantes en particular, los beneficios de la libre competencia y evitar las
concentraciones de poder económico.[39] El Reglamento sobre Competencia Justa Número
VII, supra, establece, mediante un listado no taxativo, los actos que se
consideran prácticas injustas de competencia.
Mediante este Reglamento se intenta evitar que establecimientos
comerciales incurran en actividades de negocios inescrupulosas que tienen un
efecto nocivo sobre nuestra economía; muy en particular sobre aquellos
comerciantes honrados que por este tipo de práctica anticompetitiva se ven
forzados a cerrar sus negocios.[40]
Aclarados los propósitos que
persiguen los referidos estatutos y el mencionado cuerpo reglamentario,
atendemos el primer señalamiento de error levantado. El peticionario alega que el Tribunal de Circuito de Apelaciones
incidió al concluir que el Departamento de Asuntos del Consumidor tenía
evidencia sustancial en el expediente para determinar que se incurrió en
violación a lo dispuesto por los estatutos y el reglamento antes mencionado.
Es
norma reiterada que la revisión judicial de las determinaciones finales de las
agencias administrativas es una de carácter limitado. La función de los tribunales se limita a determinar si la
actuación de la agencia revisada no fue ultra vires, arbitraria o
caprichosa.[41] Nuestra tarea consiste en constatar que las
determinaciones de hechos del organismo administrativo se basan en evidencia
sustancial contenida en la totalidad del expediente administrativo.[42] Si éstas sobrepasan este escrutinio judicial
deben sostenerse.[43] Las agencias administrativas cuentan con la
experiencia y los conocimientos altamente especializados necesarios para poner
en vigor las leyes de las que son custodios.[44] Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante
que una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener una
conclusión.[45] No basta con una mera scintilla de
evidencia. Sólo intervenimos con las
determinaciones fácticas de un organismo administrativo, cuando concluimos que
las mismas no se sostienen en la evidencia que obra en la totalidad del
expediente.[46] La parte que impugna las determinaciones de
hecho de una agencia administrativa tiene la obligación de identificar la
existencia de prueba distinta a la considerada, que reduce o menoscaba el valor
probatorio de la prueba tomada en cuenta por el organismo administrativo.[47] Las determinaciones administrativas gozan de
una presunción de legalidad y corrección.[48]
Las
conclusiones de derecho, sin embargo, serán revisables por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones, y este Tribunal en todos sus aspectos.[49]
No obstante, como regla general, le reconocemos gran peso y deferencia a las
interpretaciones de un estatuto hechas por la agencia administrativa encargada
de su cumplimiento.[50]
La interpretación impartida al estatuto por la agencia llamada a aplicarlo no
tiene que ser la única. Basta que la
interpretación de la agencia sea razonable y consistente con el propósito
legislativo que la animó.[51] No obstante, las conclusiones de derecho de
la agencia no merecen deferencia si éstas afectan derechos fundamentales, si
son irrazonables, o conducen a la comisión de injusticias.[52] Tampoco ha de prevalecer la interpretación
de la agencia, cuando la misma produce resultados inconsistentes o contrarios
al propósito del estatuto interpretado y a su política pública.[53]
El Artículo 5 de la Ley para
Regular las Operaciones de Establecimiento Comerciales, supra, disponía,
al momento de ocurrir los hechos, lo siguiente:[54]
Los establecimientos comerciales podrán abrir al público durante los
días domingo solamente durante el horario desde las 11:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. Cuando fueren domingo los
días especificados en la sec. 302 ó en el inciso (b) de la sec. 303 de este
título, la apertura y cierre de los establecimientos comerciales se regirá por
las disposiciones contenidas en las secciones antes mencionadas.
Los establecimientos comerciales permanecerán cerrados los domingos
sin que pueda realizarse en éstos ninguna clase de trabajo fuera del horario
que se establece en esta sección excepto que una hora después de su cierre
podrán realizar aquellas labores que se relacionen con la continuidad de sus
operaciones y el mantenimiento de su planta física. (Énfasis nuestro.)
La prueba presentada ante el Departamento de Asuntos
del Consumidor demostró que el Supermercado Jardines de Caparra abrió al
público en general el domingo 21 de agosto de 1994, a las 8:10 de la mañana, en
violación a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley para Regular las
Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra. Dicha conclusión se sostiene en la prueba
testifical presentada y en la prueba documental admitida, consistente en las
tarjetas de trabajo de dos (2) empleadas del supermercado que registraron como
hora de entrada las 7:31 a.m. y 8:00 a.m., respectivamente, precisamente el día
en que se realizó la investigación.
Esta determinación de la agencia no fue refutada por el
peticionario. No obstante, el
peticionario arguye que su establecimiento comercial estaba exento de las
disposiciones de la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos
Comerciales, supra, porque estaba organizado en dos operaciones comerciales
independientes con accesos separados, siendo una de ellas una panadería, y que
ambos negocios contaban para la fecha de la investigación con siete (7)
empleados o menos en sus nóminas.
El Artículo 6 de la Ley para
Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra, contiene
un listado taxativo de los establecimientos comerciales exceptuados de cumplir
con los preceptos de dicha ley. La
disposición estatutaria, en lo pertinente, expresa lo siguiente:[55]
No estarán sujetos a las
disposiciones sobre apertura y cierre señaladas en las secs. 302, 303 y 304 de
este título los siguientes establecimientos comerciales:
(a) Los operados exclusivamente por sus propios dueños, sus
parientes dentro del segundo grado por [de] consanguinidad o afinidad.
(b) Los que sean propiedad de personas naturales o jurídicas y
que no tengan más de siete (7) empleados en su nómina semanal, pero sujetos
a las disposiciones y penalidades de las secs. 307, 308 y 310 de este título.
(c) Los ubicados en lugares dedicados exclusivamente al desarrollo
de actividades culturales, artesanales, recreativas o deportivas, cuyos
artículos de ventas estén relacionados con la actividad que se realiza en el
lugar.
(d) Los dedicados principalmente a la elaboración de alimentos y
venta directa al público de comidas confeccionadas u otros alimentos,
incluyendo restaurantes, cafés, fondas, panaderías, reposterías y empresas
donde solamente se vende leche, café confeccionado, hielo, mantecados, helados
o dulces. (Énfasis nuestro.)
(e) ...
(f) ...
(g) ...
(h) ...
(i) ...
(j) ...
(k) ...
(l) ...
(m) ...
(n) ...
...
¿Le aplica alguna de las excepciones contempladas en el
Artículo 6 de la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos
Comerciales, supra, al establecimiento del querellado? Contestamos dicha interrogante en la
afirmativa.
El historial legislativo de
dicho estatuto nos ilustra sobre la controversia que hoy enfrentamos. El Informe de la Comisión Especial sobre el
Estudio de la Ley de Cierre de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, supra,[56]
contempló justamente la situación que tenemos ante nos para ejemplificar el
alcance del último párrafo del Artículo 6, supra. El referido artículo contempla la
posibilidad de que un negocio mantenga actividades comerciales exentas,
conjuntamente con actividades no exentas.
El Artículo 6, supra, dispone, además, lo siguiente:
Cuando un establecimiento
comercial realice operaciones cubiertas por las excepciones de esta sección
conjuntamente con operaciones sujetas a las disposiciones de las secs. 302, 303
y 304 de este título, podrá realizar solamente las operaciones exentas bajo
esta sección de forma continua sin sujeción al horario establecido en las secs.
302, 303 y 304 de este título y tomará todas las precauciones que sean necesarias
para impedir el acceso del público consumidor y evitar las operaciones no
exentas durante las horas de cierre dispuestas en este capítulo. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos tendrá facultad para
vigilar y requerir el cumplimiento de esta disposición y señalará por
reglamento las precauciones que deberán observarse en la situación aquí
prevista. (Énfasis nuestro.)
El referido Informe de la
Comisión Especial sobre el Estudio de la Ley de Cierre de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico, supra, al comentar sobre esta disposición
estatutaria, expresó lo siguiente:
Por supuesto, si en un
establecimiento comercial se realizan otras actividades no exentas, el
establecimiento comercial podrá operar sin las restricciones impuestas por la
ley sólo
en las actividades económicas exentas.
Por ejemplo, si existe una combinación de colmado con cafetería o
similar podrá abrir la sección de cafetería pero no la de colmado durante los
días y horas que se establece para el cierre. (Énfasis nuestro.)
Concluimos que este curso de
acción es el más sensato y apropiado para las circunstancias particulares del
caso de marras. El establecimiento
comercial del querellado de autos realizaba actividades exentas junto con
actividades comerciales cubiertas por la Ley para Regular las Operaciones de
Establecimientos Comerciales, supra.
Así lo determinó la agencia administrativa recurrida en sus
determinaciones de hecho. El
Departamento de Asuntos del Consumidor concluyó que el Supermercado Jardines de
Caparra se dedicaba al negocio de panadería y a la venta de
comestibles. Una panadería, por
disposición expresa de ley, está exenta de las horas de apertura y cierre
contempladas en el Artículo 5, supra.
No obstante, el Artículo 6 de la Ley para Regular las Operaciones de
Establecimientos Comerciales, supra, le impone al dueño del
establecimiento comercial, que realiza actividades comerciales mixtas, la
obligación de tomar todas las precauciones que sean necesarias para impedir el
acceso del público consumidor al área restringida y así evitar que se realicen
operaciones no exentas durante las horas de cierre establecidas por ley. Quedó demostrado que el querellado no
tomó ninguna precaución, ya que los clientes recorrían todas las
áreas del establecimiento comercial libremente. Concluimos que el querellado violó las disposiciones de la Ley
para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra, al
no tomar ninguna precaución y realizar una actividad comercial no exenta en las
horas restringidas. No podemos
avalar la alegación del peticionario relativa a que el área de supermercado
contaba con siete (7) empleados o menos y, por lo tanto, estaba exenta de la
Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra,
por virtud de la excepción contemplada en el Artículo 6(b) de la misma. Quedó establecido por la prueba examinada
por la agencia, que el 21 de agosto de 1994, dos (2) de las empleadas que
ejercían funciones de cajera y que aparecían en la nómina de la panadería,
laboraron ese día. No obstante, de sus
tarjetas de asistencia no se desprende en que área laboraron. De la prueba estipulada surge que de las
tarjetas de los demás empleados surgía el área de trabajo en que
laboraban. Sin embargo, esas dos (2)
empleadas ejercían sus funciones, sin distinción, entre el área de la panadería
y la del supermercado.[57]
El
peticionario alega, y la Mayoría acoge su argumento, a los efectos de que para
que el Departamento de Asuntos del Consumidor pueda establecer una infracción a
lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley para Regular las Operaciones de los
Establecimientos Comerciales, supra, tiene que demostrar con prueba
directa o circunstancial que efectivamente se realizó la venta de artículos no
exentos. No compartimos tal
criterio. No podemos avalar la posición
Mayoritaria que establece que es necesario demostrar la venta de un artículo no
exento para que se configure una violación al estatuto. Entendemos que es suficiente con
establecer que el área no exenta estaba abierta o expuesta al público fuera de
las horas permitidas para que se infrinja lo dispuesto en los Artículos 5 y 6
del referido estatuto, supra. Surge
claramente de la transcripción de la vista administrativa, que una de las cajas
registradoras del área de supermercado estaba abierta al público general antes
de las horas permitidas, y que los consumidores discurrían libremente por las
góndolas de esa área del establecimiento comercial.[58]
El peticionario levanta como
segundo señalamiento de error que el Tribunal de Circuito de Apelaciones
incidió al concluir que las operaciones de negocios del querellado constituían
un solo establecimiento comercial, fundamentándose en que la Planilla de
Contribución sobre Ingresos del peticionario registraba ambas actividades
comerciales en un solo informe y no separadamente. Éste constituyó uno de los fundamentos utilizados por el
Departamento de Asuntos del Consumidor para formular su decisión final. No compartimos tal criterio. Concluimos que era innecesario, para evaluar
y adjudicar la controversia de autos, utilizar dicho criterio para llegar a una
determinación sobre si las violaciones imputadas se cometieron. Las circunstancias fácticas del caso de
autos, producto de la investigación inicial, eran suficientes para establecer
que se cometieron infracciones a la Ley para Regular las Operaciones de
Establecimientos Comerciales, supra, y a la Ley de Monopolios de Puerto
Rico, supra. La Ley de
Contribuciones sobre Ingresos de 1954,[59]
y el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,[60]
no contienen disposición legal alguna que obligue a una persona natural a
radicar una Planilla de Contribución sobre Ingresos separada por cada operación
de negocios que realice esa persona como comerciante individual.[61]
III
El Artículo 11 de la Ley para
Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra,
contempla dos cauces a seguir para la tramitación de las infracciones a las
disposiciones de dicho estatuto. El
referido artículo disponía, al momento de ocurrir los hechos que dan base a la
querella, lo siguiente:[62]
Cada infracción a las
disposiciones de este Capítulo constituirá un delito menos grave que será
castigado con multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor
de cincuenta mil (50,000) dólares o pena fija de reclusión por un término de un
(1) año o ambas penas a discreción del tribunal. En caso de mediar circunstancias agravantes, la pena de reclusión
será aumentada a tres (3) años y de mediar circunstancias atenuantes la pena de
reclusión será reducida a seis (6) meses.
Las personas acusadas por infringir las disposiciones de este Capítulo
tendrán derecho a juicio por jurado.
Cada violación a las disposiciones de este Capítulo cometida en una
unidad o tienda del establecimiento constituirá una violación distinta y
separada.
Toda infracción a las disposiciones de este Capítulo constituirá
además una práctica o método injusto y desleal de competencia. En estos casos la Oficina de Asuntos
Monopolísticos podrá radicar y tramitar la correspondiente querella ante el
Departamento de Asuntos al Consumidor a tenor con lo dispuesto en la sec. 259
del Título 10. El Departamento de
Asuntos del Consumidor impondrá a los violadores de la ley multas
administrativas que no serán menores de cinco mil (5,000) dólares ni mayores
de cincuenta mil (50,000) dólares, las cuales ingresarán al Fondo Especial
creado por la sec. 1016 del Título 23, para fortalecer los recursos disponibles
de la Oficina de Asuntos Monopolísticos para asegurar el cumplimiento de este
Capítulo y para sufragar el costo de programas de entrenamiento y mejoramiento
profesional de sus funcionarios.
(Énfasis nuestro.)
Es necesario aclarar que dicho
artículo fue enmendado posteriormente a los hechos de este caso por la Ley Núm.
212 de 31 de diciembre de 1997,[63]
la cual rebajó las penalidades a imponerse por razón de las infracciones a las
disposiciones de la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos
Comerciales, supra. Dicha ley no
dispuso para su aplicación retroactiva.[64]
Por disposición expresa del
Artículo 11, supra, toda infracción a la Ley para Regular las
Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra, constituye un método
desleal e injusto de competencia. A
tenor con dicha disposición, la Oficina de Asuntos Monopolísticos podía radicar
y tramitar la querella mediante el cauce administrativo, imponiéndose, de ser
procedente, una multa administrativa mínima de cinco mil dólares ($5,000) y
máxima de cincuenta mil dólares ($50,000).
Una vez probado que el
peticionario abrió al público su establecimiento comercial el domingo 21 de
agosto de 1994, fuera de las horas especificadas por ley, y que no tomó
precaución alguna para evitar el acceso del público al área de supermercado, el
Departamento de Asuntos del Consumidor no podía sino concluir que el Artículo
3(a) de la Ley de Monopolios de Puerto Rico[65]
se había infringido. En reiteradas ocasiones hemos expresado que las agencias
gozan de una amplia discreción en cuanto a la imposición de sanciones.[66] Nuestra revisión en este ámbito se limita a
evaluar si la actuación de la agencia al imponer la sanción fue irrazonable o
ilegal.[67] Estimamos que la multa impuesta por el
Departamento de Asuntos del Consumidor no fue irrazonable o excesiva.
Concluimos, además, que la
actuación del peticionario de operar el área de supermercado fuera del horario
permitido en ley constituyó una infracción al Artículo III y al Artículo IV,
inciso 32, del Reglamento sobre Competencia Justa Número VII, supra. El Artículo III del referido reglamento
proscribe toda práctica o conducta que constituya una violación a cualquier
legislación antimonopolística vigente o cualquier conducta que viole las
disposiciones estatutarias que regulan o afectan el comercio o la
competencia. Reiteramos que el Artículo
11 de la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra,
establece que toda infracción a las disposiciones de ese estatuto constituirá
una práctica injusta y desleal de competencia.
Por su parte, el Artículo IV del referido Reglamento establece, en su
inciso 32, que cualquier actuación que constituya una violación a los estatutos
que disponen sobre los horarios y días en que deben operar los establecimientos
comerciales en Puerto Rico se considerará un método injusto de competencia. La actuación del peticionario infringió las disposiciones de
la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, supra,
que regula el horario de operaciones de negocios de aquellos establecimientos
comerciales cubiertos por dicho estatuto.
Por lo tanto, infringió el referido Artículo III, supra, e
incurrió en los métodos injustos de competencia a que hace alusión el
mencionado Artículo IV, supra.
Los honorarios de abogado
impuestos al peticionario por el Departamento de Asuntos del Consumidor no son
procedentes. La sección 1 de la Ley
Núm. 10 de 20 de marzo de 1972,[68]
establece que la imposición de costas y de honorarios de abogado sólo es
procedente en las acciones que para la protección de los consumidores insten el
Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina de Asuntos Monopolísticos
del Departamento de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto
Rico y la Corte de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.[69] La Oficina de Asuntos Monopolísticos
presentó la querella ante una agencia administrativa, por lo que resulta
improcedente la imposición de honorarios de abogado al querellado.[70]
IV
Por los fundamentos antes
expuestos, revocaríamos la determinación de la agencia recurrida que dispuso
que el aquí peticionario incurrió en violación a los estatutos antes indicados
y al Reglamento sobre Competencia Justa Núm. VII, supra, por el hecho de
operar, el día y la hora establecida, el área de panadería de su
establecimiento comercial; revocaríamos la determinación de la agencia
recurrida de imponerle al peticionario el pago de honorarios de abogado; y
confirmaríamos el resto de la sentencia recurrida.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez
Asociado
Presione Aquí para
regresar al Menú anterior y seleccionar otro caso.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento
oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
LexJuris de
Puerto Rico siempre está bajo construcción.
|Home|
Abogados | Aspirantes
| Profesionales| Profesiones
| Leyes
y Jurisprudencia | Información | Agencias | Pueblos | Biografías | Historia |
Servicios | Publicidad | Directorios | Compras | Eventos | Noticias | Entretenimiento |Publicaciones CD| Revista Jurídica |
La información, las
imágenes, gráficas u otro contenido en todos los documentos preparados por
Lexjuris son propiedad de Lexjuris. Otros documentos disponibles en nuestras
conexiones son propiedad de sus respectivos dueños. Derechos Reservados.
Copyright (c) 1995-2002 LexJuris de Puerto Rico y Publicaciones CD, Inc.